Todo tiene que seguir igual que hasta ahora, quizá con alguna excepción. El Consejo asume competencias que tenía la Generalitat y eso debería de servir para despolitizar la concesión de licencias. La filosofía de la ley es buena, pero luego, en función de quién y cómo dirija el Consejo, puede resultar mejor o peor. Tenemos una cierta preocupación porque inicialmente se le haya abierto un expediente a una emisora de radio. El Consejo analiza contenidos y efectos, y esta no debería de ser la vía de actuación porque atentaría contra su pedigrí de independencia. Los ciudadanos y los operadores tienen unos derechos y unos deberes y ahí están los tribunales de justicia si alguien siente que han sido vulnerados. Desde su creación, el Consejo ha dado instrucciones, recomendaciones y mediante convenios de autorregulación, como por ejemplo en el tratamiento de las tragedias personales. Estos aspectos deben ser tratados con cautela, desde la autorregulación y sin imposiciones.

No, al contrario: se coarta.

Los periodistas tienen que seguir trabajando exactamente igual. Nuestro desacuerdo con la ley está en el traslado de competencias gubernamentales al Consejo. Nos ofrece dudas el hecho de que el CAC pueda sancionar por el hecho de que un periodista haga una cosa u otra, que tenga potestad para determinar si un medio da o no información veraz.

No se trata de una cuestión de constitucionalidad, porque el PPC ya pidió al Consejo Consultivo su dictamen sobre unos aspectos terminológicos que nos planteaba algunas cuestiones. Por tanto, no tenemos dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Lo que políticamente no es conveniente es que un órgano de la administración tenga esas competencias sancionadoras sobre aspectos que son los principios de la comunicación audiovisual, como la veracidad de las informaciones y la separación entre información y opinión. Son aspectos muy subjetivos.