Antonio García Fuentes
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BANQUEROS Y OTROS QUEDAN IMPUNES... según evidencias
22.12.06 @ 12:31:35. Archivado en Sobre el autor
Copia litaral de lo que ayer se publicó en la Red... que cada cual lo califique como quiera o pueda: AGF
Por lo breve Diario HISPANIDAD 21-12-2006
El precedente Botín. Tras el archivo del caso de las cesiones de crédito, los delitos económicos son competencia del Gobierno
Lo más llamativo del archivo del caso de las cesiones de crédito, es que ha creado un peligroso hábito, no sabemos si calificarlo de jurisprudencia, y es éste: a partir de ahora, los delitos económicos, los llamados delitos de guante blanco o de cuello duro, en resumen, los delitos que cometen los ricos, quedan en manos del Gobierno. La sentencia del Tribunal que presidía el inefable Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, insiste en que si el fiscal y el abogado del Estado (defensor del damnificado, que era la hacienda pública) piden el sobreseimiento de la causa… la causa debe ser sobreseída.
En el caso de las cesiones, el damnificado era Hacienda, pero Solbes decidió, la igual que antes Rodrigo Rato, que la Abogacía del Estado renunciara a exigir los 85 millones de euros (ya muy reducidos sobre la deuda real, tras tantos años de instrucción) que le reclamaba la acusación particular, en la que figura Izquierda Unida y la Asociación para la Defensa de Accionistas y Clientes, de Rafael Pérez Escolar.
En definitiva, el Gobierno utiliza dos vías para anular la persecución de los delitos económicos: o bien le pide al fiscal que se convierta en defensor, o bien, cuando el damnificado es el Tesoro Público (muchas, muchas veces) exige al Abogado del Estado que se ponga de parte de quien perjudica la Estado. En el caso de las cesiones, y dado que se trataba de proteger a alguien tan relevante como Emilio Botín, se han utilizado las dos vías: fiscal y abogado del Estado, jugando ambos el papel opuesto al que les corresponde. Por decir algo, es como si el fiscal del Caso Malaya urgiera a que se archivaran las acusaciones contra Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, Isabel García Marcos y Marisol Yagüe.
De esa forma, el Tribunal ha podido poner en práctica la olímpica ocurrencia de archivar el caso sin tan siquiera celebrar el juicio oral… tras 14 años de instrucción. Les ha basado la visa previa, algo que, por lo general, no es más que un mero trámite burocrático.
Por otra parte, no es mal resumen el que realiza IC Verds, es decir, los comunistas catalanes, sobre este vergonzoso caso, aunque hay que dejar claro que cuando Joan Saura se convirtió en líder del Tripartito abandonó el caso en Joan Herrera, su sucesor, y éste se ha mostrado un tanto indolente en el mismo, indolencia que aprovechó el precitado magistrado para cerrarle el paso a la acusación política.
En cualquier caso, el apoyo descarado que tanto Aznar como Zapatero han dado a Emilio Botín, acusado de defraudar, precisamente, a la Hacienda pública no harán sino incrementar el recelo que el español siente hacia la Justicia, la institución peor valorada de todas, por debajo de los políticos y de los periodistas, que ya es decir. Hasta ahora, la desconfianza respecto a los tribunales tenía el sesgo de una justicia politizada. Con el archivo de las cesiones de crédito, en una vista previa que la mayoría de las veces no es sino un trámite burocrático, tras 14 años de instrucción, ocho de ellos a cargo de una juez tan prestigiosa como Teresa Palacios (a quien ahora su compañero Gómez Bermúdez ha tildado de imbécil con su resolución) la desconfianza pasa de la sospecha de justicia politizada a la sospecha, más antigua y acendrada, de que la justicia sólo funciona para los ricos y poderosos.
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