Guateque de arriendos y subarriendos
27.11.07 @ 12:13:27. Archivado en Izquierda impertinente
Alberto Ruiz-Gallardón se ha apresurado a reiterar que él no había sido invitado al Guateque madrileño que se han montado sus cercanos durante estos años. Afirma que no le ha llegado el ruido de la música de la fiestorra, sabiendo lo delicado que es el alcalde con los ruidos. Pero nosotros le creemos, como creemos a todos los políticos cuando prometen y prometen.
A propósito de los destellos de la Operación Guateque, un amigo madrileño, periodista de cierta fama en TVE, pongamos por nombre José, se muestra aliviado porque finalmente se ha abierto cierto interés en un asunto que venía arrastrando daños y perjuicios a muchos ciudadanos desde hace años. Las detenciones y registros que se están llevando a cabo son el resultado de una larga lucha por la paz del hogar, convertido en auténtico infierno en algunos casos, incluido el hecho de haber recibido amenazas en propia carne. Me refiero a los vecinos del distrito de Arganzuela, concretamente en la finca de la Calle Embajadores 128. Pero también la calle Juan Duque o la calle Peñuelas.
Víctimas, durante más de tres años, de, digamos, una burocracia insultante, al más puro estilo casposo franquista. Todo por intentar cerrar locales de copas situados debajo de las viviendas. Arrendados y subarrendados una y mil veces para marear la perdiz de las ordenanzas. Toda una odisea, afirma José.
Estupefactos -me dice al teléfono-, veíamos como los sujetos pertenecientes a la unidad técnica de licencias del Ayuntamiento, respondían a sus quejas y sin el menor recato, a lo cowboy con palillo al diente, que si bien el local no estaba adaptado para ser bar de copas, ignorando las denuncias, les concederían la Licencia de Apertura.
-¿Alguno en concreto?
En la calle Embajadores, me responde, un bloque de vecinos tuvo que soportar durante años las estrategias de la dueña de un bar de 20 metros cuadrados, sin salida de humos, sin insonorización, sin doble puerta de entrada, sin permiso para un equipo de música pero con licencia de discoteca.
Aún asombrada por la impotencia que sufrimos como ciudadanos, devotos votantes de elecciones municipales, pensé en la policía. Hay que decir, responde José, que la policía fue la única que en cualquiera de los casos hizo todo lo que pudo: realizar mediciones de ruido, gestionar las debidas denuncias... Pero la policía municipal poco más puede hacer cuando las denuncias que cursan llegan a la junta de distrito... Ahí se acaba su trabajo. Y ahí, precisamente, se paralizan. En el caso de la calle Embajadores, los vecinos -a pesar de tener todo en su contra-pusieron, entre el año 2002 y 2005 más de 100 denuncias, continúa José al preguntarle sobre una cifra.
¿La normativa? haberla hayla. Pero desde el momento que se denuncia, sigue José, y pasa por los debidos departamentos, emiten sus estudios, los firman, los registran y los envían a la concejala, pueden pasan meses y meses. Los plazos se eternizan. Y mientras, los vecinos, impotentes, no tienen mucho que hacer mas allá que lamerse su propia desesperación. ¿Connivencia de muchos funcionarios públicos?. Así lo creo, me responde sin titubeos.
Me pone mi amigo como ejemplo el hecho de que es muy fácil saber lo que se mueve en cuanto a expedientes abiertos. Con llamar al Departamento de Prensa de la Policía Municipal que se encarga del distrito, tenemos información de todos los expedientes que hay abiertos, y sin resolver.
Me asegura que el expediente de la Calle Embajadores contenía numerosas carpetas. Y por un mismo local puede existir un gran número de expedientes. Ante mi curiosidad de por qué son expedientes diferentes, su respuesta es simple: basta que el local cambie de nombre o, simplemente, el arrendatario sea otro, para que se de carpetazo al asunto y vuelta a empezar.
Resulta cuanto menos curioso que Ana Botella -y por ende su admirador partner Gallardón- en estrecha relación con la concejala del distrito de Arganzuela, Eva Durán, no tuviera noticia del sarao en cuestión.
Pero el ciudadano es persistente. Hacían lo que debían: acudir a presentar la denuncia ante la Junta donde se les decía, repetidamente, que a pesar de no estar el local en las condiciones requeridas (con informes negativos del departamento de sonoridad de locales, de Medio Ambiente y de Sanidad) se otorgaría licencia a dicho local. Licencias de bar para permanecer abiertos hasta las 8 de la mañana.
En el caso de la calle Embajadores la perseverancia vecinal pudo con los comisionistas. Se logró que multaran a los arrendatarios. Se logró cerrar el local, con el miedo, no obstante, de que se pongan de nuevo en marcha estrategias mil para burlar a la justicia: cambio de nombre, nuevo subarriendo, y nueva licencia de apertura. Sin importar que sobre el mismo local pesen diversas ordenes de cierre por incumplimiento de la normativa municipal. El motor en marcha de impunidad total.
No ha ocurrido así con los abandonados, los mayores. Despreciados y sin la mínima atención a sus quejas que impotentes han tenido que refugiarse en el pueblo que dejaron.
Recuerdo, finaliza José, los casos de la calle Juan Duque y la calle Peñuelas. En el primero una pareja de ancianos enfermos, soportando el continuo ruido de un bar restaurante debajo de su vivienda, acabó multada por sus protestas. En el segundo, calle Peñuelas, otra pareja tuvo que abandonar su vivienda, sin posibilidad alguna de venderla, y refugiarse donde bien pudieran.
¿Fallo del sistema?, le pregunto antes de colgar. Las cosas raras del Ayuntamiento de Madrid, en este caso de Arganzuela.
Viva el subarriendo, que evade responsabilidades y multas, brindarían con lanzamiento de copa al viento los concejales, empresarios, arquitectos y aparejadores; comisionistas atormentados.
Pero, como dice José, y yo repito, todo acaba, tarde y temprano, cayendo por su propia sucia gravedad.
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Blanca Vázquez Fernández
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