 La pasada semana el Ministerio de Sanidad y Política Social daba a conocer un informe sobre la aplicación de la Ley de dependencia que reconoce la ineficiencia general del fallido sistema nacional para la autonomía personal y además pronostica que "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor".
La redacción del informe fue una imposición parlamentaria al gobierno, que lleva tres años incumpliendo su obligación legal de presentar un documento anual ante el Congreso de los Diputados, y viene a decir exactamente lo mismo que desde el Partido Popular veníamos denunciando, inicialmente en solitario, y ahora junto a la mayoría; el sistema esta colapsado y no ha servido para crear una sola prestación o servicio común para el conjunto nacional.
De acuerdo con los propios datos del Ministerio para el presente mes de noviembre hay una cola de 480.000 españoles, bien esperando dictamen sobre su posible grado de dependencia -144.000-, bien aguardando a su prestación una vez se les ha reconocido el derecho -336.000- en esta segunda lista de espera.
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16.04.09 @ 15:00:39. Archivado en DEPENDENCIA,
 Trinidad Jiménez acaba de ser nombrada ministra de Sanidad y Política Social con la encomienda presidencial de que haga funcionar la ley de la dependencia, fracasará. Me gustaría que no fuera así pero es irremediable.
Su primera decisión agrava errores anteriores, ahora va a primar a las autonomías a aquellas autonomías que, como la de Andalucía, más han precarizado la atención a mayores y discapacitados, con denuncias incluidas de sindicatos y empresarios.
Las regiones que han optado por crear un nuevo PER, una nueva red clientelar, con pequeñas cantidades para llegar con “cuidados informales” y “atención no profesional” a un gran número de personas con exigüas prestaciones, se llevan la mayoría de los recursos que debieran ser por igual para todos los españoles.
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 Cuando bajo gobierno popular se encargó en 2002 el Libro Blanco de la Dependencia y, con posterioridad, el ejecutivo socialista, con acierto, propuso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el objetivo siempre fue armonizar los 17 sistemas que ya venían funcionando, con más de 2.700 millones de euros anuales, para evitar injustas desigualdades y ganar en eficiencia.
La pasada semana el gobierno socialista renunció a lograr estos objetivos y cedió ante su sector nacionalista.
Tanto lo que recibirán –acreditación y calidad de los centros- como lo que pagarán los usuarios será distinto en cada autonomía, merced a lo recientemente decidido.
Esto ha hecho que el gobierno haya perdido todos los apoyos sociales y políticos que recibió hace dos años cuando se aprobó la norma.
Tanto los supuestos beneficiarios, como sindicatos y empresarios del sector, se han sentido engañados.
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 Ante la polémica sobre la ley de Dependencia, animada por el PSOE en las comunidades autónomas donde no gobierna, propongo una sola división, una sencilla operación aritmética que revela quien dice o no la verdad.
Si tomamos por válidos los datos que ofrece el gobierno de Rodríguez Zapatero tenemos que en España hay 400.000 beneficiarios de la ley de dependencia y que en 2008 han recibido, hasta la fecha, 392 millones de euros, si dividimos ambas cifras resultan ser 81 euros mensuales.
Teniendo en cuenta que el último informe emitido por el propio sector, el de Inforesidencias.com el Estudio Sobre Precios de Residencias para Personas Mayores en 2008, resulta que el precio medio de una residencia geriátrica privada es de 1.688 euros al mes, o lo que es igual, que el ejecutivo socialista solo costea el 4.8% del precio de la plaza.
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 Cuando se cumple dos años de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el sistema está colapsado.
Como síntesis de las múltiples críticas que la ejecución gubernamental de la ley está levantando valgan las afirmaciones del Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. José Montilla, el pasado mes de octubre en las que acusó a la administración central de “no estar a la altura” tras criticar que la memoria económica se quedase tan corta “con los mismos recursos tenemos el doble de los beneficiarios previstos”.
Además de la escasez presupuestaria y de la complejidad burocrática, el gobierno viene sistemáticamente incumpliendo los plazos de desarrollo de la ley, y por tanto le resulta enojoso cumplir la ley y dar cuenta en el parlamento del informe anual que la ley prescribe.
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 Con el mismo vigor con el que denuncio los incumplimientos, y exageraciones en su publicidad, de la ley de dependencia reconozco sus avances.
Un pasito se acaba de dar en la buena dirección aprobándose por unanimidad en el Congreso de los Diputados la propuesta para que, en plazo inferior a un año, se apruebe un plan integral de atención a los niños menores de tres años con discapacidad, que suman hasta 17.000 en nuestro país.
Aunque la proposición, que tuve la oportunidad de defender, la presentó el Grupo Parlamentario Popular el texto final fue consensuado por todos los partidos presentes y de todos ellos es por tanto el mérito.
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A pesar del fracaso de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y de la frustración que están generando los incesantes anuncios gubernativos, el ejecutivo sigue empeñado en inflar las expectativas de las personas dependientes para, a continuación, responsabilizar a las comunidades autónomas de eventuales incumplimientos.
La broma ministerial de este mes es que ya hay 345.000 personas dependientes como beneficiarios y que se han generado 70.000 empleos desde que la norma entró en vigor.
La realidad es que, siendo la ley un buen propósito, suscrito por todos los grupos parlamentarios, y reclamado unánimemente en el parlamento en octubre de 2003 con mayoría popular, su ejecución está siendo calamitosa.
Hasta tal punto llega la nefasta gestión, que el resultado, en cuanto a personas dependientes atendidas y empleo generado, es imperceptible, sigue el crecimiento vegetativo previo a la aprobación de la ley.
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 Superado el año y medio de aplicación de la ley de la Dependencia el resultado no puede ser más desolador, se han incumplido todos los objetivos, tanto de beneficiarios, como de empleo generado, en un sistema opaco, sobre el que amenazan recortes y que se desarrolla con desesperante lentitud.
El voto de confianza de la mayoría de grupos parlamentario, y el amplio respaldo de la sociedad civil se han visto completamente defraudados. Nada de lo que nos contaron desde el gobierno ha resultado verdad.
En 2008, según la memoria de la ley, deberían estar ya siendo atendidos más de 400.000 dependientes, sin embargo según el Ministerio hay sólo 65.460 con alguna prestación económica o servicio, lo que representaría el 16% de los objetivos si fuera cierto, que no lo es.
En la práctica el resultado es mucho menor de 65.000, ya que este dato no es indicativo de los beneficiarios nuevos, pues la mayoría de ellos ya estaban siendo atendidos antes de la entrada en vigor de la ley.
La cifra real de beneficiarios nuevos es desconocida, y de tenerla, el ministerio no la ha hecho pública. Los nuevos atendidos podrían no alcanzar, si quiera, el crecimiento anual previo a la aprobación de la ley.
Tampoco los anuncios de generación de empleo por la aplicación de la ley de dependencia se han visto cumplidos.
Se llegó a hablar de 500.000 empleos, en enero de 2008 el ex ministro Caldera afirmó que en 2007 se habían generado 200.000 empleos por la ley de dependencia, sin embargo la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia cifra en 5.800 las nuevas altas reales producidas, en un sector que ya empleaba a 170.000 personas, y se desconoce cuantas puedan ser imputables a la publicitada ley.
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 La ley de la Dependencia va a ser revisada, la Ministra lo anunció en una respuesta parlamentaria, y es una buena noticia.
El voluntarismo ministerial no puede ocultar el clamoroso fracaso de la puesta en marcha de una ley que, con los mejores propósitos, ha sido calamitosamente gestionada.
Concluidos ya los procesos electorales, en los que el PSOE trató de imputar un falso boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la implantación de la citada norma, se impone la honestidad de reconocer que el actual sistema es inviable en las 17 regiones.
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La ley sobre la Dependencia, aprobada el pasado 14 de diciembre, es un buen propósito, compartido por todos –en Octubre de 2003 con mayoría absoluta del PP todos los grupos decidieron apoyar su “pronta regulación”– desastrosamente gestionado.
Sólo desde la más absoluta de las improvisaciones y la precipitación electoral se puede entender que la concejala socialista de la materia en Málaga dijera recientemente “todavía no tenemos un formulario, se nos cae la cara de vergüenza de decirle a la gente ¡Mire no sabemos nada!”
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El Partido Popular apoya críticamente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, tras aprobarse total o parcialmente 55 de nuestras enmiendas con la intención de trasformar esta “ley de izquierdas”-Caldera dixit- en una ley para todos.
Tras el acuerdo del Congreso de los diputados de Octubre de 2003, en la pasada legislatura, por el que todos los grupos decidieron apoyar la “pronta regulación” de la dependencia, el gobierno obvió a la mayoría de partidos, entre ellos el nuestro, reeditando un nuevo Pacto del Tinell en lo social con ERC e IU. Sin embargo, y a pesar del rechazo del presidente del gobierno al ofrecimiento de Mariano Rajoy de un Pacto de Estado sobre la dependencia, sus potenciales beneficiarios merecían este acuerdo.
Que una norma de 47 artículos recibiera 625 enmiendas parciales y tres de totalidad –nuestro partido decidió no presentarla para favorecer un posible acuerdo- indica que algo falló en el origen, cuya obsesión era volver a dejar sólo al PP, pero al menos al final, el texto, aunque sigue sin ser bueno, ha mejorado sustancialmente.
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El gobierno de España en su empeño por convertir la ley de dependencia en una “ley de izquierdas” -Caldera dixit- ha cosechado tres enmiendas de totalidad –PNV, CIU y Grupo Mixto- y 622 enmiendas parciales.
El ofrecimiento de Mariano Rajoy a Rodríguez Zapatero para que la regulación de la dependencia fuera un Pacto de Estado ha caído en saco roto y el consenso que se logró en esta materia cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta se ha quebrado por completo, cabe recordar que en octubre de 2003, todos los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo en la Comisión de Pacto de Toledo que planteaba: “Configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia. Ello debe hacerse con la participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la Administración Pública a todos sus niveles, todo ello a través de la elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en su conjunto”.
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Miguel Barrachina
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