13.02.09 @ 09:08:20. Archivado en Sobre el autor
 Al final el socialismo gobernante ha logrado encontrar a los culpables de nuestra crisis nacional; los bancos, ellos son desde ahora, e irresponsablemente, el objetivo de las fobias progresistas.
El sistema financiero es la gasolina de nuestro vehículo económico y, además, el lubricante de toda transacción económica, sin embargo, ya nada es más importante para el PSOE que ganar elecciones, aunque para ello pongan en riesgo nuestra economía durante el próximo lustro.
Lo han dicho quienes ejercen de portavoces filosóficos, orgánicos, gubernamentales y sociales del PSOE, es decir, Jesús Caldera, Leire Pajín, Miguel Sebastian y el cándido de Méndez, a todos ellos a la vez se les ha terminado la paciencia con los bancos y los sitúan como “principales culpables de la crisis” –Sebastián dixit-. ¿Casualidad? No, pura estrategia.
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28.01.09 @ 12:09:40. Archivado en Sobre el autor
 El Partido Popular el pasado fin de semana manifestó nuevamente su apuesta por Internet y las redes sociales que en su seno se construyen, porque son una perfecta expresión de nuestros principios, de libertad e igualdad.
Porque desde la igualdad hoy todos pueden participar de esta comunidad virtual, y porque con plena libertad se pueden expresar pensamientos, opiniones y deseos.
Por eso, desde el Partido Popular apostamos por una red universal y asequible.
Estamos en contra de que se aplique un impuesto irracional a los usuarios, como es el canon digital que ha creado Zapatero, que encarece la adquisición de equipos y complementos digitales que en realidad son un pasaporte para convertirnos en una sociedad avanzada.
Y estamos también frente a las barreras que algunos, como ha afirmado recientemente el Consejo del Audiovisual Catalán, quieren imponer a los contenidos de una red que no entiende de fronteras y que no debe tener más límite que la ley.
Todos somos iguales en la red, sin clases, sin barreras, sin intermediarios, la expresión más pura de nuestras ideas liberales.
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21.01.09 @ 13:32:55. Archivado en Sobre el autor
M ientras Obama “jura” su cargo delante de una biblia histórica, tras asistir a misa y rodeado de banderas nacionales, aquí la Ministra de Igualdad, sin titulo competencial alguno, remodela su despacho por 60.000 euros, Moratinos paga las cúpulas de lo ONU de las que nadie se quiere hacer cargo, y el ejecutivo socialista se aventura en una batalla contra los crucifijos y a favor de aquella parte de nuestra memoria histórica que separó a los españoles.
Además el vicepresidente Solbes afirma que “ya no tenemos margen de actuación” y que estamos, por tanto, entregados, sin rumbo y a la deriva. Y lo que es peor, mientras hubo margen este se empleo erróneamente.
Primero, por un calentón del propio Rodríguez Zapatero, en plena campaña electoral, repartiendo innecesariamente 400 euros a quince millones de contribuyentes que no lo habíamos pedido, con un coste global de de 6.000 millones de euros.
Segundo, el plan de ayudas a los ayuntamientos con 8.000 millones de euros supone cambiar inversiones productivas por improductivas.
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 El oscurantismo que caracteriza al gobierno de Rodríguez Zapatero, hoy se expolia la parte fundamental de nuestra memoria histórica.
Con menos ruido que cuando se llevaron los papeles de Salamanca para saciar al tripartito social-nacionalista catalán, pero también con menos razón, hoy sale camino de Madrid parte de nuestra historia. Aunque en nuestro caso no se sacia nadi, pues no existía reivindicación polítca alguna.
Hasta 800.000 documentos, todos ellos de interés exclusivamente provincial y aproximadamente 9.000 expedientes referidos a los juicios que tuvieron lugar con la entrada de los nacionales en 1938 en Castellón.
Entre ellos curiosamente el expediente judicial de mi abuelo Juan Barrachina, militante de Unión Republicana y miembro de la masacrada columna Casas Sala, que como en el caso de otros miles de castellonenses, tras más de 70 años en la provincia Zapatero se los lleva a Madrid.
No importa si la decisión es iniciativa de la ministra de defensa señora Chacón o es consecuencia de la ley de la Memoria Histórica que, según recoge en su artículo 20, permite copiar e incluso arrebatar los originales.
Aunque en este último caso obliga a realizar una copia digitalizada de los mencionados documentos para que se queden en el archivo de origen, esto es, en la Subdelegación de Defensa de Castellón, cosa que no ha ocurrido.
Se los llevan; sin aviso, sin dejar copia, es una insolencia, un ultraje.
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 Médico, poeta, político, pintor, doctor en medicina y profesor de hasta tres universidades, Alejandro Font de Mora es lo más alejado a los eslóganes que parte de la izquierda valenciana han aireado en estos últimos meses.
España se hunde, pronto se conocerá que hay un millón más de parados en hace un año y la progresía autonómica ya tiene su objetivo y su mensaje, para sacar a su componente más protestón a la calle: ¡Alejandro Font de Mora, fora, fora, fora!. En esto de las rimas, nuestro conseller de educación podría también dedicar algún minuto a aleccionar a quienes dicen ser “la comunidad educativa”.
Pocos políticos, en tiempo reciente, tan azuzados injustamente. He escuchado a parte de la izquierda valenciana arrimarle todo tipo de adjetivos a un conseller alejadísimo del perfil, tosco e iletrado, con el que han tratado de caricaturizarlo.
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22.12.08 @ 15:49:16. Archivado en Sobre el autor
 La creciente inseguridad ciudadana y la lentitud judicial no sólo causan el palpable daño del temor y la intranquilidad de las familias, sino que suponen un intangible, pero elevadísimo, perjuicio económico.
Así, la lentitud e ineficacia judicial es no solo motivo de angustia personal sino que daña nuestra estructura económica puesto que cada día entraña más riesgos crear una actividad empresarial.
El ejemplo más evidente es el mercado de alquiler de viviendas que o no funciona, con más de tres millones de viviendas cerradas y sin uso, o es mucho más caro que con un sistema judicial ágil.
Los propietarios cobran una prima en el precio de su alquiler en el que suman al riesgo de impago la inoperancia de los juzgados. La mayoría lo hace inconscientemente pero lo hacen, como también se discrimina en el precio a aquellos a los que se prejuzga como “arriesgados” como es el caso de los extranjeros a los que se suele cobrar injustamente precios más elevados.
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 Solo hay un presidente en el mundo, Rodríguez Zapatero, capaz de derrochar 20 millones de euros en la decoración de una cúpula en la ONU, crear ministerios completos sin ninguna competencia, como los de Igualdad o Vivienda, destinar en su primera legislatura mil millones de euros a campañas publicitarias o contratar un 55% más de altos cargos para gestionar menos competencias que en la etapa de Aznar.
Y a la vez, que hace todo eso, restringe la gasolina de los vehículos policiales, la munición para las armas reglamentarias de nuestros agentes, regatea las subidas salariales prometidas a nuestros agentes o propone para 2.009 una bajada en un 25% en las pensiones por incapacidad o inutilidad que afectaría a guardias y policías que hayan sido heridos de gravedad en actos de servicio y queden incapacitados.
Solo hay, además, un gobierno en el mundo que fabrica leyes, sobre la mitad de la memoria histórica, que permiten a sus jueces paralizar la actividad judicial para buscar certificados de defunción de antiguos dictadores o levantar fosas comunes en contra de la opinión de los familiares.
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 Cuando bajo gobierno popular se encargó en 2002 el Libro Blanco de la Dependencia y, con posterioridad, el ejecutivo socialista, con acierto, propuso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el objetivo siempre fue armonizar los 17 sistemas que ya venían funcionando, con más de 2.700 millones de euros anuales, para evitar injustas desigualdades y ganar en eficiencia.
La pasada semana el gobierno socialista renunció a lograr estos objetivos y cedió ante su sector nacionalista.
Tanto lo que recibirán –acreditación y calidad de los centros- como lo que pagarán los usuarios será distinto en cada autonomía, merced a lo recientemente decidido.
Esto ha hecho que el gobierno haya perdido todos los apoyos sociales y políticos que recibió hace dos años cuando se aprobó la norma.
Tanto los supuestos beneficiarios, como sindicatos y empresarios del sector, se han sentido engañados.
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 Ante la polémica sobre la ley de Dependencia, animada por el PSOE en las comunidades autónomas donde no gobierna, propongo una sola división, una sencilla operación aritmética que revela quien dice o no la verdad.
Si tomamos por válidos los datos que ofrece el gobierno de Rodríguez Zapatero tenemos que en España hay 400.000 beneficiarios de la ley de dependencia y que en 2008 han recibido, hasta la fecha, 392 millones de euros, si dividimos ambas cifras resultan ser 81 euros mensuales.
Teniendo en cuenta que el último informe emitido por el propio sector, el de Inforesidencias.com el Estudio Sobre Precios de Residencias para Personas Mayores en 2008, resulta que el precio medio de una residencia geriátrica privada es de 1.688 euros al mes, o lo que es igual, que el ejecutivo socialista solo costea el 4.8% del precio de la plaza.
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 Cuando se cumple dos años de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el sistema está colapsado.
Como síntesis de las múltiples críticas que la ejecución gubernamental de la ley está levantando valgan las afirmaciones del Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. José Montilla, el pasado mes de octubre en las que acusó a la administración central de “no estar a la altura” tras criticar que la memoria económica se quedase tan corta “con los mismos recursos tenemos el doble de los beneficiarios previstos”.
Además de la escasez presupuestaria y de la complejidad burocrática, el gobierno viene sistemáticamente incumpliendo los plazos de desarrollo de la ley, y por tanto le resulta enojoso cumplir la ley y dar cuenta en el parlamento del informe anual que la ley prescribe.
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12.11.08 @ 14:12:04. Archivado en Sobre el autor
Este es tan solo un mensaje de afecto y solidaridad con los periodistas y profesionales de los medios que en Cataluña se quedan sin voz, y también con los oyentes que pierden su liebertad de elección.
 Entre las licencias de radio que en Cataluña han sido revocadas y las denegadas, entre estas últimas las cincuenta y cuatro pedidas por Unidad Editorial, supone que aquellos que son lectores de ABC, El Mundo, Marca, Expansión, El Correo, Las Provincias, y tantos otros, u oyentes de COPE o Punto Radio, no forman parte, según el socialismo de mordaza, del “pluralismo de la sociedad” para el que la Constitución Española reclama respeto, y por tanto no podrán escuchar emisoras insumisas al nacionalismo y el socialismo.
Inaudito.
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 Cada día que pasa los gobiernos autonómicos socialistas y el nacional recortan en mayor medida las libertades.
Si elegir lengua para escolarizarse en libertad es imposible en Cataluña, Baleares o Galicia, y pronto lo será en el País Vasco, el ataque a los medios de comunicación no tiene precedentes.
Se ha convertido ya en un recuerdo nostálgico el artículo 3 de nuestra Constitución, aprobada ampliamente en referéndum por todas las provincias en las que ahora se niega la educación en lengua común, cuando dice inequívocamente que “El castellano es la lengua española oficial Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Es obvio que millones de niños españoles han perdido ese derecho en sus colegios.
Como también es contrario a la Constitución que establece en el artículo 20 que la regulación de los medios de comunicación se hará “respetando el pluralismo de la sociedad” el cierre de emisoras de radio en Cataluña por parte del gobierno socialista e independentista de Montilla.
Que, a la vez que se conceden 83 nuevas licencias de radio en la comunidad catalana se le revoquen tres preexistentes a Punto Radio y dos a la COPE, supone ir mucho mas lejos que cuando Zapatero, en primera persona decidió dar las dos cadenas nuevas de televisión, a la postre la Cuatro y la Sexta, a sus aliados de PRISA y Mediapro.
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Miguel Barrachina
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