La exigencia de responsabilidades penales a los políticos y dirigentes públicos que, incumpliendo la ley, dañen gravemente a nuestra hacienda, es, además de razonable, consecuencia inevitable de la ligereza con la que se ha venido gobernando.
Es evidente que las responsabilidades políticas, exigibles cada cuatro años con la convocatoria de elecciones, se han mostrado insuficientes cuando la deuda pública nos ha desbordado y la tasa de paro bate récords mundiales.
Cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia para España una caída de la renta nacional en 2012 y 2013 del 1.7% y el 0.3% respectivamente, si el gobierno central quiere evitarlo es conveniente que aderece las reformas laboral y financiera con exigencias adicionales sobre la totalidad de gestores públicos.
No es solo la adopción de medidas necesarias, es el cambio completo de mentalidad, que permite por ejemplo, que la Diputación de Castellón, que vive una situación económica mejor que la media de las administraciones, inserte en la totalidad de sus decisiones la austeridad como premisa.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
Miguel Barrachina
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