La exigencia de responsabilidades penales a los políticos y dirigentes públicos que, incumpliendo la ley, dañen gravemente a nuestra hacienda, es, además de razonable, consecuencia inevitable de la ligereza con la que se ha venido gobernando.
Es evidente que las responsabilidades políticas, exigibles cada cuatro años con la convocatoria de elecciones, se han mostrado insuficientes cuando la deuda pública nos ha desbordado y la tasa de paro bate récords mundiales.
Cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia para España una caída de la renta nacional en 2012 y 2013 del 1.7% y el 0.3% respectivamente, si el gobierno central quiere evitarlo es conveniente que aderece las reformas laboral y financiera con exigencias adicionales sobre la totalidad de gestores públicos.
No es solo la adopción de medidas necesarias, es el cambio completo de mentalidad, que permite por ejemplo, que la Diputación de Castellón, que vive una situación económica mejor que la media de las administraciones, inserte en la totalidad de sus decisiones la austeridad como premisa.
Entre los diversos problemas que tiene España, dos están en la base de nuestras dificultades presentes y futuras; el sobreendeudamiento y la baja productividad.
Respecto del primero, la deuda, que ha hecho que la nuestra sea una Nación intervenida y tutelada internacionalmente, hay motivos fundados para el optimismo, al menos dos recientes.
El jueves el gobierno de Rajoy logró vender el doble de la deuda prevista a un interés un 1.6% inferior, lo cual nos puede dejar indiferentes, pero si tenemos en cuenta que con ese ahorro se paga el AVE Valencia-Castellón completo, la cosa cambia.
Además el mismo ejecutivo nacional anunció que la creación de deuda neta en 2012 por parte del Estado se va a reducir en un 25%, si a ello añadimos las del resto de administraciones, que en el caso de la Diputación de Castellón va a suponer la disminución de deuda en más de 20 millones en 18 meses, la previsión es de solución en el medio plazo.
Las recientes medidas anunciadas de reducción del gasto público son el principio indispensable de un duro camino de reforma global de un país económicamente inviable.
España, sus autonomías y buena parte de los ayuntamientos, han quedado, tras los siete años de socialismo al borde del colapso, hasta la Seguridad Social ha entrado en déficit y por tanto las pensiones futuras vuelven a estar en situación de riesgo.
Para entender la entidad del problema, pondré solo un ejemplo numérico; cuando el gobierno anterior equivoca su déficit y este en lugar de ser del 6%, comprometido con la Unión Europea para que nos financiase, es del 8% del PIB, significa que el agujero anual crece en 20.000 millones de euros, o lo que es igual, en lugar de que el gobierno de Rubalcaba y Chacón gastasen 60.000 millones de euros de más en 2011, se les ha ido la mano en 80.000 millones de euros.
¿Y como corrige Rajoy ese “desliz” adicional heredado de 20.000 millones? Pues reduciendo los gastos en 9.000 millones y aumentando los ingresos –IRPF e IBI- en 6.000 millones, y como verán con ello aun faltan 5.000 millones para cerrar el último agujero zapatero.
Quienes han protestado por la subida impositiva deben saber que esta solo cubre la treceava parte del desajuste de las cuentas de 2011, o que si Rajoy hubiese querido cubrir el agujero fiscal solo subiendo impuestos estos se tenían que haber subido ¡¡¡¡13 veces más!!!.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
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