Este miércoles se decide si hay o no una quita, una reducción, de de la deuda soberana española y desgraciadamente el gobierno socialista parece asumir ya que será inevitable y que alcanzará el 2%.
Lo de menos es el porcentaje, lo que cuenta es que desde ese mismo momento se nos considera incapaces de gobernarnos, igual que cuando una empresa pide entrar en concurso de acreedores y solicita la tradicional suspensión de pagos privada.
A quién tenga deuda pública, letras o pagarés del Tesoro, que es donde se invierte la tradicional renta fija, no se le podrá devolver lo invertido, y obviamente se sentirá engañado, estafado, y ¿quién se vuelve a fiarse nuevamente de un estafador? Nadie, o mejor dicho algunos sí, pero a un precio mucho más alto.
Rubalcaba y Zapatero ya han abdicado, como en la etapa de González, que se asumió que no entraríamos en el euro y que habría una Europa de dos velocidades, ahora también el ejecutivo socialista se resigna a estar en la tercera división europea.
Nos jugamos una década de crecimiento, no menos tiempo tardará en restablecerse la confianza en nosotros sino devolvemos todos nuestros préstamos.
El hecho de que técnicos en Bruselas hayan planteado, y Rubalcaba y Zapatero asumido, esta quita nos hace un gran daño:
1. Si se reconoce que el gobierno central, titular del 78% del endeudamiento público nacional, no puede devolver su deuda supone que somos un país inviable.
La totalidad de las administraciones españolas deben ser sometidas a profunda revisión, a una cura de adelgazamiento, tras la actual de humildad.
Pudo haberse hecho por convicción, en tiempo de mayor bondad económica, pero quienes desde el Partido Popular y el ámbito académico lo propusieron fueron tachados de centralistas, “antiautonomistas” y reaccionarios, por parte de los mismos inmovilistas que han arruinado el país.
Ahora habrá que hacerlo tardíamente y no por convencimiento sino por necesidad, por el colapso administrativo en el que vivimos.
La pasada semana en este mismo medio escribí “Reinventar la Administración”, afirmando que los gobiernos que conocíamos hace tan solo un año ya no existen y son no solo el pasado, sino la prehistoria.
La revisión a favor de una administración única, con el menor número posible de solapamientos, ya está en marcha y va a afectar a la totalidad de entes públicos.
Afectará a las diputaciones, como a las restantes administraciones, pero no supondrá su desaparición. La única reforma viable es aquella en la que, sin eliminar a nadie, todos presten, con menor gasto, servicios más eficientes. Lo ineficaz no es la institución sino el uso que se haga de ella.
La reforma ya ha comenzado, este mismo año, con dos hechos; la reforma constitucional, que fue propuesta por Mariano Rajoy hace dos años, y que finalmente ha tenido que ser impuesta por el Banco Central Europeo para prohibir el derroche público, y en segundo lugar, por las propuestas de los nuevos gobiernos autonómicos de supresión de organismos, devolución de competencias y drástico recorte del gasto.
Las administraciones debemos reinventarnos, los gobiernos “buenistas”, del sí a todo, ya no existen, no son solo el pasado, son prehistoria.
El modelo administrativo que todos hemos conocido, el de hace solo un año, el “estado del bienestar” de inspiración socialdemócrata, y aspiración subsidiadora, ha fallecido por colapso.
Aquello de ayudas para todos con cargo a deuda, y la concepción del actual gobierno socialista de que “el dinero público no es de nadie” y se puede derrochar ya es história.
Sencillamente ha colapsado por falta de ingresos y exceso de gasto público. Se pudo evitar tan solo respetando las normas de déficit cero de 1997 del gobierno popular, pero desgraciadamente, Rubalcaba y Zapatero, derogaron aquella normativa restrictiva en favor de la barra libre y el sobrenedeudamiento.
Con efecto retroactivo, cinco millones de parados más tarde y tutelados económicamente por la Unión, Manuel Pizarro ganó el debate al entonces vicepresidente Pedro Solbes.
Como en tantas ocasiones, también hace tres años y medio, el socialismo ganó el debate sobre economía y, a continuación, arruinó el país.
Mi admirado Manuel Pizarro dijo la verdad, con toda su crudeza, afirmando premonitoriamente –marzo de 2008- que estaba menguando el crecimiento, el endeudamiento era alto y paro de record y que, de no tomarse medidas, se destruiría más empleo poniéndose en riesgo tanto la recaudación fiscal, como el sistema de pensiones.
Acertó en todo mi brilllante paisano -yo también luzco orígenes en Manzanera, el sur turolense- pues la nuestra es hoy una crisis fiscal, con sobreendeudamiento y desempleo desbocado.
Rajoy, Soraya, Aznar, Montoro y el propio Pizarrovenían haciendo similar análisis desde 2007, y efectivamente ahora estamos en la más honda crisis fiscal, hemos sido amenazados con la intervención y las pensiones ya ha habido que reformarlas para que sean un 20% menores en el futuro.
Sin embargo los españoles prefirieron entonces, 47% frente a 37% según las encuestas, creer a Pedro Solbes cuando afirmó que “me parece que la palabra crisis es un poco prematuro” utilizarla, y destacó que el crecimiento económico español era muy sólido, que atender la sensatez de Pizarro.
Es un mal común, preferir escuchar buenas a malas noticias, aunque aquellas sean falsas y estas ciertas.
En el debate Pizarro-Solbes sucedió como en el de la crisis de 1929, entre Ludwig Von Mises y J.M. Keynes, ganó el segundo pero tenía razón el primero.
En ambos casos se prefirió el narcotizante discurso socialdemócrata, de derechos para todos, al realista análisis liberal que exigía rigor y sacrificio.
Por fin Rodríguez Zapatero disolvió las Cortes, en una legislatura inacabable, infructuosa, destructiva, y siempre contradictoria.
Y el socialismo se marcha como llegó; improvisando. Y especialmente dañinas son las improvisaciones y ocurrencias en materia económica, porque los errores se pagan con más desempleo.
La penúltima rectificación ha sido a cuenta de la privatización de emergencia de Loterias del Estado, hace seis días el peor Consejo de Ministros que ha tenido España aprobó su salida a bolsa y ahora la anulan.
La siguiente rectificación, y harán bien, será la de paralizar la privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat, porque el horno de los escaldados inversores no está para bollos.
Este rosario de ocurrencias, comenzó en la misma campaña electoral cuando, haciendo caso omiso a las advertencias de eminente crisis, el gobierno socialista anunció un cambio en el IRPF para que diez millones de españoles tuviésemos una deducción de 400 euros, que poco después hubo de retirar.
Como el IVA, que, dado que González lo creó y elevó del 12% al 15 y luego al 16, Zapatero no quiso ser menos y lo subió al 18%, eso sí, ahora se arrepiente y lo rebaja durante cuatro meses y solo para la vivienda.
Parecido a la restitución del Impuesto sobre el Patrimonio, primero no y ahora sí.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
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