El 85% del déficit público español corresponde al gobierno central y el 15% restante a las 17 autonomías, los 8.000 ayuntamientos y las 50 diputaciones.
Así, el déficit liquidado en 2009 fue del 11.2% del total de la producción nacional, del que el 9.5% correspondió a la Administración General del Estado, y el 1.7% restante lo causaron municipios, provincias y comunidades autónomas.
Por tanto, si bien es cierto que el control del excesivo gasto público es responsabilidad de todas las administraciones, en su gran mayoría corresponde al gobierno central, que es además quién conserva competencias de obligado cumplimiento para el resto de administraciones.
A pesar de ello es quién menos a hecho a la hora de ajustarse el cinturón.
Ciertamente ha dedicado más esfuerzos a negar la evidencia y trasladar responsabilidades que a atajar la sangría pública de nuestras finanzas, solo así se explica que en 2009 el gobierno de Zapatero gastase 205.000 millones de euros e ingresase tan solo 105.000, espectacular.
Un gasto de casi el doble de lo ingresado no ha tenido lugar jamás desde que existen liquidaciones presupuestarias, en 1.850 cuando reinaba Isabel ll, tatarabuela de nuestro Rey.
El actual gobierno se ha significado en romper los acuerdos y consensos existentes, y llevar a cabo todo tipo de iniciativas conducentes a separar al Partido Popular del resto de grupos políticos, firmando incluso la creación de un cordón sanitario que impidiese cualquier acuerdo con nuestra formación, como si de apestados se tratara.
La derogación por la vía del decreto de la Ley de Calidad Educativa, antes de que entrara en vigor, y del Plan Hidrológico Nacional, con obras ya en marcha, así como la propuesta de reformas estatutarias no pactadas, o la vulneración del Pacto por las Libertades para negociar con ETA, son exponentes de la voluntad gubernamental de fraccionar y separar más que de acordar.
Sin embargo las cosas han cambiado, y ahora, en la actual situación de emergencia nacional, el ejecutivo socialista pide al PP que “arrime el hombro”, que llegue a pactos, que no critique, que guarde silencio y apoye, sin más, a quién nos ha conducido a la mayor crisis económica de nuestra historia.
Lamentablemente tras esta apariencia pactista se esconde un Rodríguez Zapatero sin margen para el acuerdo, pues él mismo se ha encargado de maniatarse con enormes gastos e irrenunciables subidas de impuestos para que no haya posibilidad de virar nuestra política actual.
La política monetaria y sus tipos de interés está en manos de la Unión Europea y en la política fiscal los derroches del gobierno nos han dejado sin margen. Nuestra política económica al completo es un conjunto vacío.
El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos. Ahora en una acción de consumado sectarismo se desentiende de la crisis y ya busca solo el éxito electoral en 2012, sin considerar que aquella le llevará o no a este.
El ejecutivo ha pactado con los sindicatos una paga, que podría alcanzar los 500 euros pora cada uno de los tres millones de empleados públicos y con un coste total estimado de 1.452 millones de euros, que los socialistas harían efectiva durante la próxima campaña electoral de Rodríguez Zapatero.
Podría parecer una broma en una república bananera pero es real, se trata de España y tiene un coste estimado de 1.452 millones de euros,
Lo descubrí preparando una comparecencia de la Vicepresidenta Fernández de la Vega, al encontrar en el punto 47 del acuerdo que ella misma rubricó junto a los sindicatos representantes de la función pública. Y, a pesar de ser cofirmante, la Vicepresidenta no supo responder, en las casi tres horas de comparecencia del pasado día 2 de marzo, sobre cómo harían efectivo este desprendido y novedoso gesto electoral.
Reproduzco, para los incrédulos, el texto que, al hablar de las retribuciones del personal, afirma literalmente que “dentro del primer trimestre de 2012 –campaña y precampaña de las elecciones generales- se percibirá el importe correspondiente a la desviación de la inflación y el aumento salarial de 2010 y 2011”.
Tras seis años de gobierno socialista, éste reclama ahora consenso, un acuerdo en lo económico, un ofrecimiento tardío y difícilmente alcanzable con quién no se pone de acuerdo consigo mismo.
En este periodo de profunda crisis, en dos meses que llevamos de años, las propuestas gubernamentales de los viernes son rectificadas los lunes y retiradas los martes.
Cuestiones de gran transcendencia económica como la congelación salarial, el alargamiento del computo de 15 a 25 años para el calculo de las pensiones, con la consiguiente bajada que ello supondría, el retraso en la edad jubilación a los 67, el anuncio de reducción del gasto un día antes de aprobar gastos adicionales o la supresión de la deducción de 400 euros, son solo cinco ejemplos de confrontación interna que evidencian el desconcierto reinante en el ejecutivo nacional.
Mientras el gobierno socialista se pone de acuerdo consigo mismo debería aprovechar para cumplir los acuerdos del Congreso de los Diputados, y no desacatarlos, como sucede con la aprobación de la propuesta de reducción de altos cargos. Supuestamente la vicepresidenta Fernández de la Vega debiera coordinar la acción de gobierno en este ámbito, el resultado no puede ser más decepcionante.
El gobierno tiene la obligación parlamentaria de reducir estos y sus correspondientes asesores en un 25%.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
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