Imponer por ley un supuesto nuevo modelo económico a un país es algo tan socialista como fracasado, ambas cosas muy propias de Rodríguez Zapatero.
Desde que hace medio año se anunciara la Ley de la Economía Sostenible para implantar de forma "rápida, viable y consolidada" un nuevo modelo productivo en España, se sabe tan solo que se han iniciado consultas con los agentes sociales y los distintos departamentos ministeriales.
Estos últimos recibieron un correo electrónico, a modo de SOS, pidiendo sugerencias para ocultar la vaciedad de la propuesta presidencial.
Estamos por tanto ante un concurso de ideas que, pilotado por Zapatero, acabará siendo un concurso de ocurrencias.
Por si el asunto de los más de cuatro millones de parados no fuera grave, nuestro presidente socialista anticipó en el mitin de Dos Hermanas, un escenario tan aséptico como científico, que el modelo sería el de Andalucía.
Rodríguez Zapatero saldrá del gobierno, como ya lo hizo Felipe González, con una grave desestructuración social, pero con una situación económica y política agravada.
Los ocho años de gobierno popular, con cinco millones de empleos, reducciones en los impuestos, rebaja del endeudamiento público, 500.000 nuevas empresas, salvación de la Seguridad Social, mengua de las desigualdades y elevación del gasto social en un 70%, han sido borrados del mapa, y ahora toca, nuevamente, socialismo y pobreza.
El anterior presidente socialista, González, legó un sistema nacional de pensiones en quiebra y una tasa de paro record en Europa, pero Zapatero va a empeorar sustancialmente aquella herencia.
Y lo va a hacer básicamente en dos aspectos sustanciales que determinan la cohesión nacional, el primero el crecimiento del independentismo, y el segundo el empobrecimiento absoluto de más de un millón de familias.
Los presupuestos del Estado que ahora se debaten, empeoran este segundo elemento, y el número de españoles sin protección va a crecer alarmantemente ya que el gasto social previsto para 2010 disminuye en 12.000 millones de euros, el 6%, con respecto al año anterior.
Una simple división entre la inversión anunciada por el gobierno socialista para la provincia de Castellón en 2010 y su número de habitantes nos deja como la quinta peor provincia de España, aunque si tenemos en cuenta que dos de ellas, los territorios forales de Güipúzcoa y Vizcaya, disfrutan de un sistema alternativo de financiación, nos encontramos con que somos la número 48 en inversión por habitante, solo por delante de Baleares y Tenerife.
La cosa, aun siendo mala pues cada español recibirá 515€ de inversión mientras los castellonenses solo alcanzaremos los 251, no sería dramática si fuese algo puntual, pero cuando viene precedida de cinco marginaciones presupuestarias previas y en el presente ejercicio ocupamos la posición 47 y en 2008 fuimos la última de las 50 provincias, la situación es verdaderamente preocupante.
Este bloqueo de nuestras principales infraestructuras dependientes del gobierno central –AVE, desdoblamiento de la 340 o conclusión de la A-7- viene acompañado de una creciente presión fiscal que debilita enormemente a nuestro tejido productivo, y especialmente al vinculado a la construcción.
Así los castellonenses que pagaron a la Hacienda central 2.210 millones de euros en 2007 y que la crisis redujo su aportación en 2008 a 1.255 millones, verán elevada su factura fiscal el próximo año en 151 nuevos millones.
Los nuevos presupuestos del gobierno socialista para nuestra provincia en 2010, posponen y menguan todas las inversiones que tienen para nuestra provincia un carácter estratégico.
Por tierra, mar y aire, el bloqueo al desarrollo de Castellón es sistemático.
Los ejemplos son hirientes y la discriminación supera lo imaginable, solo la inversión en el aeropuerto de Málaga, con 330 millones de euros, multiplica por más de dos, los exiguos 149 millones que se invertirán en toda la provincia.
Hasta hoy el aeropuerto de Castellón ha disfrutado solo de la ayuda de los gobiernos provincial y autonómico, presididos por Carlos Fabra y Francisco Camps respectivamente y no se ha llegado un céntimo del gobierno socialista, tan solo objeciones, obstáculos e impedimentos.
La inversión prevista por Zapatero para Castellón el próximo año es la mitad que en el último presupuesto del Partido Popular en 2004, cuando han transcurrido seis años y hemos ganado 100.000 habitantes, y cae respecto al presupuesto de 2009 un 35%.
Castellón sufre la tercera mayor caída anual en inversión de España, solo por detrás de Ávila y Salamanca.
Mientras en la Comunidad Valenciana la inversión prevista por el gobierno central cae un 9% y en España un 7.5%, aquí el citado 35%.
Jueves, 16 de febrero
Manuel Molares do Val
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