La creciente inseguridad ciudadana y la lentitud judicial no sólo causan el palpable daño del temor y la intranquilidad de las familias, sino que suponen un intangible, pero elevadísimo, perjuicio económico.
Así, la lentitud e ineficacia judicial es no solo motivo de angustia personal sino que daña nuestra estructura económica puesto que cada día entraña más riesgos crear una actividad empresarial.
El ejemplo más evidente es el mercado de alquiler de viviendas que o no funciona, con más de tres millones de viviendas cerradas y sin uso, o es mucho más caro que con un sistema judicial ágil.
Los propietarios cobran una prima en el precio de su alquiler en el que suman al riesgo de impago la inoperancia de los juzgados. La mayoría lo hace inconscientemente pero lo hacen, como también se discrimina en el precio a aquellos a los que se prejuzga como “arriesgados” como es el caso de los extranjeros a los que se suele cobrar injustamente precios más elevados.
Solo hay un presidente en el mundo, Rodríguez Zapatero, capaz de derrochar 20 millones de euros en la decoración de una cúpula en la ONU, crear ministerios completos sin ninguna competencia, como los de Igualdad o Vivienda, destinar en su primera legislatura mil millones de euros a campañas publicitarias o contratar un 55% más de altos cargos para gestionar menos competencias que en la etapa de Aznar.
Y a la vez, que hace todo eso, restringe la gasolina de los vehículos policiales, la munición para las armas reglamentarias de nuestros agentes, regatea las subidas salariales prometidas a nuestros agentes o propone para 2.009 una bajada en un 25% en las pensiones por incapacidad o inutilidad que afectaría a guardias y policías que hayan sido heridos de gravedad en actos de servicio y queden incapacitados.
Solo hay, además, un gobierno en el mundo que fabrica leyes, sobre la mitad de la memoria histórica, que permiten a sus jueces paralizar la actividad judicial para buscar certificados de defunción de antiguos dictadores o levantar fosas comunes en contra de la opinión de los familiares.
Cuando bajo gobierno popular se encargó en 2002 el Libro Blanco de la Dependencia y, con posterioridad, el ejecutivo socialista, con acierto, propuso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el objetivo siempre fue armonizar los 17 sistemas que ya venían funcionando, con más de 2.700 millones de euros anuales, para evitar injustas desigualdades y ganar en eficiencia.
La pasada semana el gobierno socialista renunció a lograr estos objetivos y cedió ante su sector nacionalista.
Tanto lo que recibirán –acreditación y calidad de los centros- como lo que pagarán los usuarios será distinto en cada autonomía, merced a lo recientemente decidido.
Esto ha hecho que el gobierno haya perdido todos los apoyos sociales y políticos que recibió hace dos años cuando se aprobó la norma.
Tanto los supuestos beneficiarios, como sindicatos y empresarios del sector, se han sentido engañados.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
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