Ante la polémica sobre la ley de Dependencia, animada por el PSOE en las comunidades autónomas donde no gobierna, propongo una sola división, una sencilla operación aritmética que revela quien dice o no la verdad.
Si tomamos por válidos los datos que ofrece el gobierno de Rodríguez Zapatero tenemos que en España hay 400.000 beneficiarios de la ley de dependencia y que en 2008 han recibido, hasta la fecha, 392 millones de euros, si dividimos ambas cifras resultan ser 81 euros mensuales.
Teniendo en cuenta que el último informe emitido por el propio sector, el de Inforesidencias.com el Estudio Sobre Precios de Residencias para Personas Mayores en 2008, resulta que el precio medio de una residencia geriátrica privada es de 1.688 euros al mes, o lo que es igual, que el ejecutivo socialista solo costea el 4.8% del precio de la plaza.
Cuando se cumple dos años de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el sistema está colapsado.
Como síntesis de las múltiples críticas que la ejecución gubernamental de la ley está levantando valgan las afirmaciones del Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. José Montilla, el pasado mes de octubre en las que acusó a la administración central de “no estar a la altura” tras criticar que la memoria económica se quedase tan corta “con los mismos recursos tenemos el doble de los beneficiarios previstos”.
Además de la escasez presupuestaria y de la complejidad burocrática, el gobierno viene sistemáticamente incumpliendo los plazos de desarrollo de la ley, y por tanto le resulta enojoso cumplir la ley y dar cuenta en el parlamento del informe anual que la ley prescribe.
Este es tan solo un mensaje de afecto y solidaridad con los periodistas y profesionales de los medios que en Cataluña se quedan sin voz, y también con los oyentes que pierden su liebertad de elección.
Entre las licencias de radio que en Cataluña han sido revocadas y las denegadas, entre estas últimas las cincuenta y cuatro pedidas por Unidad Editorial, supone que aquellos que son lectores de ABC, El Mundo, Marca, Expansión, El Correo, Las Provincias, y tantos otros, u oyentes de COPE o Punto Radio, no forman parte, según el socialismo de mordaza, del “pluralismo de la sociedad” para el que la Constitución Española reclama respeto, y por tanto no podrán escuchar emisoras insumisas al nacionalismo y el socialismo.
Inaudito.
Cada día que pasa los gobiernos autonómicos socialistas y el nacional recortan en mayor medida las libertades.
Si elegir lengua para escolarizarse en libertad es imposible en Cataluña, Baleares o Galicia, y pronto lo será en el País Vasco, el ataque a los medios de comunicación no tiene precedentes.
Se ha convertido ya en un recuerdo nostálgico el artículo 3 de nuestra Constitución, aprobada ampliamente en referéndum por todas las provincias en las que ahora se niega la educación en lengua común, cuando dice inequívocamente que “El castellano es la lengua española oficial Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Es obvio que millones de niños españoles han perdido ese derecho en sus colegios.
Como también es contrario a la Constitución que establece en el artículo 20 que la regulación de los medios de comunicación se hará “respetando el pluralismo de la sociedad” el cierre de emisoras de radio en Cataluña por parte del gobierno socialista e independentista de Montilla.
Que, a la vez que se conceden 83 nuevas licencias de radio en la comunidad catalana se le revoquen tres preexistentes a Punto Radio y dos a la COPE, supone ir mucho mas lejos que cuando Zapatero, en primera persona decidió dar las dos cadenas nuevas de televisión, a la postre la Cuatro y la Sexta, a sus aliados de PRISA y Mediapro.
Entre las docenas de tonterías que se escuchan estos días con motivo de la hecatombe económica nacional y de la crisis de confianza en las finanzas internacionales, las hay que auguran el fin de la economía de mercado o la refundación del capitalismo. Son solo eso, tonterías.
La economía de mercado sobrevivirá y los gobiernos que la limitan innecesariamente serán quienes no lo hagan.
El ansia humana de tener libertad económica, como política, de elegir empleo o el producto que comprar, es tan natural como absurdo prohibirlo, Cuba o China solo crecen en la medida en la que dan libertad comercial o de empresa a sus ciudadanos, y cuando no lo hacen surge el mercado negro.
Está en nuestra naturaleza intercambiar, primero con el trueque y después con la moneda y eso es la economía de mercado, con la que ningún gobierno puede terminar.
Ahora bien, este tipo de economía no es perfecta y además precisa para su desarrollo de un Estado fuerte que regule con eficacia.
Jueves, 31 de mayo
Carlos Ruiz Miguel
Juan Fernandez Krohn
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
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