Con el mismo vigor con el que denuncio los incumplimientos, y exageraciones en su publicidad, de la ley de dependencia reconozco sus avances.
Un pasito se acaba de dar en la buena dirección aprobándose por unanimidad en el Congreso de los Diputados la propuesta para que, en plazo inferior a un año, se apruebe un plan integral de atención a los niños menores de tres años con discapacidad, que suman hasta 17.000 en nuestro país.
Aunque la proposición, que tuve la oportunidad de defender, la presentó el Grupo Parlamentario Popular el texto final fue consensuado por todos los partidos presentes y de todos ellos es por tanto el mérito.
Era una deuda aplazada ya veinte meses, dado que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia dejaba para un futuro plan, sin fecha fija, una mejor atención a estos niños.
Así, nuestros pequeños con diversidad funcional, léase discapacidad, en la actualidad correctamente atendidos por las administraciones autonómicas, tendrán merced a este fututo plan, una atención más especializada.
El tenor del acuerdo dice “facilitar la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales”, lo que en suma debe permitir a estos niños seguir siendo distintos pero no inferiores.
La temprana detección y su adecuada estimulación suponen en estos niños avances gigantes y favorecen su perfecta inserción. Este es el principal termómetro de la salud de una sociedad moderna el trato a sus personas con discapacidad.
La igualdad de oportunidades, y la garantía pública de estas, como premisa en el desarrollo humano, es un feliz lugar de encuentro entre las más diversas ideologías, tal y como se puso de manifiesto en la aprobación de esta ley como ahora en este acuerdo.
Sigue restando para el adecuado desarrollo de la ley, el establecimiento de los criterios comunes de participación del beneficiario en el coste de los servicios, el trato fiscal favorable para las citadas aportaciones, la acreditación de centros residenciales que no permita las actuales desigualdades entre regiones, los planes de calidad del Sistema o el marco tributario favorable para la cobertura privada de las situaciones de dependencia.
Y mientras el ejecutivo cumple con sus obligaciones legales, bien haría Rodríguez Zapatero en retirar la campaña de acusaciones de boicot a las autonomías populares por parte de sus representantes autonómicos.
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Me alegro por la noticia, de verdad. Ahora solo falta que "La igualdad de oportunidades, y la garantía pública de estas, como premisa en el desarrollo humano", llegue tambien a la educación de los crios sin discapacidades.
Me refiero evidentemente a la educación en Cataluña, Pais vasco y galicia, donde los padres castellanohablantes se ve no tenemos derechos a pesar de que constitucion dice otra cosa.
Viernes, 17 de febrero
Vicente A. C. M.
Pedro Fernández Barbadillo
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