La valiente Loyola de Palacio, que ya es una vasca universal, no era una mujer producto de una cuota obligatoria y eso se notaba, a nadie le cabía duda de que cuando estuvo en el Congreso, el parlamento de Estrasburgo o fue ministra y comisaria europea era por méritos propios y no por imposición legal.
El caso de Loyola como el de Ana Pastor, Esperanza Aguirre y tantas otras son casos de éxito femenino que han sido posibles sin cuotas, por capacidad y dedicación.
Toda mujer en la política o en la empresa estaba exclusivamente por su valía, sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la futura Ley de Igualdad cabrá la duda razonable de si la fémina que alcance un puesto de responsabilidad lo lograría también sin la cobertura de una cuota obligatoria.
Dado que la mujer es exactamente igual de capaz que el hombre no precisa de la reserva de puesto de trabajo sino de medidas que, sin imposiciones, faciliten la supresión de obstáculos formativos o laborales para plena incorporación al mundo laboral.
Cosa bien distinta ocurre con las personas con discapacidad que sí viven una situación de clara de desventaja, por su permanente limitación física, psíquica o sensorial y sí es adecuado que esa situación sea corregida con la reserva del 5% del empleo a su colectivo.
El gobierno con esta ley elude cualquier responsabilidad y la desplaza a las empresas y a los partidos políticos que deberán tener un mínimo del 40% de cada sexo en candidaturas o consejos de administración.
Si en alguna de estas empresas hubiera mayoría de mujeres alguna deberá dejar su puesto en beneficio de un hombre aunque no tenga una sola acción de la empresa y esté peor preparado.
Naturalmente ante tamaña imposición intervencionista tanto el Consejo de Estado como el Consejo Económico y Social han coincidido en la inconveniencia de la medida.
Las políticas de igualdad de Rodríguez Zapatero van contra la libertad de empresa que establece nuestra Constitución, y así no se crea sino que se destruye empleo.
Echamos de menos medidas en la dirección de las que adoptamos nosotros como las bonificaciones a los contratos indefinidos, la supresión de los costes de seguridad social por maternidad y también para los contratos de sustitución de ese puesto de trabajo y tantas medidas efectivas que nos permitieron crear 2.200.000 empleos para la mujer.
El Partido Popular ha planteado 73 enmiendas parciales que proponen ante la maternidad o paternidad de los trabajadores la organización flexible del tiempo de trabajo, duplicar el permiso de lactancia, cambiar su contrato de jornada completa por uno a tiempo parcial, ampliar el periodo de excedencia a tres años para el cuidado de los hijos, un nuevo permiso de paternidad de cuatro semanas, un aumento del de maternidad de las actuales 16 semanas a 20 para el segundo hijo y 24 para el tercero y siguientes.
Multitud de enmiendas novedosas para mejorar este texto que han sido, una tras otra, rechazas, incluso la que propone el aumento de la actual paga de 100 euros al mes para las madres trabajadoras –que lleva tres años congelada- a 150 euros para el segundo hijo y 200 euros para el tercero.
Un gran envoltorio para una ley vacía de contenido, me temo que en algunos años acabaremos añorando a las mujeres –o a los hombres- que nunca necesitaron cuota.
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Me sorprende que con el tiempo que lleva este post no haya ningún comentario.
Para mi esa igualdad forzada que se convierte en “discriminación positiva” no hay por donde cogerla. Las políticas de igualdad-respecto a la mujer- tanto en el ámbito público como en el privado deberían de ir encaminadas a impedir que la labor social de la mujer en la familia y en la sociedad fuesen un obstáculo o una mínima traba en su vida laboral.
Por otro lado el término igualdad, que parece hoy en día políticamente correcto, muchas veces se usa para aborregarnos, para hacernos a todos iguales, pero todos somos diferentes. La igualdad debe ser de trato, de oportunidades, de obligaciones y de derechos, ante la ley… pero con la premisa que todos somos diferentes.
Viernes, 17 de febrero
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