Miguel Barrachina
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622 Emiendas a la Ley de Dependencia
29.06.06 @ 11:55:03. Archivado en ACTUALIDAD POLÍITICA, DEPENDENCIA
El gobierno de España en su empeño por convertir la ley de dependencia en una “ley de izquierdas” -Caldera dixit- ha cosechado tres enmiendas de totalidad –PNV, CIU y Grupo Mixto- y 622 enmiendas parciales.
El ofrecimiento de Mariano Rajoy a Rodríguez Zapatero para que la regulación de la dependencia fuera un Pacto de Estado ha caído en saco roto y el consenso que se logró en esta materia cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta se ha quebrado por completo, cabe recordar que en octubre de 2003, todos los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo en la Comisión de Pacto de Toledo que planteaba: “Configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia. Ello debe hacerse con la participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la Administración Pública a todos sus niveles, todo ello a través de la elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en su conjunto”.
Unos meses más tarde en nuestro programa electoral de 2004 figuraba la creación de un Sistema Nacional de Dependencia, que pensábamos debía ser consensuado y no impuesto como finalmente parece que va a ocurrir.
Nuestra formación política con más sentido de Estado que el propio gobierno no ha planteado enmienda de totalidad, aunque nuestras 143 enmiendas parciales –presentadas en este mes de junio- conforman un texto alternativo completo, y decidió abstenerse en las votaciones finales con la esperanza de que el ejecutivo se avenga a mejorar esta mala ley que persigue un objetivo compartido por todos los grupos.
El Proyecto de ley de la autonomía personal y atención a las personas dependientes es insuficiente y ambiguo porque no concreta las prestaciones básicas que deberá garantizar el Estado, ni reconoce expresamente un derecho subjetivo y universal a la promoción de la autonomía personal y la atención de las personas dependientes, a pesar de que esto es lo que reclaman las personas dependientes y sus asociaciones representativas.
La dependencia tiene que ser tratada de igual forma que la sanidad o la educación. Cualquier persona dependiente debe poder exigir a los poderes públicos las prestaciones y servicios del futuro del Sistema Nacional de la Dependencia.
Especial consideración deben tener las personas que padecen gran dependencia, que por su situación requieren la solidaridad de todos, constituyendo una prioridad social de primer orden. Según el Libro Blanco de la dependencia el número de grandes dependientes en España asciende a 194.000 en la actualidad.
En esta dirección el Grupo Parlamentario Popular presentó a principios de junio una Propuesta de Resolución, que fue rechazada por el resto de grupos y que proponía:
a) Reconocer, en el marco del actual proyecto de Ley de Dependencia, el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, entendiendo que este derecho se inscribe en la acción protectora de la Seguridad Social.
b) Asegurar que la financiación de la atención a las personas que se encuentran en situación de gran dependencia correrá a cargo de la Administración General del Estado. Es decir que para este gran problema la financiación pública de los servicios básicos serán financiados públicamente, para los casi 200.000 grandes dependientes vivan donde vivan del territorio nacional.
Cabe esperar que en septiembre el gobierno tenga mayor acierto y piense más en las personas dependientes y sus familias y menos en crear leyes exclusivamente de izquierdas.
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