Desde la Cope, sobre todo Losantos, se ha disparado en numerosas ocasiones contra Intereconomía. Desde el grupo de Julio Ariza se la devolvían. Y así. Por eso chirrió cuando este miércoles César Vidal salió en defensa de Carlos Dávila y Mayte Alfageme por la querella interpuesta contra ellos por María Teresa Fernández de la Vega.
El director de La Linterna ha dedicado a la libertad de expresión su editorial de las ocho de la tarde, en el que ha hecho una mención expresa a la querella presentada por la Abogacía del Estado a instancias de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, contra el director y la subdirectora del semanario Época, Carlos Dávila y Maite Alfageme.
Esto no tendría ningún interés si no fuera por las batallas que se está librando entre diversos periodistas de ambos medios. Losantos contra Julio Ariza, Enrique de Diego contra Losantos y el contertulio de La Mañana de Cope Pedrojota Ramírez… Incluso, Carlos Dávila llegó a firmar en Época un artículo en el que se quejaba de que «mi ex amigo Losantos» no le dejó entrar en directo a su programa cuando el director de El Mundo se estaba atribuyendo la exclusiva de la cacería de Garzón y Bermejo, pese a haber la destapado lanacion.es, del Grupo Intereconomía.
Un editorial que reproducimos bajo estas líneas por su interés:
Corría el año 130 d. de C., cuando expiró el historiador romano Cayo Suetonio Tranquilo. Tras de si dejaba una serie de obras históricas de la que la más importante era la Vida de los doce césares. Precisamente, al abordar la biografía de Tiberio y describir cómo su gobierno había ido degenerando hacia el despotismo, Suetonio realizaba la siguiente afirmación: «In civitate libera lengua et mens liberae esse debent», lo que podría traducirse como «en una ciudad libre la lengua y la mente deben ser libres». De manera tan sencilla y a la vez tan profunda, Suetonio dejaba de manifiesto cómo la esencia de la libertad política era la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Desde que Suetonio escribió esas palabras han pasado siglos, pero la afirmación es tan válida como el día en que quedó trazada por su mano.
En las últimas horas, hemos tenido noticia de una victoria judicial de la libertad de expresión. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes:
Federico Jiménez Losantos ha ganado el pleito que contra él había interpuesto la SGAE por su crítica a la imposición del canon. Según la resolución judicial del juzgado de primera instancia número 16 de Madrid, Federico Jiménez Losantos no difamó ni vejó a la Sociedad General de Autores (SGAE) cuando criticó la imposición del canon digital sino que, por el contrario, ejerció su derecho a la libertad de expresión.
A raíz de unas declaraciones realizadas en antena por Federico Jiménez Losantos y los comentarios publicados en su columna en el diario El Mundo, la SGAE demandó al todavía director de La Mañana por intromisiones ilegítimas en su derecho al honor y dignidad, exigiéndole una indemnización de 300.000 euros.
De esta forma, la Justicia da la razón al periodista y explica que las expresiones «piratas, atracadores de los consumidores, atracacanon, tinglado de la SGAE o sacamantecas no son graves objetivamente consideradas», ya que «había un tono crispado en todos los medios de comunicación y en el ámbito político (sic) ante una medida tan impopular como el canon digital».
Se trata, según la juzgadora, de «opiniones, pareceres o comentarios» y en ningún caso de «expresiones difamatorias ni vejatorias respecto a la SGAE, aunque se trate de una opinión molesta».
La sentencia sostiene igualmente que es doctrina del Tribunal Constitucional encuadrar en la comunicación periodística «el ejercicio no sólo del derecho a la información, sino también del derecho más genérico de expresión, por lo que la libertad de prensa exige el reconocimiento de una especie de inmunidad constitucionalmente protegida, no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones».
Además, defiende la juez que las palabras de Jiménez Losantos «no tiene un ánimo injuriante» sino que son «protestas por un cobro que se cree excesivo, que están aceptadas socialmente y de uso común y que se producen dentro de un programa de radio no encorsetado, sin guión y con mucha improvisación».
Dichas declaraciones deben entenderse en «un sentido figurado o como expresión de un sentimiento de la mayoría de los ciudadanos».
Por añadidura, la resolución judicial explica que «es un tema el de la propiedad intelectual debatido hasta en el Senado, entendiendo un gran sector de la población que resulta desproporcionado el sistema que tiene la actora para financiarse cobrando sus derechos incluso en actos benéficos».
Por añadidura, tanto el Ministerio Fiscal como la juez entienden que «no puede incluirse como vulneración del derecho al honor» de la SGAE las expresiones referidas al Gobierno, al Ministerio de Cultura, a Eduardo Bautista (presidente de la SGAE), a Pedro Farré López (director del gabinete de relaciones institucionales de la SGAE) o a «los titiriteros» (artistas afines al Gobierno).
El motivo de esa posición jurídica defendida por el fiscal y la juez es que la SGAE no puede irrogarse la defensa del honor de todos los artistas o de alguno de sus componentes «pues la relación con sus asociados se materializa a través de un contrato para la gestión de obras concretas».
Al conocer la noticia, Federico Jiménez Losantos la ha calificado como una excelente información señalando: «Me alegraría hubiese sido la demanda contra quién hubiese sido» y .
La SGAE deberá pagar las costas del juicio.
Por desgracia, incluso en sistemas formalmente democráticos como el nuestro, el ejercicio de la libertad de expresión tiene un precio. A decir verdad, en la actualidad, no pocas personas relacionadas con los medios de comunicación se enfrentan en España con la situación de pagar un precio por el derecho a expresarse con libertad.
Es el caso de Fray Josepho procesado porque unos versos humorísticos suyos no gustaron al presidente del gobierno nacional-socialista de Cataluña Pascual Maragall
– Es el caso de Carlos Dávila y Mayte Alfageme imputados porque dieron información fidedigna y contrastada sobre la manera en que la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega había retorcido la legalidad para poder votar en Valencia.
– Es el caso de Federico Jiménez Losantos, Cristina López-Schlichting y un servidor de ustedes incursos en distintas querellas interpuestas por el Dr. Montes al que molesta sobremanera que se haya informado sobre lo sucedido en el hospital Severo Ochoa de Leganés y
– Es el caso, sobre todo, del ya citado director de La Mañana sobre el que pesa una condena radicalmente injusta por haber defendido a las víctimas de los atentados terroristas del 11-M frente a Ruiz Gallardón, pero que también ha derrotado en los tribunales a personajes como Jesús Polanco o Juan Luis Cebrián y hoy ha podido anunciar que también ha vencido a esa organización insaciable económicamente llamada SGAE.
Sí. No cabe engañarse. En la actualidad, la defensa de la libertad de expresión resulta costosa.
– Cuesta la persecución
– Cuesta el ser expulsado del trabajo porque la empresa considera conveniente no seguir teniendo en su nómina a un periodista valiente e imposible de doblegar
– Cuesta el ser perseguido e incluso condenado judicialmente
– Cuesta el ser aislado socialmente e incluso no han faltado casos en que la propia vida puede correr riesgos.
Pero en la tarea de defender la libertad y de informar a los ciudadanos no se puede ceder un solo palmo, porque, como decía Suetonio, sólo es una ciudad libre aquella en que la libertad de expresión y de pensamiento son realidades cotidianas.
