(PD).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recomendó este viernes al Ministerio de Industria que prorrogue la vida útil de la central Santa María de Garoña durante un periodo de diez años. Consciente de que esa medida le restará votos, el Gobierno ZP ha retrasado al lunes el anuncio «oficial».
El PSOE ha recibido la decisión del CSN casi como un desafío a Zapatero. No en vano, el presidente socialista encargó hace poco más de un mes a la Fundación Ideas —think tank del PSOE— un informe sobre política energética contrario a la tecnología nuclear y para disponer de justificación teórica en la clausura de Garoña.
El CSN también deja por ello en difícil situación a esta fundación. Su vicepresidente ejecutivo, Jesús Caldera —el presidente de la fundación es el propio Zapatero— quiso restar importancia a la resolución del organismo que preside Carmen Martínez Ten recordando que este dictamen «no es vinculante» para el Gobierno, y que es «en manos del Ejecutivo» donde se encuentra en futuro de la central.
Al menos, en un ejercicio reprobable de falta de transparencia, el CSN sí ha hecho a Zapatero el favor de librar a su Gobierno de verse salpicado por su dictamen. Apurando el plazo, el organismo supervisor adoptó ayer su decisión que decidió no comunicar públicamente hasta el próximo lunes, una vez pasadas las elecciones europeas.
Dado que estamos en jornada de reflexión previa a los comicios comunitarios y que el ministro responsable de recibir el informe, Miguel Sebastián, se encontraba de viaje oficial en San Petersburgo (Rusia) el gabinete del Gobierno ha eludido pronunciarse. Ahora, el Ejecutivo tiene hasta el 5 de julio para revisar el informe del CSN y adoptar su propia decisión en Consejo de Ministros.
LOS EXPERTOS
Los cinco consejeros del organismo regulador aconsejaron vincular esta autorización al cumplimiento de una serie de condiciones que se concretan en la realización de inversiones en seguridad y mantenimiento de la instalación para apuntalar la fiabilidad de la producción eléctrica de la central.
Según fuentes del Consejo, estas obligaciones con las que, a su vez, los servicios técnicos del organismo habían recomendado al plano del CSN y, por tanto, las «ordinarias dentro de los usos internacionales» en este tipo de expedientes.
Forman parte de las condiciones, entre otras, la sustitución del cableado eléctrico de Garoña, así como la renovación del sistema de ventilación de emergencia situado en el edificio de contención del reactor nuclear. Las mismas fuentes explican que las obligaciones impuestas son totalmente asumibles por los dueños de la planta, Iberdrola y Endesa que comparten la titularidad de la instalación al 50% a través de la empresa Nuclenor.
Harina de otro costal será la decisión del Gobierno en el plazo máximo de un mes del que dispone para pronunciarse. La cuenta atrás comenzó en la misma tarde de ayer cuando el CSN entregó su informe motivado en el registro del Ministerio de Industria.
La resolución adoptada por el organismo que preside Carmen Martínez Ten deja a los pies de los caballos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, partidario de decretar el cierre de la central. Más a más porque el informe del CSN especifica que las inversiones realizadas en la modernización de la central desde 1999 (alrededor de 150 millones) han colocado a la planta en posición de seguir operando de forma segura durante diez años.
Con un informe técnico en esta línea, la argumentación que soporte la clausura de la planta es harto complicada y el recurso judicial de sus dueños, 100% seguro.
