Daños colaterales

01.09.09 | 18:09. Archivado en Angel Escuredo

Hace algunos meses se firmaba el Protocolo de Segregación por el que el Ayuntamiento de Ponferrada abandonaba la Mancomunidad de Municipios con su mismo nombre, la institución de estas características más antigua de Castilla y León. En el acto estuvieron presentes el alcalde de la capital berciana, Carlos López Riesco, así como el presidente y el vicepresidente del ente mancomunado, Raúl Valcarce y Antonio Canedo respectivamente, un trío cuanto menos curioso entre el que siempre reina la armonía pese a defender siglas políticas totalmente contrarias.

Cuarenta años después de su creación, el alma máter de este órgano, la única ciudad y el mayor núcleo poblacional, económico y comercial, abandona el barco y deja a sus hermanas pequeñas, las localidades de Arganza, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos y Sancedo, en una situación un tanto precaria, aunque se haya pregonado a los cuatro vientos la viabilidad futura del ente tras esta salida y que sin embargo no consigue despejar la amenaza de una privatización del servicio que implicaría la subida del recibo del agua.

Pero en estos días el verdadero foco de polémica está en la situación laboral en la que queda el 50% de la plantilla que pasará a depender del Ayuntamiento de Ponferrada. Ya el procedimiento de elección de las 12 de las 24 personas que trabajaban en la Mancomunidad y que debían abandonar su puesto, estuvo envuelto en un cierto tufillo de designación “a dedo”.

Ahora la gran batalla de esta docena de operarios se encuentra en no perder su condición de empleados públicos con categoría de personal laboral fijo para pasar a formar parte de la plantilla de la empresa privada Aquagest, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Ponferrada.

Parece justo el enfado de estos trabajadores puesto que en tiempos en los que el desempleo es la principal preocupación de la población, se les han ocultado totalmente sus nuevas condiciones de trabajo y sus salarios, se han saltado a la torera su obligación de informar y negociar con ellos para minimizar en lo posible los perjuicios que se les pudieran ocasionar. Los responsables municipales prefieren esperar a que escampe y decir que ya encontrarán una solución, pero eso lejos de tranquilizarles aumenta su inquietud.