19.10.07 @ 21:41:13. Archivado en Reforma política
Coincido con Vidal Quadras en una parte de las soluciones que las asociaciones que él lidera han propuesto a los partidos políticos españoles con el ánimo de salvar la situación nacional, que en este caso supone lo mismo que hablar del proyecto democrático común español. Coincido en parte porque entiendo que existen una serie de competencias que todo gobierno central debe reservarse para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, muy especialmente la igualdad de oportunidades civiles y territoriales. También estoy de acuerdo en modificar la ley electoral, no sé si en el mismo sentido que ellos, pues desconozco la fórmula que proponen, pero intuyo que no será la del diputado de distrito o la circunscripción uninominal, que es la que siempre propongo por entender que es la única que garantiza el principio representativo y el mandato imperativo.
Discrepo en el diagnóstico, no obstante. Para mí, no nos encontramos ante un cambiazo, ante una traición a nuestra Carta Magna, independientemente de que puedan existir leyes de mucho rango e importancia preñadas de preceptos que la violan flagrantemente, por ejemplo, el Estatuto catalán. Aunque a algunos les pueda parecer paradójico, nos encontramos en la situación presente como consecuencia de la Constitución que “nos otorgamos” los españoles vía plebiscito o refrendo del resultado secreto de unas Cortes no constituyentes, que en vez de intentar el loable fin de la democracia política, prefirieron contentar a las distintas fuerzas irreconciliables existentes entonces, aún a costa de sacrificar los principios democráticos de división de poderes y de representatividad. Es muy evidente: tengamos todos la absoluta convicción de que si existiera la división de poderes y por tanto el Poder Judicial fuera realmente independiente, el Tribunal Constitucional fallaría en contra de la constitucionalidad del Estatut o enviaría directamente a la cárcel a Ibarretxe si acabase por convocar un referéndum claramente secesionista. Si Rodríguez Zapatero permaneciese en el poder tras las elecciones de marzo de 2008, no ocurriría ninguna de estas dos cosas. Y me da miedo pensar qué ocurriría si Mariano Rajoy no obtuviese mayoría absoluta y la escasez de escaños le obligara a pactar con CiU. Probablemente habría que limar el Estatut, pero no liquidarlo como exigen los principios más elementales de la teoría política democrática. Es el “peage” que el nacionalismo viene imponiendo al resto de ciudadanos que vivimos en este régimen parlamentario de sistema electoral proporcional, porque, seamos claros, junto con la monarquía, son las dos características más evidentes de nuestro sistema político. Así pues, proporcionalismo parlamentario sin independencia del Poder Judicial (la dependencia que tiene el Legislativo del Ejecutivo es consustancial al parlamentarismo) y nacionalismo antagónico con la idea de España, alimentado a través del Título Octavo, son las verdaderas incubadoras de la grave patología nacional. Ergo el verdadero problema que tiene España para defenderse de los ataques de sus enemigos está sin duda en su propia Constitución. Vidal Quadras lo dice ahora y me congratulo. Algunos llevamos manisfestando este hecho desde que teníamos la tierna edad de 25 años. Señor Alejo, enhorabuena, pero láncese del todo a la piscina de la democracia y no se quede sólo en los aspectos que aluden a la transcendental unidad terrotorial. Tan necesario como bloquear competencias a favor del gobierno central, o incluso más, se hace el establecimiento de un sistema presidencialista que permita elegir libre y directamente al presidente del gobierno. Sólo esta fórmula garantiza que los gobiernos de España sean españoles y democráticos.
|
10.09.07 @ 23:31:01. Archivado en Reforma política
En todo caso me parece plausible la idea de promover una reforma de nuestro sistema político. No tanto en el sentido al que aludía en un reciente artículo el ex ministro Rafael Arias-Salgado, sugiriendo un leve retoque para impedir que los nacionalistas no lleguen a condicionar el gobierno de España, sino en otro más profundo que, al tiempo que se soluciona el problema nacional, perfile y diseñe definitivamente un cuerpo legislativo acorde con el principio representativo defendido por Rousseau (no me refiero a su otro concepto de soberanía popular), el de división de poderes de Montesquieu y el principio electivo de Madison. Es decir, una profunda reforma constitucional que traslade a la sociedad española a una situación de plena democracia formal. Merecería la pena dedicar la vida a esta cuestión, por lo que cualquier principio de intención que trabaje esta idea, por poco ambicioso que sea, merece también ser acogido con calor por la exigua comunidad de demócratas radicales de la que me siento miembro. Hay en el artículo de Arias-Salgado otra buena razón: el nacionalismo cultural, por definición, busca crear indefectiblemente un Estado soberano allá donde entiende o le interesa entender que existe una nación. Ergo no nos engañemos, la moderación de algunos nacionalismos sólo es debida a su sentido pragmático de entender que a la independencia sólo se puede llegar midiendo bien los tiempos. El plazo de ejecución es la única diferencia entre los nacionalismos moderados y los radicales y ya era hora de que alguien de cierto peso político lo expresase con claridad.
|
09.06.07 @ 22:20:31. Archivado en Reforma política
La reclusión de quien hace apología activa y pasiva del terrorismo es una buena noticia para las gentes de bien. Quede claro.
Sin embargo, quisiera saber si el Tribunal Supremo hubiera determinado lo mismo horas antes de haber sido declarada la ruptura del alto el fuego permanente por parte de ETA. Tengo derecho a ello por dos razones obvias: la primera, porque es obligación de todo liberal recelar de todo poder, especialmente del Estado. En segundo lugar, porque como demócrata he visto socavados los cimientos de la independencia del Poder Judicial tantas veces que el método empírico de adquirir conocimiento me hace saber que cualquier sentencia cuya causa juzgada ostenta carácter político puede haber sido perfectamente orientada desde el foco principal del poder en España. Estoy convencido, no he dicho que esté seguro, de que si la tregua no se hubiese roto, Otegui seguiría en la calle, ya sea debido a una sentencia en sentido contrario al que se ha producido o a una dilación de los plazos para retrasar la ejecución de la cosa juzgada hasta llegar a las elecciones generales, lo que no deja de ser tan vergonzoso en su espíritu como bienvenida ha sido la consecuencia.
¡Dejemos de pasar vergüenza, los demócratas! ¡Exijamos una plena división de poderes!
|
30.05.07 @ 20:49:52. Archivado en Reforma política
El Partido Popular ha ganado las elecciones por un estrecho margen. El resultado no ha sido homogéneo. Mientras en unos municipios y Comunidades Autónomas ha cosechado nuevos éxitos o repetido victorias anteriores, en otros ha pinchado, no ha crecido lo suficiente o incluso ha subido solamente para volver a la triste normalidad de la que se había alejado en 2003.
Pero al margen de este importante dato que deseablemente encarame a Rajoy a la pole position de la carrera electoral del próximo marzo, lo cual sería la primera fase de cuantas acciones políticas necesarias habría que realizar en España, una de las cuestiones más características de estos comicios ha sido, para mí, el fenómeno de la abstención. De manera recurrente, la zafiedad informativa y el interés dirigente sitúan este derecho político en el plano de los deberes cívicos, lo que no deja de ser una entelequia, pues, al igual que en contabilidad, todo aquello que se ubica en el haber, es imposible que se encuentre al mismo tiempo en el debe. Si tenemos un derecho, es imposible que dicha potestad nos genere una obligación, porque en dicho caso cesaría tal condición. El nerviosismo es lógico; si un día la abstención superara el 60%, el sistema quedaría deslegitimado y se hundiría irreversiblemente.
Por este motivo se pretende solapar la marginal desiria sobre la política con el hastío por un sistema que parece que no funciona tan bien como sería deseable. Existen muchas personas que no votan porque creen que este sistema no genera representación real y porque constatan que los partidos minoritarios se han convertido, tanto en el ámbito nacional como en el local, en los auténticos árbitros de una situación legal para la que no están legítimamente designados como administradores. Ese sector laocrático de la sociedad, hoy más de un tercio, no acude a las urnas por una cuestión que probablemente aluda a la responsabilidad política, no por motivos que inducen (nos inducen, desde los medios de comunicación social) a pensar lo contrario. No confían en un régimen que sistematiza el bisagrismo, el mercadeo y el presupuesto del maxi-min obtenido de la matemática teoría de juegos, pero acudirían a las urnas si el sistema les hiciera verdaderamente protagonistas de la causa para la que se les convoca.
Afortunadamente, empieza a haber políticos y medios de comunicación que proponen una reforma de nuestro sistema político. Todavía son pocos y sus propuestas parecen tímidas, pero es una buena noticia que se empiece a plantear, pues ésta es la auténtica clave de bóveda de las soluciones que necesita la sociedad española si pretende conquistar, además de las libertades civiles, la libertad política.
|
24.05.07 @ 19:58:30. Archivado en Reforma política
Savater/Díez
Con gentes procedentes de la izquierda, pero también de la tradición liberal y ciudadana, un grupo de valientes liderado por Savater y Rosa Díez se propone, nada menos, que combatir al nacionalismo vasco en su propia casa y sin contar con la complicidad de los grandes partidos, a quienes acusa, lógicamente en mucha mayor medida al PSOE que al PP, de hacer el juego a dichos grupos de poder en función de los intereses electorales que marca la coyuntura. Pretenden obtener apoyos ciudadanos para instaurar un régimen político federal que termine de una vez por todas con la carrera sin solución de continuidad del Titulo VIII de nuestra Constitución. A su vez, intentarán recabar voluntades para que su esfuerzo contribuya a la "regeneración de la democracia y la reforma de la Constitución para reforzar las libertades ciudadanas y la igualdad, con independencia del territorio de residencia…”.
Ojalá que se acuerden de que para ello es absolutamente imprescindible construir un sistema presidencialista de elección directa del presidente del poder ejecutivo y de que, en su pretensión de reformar la ley electoral para corregir “el peso excesivo de los nacionalismos periféricos y las distorsiones", no se puede incurrir en el ingenuo error de la proporcionalidad, menos todavía si no se ha conseguido el sistema presidencialista, pues es antidemocrático porque hace responsables a las siglas y no a las personas, cuestión que estoy seguro de que no desean estos valientes que luchan por democratizar nuestro sistema político. Difícil tarea la que tienen delante. Tan difícil como encomiable.
|
20.05.07 @ 14:20:40. Archivado en Reforma política
El maestro Trevijano mantiene que aunque se presentara a un cordero de cabeza de lista, los resultados electorales de las siglas a quien perteneciera el ovino en esa circunscripción no variarían prácticamente, y lo resuelve con una dialéctica dificilmente rebatible salvo que se tengan los mismos recursos intelectuales que el pensador republicano, lo que dicho sea de paso, resulta casi imposible en el panorama filosófico político de toda Europa. Su proyecto de República constitucional, con sistema presidencialista, circunscripción uninominal y radical separación de poderes es insuperable a todas luces desde el punto de vista de la libertad política y de la democracia formal. Yo, por no tener sus conocimentos, no pienso así, pues estimo que las personas influyen incluso cuando se esconden en tropel bajo el manto de una sigla electoral. La prueba es que hay circunscripciones donde las distancias entre los partidos son muy diferentes respecto a otras, considerando que en ninguna concurren circunstancias extraodinarias de índole política o social a las que se les pueda atribuir dicha diferencia y sólo las de tipo tradicional mantienen en el tiempo dichas distancias. Como ejemplo podemos decir que por eso el PSOE tiene en Andalucía y Extremadura porcentajes que se acercan e incluso superan el 40% (tradición) y en la mayoría del resto de Comunidades Autónomas no pasa del 30%. Las diferencias de la minoría del resto, es decir, de aquellas no andaluzas y extremeñas donde supera el 30%, responde probablemente al perfil del candidato, que se considera óptimo y lo mismo podemos decir del Partido Popular. Pero en el fondo hay algo con lo que sí estoy de acuerdo con Trevijano. Y es que los sistemas donde la persona se enfrenta de manera personal y responsable al electorado, es decir, los garantistas, son mucho más democráticos y eficaces. Tiempo tenemos los liberales y los radicalmente demócratas para defender, al menos, la instauración de un sistema de elección directa del alcalde. Ganaríamos todos.
|
21.02.07 @ 21:37:02. Archivado en Reforma política
Por su interés, aunque yo no coincida al cien por cien con el diagnóstico ni con la fórmula, reflejo este artículo de mi amigo Carlos Borao publicado en la publicación Noticias Jurídicas este último número de febrero.
"El artículo 166.1 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) prevé el sistema de elección directa para elegir a los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla. Según este sistema, los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos (dos en las islas mayores Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares) siendo proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.
Sin embargo, este sistema no fue el elegido por nuestro legislador electoral a la hora de diseñar el sistema electoral del Congreso de los Diputados, que, en desarrollo de los principios contenidos en la Constitución (art. 68), se decanta por un sistema de listas cerradas y bloqueadas en el que no hay ninguna posibilidad de elegir individualmente a los candidatos presentados por los diferentes partidos políticos.
Este sistema de listas cerradas y bloqueadas ha sido muy criticado por cuanto desvirtúa uno de los principios básicos de cualquier fórmula electoral, como es el que las elecciones tengan lugar mediante sufragio directo (art. 68.1 CE), además de universal, libre, igual y secreto. El sistema previsto en la LOREG convierte, en la práctica, las elecciones en indirectas, ya que son los partidos políticos (y, más particular, sus jerarquías) los que controlan férreamente el acceso a estas listas, privando así a los electores de su derecho a elegir directamente a los candidatos que mejor consideren que les pueden representar.
Este sistema provoca que se desvirtúe el sentido de la representación política, y, en consecuencia, la esencia misma de la democracia, construida sobre la base de una relación de confianza entre los electores y sus representantes, que, si bien pudo tener su sentido al comienzo de nuestro régimen democrático, para consolidar un sistema de partidos, hoy en día no parece que sea el sistema de listas cerradas y bloqueadas el sistema electoral más adecuado para garantizar la efectividad del sufragio directo. En consecuencia, se hace preciso avanzar en nuevas fórmulas que garanticen un equilibrio entre el necesario control de los partidos políticos en la confección de las listas electorales y la libertad del ciudadano para votar directamente a sus representantes.
La fórmula que parece más adecuada para lograr este objetivo es, precisamente, la de la elección directa de los Diputados mediante un sistema de listas cerradas y no bloqueadas, como ocurre en el Senado, en el cual el elector puede elegir a los candidatos que desee de entre los propuestos por los diferentes partidos políticos y sin atender a un orden de prelación preestablecido por los “aparatos” de los partidos políticos.
La implantación de este sistema plantea, no obstante, algunos problemas de encaje constitucional en la medida en la que la elección de los Senadores en cada circunscripción no responde expresamente a criterios de representación proporcional, como ocurre en el Congreso de los Diputados (art. 68.3 CE), al estar aquél configurado constitucionalmente como “Cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE).
Sin embargo, en nuestra opinión, a pesar de que muchos autores hayan calificado al sistema electoral del Senado como “sistema electoral mayoritario en su modalidad de voto múltiple restringido que implica una presencia mínima de las minorías” (ALVAREZ CONDE, por todos ellos), lo que determinaría su inviabilidad para ser aplicado en las elecciones al Congreso de los Diputados por no responder a criterios de representación proporcional, no pensamos que sea ésta una crítica del todo acertada por las razones
siguientes:
a) En primer lugar, no estamos ante un sistema mayoritario en la medida en la que los escaños se reparten entre los candidatos más votados en lugar de ir a parar al partido más votado, lo que es propio de los sistemas mayoritarios. Esto es debido a que en nuestro sistema constitucional la circunscripción electoral (la provincia) no es uninominal sino plurinominal.
b) En segundo lugar, la supuesta infrarepresentación de las minorías como consecuencia de la aplicación del sistema de la elección directa es un problema del tamaño de la circunscripción más que de las características de dicho sistema electoral, por cuanto es conocido que para que un sistema electoral tenga auténticos efectos proporcionales debe contar con un mínimo de seis diputados por circunscripción. En consecuencia, sólo las elecciones al Congreso de los Diputados celebradas en una circunscripción con un número de diputados superior a ese número pueden considerarse auténticamente proporcionales, es decir, que en el resto de circunscripciones da igual que se celebren según la Ley D´Hondt (tal y como ocurre en España en virtud de la LOREG) a los efectos de obtener una mayor proporcionalidad.
c) En tercer lugar, atribuir al sistema de elección directa un carácter marcadamente mayoritario nos parece que da por sentado la falta de criterio del elector a la hora de votar, quien, según este corriente, valora más las función representativa de los partidos que la de sus propios candidatos. Sin embargo, esta concepción partidista de la política parece desconocer el hecho de que los electores tengan formada una opinión personal de cada uno de los candidatos, que, lejos de concluir necesariamente en un fortalecimiento de los candidatos presentados por los partidos mayoritarios, puede dar lugar a un apoyo popular a favor de los candidatos con un mayor crédito personal independientemente de los partidos políticos por los que se presenten.
En conclusión, el sistema de elección directa nos parece la mejor fórmula para asegurar la efectividad del principio de sufragio directo en el sistema electoral del Congreso de los Diputados, sin necesidad de modificar la Constitución española, siempre y cuando se modifique el sistema de reparto de los Diputados entre las diferentes circunscripciones a fin de que su tamaño, en número de escaños, se corresponda a la población que tenga cada una de ellas a partir de la asignación de un mínimo inicial (art. 68 CE)."
Carlos Borao Mateo.
Licenciado en Derecho y Administrador Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
|
La división moderna del trabajo que idea Adam Smith, anticipa los beneficios que quizá epocas pasadas de universalización del conocimiento práctico, como el Renacimiento, pudieron negar. Y no es que no sea bonito y deseable llegar a saber hacer de todo, incluso dentro de un mismo ámbito, pero es que, simplemente, resulta difícil de implementarse bien. Para los que se dedican a un solo tema quizá sea posible. Para quienes tocamos muchos, es más complicado. En mi caso, la empresa, el mundo solidario, las lecturas y la Universidad restan potencial a mi acción política, como no puede ser de otra forma. Razón por la cual me concentro, aun a riesgo de ser repetitivo, en aquello que personamente me parece, hoy, lo fundamental: el guiño a las políticas liberales y vanguardistas, y la apuesta por la reforma política.
Acabo de leer un artículo en Libertad Digital de la Fundación para la Defensa de la Nación Española con el que coincido en lo esencial: la Constitución del 78 ya ha dado de sí lo que tenía que dar, en algunas cuestiones se planteó mal en su momento, ha sido sobrepasada en política territorial por su incompetencia para defender su propio espíritu y por lo tanto debe ser reformada antes de que sea demasiado tarde y el edificio que sostiene se derrumbe. Pero cuidado, que lo verdaderamente importante es la forma y el fondo de la reforma. Se hace necesario que se genere un consenso entre los dos partidos españoles, que sólo vendría provocado por la presión social y, por encima de todo, que la grandeza de espíritu presida en todo caso el “momentum” político, de la misma forma que lo hizo en el proceso constituyente de los Estados Unidos de América. La generosidad de los padres constituyentes consistió en dotarse a la nación de un sistema con los controles necesarios para que no se pudiera abusar del poder, para que ellos mismos no pudieran abusar del poder que les había sido conferido. A través del principio de la descentralización de la unidad política y administrativa del federalismo sustentado sobre un sistema presidencialista, de la división de poderes y del principio representativo se consiguió la constitución más democrática que jamás nunca haya existido en la historia de la humanidad. Eso es, en esencia, lo que España necesita. Un sistema que garantice la plenitud de nuestras libertades civiles y políticas.
|
Hasta el mismo diario El País comprende el sin sentido del proyecto de ley de memoria histórica, llamado ahora de otra forma. Es natural, pues existen al menos tres razones lógicas. La primera, es que, para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, el Gobierno podía haber recurrido a instrumentos de otra índole, no a un texto legal. Esto siempre y cuando no se considere absolutamente innecesaria dicha actitud, treinta años después de la desaparición del dictador, casi setenta de su legimitación por las armas en el poder y viviendo en un momento tan delicado como el actual.
La segunda es porque, puestos a recordar, el reconocimiento de las víctimas del lado republicano durante la guerra no debe excluir el de los fusilados y desaparecidos del otro bando, sin que pueda alegarse que unos ya tuvieron reconocimiento durante 40 años y los otros no. En el otro bando hubo atrocidades morales de la misma catadura. Baste recordar las sacas y matanzas de presos de noviembre del 36 en Madrid o el recuerdo traído al papel de los familiares de los centenares de ejecutados en Paracuellos, cuyos responsables todavía viven, o de la sádica aniquilación de sacerdotes, financieros y burgueses auspiciada por el Gobierno de Companys, junto a los miles de víctimas restantes, para darse cuenta de lo imposible que es mirar hacia atrás sin riesgo de resultar ser objetivo.
Y la tercera y más importante es que en este momento, si de verdad se quiere hacer un homenaje a nuestra historia y nuestras víctimas tanto de la guerra civil como de la dictadura, lo que de verdad debería centrar nuestra atención es el evitar todo tic neofranquista que pueda todavía existir en el sistema democrático español. Y existen todavía algunos, desgraciadamente. Empezando por las cloacas de Interior. Hasta que nuestro sistema no depure absolutamente todo vestigio del régimen anterior, nuestra sociedad vivirá siempre con la amenaza de ver repetidos acontecimientos como los GAL o del 11-M, sin que esto signifique, de momento, atribuir la autoría del acto terrorista a las fuentes profundas no controladas de Interior, independientemente de que ya se puede afirmar con rotundidad que algunas personas de la “casa” manejaban una información de la que el gobierno jamás tuvo noticia hasta muy pasado el golpe. Y siguiendo, como piedra angular de todo sistema democrático, por una total división de poderes que permita la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como reformar la ley electoral para conseguir una mayor representatividad del delegado.
Eso sería, verdaderamente, hacer honor a la historia, al presente y al futuro. Pero el presidente Zapatero no parece muy preocupado por vivir bajo las secuelas de un régimen pasado que tanto manifiesta reprobar. En un alarde total de incoherencia, utiliza demagógicamente el discurso del odio y administra torticeramente las vías antidemocráticas todavía latentes del franquismo.
|
08.12.06 @ 18:21:05. Archivado en Reforma política
Celebro la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros del proyecto de ley de reforma del Estatuto Fiscal. Toda reforma que vaya en la línea de controlar al poder, especialmente al poder ejecutivo, que es el que más ha extendido sus redes sobre todas las sociedades occidentales en el siglo XX, me parece saludable. Siempre y cuando no se haya seguido la máxima reaccionaria de “algo tiene que cambiar para que nada cambie”. Y me temo que éste es el caso. Que a partir de ahora el gobierno no pueda cesar de manera discrecional al fiscal general del Estado durante sus cuatro años de mandato, sólo pone de manifiesto la vergonzosa dependencia que este órgano mantiene –mantenía para este caso- con el ejecutivo. A partir de ahora sólo podrá ser destituido por causas tasadas por la ley y bajo control judicial, es decir, lo que una mínima higiene democrática tendría que haber exigido desde un primer momento. No es de extrañar que tales acciones se consideren auténticos progresos en este país de enanitos en lo que a la democracia formal se refiere. El artículo 124 de la Constitución española pone de manifiesto la dependencia del fiscal general con respecto al poder ejecutivo, ergo nuestro sistema legitima por vía constitucional tal aberración democrática. Hay muchas más, sobre cuya solución tendríamos los españoles que estar trabajando sin cesar, buscando acuerdos, recurriendo al dichoso consenso o acudiendo a la posmoderna transversalidad, de tal suerte que pudiéramos disfrutar de un poco más de libertad política. Son muchas las deficiencias, el diario El Mundo expuso 100 de ellas en sus propuestas de regeneración democrática. Quizá convendría que, junto a San Corbiniano o sin él, volviera a proponerlas.
|
Escucho y leo a menudo el término transversalidad, cuestión que me alegra en un doble sentido. Primero, porque nosotros, los liberales en general y el proyecto de Domingo Buesa en particular, venimos empleándolo con mucha frecuencia debido a la idea-fuerza que conlleva y a la idea estética que sugiere. Segundo, porque a su través podrán conseguirse, implementarse, políticas neutrales que exigen un amplio grado de acuerdo social.
En política, la transversalidad requiere de una idea neutral desde el punto de vista ideológico y del apoyo de aquellos sectores que, aunque en el espectro ideológico no se encuentren cercanos, entiendan que el asunto transversal les transciende a todos. Hay ya asuntos que afortunadamente empiezan a ser reconocidos de esta forma, como el medio ambiente, reivindicado primero por la izquierda antisistema, posteriormente por la izquierda del sistema y los liberales, y desde hace un tiempo por movimientos más conservadores, hasta el punto de que en muchos casos la apuesta por lo verde empieza a ser un asunto que nos preocupa más al centro y centro derecha que a la propia izquierda. La importancia de entender que la Tierra está sufriendo duros embates producidos por el ser humano y la percepción de que existe una enorme relación entre la defensa del medio ambiente y la calidad de vida y prosperidad de una sociedad, ha forzado la máquina transversal -o al menos lo está haciendo con relativo éxito- y nos ha obligado a todos a plantearnos la necesidad de trabajar unidos para lograr un objetivo cuyos beneficios son comunes y cuyos desastres también. Claro que existen detractores, tanto de la idea transversal del medio ambiente como de las propias recetas ecológicas que se prescriben, pero encontrar unanimidad en un mundo tan complejo es algo imposible.
Podría citar más asuntos transversales. Sin embargo hay uno que me preocupa especialmente. La reforma de nuestro sistema político. Éste cumple absolutamente con la definición anterior, porque afecta a todos y es neutro ideológicamente. El perfeccionamiento de nuestra democracia supondría una mejora evidente de nuestra libertad política; nos haría más libres porque estaríamos mejor representados y la división de poderes establecería un sistema garantista del poder, al mismo tiempo que dejaríamos de tener el grave problema que alude al resquebrajamiento de España. Y la neutralidad ideológica de la democracia, cuyos pilares se encuentran en el liberal Montesquieu y el precomunista Rousseau, está más que demostrada. ¿Por qué, entonces, no se logra un pacto transversal? La respuesta de que sus enemigos, los partidos nacionalistas, no lo desean, no es suficiente, pues, sin desdeñar la gran bisagra-chantaje que establecen en el goberno de España, por comparación se puede establecer que las grandes empresas multinacionales son poderosísimas y sin embrago están tenidendo que claudicar en muchos aspectos que les afectan negativamente en sus cuentas de resultados.
Creo que la gran diferencia es que en ecologismo existe una cultura extendida, o, como diría Gramsci, sus ideas están conquistando o han conquistado ya la hegemonía cultural o política. No es el caso de la reforma de nuestro sistema. Las 100 propuestas de regeneración democrática que valiente y certeramente propuso el diario El Mundo han caído casi en el olvido hasta para este periódico y del resto de medios de comunicación social no oímos nada a este respecto, con la excepción de alguna alusión muy esporádica de sus columnistas. La gran esperanza se encuentra en la red, en su potencial de extender entre individuos cultos este planteamiento transversal que permita conocer las ideas del cambio y proponerlas a los partidos españoles que siguen creyendo en las posibilidades de nuestro país y en la necesidad de que los valores de la libertad, la solidaridad y el carácter general de las leyes campen definitivamente en los llanos españoles. Si conseguimos extender en la bloggosfera la idea de que la libertad política tendrá unos beneficios sociales tan importantes como la defensa del medio ambiente, habremos logrado lo más importante.
|
02.11.06 @ 10:25:34. Archivado en Reforma política
Sin ánimo de ser exhaustivo, como diría César Vidal:
1) Escasa participación, pero no suficiente para deslegitimar el proceso electoral. La abstención culta o política como vía para deslegitimar un sistema no es eficaz en un país donde se confunde el derecho político de sufragio con el deber cívico de votar.
2) El PP no cae excesivamente, pero no incrementa su cuota en un momento histórico por la oportunidad e histórico por la transcendentalidad
3) La política de no hacer demasiado ruido no ha sido la más eficaz
4) La política agitadora y fresca de Ciutadans ha surtido más efecto, considerando el punto del que partían y los pocos apoyos recibidos. Ciutadans podría hacerse con 10 escaños en una legislatura y con 30 en 2
5) Pero no será suficiente para frenar al nacionalismo, que en 2 legislaturas estará pidiendo la autodeterminación o la independencia en todas sus versiones partidistas (CiU, ERC, ICV, e incluso el PSC se acercaría a esa tesis)
6) En las Cortes Generales, el PP no parece que pueda tener mayoría absoluta, salvo que ETA rompa la tregua o que se descubra la verdad en el 11-M. Eso implica que el partido que quiera gobernar tendrá que pactar con las ambiciones de Estado nacionalistas.
7) Quizá el PP no pase por según qué límites, pero el PSOE es evidente que sí lo hará.
8) Para defender los derechos de los que hablan castellano, la libertad en términos generales y para evitar llegar a la situación extrema (pero absolutamente posible) de secesión de varias C.C.A.A. dentro de pocos años, hay que formular con ímpetu una propuesta de reforma constitucional.
9) La propuesta ha de partir de la sociedad, ser recogida por PP y Ciutadans y plantear un procedimiento de iniciativa legislativa popular donde se convoque un referendum vinculante para modificar la Carta Magna.
10) El bloqueo de competencias, la separación total de poderes y la modificación de la ley electoral son los cambios que habría que sugerir.
|
:: siguientes >>
|
Lorenzo Abadía
autor
Contacto
