Jorge Martín – Fernández
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Análisis del Golpe de Estado en Honduras
30.06.09 @ 18:37:08. Archivado en América Latina
Cuando parecía imposible que se repitieran los siniestros movimientos de los años 70, cuando América Latina vive el mejor momento de su historia, con los mayores índices de crecimiento e inclusión social y con un continente plagado de democracias en las que solo pervive una dictadura (la cubana), resurge el pasado y el ejército da un Golpe de Estado en Honduras, secuestra a su Presidente, lo deporta y nombre como nuevo Presidente, de manera ilegal, a su principal cómplice, Roberto Micheletti, hasta ahora Presidente del Congreso hondureño.
Para entender la crisis, hay que comprender la situación política de Honduras. Honduras regresó a la democracia en 1982, fecha de redacción de la actual Constitución que fue tutelada por la Dictadura Militar gobernante hasta entonces. Desde ese momento, se han sucedido en el poder dos partidos políticos, el Partido Nacional, de derecha dura, y el Partido Liberal, de centro-derecha. El actual presidente, Manuel Zelaya, pertenece al Partido Liberal, con el que ganó las elecciones. Hasta ahí todo normal, salvo por el viraje que dio Zelaya cuando accedió al poder, en el que se apartó de los sectores oligárquicos que han ostentado el poder fáctico en Honduras desde hace décadas, para desarrollar una políticas más populares y sociales, buscando para ello el apoyo de Hugo Chávez, teóricamente contrario a sus posiciones ideológicas, pero que le ayuda con dinero y petróleo para sacar adelante la economía del país. Por ello, Zelaya se alejó de la tutela americana y se sumó al Alternativa Bolivariana de las Pueblos de las Américas (ALBA). Desde entonces, los recelos de los militares y los poderes fácticos del país han ido in crescendo.
Por otro lado, la Constitución Hondureña de 1982 establece unos pocos preceptos que no pueden ser modificados bajo ningún concepto (algo impropio de una constitución democrática), como son la unidad de la patria (se aprecian aquí las típicas obsesiones nacionalistas de las constituciones redactadas bajo el influjo militar) y la no reelección del presidente (artículo 4: "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria; la infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria"), es decir, que el presidente del país una vez que agote su mandato, no se puede volver a presentar a las elecciones (reelección que sí permiten la mayoría de las democracias, como España).
Zelaya, siguiendo la estela de otros presidentes latinoamericanos de diverso signo político (Chávez o Uribe, por ejemplo), pretendía convocar una consulta el pasado domingo para preguntar si el pueblo estaba de acuerdo con que en las próximas elecciones se convocara un referéndum para determinar si se convocaba una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución en la que estuviese permitida la reelección, entre otros importantes cambios.
Como bien argumenta Ignacio Escolar, no se estaba debatiendo la reelección, sino preguntando si se podría preguntar sobre la posible reforma de la Constitución. Además, en todo caso, Zelaya había descartado (si salían bien las dos consultas y se reformaba la Constitución), que él se volviera a presentar, entre otras cosas porque cuando se hubiese redactado la nueva Constitución él ya no sería presidente de Honduras (cesa en su mandato en Enero de 2010 y la consulta sobre la nueva Constitución, si se ganaba el domingo la primera pregunta, era en Noviembre).
Todas estas reformas ponían nerviosa a la oposición y al propio Partido Liberal, que veían en ello una manera de socavar el poder de los oligarcas que han estado ostentando el poder a lo largo de todos estos años, gobernase quien gobernase.
Por ello, se orquestó una campaña en contra de Zelaya. Primero el Tribunal Supremo Electoral (elegido por los diputados del Parlamento, opuestos a Zelaya), que desde el principio de su mandato le había puesto piedras en el camino (como cuando retrasó un mes su nombramiento como Presidente) y el Parlamento declararon ilegal la consulta, y el ejército desoyó las órdenes de Zelaya, a la sazón Jefe Supremo del mismo, de permitir la convocatoria de la consulta, por lo que éste se vio obligado a destituir al Jefe del Estado Mayor, que es repuesto por el Parlamento. Tambores de golpe de estado suenan mientras los poderes fácticos arrinconan al Presidente.
Finalmente, el domingo el ejército dio un Golpe de Estado, sacó de su casa en pijama a Zelaya a punta de pistola, lo secuestró y deportó a Costa Rica, tomó las principales instituciones del país y el Presidente del Congreso, Micheletti, es proclamado Presidente de Honduras.
Por mucho que se empeñen en disfrazar todo el proceso con un velo de legalidad, se trata de un Golpe de Estado inaceptable, por más que pueda ser discutible o no la consulta de Zelaya (eso lo dejo para otro artículo). En ningún caso puede ser el Ejército el que determine quién gobierna el país, y menos aún que use la fuerza para secuestrar el Presidente legítimo y deponerlo, y luego someter al país con un toque de queda y censura de medios y represión contra el pueblo que se echa a las calles defendiendo la democracia y la legalidad constitucional.
Pero las cosas han cambiado. La reacción internacional ha sido unánime condenando el Golpe de Estado y defendiendo a Zelaya como único Presidente legítimo.
Muy destacable ha sido la posición de Estados Unidos, acostumbrado en el pasado a apoyar este tipo de golpes. Obama ha sido claro condenando enérgicamente el Golpe, a pesar de que Zelaya desarrolla una política que es contraria a los intereses americanos en la zona. Obama ha dicho que no considerará otro Presidente más que Zelaya. En la Unión Europea las reacciones han sido las mismas.
Y en América Latina han sido firmen todos los países, e incluso Venezuela ha ido un paso más lejos amenazando con una intervención militar para reponer a Zelaya.
Pintan mal las cosas para los golpistas. Sin el apoyo internacional, aislados (Zapatero ha reaccionado con entereza y ha pedido a la UE que retire a todos los embajadores de Honduras) y sin el tradicional y poderoso apoyo de Estados Unidos, sumado a la oposición popular, las posibilidades de que prospere el gobierno golpista son mínimas.
Zelaya ha dicho que volverá el jueves a Honduras. Por el bien del país, los militares deberían retirarse y Micheletti irse, so pena de que la situación se complique y acabe en un enfrentamiento con las masas con el trasfondo de la posibilidad de una intervención armada de Venezuela.
Todos los demócratas, más allá de las diferencias que tengan, deben estar con Zelaya y aislar al nuevo gobierno. Así lo ha entendido, de forma histórica, la comunidad internacional. Si se frena este Golpe de Estado, se habrá demostrado que este tipo de levantamiento antidemocráticos no tienen cabida en el Siglo XXI. Y muchos otros militares golpistas se lo pensarán 2 veces antes de volver a intentar someter la legalidad y el orden constitucional de sus países. No podemos volver a los ignominiosos años 70.
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