Jorge Martín Fernández
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Análisis del conflicto en Perú
16.06.09 @ 13:22:15. Archivado en América Latina
Estos días Perú es tristemente noticia por los enfrentamientos entre la policía y los nativos peruanos del Amazonas que protestan desde hace meses exigiendo la derogación de unos decretos legislativos aprobados por el Gobierno peruano que conceden los terrenos de la Amazonía a la inversión privada.
Se trata de unos decretos de desarrollo del Tratado de Libre Comercio con EEUU aprobado el año pasado. En estos decretos, se retira el calificativo de patrimonio forestal a 45 millones de hectáreas de la Amazonía para que, de esta forma, dejen de ser terrenos protegidos y pasen a formar parte del régimen agrario que les permite ser vendido a las multinacionales gasísticas y petroleras para su explotación. Así, casi el 60% de los bosques primarios serían arrebatados a los nativos que allí habitan para ser concedidos a las transnacionales.
Se trata de una agresión sin precedentes a las comunidades indígenas del Amazonas, para las que la tierra y el agua son su forma de vida, su cultura ancestral que, en caso de desaparecer, conllevaría también la destrucción de su milenaria cultura y forma de vida. En palabras de un líder nativo, "para el Gobierno el territorio es riqueza, pero para nosotros, que comemos los animales del monte y bebemos el agua de los ríos, es nuestra vida".
Pero el problema no es simplemente una discusión politico-económica sobre el destino del Amazonas y el supuesto provecho que se podría obtener de la Selva, sino también de un problema jurídico. Y es que los citados Decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que ambos tratados establecen el derecho a la consulta previa de los pueblos antes de promulgar una ley que afecta a sus territorios, cosa que no se ha hecho. De la misma forma, también se vulnera la Constitución del Perú, como dictaminó la Comisión Constitucional del Congreso y la Defensoría del Pueblo.
Pese a esta inconstitucionalidad e ilegalidad de los Decretos, el Gobierno de Alan García se negó a derogar los decretos. Tras varios intentos fallidos de diálogo con los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), estos se declararon en huelga hace más de 3 meses. Continuaron, a pesar de ello, las negociaciones, si bien en todo momento se engañó a los indígenas, prometiéndoles una derogación que nunca llegaba, luego una suspensión, que tampoco se efectuaba, todo ello entre insultos y con una arrogancia y altanería muy propia de Alan García.
Los indígenas elevaron el tono de sus protestas, y ocuparon carreteras y plantas petroleras de forma pacífica. Fue en ese momento cuando el Gobierno cometió el gran error, y ordenó (siguiendo los consejos de la prensa más conservadora y racista: recientemente, un analista conservador dijo textualmente "no sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario") reprimir las protestas a sangre y fuego, y unos helicópteros de la policía ametrallaron a la población indígena, indefensa, que ocupaba la carretera.
Los indígenas, ante la muerte de sus compatriotas, se rebelaron, y con lanzas mataron a varios policías, haciéndose también con armas de los mismo, comenzando así violentos enfrentamientos que acabaron con la muerte de 23 policías y un número indeterminado de indígenas (en principio, el Gobierno habla de 4 indígenas muertos, pero las ONG de Derechos Humanos, la Iglesia y muchos testigos hablan de cientos de ellos, cuyos cadáveres la policía está intentando ocultar tirándolos al río o quemándolos).
En este momento, el gobierno de Alan García ordenó detener al líder de AIDESEP, Alberto Pizango, que se ha asilado en la Embajada de Nicaragua, y acusó a los indígenas de terroristas. Sin embargo, las protestas se elevaron, y hubo marchas pacíficas de apoyo a los nativos por todo el país que han obligado al Gobierno a suspender temporalmente los Decretos.
El país ha llegado a un punto de inflexión. El gobierno de Alan García, que ya en 1986 ordenó reprimir una revuelta en los Penales con una matanza, se ha desprestigiado y deteriorado al máximo con esta nueva matanza.
No es cierto que los indígenas sean terroristas. Nada más lejos de la realidad. Fueron estos mismo indígenas los que se dejaron la sangre y la vida luchando contra el terrorismo de Sendero Luminoso en los 80. Los mismos que combatieron en la guerra con Ecuador, y que ahora sólo luchan por sus derechos, por evitar que algo tan importante como las tierras del Amazonas dejen de ser de todos y pasen a ser explotaciones de unas pocas empresas.
El origen de la matanza, además, estuvo en las fuerzas del orden, que ametrallaron indiscriminadamente a la población civil que, exacerbada, se defendió, con violencia (también injustificada, todo sea dicho.
Ahora, todas las fuerzas opositoras (las diferentes izquierdas, que por primera vez en mucho tiempo no se pelean entre ellas, ONGs de derechos humanos, parte de la Iglesia, autoridades locales y regionales, sindicatos, movimientos indígenas y civiles) se han unido para luchar contra el Gobierno autoritario y neoliberal de Alan García, que va a tener que soportar una presión popular inaguantable en los 2 años que le quedan de mandato.
A García no le queda más remedio que dar marcha atrás y derogar los decretos, y si tuviera dignidad, relevar a los responsables de las matanzas (no lo hará, ya que en última instancia el responsable es él).
Se trata de una lucha histórica, en la que los pueblos originarios se unen para defender sus derechos y la tierra de todos (el Amazonas es el pulmón de la Tierra) frente a las intenciones de vender a las transnacionales lo que no es sino su espacio de vida. Una lucha desigual, entre los poderes establecidas y los indígenas, que, sin embargo, ganarán los nativos, ya que están dispuestos a luchas hasta la muerte para defender su forma de vida y su cultura.
Sin duda, un ejemplo para todos.
P.D.: Para comprobar gráficamente la situación de un Perú vendido a la explotación extranjera, nada mejor que ver el gráfico del Gobierno con el estado de las concesiones: prácticamente todo el Amazonas está parcelado y vendido a las petroleras. De hecho, de 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%. Ya era hora de que alguien se rebelara ante tamaña explotación.
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