Jorge Martín – Fernández
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Garzón y la Memoria Histórica: el derecho a enterrar a los muertos
11.09.08 @ 12:25:03. Archivado en Política
La providencia dictada por el juez Garzón solicitando un listado de desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante el franquismo ha desatado una avalancha de críticas, insultos y descalificaciones de la derecha política y mediática, empeñada en que los crímenes del franquismo queden impunes y sus víctimas sin resarcir.
Antes que nada, habría que aclarar que no se trata de una iniciativa particular del Juez Garzón, sino que responde a su deber como instructor el recabar la información necesaria para saber si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos crímenes. La iniciativa nace, pues, de una demanda particular que el juez debe estudiar y tramitar necesariamente, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes. Otra cosa es que Garzón, sabedor de las trabas que puede encontrar la demanda en su búsqueda de la Justicia, haya optado por un camino que satisfaga en algo a las víctimas antes de que se cierre en falso el asunto.
Respecto a la competencia para enjuiciar estos crímenes, no encontramos obstáculos para que la Audiencia Nacional los investigue, por varias razones. En primer lugar porque se trata de crímenes de lesa humanidad que, según la doctrina jurídico-penal nacional e internacional, no prescriben, dada su especial gravedad. No se trata de un delito común, sino de violaciones de los derechos humanos de gran trascendencia, que "afectan a la comunidad internacional en su conjunto" y que son imprescriptibles.
Se dirá que en 1977 se dictó una Ley declarando la prescripción de estos crímenes, y que por tanto no se puede ahora actuar contra esa ley de "amnistía". No es cierto. Las leyes de amnistía que abarcan delitos de lesa humanidad son nulas de pleno derecho, y carecen de validez. Y ello, entre otras cosas, porque una ley nacional no puede ir contra leyes internacionales que declaran imprescriptibles los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un ejemplo reciente lo tenemos en Argentina, donde las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida promulgadas para garantizar la impunidad de la Dictadura Militar han sido derogadas al considerarse nulas de pleno derecho por encubrir violaciones de los derechos humanos. Lo mismo sería aplicable en España.
En segundo lugar, no se puede argüir que esos delitos no pueden ser perseguidos al no estar tipificados penalmente en el momento de su comisión. Las vulneraciones de los derechos humanos son delitos independientemente de su tipificación penal en el momento de su comisión. Así lo demostraron los Juicios de Nuremberg, que condenaron a los jerarcas nazis por delitos que -obviamente- no eran tales durante el III Reich, pero que se consideraron inmanentes a la sociedad, delitos que formaban parte del acervo jurídico común de todas las naciones y que no podían ser ignorados por los Estados.
Así pues, no hay obstáculo alguno para que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo sean investigados en la actualidad.
No obstante, no se trata de investigar crímenes cuyos responsables ya han muerto hace años. Lo que se trata es de hacer justicia con los descendientes de las víctimas de la represión, de igualar la balanza.
Se dice que se reabren heridas, pero ¿acaso estaban cerradas? ¿Cómo pueden estarlo las de aquellas personas cuyos familiares fueron asesinados y torturados durante la posguerra, muchos de ellos apilados en las cunetas, que no recibieron reparación alguna y que ni siquiera pudieron enterrar como es debido?
El bando nacional sí tuvo derecho a enterrar a sus muertos, a construirles panteones, a homenajearlos, a loarlos oficialmente en el BOE, a que sus familiares fueran compensados, y a que en la mayoría de los casos, los responsables de los crímenes cometidos por la República fueran enjuiciados y condenados, muchos de ellos a muerte.
En cambio, los republicanos no tuvieron tal suerte. Sus muertos siguen en cunetas, en fosas comunes. Sus familiares, sin noticias de ellos. Fueron injuriados y masacrados, no únicamente por cometer crímenes, sino también por el simple hecho de pensar diferente: muchos inocentes sufrieron la represión por no ser adictos al Régimen.
Es cierto que durante la Guerra se cometieron barbaridades en los dos bandos, como en todas las guerras. Y fueron enjuiciadas en su momento. Creo que en ese período la cosa está en paz. Ambos hicieron barbaridades, y ajusticiaron a los responsables de los otros bandos de forma inmisericorde.
Pero la cosa no acabó allí. Durante 36 años se vulneraron los derechos humanos de los opositores al régimen, con detenciones arbitrarias, torturas, deportaciones, y durante la posguerra con decenas de miles de encarcelados y fusilados, en lo que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Esos crímenes, nunca fueron juzgados. Los vencedores obtuvieron sus reparaciones morales y económicas, mientras que los vencidos tuvieron que guardar silencio. Ahora sólo se intenta recuperar la memoria de lo que pasó durante aquellos años, elaborar un listado de desaparecidos y conseguir que aquellas personas que desean encontrar a sus familiares (enterrados en cunetas o en fosas comunes pérdidas por la geografía española) puedan enterrarlos dignamente.
Frente a lo que dicen la derecha mediática (en muchos casos apologeta del franquismo), eso no es reabrir heridas, todo lo contrario. Se trata de cerrar las de aquellas personas que aún las tienen abiertas. Porque los mismos que dicen que se reabren heridas son las que las tienen bien suturadas, ya que ellos gozaron de homenajes a sus muertos, de entierros dignos, de reparaciones mientras los otros vivían en la ignominia del silencio. Parece como si únicamente una parte de la población, los vencedores, tuvieran derecho a enterrar a sus muertos. ¿Qué pasaría si a las víctimas de ETA les dijéramos que olvidaran, que han pasado 25 años, que no se entierre a sus muertos, que reabren heridas? Se indignarían. Pues eso es lo que se está haciendo con las víctimas de la represión franquista.
Por una elemental justicia, todos los españoles tienen derecho a enterrar a sus muertos, a reivindicarlos. Así se habrá cerrado en igualdad una etapa negra de nuestra historia, y se habrán cerrado definitivamente todas las heridas que quedaban abiertas. Cuando todos los españoles sepan que sus familiares, con independencia de su ideología, recibieron el mismo entierro digno, la misma reparación moral. Porque fue un tiempo ignominioso en que hubo muchos culpables y muchos inocentes asesinados, pero en el que sólo unos pocos tuvieron derecho a reivindicar su memoria.
Sólo se pide eso, enterrar a muertos, elaborar un listado de desaparecidos. Para que se haga justicia, para que se sepa la Verdad, porque un país que desconoce su historia está condenado a volver a repetirla.
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