Declaran monumento histórico a la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina

22.08.08 | 21:36. Archivado en politica, sucesos

La Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la última dictadura militar argentina (1976-1983), fue declarada hoy monumento histórico por la presidenta del país, Cristina Fernández.

(EFE).-El decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, comprende al predio de la ESMA, que hace cuatro años dejó de estar bajo la órbita de la Armada y donde funciona actualmente el Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.

La resolución alude al marco histórico en el cual el régimen militar montó más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio "en violación de garantías constitucionales y derechos humanos".

Define a la ESMA como "uno de los centros más importantes" de la represión ilegal, "que incluyen delitos de lesa humanidad tales como tortura, desaparición de personas y apropiación de menores", hechos que "motivaron una toma de conciencia de la sociedad".

Se estima que unos 5.000 detenidos pasaron por allí durante la represión ilegal que, según estimaciones oficiales, causó 18.000 víctimas, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que los desaparecidos fueron 30.000.

Antes de convertirse en el Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, la antigua ESMA fue integrada a la nueva Escuela de Suboficiales de la Armada, ubicada a 800 kilómetros de Buenos Aires.

Han sido debatidas distintas iniciativas para que funcionen en el predio de la ESMA un museo y un parque, en recuerdo de las víctimas de la dictadura.

La presidenta de Argentina estableció que en el predio, que en total tiene 14 hectáreas y está en el corazón de Buenos Aires, deberá "respetarse la configuración actual, relación volumétrica y marco paisajístico".

El 24 de marzo de 2004, cuando se cumplieron los 28 años del último golpe militar, el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, encabezó la ceremonia de traspaso de la ESMA a una comisión formada por el Gobierno argentino, el de Buenos Aires y organizaciones defensoras de los derechos humanos.