Los cristianos en un Estado laico. Detalles del libro de Gónzalez-Carvajal ( y II)
14.08.08 @ 20:15:59. Archivado en Etica
Por fin, se plantea Luis eso del Estado laico y la financiación de la Iglesia, y otra vez da buenas razones para justificarla en términos de democracia y de justicia, y desaconsejarla en términos pastorales.
Ofrece algunos datos que siempre me presentan duda, como el de que “los rendimientos del patrimonio no llegan a cubrir en ninguna diócesis el 5% de su presupuesto” (p 139). (¡Supongo que se refiere al patrimonio inmueble! Tengo dudas de que el capital variable a ninguna diócesis le haya supuesto con la bolsa alta más que esto). Y luego que la asignación tributaria y el complemento estatal sólo cubren hoy el 25% del presupuesto de la Iglesia (p 141), tampoco lo veo claro en cuanto a qué conceptos incluye y si éstos son siempre homogéneos.
Y aquí, asume Luis una famosa cita de D. Fernando Sebastián que reza así; “… en un barrio determinado no todos los vecinos van al templo católico. Como tampoco van al teatro, al cine, al polideportivo, a la universidad o a las conferencias de ateneo, Pero sí es de interés general que los ciudadanos que quieran, puedan participar de esas actividades y tengan dónde hacerlo. No hay razones de naturaleza democrática que prohíban unas posibles subvenciones del Estado a las instituciones religiosas (incluyendo culto, educación religiosa, etc.), en la medida en que son libremente queridas y frecuentadas por los ciudadanos (y en proporción a la presencia social que tengan” (p 142).
Esta frase tan rotunda y clara tuvo mucho eco en la Iglesia. Incluía el culto como una contribución inequívoca al bien común, en cuanto que responde al interés general de muchos ciudadanos, a su libertad religiosa en concreto, y por ende con perfecto derecho a la financiación pública. Está bien pensado, pero…
El argumento tiene un flanco débil, a mi juicio. Y es que el culto, en particular, la celebración de los sacramentos, no está abierto a cualquier ciudadano por el hecho de serlo, como el teatro, la universidad y el fútbol, sino a un ciudadano que tenga fe y que así se lo reconozca no la autoridad civil, sino la Iglesia a través de sus presbíteros. Por tanto, uno puede ir a un teatro y pedir una entrada, y si la hay, paga y entra. Pero esto no es así en un bautismo o boda. No debería serlo. Hay en cuanto al culto, los sacramentos, una autoridad religiosa que tiene el derecho a discernir quién y cuándo puede, y ante lo que no prima el hecho simple de la ciudadanía y la igualdad de derechos. (Éste es un elemento característico de un club privado). Los sacramentos, el culto, no son un sello en un papel timbrado que el funcionario (el presbítero) debe ponerte, si hay plaza, por el hecho de tu ciudadanía. Por otro lado, cualquier asociación civil sabe que tiene que disponer de estatutos democráticos aprobados por la autoridad civil competente y como tal aceptar su revisión y control antes de recibir ayudas, y así cada año. Es otra diferencia sustantiva.
Por tanto, el argumento, aplicado a la Iglesia y el culto, de que todas las asociaciones civiles tienen derecho a la ayuda económica del Estado, si cuentan con ciudadanos que las necesitan para la realización de sus derechos fundamentales, y por ende, como servicio al bien común, sí es cierto, pero con control civil y democrático de su actividad y fines. Por eso, las obras sociales y culturales de la Iglesia están en igualdad con todos para reclamar esta ayuda. Tienen una configuración legal propia de las asociaciones civiles, y en analogía, el derecho civil las protege y reconoce iguales en derechos y deberes. El culto, y por tanto, el sueldo de los sacerdotes, presenta, sin embargo, una diferencia radical en la comparación con esas asociaciones de la sociedad civil.
El argumento de que el culto es una mediación necesaria del derecho a la libertad religiosa en concreto, en un lugar determinado, me parece más sólido que el referido “a todas las asociaciones reciben ayuda pública”. Ahora bien, un Estado laico tendría que aceptar que hay una zona del servicio al bien común cuya última palabra en su verificación la tiene una autoridad distinta, la religiosa, y ésta procederá no por motivos estrictos de cumplimiento de la legalidad civil, sino también, y más, por motivos de ortodoxia religiosa. Sé que esto son sutilezas que muchos me reprocharán como incomprensibles, si no “traidoras a la causa”, pero el pertenecer a la sociedad civil de los iguales tiene sus exigencias comunes y sus dificultades para las confesiones religiosas en cuanto al culto. Que luego, por razones “políticas”, se den excepciones en cuanto a partidos, sindicatos e Iglesias, pues es verdad, pero la verdad es la verdad. No me conviene, no conviene a mi bolsillo y tranquilidad, pero es la verdad. Por tanto, creo que un Estado laico puede y debe ayudar económicamente a las Iglesias en su actividad “social”, ¡le doy el sentido más amplio posible!, pero creo que en cuanto al culto hay que hacer un poco la vista gorda “civil o laica” para probarlo. Si la praxis política europea es otra, vale, pero probar, probar, ¡vaya!
Por fin, el argumento de que es una decisión democrática sobre “mis” impuestos, destinando una parte a la Iglesia, sería plenamente justo si representara un “plus” sobre lo que me corresponde pagar como ciudadano, pues, en caso contrario, decido sobre una parte, pero la resto de otros destinos universales. Creo que el modelo alemán es más justo en este sentido.
Y nada más por mi parte.
(Por cierto, la nota 311 del libro, referida a que el porcentaje de sacerdotes partidarios de prescindir de la financiación pública es menor cuanto más jóvenes son los sacerdotes, puede representar una cambio ideológico en el clero, pero también “el miedo” al futuro. Lo comprendo. Me acuerdo cuando teníamos 25 años y dábamos por hecho que la financiación estatal se acababa. También había algunos nervios. Lo recuerdo).
Gracias a Luis González-Carvajal Santabárbara, porque ha hecho un libro, como decía, sensato, equilibrado, bien razonado, y a mi juicio, pleno de aciertos.
Comentarios:
Y en cuanto a la segunda parte, se trata de denunciar a quien esté abusando, no de generalizar el abuso, (si lo es); si se conoce el caso y hay datos, debemos decirlo, ¿no?
De todas formas, yo sólo hablo de la financiación estatal de lo que es estrictamente "culto y clero", y digo que su fundamentación ética es precaria. Lo digo así, frente a lo extendido que está el argumento de que es un derecho obvio; y también, lo digo así, frente a quien despacha este asunto en términos laicistas.
Sobre el cristianismo que prefiero, estoy contigo. Saludos.
Este debate (desde la ética civil) tiene algo de artificial: ¿cuántos ONGs y empresas de interés claramente privado reciben cuantiosas subvenciones públicas sin tanto revuelo? Me parece bien que se fiscalice la labor de la Iglesia; pero desde la ética civil me gustaría saber a dónde van todoas las subvenciones que se dan por ahí sin mayores explicaciones. Si las empresas dejasen de recibir fondos públicos mañana, ¿cuántas cerrarían?
Ahora bien, si hablamos evangélica y pastoralmente, "todos" pensamos en una iglesia pobre y samaritana; y habría que pensar todas las renuncias y nuevas mediaciones que esto supondría. Es otra cuestión apasionante.
Creo que es más convincente el pensamiento de Beocio,aunque sea menos práctico para la Iglesia pero sí más auténtico:La Iglesia debe de alejarse cuánto más del poder político y eso entraña independizarse del poder económico del Estado.Dinero y poder son una simbiosis peligrosa.Creo que la mayoría de los creyentes preferimos una Iglesia pobre pero auténtica que una Iglesia acomodada y desvirtuada.
En cuanto a la conclusión, en Cáritas le dirían que lo de los parches ya pasó, y que todo su trabajo es de promoción integral de personas y contextos familiares-sociales; pero la tesis final que propone, en realidad una visión alternativa de la caridad, me parece muy acertada. Saludos cordiales.
Resumo mis discrepancias, que son de grado no de fondo insalvable. (1) La Iglesia hace servicios a la sociedad, que son muy estimados por todo el mundo que aprecia las acciones humanitarias, pero no en sustitución del Estado sino por seguimiento de quien mandó dar de comer al hambriento, por lo cual no está obligada a hacer más de lo qe puede. (2) Es por tanto inadmisible moralmente que algunos dirigentes de la Iglesia (e incluso de Cáritas) alardeen de ahorrarle dinero al Estado. (3) La misma existencia de Cáritas en países que presumen de herencia cristiana es un fracaso del modelo social de la Iglesia, la demostración de su incapacidad para cambiar las estructuras injustas de las sociedades donde ha dominado por siglos.
Habría que pensar a fondo otras maneras de ejercer el compromiso cristiano a favor de la fraternidad: los parches, para los catarros.
No hay que tener miedo a soltar lastres y navegar ligero, si se hace al soplo de los monzones del Esp...
En todo caso, la asignación tributaria del Estado a la Iglesia es una cosa, y con ella nada tiene que ver la financiación pública, según la ley general, de muchos proyectos sociales que tengan origen en instituciones de la Iglesia. Son cosas distintas. Un cordial saludo.
Me explico. Hablamos de la acción social de la Iglesia; y si se hace, se hace con lo medios de hoy; es decir, centros conocidos, profesionales, contratos, presupuesto, etc. Esto requiere financiación pública paritaria con cualquier organización civil. Es así. O se deja, o se hace profesionalmente. Luego está el patrimonio y su mantenimiento; o se deja o se hace profesionalmente; (lógico, que la s...
Y la segunda nota, "la caridad subvencionada", es tal vez algo simplificador. Una cosa es la asignación triburatia del Estado que va íntegramente al culto y clero, y que he dicho que no lo veo, y otra cosa es la financiación pública de la acción social de la Iglesia, que si la hay nacedidad social y cumple las condiciones de la ley,la veo, salvo que razones evangélicas y pastorales, caso por caso, la rechacen. Yo creo que hay que disti...
Dos notitas cariñosas a su contestación: 1) la teoría de la separación de Estado y Religión, inseparables en el mundo antiguo, se la debemos al Cristianismo, y fue mal día el de su olvido; y 2) si la Iglesia demanda dineros en pago de sus obras de beneficiencia, entonces tenemos una novedad teológica: la caridad subvencionada. Los primeros cristianos siguieron a Jesús y ni soñaron con la asignación tributaria.
Es un vuelco muy grande en la concepción del Estado y el bien común de la sociedad, y que ahora, como he dicho, no me alargo en su crítica desde la realidad de los derechos de todos, etc, pero hay que rumiarlo bien. Saludos.
Ellos por contra, dicen que el Estado debe estar sometido a la soberanía de la sociedad civil, realizando sólo lo imprescindible para una paz razonable, y primando todo lo posible la libertad y los derechos de los individuos y colectivos en su vída pública, salvo lo que no permita convivir en paz y ofenda a la justicia mínima. (Nótese que el concepto bien común desaparece de su reflexión; lo consideran ideología del Estado moderno; y lo sustituyen por libertad de las personas y sus asociaciones, de su identidad, diferencias e iniciativas, salvo las restricciones necesarias para la paz y los mínimos de justicia. (No entro en la consideración cr...
Pero eso mismo sería lo de menos; pues sería una experiencia que no hace ley necesariamente; el flanco débil no es tan débil; el modelo de las democracias europeas, salvo Francia, y ésta con sus matices, ha sido de colaboración económica, por razones diversas, según los casos. Muchos de ellos, por un "pasteleo" inaceptable.
Pero la novedad es la siguiente: hoy, muchos teóricos de la laicidad -ciertamente, los más "conservadores"-, defienden que el modelo francés es un laicismo nada democrático, que se evita los conflictos religiosos, privatizándolos, ignorando la libertad religiosa de las personas, y ocupando como "nación" su lugar...
Le agradezco su respuesta, respetuosa y franca. Me permito señarle una debilidad de su argumento respecto a los derechos y a las renuncias: en EEUU entendieron siempre que la separación de la Iglesia y del Estado exige que ni un dólar de la caja común se destine a subvencionar actividades religiosas. Allí ningún creyente reclama que se le reconozca el derecho a recibirlas para luego ver si renuncia a ellas, y sin embargo la religión está muy presente en la vida pública ...
Siempre a su disposición, con acuerdo o sin él.
Las dos caras de la moneda!
En el Estado democracia y en la Iglesia caridad, pero con una sana ósmosis de valores!
Sin simplificar lo que es vomplejo!
Y ésta es la otra cuestión. Si la gente quiere hablar derechos, hay que hablar de los de todos. Luego cada uno puede renunciar a ellos, pero antes hay que hablar. Éste es el debate que me plantean. No qué es lo más evangélico, (sin duda, la renuncia y ya), sino si hay o no derecho a alguna financiación de las Iglesias en un Estado laico.
En fin, que despachar la cuestión en términos evangélicos, es correcto, y lo comparto; pero si la gente pregunta por sus derechos, antes de renuncias evangélicas, hay que verlo también en esos términos; ¿o no? A su criterio. Saludos cordiales.
La Iglesia no debería buscar ninguna justificación teórica para seguir chupando de la teta del Estado, porque ello quiere decir que sus fieles tienen en tan poca estima sus servicios que ni siquiera se molestan en mantenerlos. Cuanto antes se aparten de Hacienda antes reencontrarán el camino del Reino de los Cielos.
Si no le convenzo en nada, vale, seguimos pensando; no tengo intención de fastidiar, sino de mostrar el flanco débil que tiene la financiación pública del culto religioso. Saludos.
Y en cuanto a que Usted paga impuestos y sabe que hay asociaciones cuyas actividades repugnan a su conciencia, es el problema de si es posible la objeción fiscal en una democracia, asunto que con condiciones estrictas puede ser moral; y si los fines y actividades de ciertos grupos, que reciben subvenciones, no me interesan, siendo legítimos y valisosos para el bien común, si están abiertos a todos los ciudadanos con el único requisito de serlo, no puedo rehusarlos en una democracia. El bien común, tan plural y complejo, me obliga a respetar estas expresiones ...
En cuanto al ejemplo que pone, el grupo scout, me dice Usted que tiene límites, pues es para jóvenes; claro, es de la naturaleza de un grupo educativo que su destinario sean los niños y jóvenes, pero todos, por el hecho de ser ciudadanos; ésta es la universalidad. También la Unive...
No creo que la Iglesia tuviera inconveniente, llegado el momento, de hacer lo mismo.
Y si debo pagar un plus en mis impuestos para colaborar con la Iglesia (cosa que me parecería muy correcta), pediría que hicieran lo mismo quienes quisieran colaborar con otras instituciones, alginas de ella, dicho sea de paso, realizan actividades que repugnan a mi conciencia y a la de muchas otras personas. Y se financian con dinero público.
Así que está claro: para todos o para ninguno.
Supongo que habrá sacerdotes celosos de guardar los sacramentos a quienes demuestren su fe, pero no es lo común. el 90% de los niños de mi barrio son bautizados y al cura le basta con que ellos manifiesten su fe y su deseo de que el hijo pertenezca a la Iglesia.
Quiero decir que, en la práctica, son muchos los que, por costumbre o por coonvencionalismo social se acercan a la Iglesia, y ésta les acoge aunque no demuestren su fe con sus actos.
Por otra parte, tampoco cualquier asociación civil está abierta a cualquier ciudadano. Pienso, por ejemplo, en el grupo scout al que pertenecen mis hijas. Yo no podría integrarme en él porque está reservado a niños y jóvenes.
Y luego, si comparo los servicios religiosos con los servicios públicos, es para que entremos en la mente del Estado laico y ver cómo justificar ante él, el derecho de todas las iniciaticas civiles, religiosas o no. Yo no las comparo como creyente, sino que las pienso en clave laica para ver si están fundamentadas fuera de la fe, pues al Estado laico mis razones religiosas le son ajenas y sin significado. Ésta es la cuestión, y no cuánto las estimo yo en comparación con los servicios públicos. Saludos.
Por otra parte, sorprende que un creyente
compare los servicios religiosos con los servicios públicos, lo que implica una devaluación manifiesta.
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