¿Qué debe hacer el Estado democrático ante los piratas terroristas?
07.11.09 @ 19:30:36. Archivado en Sobre el autor, España
En las manifestaciones que hoy han tenido lugar en Bermeo (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) para pedir la liberación de los marinos del Alakrana, el atunero español secuestrado desde hace un mes por piratas somalíes, ha sido unánime una petición por parte de los familiares: que los dos piratas detenidos y traídos a España para ser juzgados, sean extraditados a su país para que el proceso judicial tenga lugar allí. Se cumpliría así con lo que exigen los piratas-terroristas que mantienen el secuestro de 36 españoles.
¿Cuál es el problema? Que Somalia es un caos sin gobierno. Tras una guerra civil, el país está dividido en territorios autónomos y enfrentados entre sí, no habiendo una autoridad central. En esas condiciones, ¿sería real y efectivo un juicio celebrado allí? ¿Se daría éste o equivaldría la extradición a su puesta en libertad al poco de llegar a su país? Ése es el temor. Desconozco cuál es la legislación internacional en este sentido, pero doy por hecho que si la Justicia española reclamó a los piratas detenidos es porque está facultada para ello. Ésa es la clave del problema. Aquí, donde contamos con un Estado de derecho propio de un sistema democrático, no podemos saltarnos la Ley a la torera. No podemos mirar para otro lado. No puede haber excepciones. La Justicia errará o no, pero debe aplicarse según tenga regulados sus principios. Y aquí lo hemos comprobado hasta el extremo de ver cómo a uno de los detenidos se le han realizado innumerables pruebas para saber si es o no mayor de edad. Porque la cuestión no es baladí. ¿Lo juzgaba un tribunal de menores o uno convencional?
Entiendo perfectamente la frustración de los familiares. Es absolutamente lógica y comprensible. Como también entiendo la muy comprometida situación del Gobierno. El asunto es ya demasiado público. Porque no nos engañemos, si fuera sólo por cuestión de dinero, todos sabemos que se pagaría el rescate. Es duro pensarlo, y por eso a nadie le interesa profundizar demasiado en este asunto, pero es sabido que, en su día, Italia, Francia o la propia España pagaron a los secuestradores. Es decir, ilegalmente, pagaron con dinero público un chantaje a unos terroristas. Fue un acto ilícito pero comprensible en gran parte: había que salvar vidas. Ahora el problema es mayor: hay detenidos, la Justicia ha actuado. Siendo la Justicia el pilar básico en un sistema democrático y constitucional, ¿cómo hacer para romper un proceso judidial y hacer como que no ha pasado nada?
Ojalá todo se resuelva y los 36 marinos españoles puedan regresar sanos y salvos a casa. Ojalá sus familiares puedan respirar aliviados. Y ojalá no demos un golpe de muerte a nuestra Justicia haciendo evidente que caben las excepciones y que la Ley no es un eje invulnerable. No hace tantos años, una familia, un Gobierno y un país fuimos chantajeados por unos terroristas. ETA puso en la balanza a Miguel Ángel Blanco. Y demostramos ser un país maduro en la democracia. No se trata, como muchos dicen, de tragarse el orgullo. Se trata de que si la Justicia no es creíble es porque, como país, somos algo muy diferente de lo que decimos ser.
Sólo se me ocurre como solución que la seguridad de que los piratas fueran juzgados en su país fuera absolutamente garantizada a la Justicia española por la somalí. Un primer paso lo han dado los mismos secuestradores, dando marcha atrás a su exigencia de “liberación” por la de “extraditación” referente a sus compañeros. Ojalá esa vía, sin duda alguna muy trabajada en la trastienda por nuestro Gobierno, acabe fructificando. El problema es que estos asuntos de Estado deben permanecer en la nebulosa de la buscada ignorancia ciudadana, porque la luz mediática puede hacer demasiado evidente un pescado cuyo olor a podrido nos puede quitar la fe en el sistema.
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA
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