No sabe, no contesta
El director general de la Tesorería alegó que eran bienes afectados por la existencia de arrendatarios con derechos previos o bien en un mal estado que obligaba a acometer obras muy costosas.
El secretario de Estado no se ha molestado en contestar, según consta en el informe, y el Tribunal, a su vez, considera muy insuficientes las explicaciones del responsable del organismo.
Los informes de tasación aportados en los expedientes no explicitan las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y la Tesorería no ha cumplido requisitos legales como «el informe previo de la asesoría jurídica, la depuración jurídica del inmueble, la autorización ministerial o el informe de la intervención delegada».
Por este capítulo concreto de las enajenaciones de inmuebles, el ministerio fiscal ha solicitado testimonio por entender que puede haber indicios de responsabilidad penal, según ha comunicado a las Cortes el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, el pasado mes de diciembre.
En el resto de los aspectos de la fiscalización de la Seguridad Social se acumulan otro tipo de irregularidades, hasta seis de «carácter común», tres en los contratos de obras, otros seis en contratos de consultoría y servicios, dos en contratos de suministros y otros cuatro en los privados.
La Tesorería se ha movido y ha gastado con tal cúmulo de errores u opacidad un total de 490 millones de euros.
El informe del Tribunal es prolijo en la relación de fallos de todo tipo, empezado por el de que «la Tesorería de la Seguridad Social ha omitido frecuentemente la emisión de informes preceptivos o los ha cumplimentado de manera meramente formal y sin un verdadero contenido justificativo, especialmente en el caso de aquellos informes relativos a la necesidad de la contratación, a la justificación de la utilización de la tramitación urgente, a la forma de adjudicación y a la revisión de precios».
Miércoles, 25 de noviembre
Grupo Cenyt
Juan Carlos Ureta
Luis Llopis Herbas
Jesús Pérez
Ramón Tamames
Luis C. Sánchez
