El ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) reconoció a la juez que le investiga por la adjudicación a Paco el Pocero de una urbanización de 13.000 viviendas que cobró «distintos importes en los años 2002 y 2003» de alguna de las empresas controladas por Gianni Montaldo, relacionado con la mafia de Calabria y procesado en el caso Malaya.
En realidad, lo que percibió fue la fabulosa cifra de 700.000 euros. Eso sí, no aclaró por qué: «No recuerda en qué concepto», señala la declaración, a la que ha tenido acceso el periodista Joaquín Manso y que se reproduce en El Mundo.
Martín se hizo rico coincidiendo con la aprobación del PAU, pero descargó la responsabilidad en los técnicos municipales porque él tiene «dificultades para leer y para escribir», según dijo.
El ex alcalde compareció como imputado por prevaricación, cohecho y fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo), cuya titular es Carmen Martín, el 27 de abril, nueve meses después de que la Fiscalía Anticorrupción le denunciase por la adjudicación de la urbanización, la mayor de España acometida por un solo promotor.
Las preguntas de la fiscal Belén Suárez se centraron en dos puntos: el extraordinario enriquecimiento que se observó en su patrimonio entre 2002 y 2003, coincidiendo con la tramitación del proyecto, y la reunión que mantuvieron en Toledo el mismo 8 de mayo de 2003, horas antes de aprobarse el plan, el entonces consejero de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil; Paco el Pocero y su hijo mayor, y el propio ex alcalde.
EL PRESIDENTE AUTONÓMICO BARREDA NO ABRE LA BOCA
El diputado regional y secretario general del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha pedido «explicaciones urgentes» al presidente del ejecutivo regional, José María Barreda, a propósito de un presunto caso de corrupción protagonizado por el ex alcalde de Seseña, José Luis Martín (PSOE).
En una rueda de prensa, el secretario general ha lamentado que la imagen de la gestión política en la región se haya vuelto a «poner en entredicho» y que Castilla-La Mancha vuelva a ser «desprestigiada» a nivel nacional, por un supuesto caso de «corrupción urbanística».
