(pd).- Así es. Cuando la vivienda pública parece la única solución real para tener una casa “propia” tanto el Gobierno como los promotores deberían de replantearse los precios que tienen, cuando no las quieren ni los suplentes de los suplentes. Por esto, las regiones y ciudades autónomas han definido el mapa de valor máximo superior de VPO para 2009.
Un ejemplo de estas “anomalías” es Juan Martín (27 años), último suplente en las listas de demandantes para acceder a una de las promociones en régimen de alquiler con opción a compra del Plan Joven de la Comunidad de Madrid en Arganda, no vivirá en el piso protegido que acaban de ofrecerle. La casa es una de las 652 que se sortearon en 2007 en torno a la Avenida de Atenas -en el ensanche de la localidad-; tiene 50 metros útiles, un garaje de 32,51 m2 y 6,26 metros más de trastero. El alquiler: 496,22 euros al mes más 70 euros de gastos mensuales. «Por ese dinero ahora encuentras en Arganda pisos de 90 metros», afirma Martín.
En junio, Juan y otros 58 jóvenes recibieron una carta de la Oficina de Vivienda de la CAM para ver los pisos a los que otros tantos solicitantes habían renunciado. «No sé de ninguno que haya aceptado», comenta. A los pocos días, acudieron a visitar las casas en grupo, guiados por la promotora. «Lo que más me indignó es que la empresa que nos mostró las casas luego nos invitó a visitar otras no protegidas que tenía construidas en la zona, un poco más caras, pero no mucho más», señala Martín.
Hace dos semanas, Elena (enfermera, 23 años), también argandeña, visitó las mismas casas. Ella fue una de los 2.614 aspirantes que optaron a aquellas viviendas en 2007, pero en el sorteo se había quedado fuera de las listas de adjudicatarios y de suplentes. La cita con la promotora, a la que acudió con sus padres, fue un fin de semana. «La casa tenía menos de 50 metros y pedían 500 euros, el baño estaba adaptado para discapacitados y si en el salón-cocina ponías un sillón no cabía nada más», explica. Elena también decidió por renunciar al piso y seguir viviendo con sus padres. Así lo indica El Mundo
En la Comunidad de Madrid no encuentran preocupante el número de jóvenes que prefieren otras opciones a las que les sirve la Administración. Al contrario, consideran que las 58 renuncias son apenas el 8,8% del total de solicitantes de dichas casas y no ven ningún síntoma de que los precios de su plan de alquiler diseñado para los jóvenes madrileños haya dejado de ser competitivo. En la información que ofrece la consejería de Vivienda de la CAM, los pisos en alquiler con opción a compra del Plan Joven tienen 70 metros cuadrados construidos, con una renta mensual de 411 euros (más 16% de IVA), deducible en un 50% en el caso de que, al cabo de siete años, los inquilinos decidan adquirirla.
El de Arganda no es el único caso reciente de renuncias de adjudicatarios o convocatorias de vivienda pública con escasa afluencia de interesados. En Fuengirola (Málaga), las 102 familias beneficiarias de otras tantas viviendas en el barrio de Los Pacos renunciaron a ellas el pasado mes de enero por su alto precio: 170.000 euros. En Huelva, las listas para ocupar varias promociones en El Seminario y el Parque Moret rotaron por una lista de más de mil onubenses, hasta que la Junta de Andalucía ha autorizado a venderlas con un 31% de descuento. En estas promociones, los pisos se ofertaban originalmente por cerca de 1.700 euros el metro cuadrado.
Situaciones similares se han dado este año también en Baleares, donde numerosos jóvenes protestaron por los altos precios de las VPO de la localidad de es Pil•larí, donde viviendas de 90 cuadrados se comercializan por 221.000 euros, más caras que las de precio libre. En Pla de Algemesí (Alicante), más de 300 jóvenes renunciaron a la compra de las 36 viviendas del Residencial Los Sueños.
LA SEQUIA CREDITICIA
La pregunta que surge es ¿qué se puede hacer desde los poderes públicos para adaptar una oferta que en su momento parecía idónea a un contexto de mercado totalmente diferente y con visos de no volver a ser el que era en muchos años? Para Antonio Portillo, Profesor de VPO del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), uno de los problemas fundamentales es que «se abusa de promoción de vivienda pública en lugares donde no es tan necesaria. En determinados lugares, como muchos pueblos de Andalucía, por ejemplo, la vivienda protegida es realmente similar en precio (o más cara) que la libre, pero las subvenciones estatales que reciben los aspirantes -el dinero de todos- compensa el precio final que paga el adjudicatario».
Donde realmente se necesitan, en las grandes ciudades, los ciudadanos siguen pegándose por ellas y nunca hay suficientes. «Lo más grave de todo es que las promesas de las administraciones está retrayendo la demanda de vivienda libre», añade el profesor.
Es evidente que el ajuste de los precios de la vivienda y la «sequía crediticia» a la que alude en ocasiones Beatriz Corredor afecta tanto a la vivienda libre como a la protegida. Por eso, para algunos expertos, la única opción realmente viable para las administraciones públicas es «replantearse que la vivienda protegida en régimen de compraventa es perversa por el mercado y optar por un modelo de vivienda pública volcado únicamente en el alquiler».
