(PD).- El lugar donde se construyó Villa PSOE carecía de servicio alguno para urbanizar en 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas. Así lo certifica el Ayuntamiento de Villanueva de Arosa, al que pertenecía la Isla de Arosa en aquella fecha. Lo que sitúa la obra fuera de la legalidad.
Explica Raúl Vilas en Libertad Digital que Julián García es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de la Isla de Arosa, donde se edifica Villa PSOE. Su amistad con José Blanco es conocida en la comarca. En verano se les puede ver compartiendo paseos en barco. Un misterioso cambio de fechas le sirvió para colar como legal la edificación de la urbanización de lujo.
La Ley 22/1998 de 28 de julio, conocida como Ley de Costas (ver disposición transitoria octava), establece con claridad una distancia mínima de 100 metros de la costa para poder edificar.
Más aún para poder recalificar como «Suelo Urbano» (el único que permite una construcción de más de una altura, como Villa PSOE), una zona calificada en 1988, cuando entra en vigor la Ley de Costas, como «Suelo Apto para Urbanizar» (que sólo permite edificaciones de una altura).
Como es sabido esta urbanización de lujo está a una distancia inferior a los 100 metros de la costa. La Ley de Costas permite excepciones, en casos de especial interés público o económico, en las que se baja la línea de costa hasta los 20 metros. Este es el supuesto legal que ha esgrimido el Ayuntamiento de la Isla de Arosa para lograr que la Xunta aprobase el plan de ordenación urbana que ampara la construcción de Villa PSOE.
Pero uno de los requisitos que marca la Ley de Costas es que en el momento de la entrada en vigor de la misma (B.O.E. nº 181, del 29 de julio de 1988) la zona en cuestión ya contase con los servicios mínimos para urbanizar, tales como agua, alumbrado, saneamiento y alcantarillado.
En 1988 la Isla de Arosa pertenecía al Ayuntamiento de Villanueva de Arosa (la Isla se segregó formando un Ayuntamiento propio en 1997). Los archivos referentes a la Isla anteriores a 1997 quedaron en poder del Ayuntamiento de Villanueva.
Este consistorio ha certificado (ver documentos 1 y 2), a petición de Cafines (la asociación que destapó el escándalo) que nadie del Ayuntamiento de la Isla desde la segregación solicitó documentación sobre los servicios existentes en la zona donde se ha construido Villa PSOE.
Que en 1988 esta zona no poseía calificación de suelo urbano y que en esa fecha no existía infraestructura alguna de agua potable, ni de evacuación de residuales, ni alumbrado público, ni red viaria asfaltada o sin asfaltar.
