(PD).- Que los edificios se vendieron un 50% por debajo de su valor de mercado, es innegable, como demuestra Angel Collado en ABC. Ahora la pregunta del millón – de los cientos de millones- es si hubo compadreo y si entre los beneciados por la piñata inmobiliaria montada por Jesús Caldera cuando era ministro de Trabajo, hay muchos amiguetes y compañeros de partido.
Errores en la calificación jurídica de los contratos, omisión de informes preceptivos, falta de objetividad en adjudicaciones, contratación por «procedimientos negociados sin publicidad», falta de transparencia, obras sin justificar, subastas a favor de ofertas «temerarias» y hasta ventas de edificios públicos por menos de un tercio de su valor de mercado son algunas de las irregularidades encontradas por el Tribunal de Cuentas en la Tesorería de la Seguridad Social en el ejercicio de 2005, primero de la llegada de Zapatero al poder, con Jesús Caldera en el Ministerio de Trabajo y Octavio Granado como secretario de Estado y responsable directo del organismo, un puesto en el que sigue.
El ministerio fiscal ha solicitado testimonio por indicios de responsabilidad penal.
Los informes del máximo órgano fiscalizador del Estado que han llegado al Congreso sobre el aterrizaje de Caldera y su equipo en Trabajo son un compendio de constatación de irregularidades, reproches y denuncias en todos los organismos del departamento y en todos los capítulos de la gestión: desde la contratación de servicios, a la enajenación de bienes.
Si en el correspondiente al Imserso que ABC reveló el pasado 21 de diciembre ya había ejemplos de derroche de dinero público o adjudicaciones de viajes a monopolios encubiertos, en la fiscalización de la Tesorería de la Seguridad Social hay aún más reprimendas por la mala gestión, además de casos concretos de despilfarro que conllevan sospechas de delito.
Ni mercado ni explicaciones
El tribunal incluye entre las prácticas más oscuras del organismo, dentro del apartado de enajenaciones de edificios públicos, que los precios de venta «fueron muy inferiores a los precios de mercado», «representando aquellos en algún edificio únicamente el 29 por ciento de dicho valor de mercado, sin que los informes de tasación aportados en el expediente expliciten las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y sin que la Tesorería General de la Seguridad Social haya acreditado el cumplimiento de determinados requisitos legales de las enajenaciones de los inmuebles».
El volumen de capital público que la Seguridad Social maneja en la adquisición, traspaso o venta de inmuebles es enorme. En 2005, el capítulo de enajenaciones alcanzó los 316 contratos por un valor total de 69,4 millones de euros, mientras que las adquisiciones llegaron a los 125 millones.
El informe de fiscalización se detiene en trece casos de enajenación para citar en primer lugar el de un edificio de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife entregado por 3,7 millones de euros al único licitador que se presentó, por la cantidad exacta a la que salía y sin que se publicara en el BOE.
Todo cuadrado a la medida y sin publicidad oficial.
El Tribunal señala otros nueve contratos analizados, por un total de 9,7 millones de euros, con enajenaciones en Madrid, Barcelona y Zaragoza en los que no se razona el bajo precio aplicado ya que la tesorería no da explicaciones. «Debe destacarse que los precios de venta de las viviendas y locales del edificio de la calle Ayala de Madrid, analizado de forma conjunta, en ningún caso llegó a alcanzar el 40 por ciento del precio de mercado».
En la capital de España se sitúa la venta de otro edificio, en la calle Valenzuela, «por sólo el 29 por ciento del citado valor de mercado». Son pisos y locales situados en el barrio de Salamanca, el más caro de Madrid, liquidados en pleno «boom» inmobiliario, pero vendidos por menos de la mitad de su precio.
No sabe, no contesta
El director general de la Tesorería alegó que eran bienes afectados por la existencia de arrendatarios con derechos previos o bien en un mal estado que obligaba a acometer obras muy costosas.
El secretario de Estado no se ha molestado en contestar, según consta en el informe, y el Tribunal, a su vez, considera muy insuficientes las explicaciones del responsable del organismo.
Los informes de tasación aportados en los expedientes no explicitan las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y la Tesorería no ha cumplido requisitos legales como «el informe previo de la asesoría jurídica, la depuración jurídica del inmueble, la autorización ministerial o el informe de la intervención delegada».
Por este capítulo concreto de las enajenaciones de inmuebles, el ministerio fiscal ha solicitado testimonio por entender que puede haber indicios de responsabilidad penal, según ha comunicado a las Cortes el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, el pasado mes de diciembre.
En el resto de los aspectos de la fiscalización de la Seguridad Social se acumulan otro tipo de irregularidades, hasta seis de «carácter común», tres en los contratos de obras, otros seis en contratos de consultoría y servicios, dos en contratos de suministros y otros cuatro en los privados.
La Tesorería se ha movido y ha gastado con tal cúmulo de errores u opacidad un total de 490 millones de euros.
El informe del Tribunal es prolijo en la relación de fallos de todo tipo, empezado por el de que «la Tesorería de la Seguridad Social ha omitido frecuentemente la emisión de informes preceptivos o los ha cumplimentado de manera meramente formal y sin un verdadero contenido justificativo, especialmente en el caso de aquellos informes relativos a la necesidad de la contratación, a la justificación de la utilización de la tramitación urgente, a la forma de adjudicación y a la revisión de precios».
Informática fija
Además, el organismo fiscalizador detecta falta de criterios objetivos en las adjudicaciones de los contratos y prácticas contrarias «al principio de transparencia». En este punto, se refiere en concreto a «la contratación de equipos y sistemas informáticos por procedimientos negociados y sin publicidad, al existir un único proveedor posible».
Así se ha llegado a comprar material informático para el centro de procesos de Orcasitas (Madrid) por valor de 7,4 millones de euros sin concurso alguno.
En el apartado de obras, el informe incide en que la mayor parte de las subastas fueron adjudicadas a «ofertas incursas en presunción de ser desproporcionadas o temerarias», y también en que las modificaciones de los contratos, las ampliaciones de plazo en las entregas y las obras complementarias se convirtieron en regla general en vez de algo excepcional, «lo que conlleva en la práctica totalidad de los casos el incremento del precio de las obras públicas y la demora en su entrega al servicio público».
Como ejemplo se cita la rehabilitación de un inmueble en la calle Balmes de Barcelona, una obra que costó un 48 por ciento más de lo previsto en la adjudicación.
