(PD).- El contable de la empresa pública de Marbella Contratas 2000, Eduardo Gonzálvez Montalbán, acusado en el «caso Saqueo I», ha reconocido que, de forma habitual, ingresa dinero en cuentas de personas del entorno del ex alcalde de la localidad Jesús Gil.
Gonzálvez Montalbán hizo estas afirmaciones en el marco del juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995, conocido como «caso saqueo I» y en el que el ex asesor de urbanismo del consistorio, Juan Antonio Roca, es el principal acusado.
A pesar de aparecer como contable de las cuentas de la empresa, Gonzálvez Montalbán señaló que tan sólo se ocupaba de efectuar los ingresos y los pagos a los trabajadores, pero aseguró que no se ocupaba «ni de las cuentas oficiales ni de los cierres de contabilidad».
Desvío de fondos
Sobre la financiación de la empresa, afirmó que todos los fondos que sustentaban Contratas 2000 «provenían del Ayuntamiento» de Marbella y señaló que «no había ningún otro tipo de financiación».
Según la tesis de la Fiscalía, Contratas 2000 sirvió para desviar fondos del Ayuntamiento marbellí -más de 36 millones euros- gracias a que un entramado de empresas fantasma, cuya titularidad ostentaba la octogenaria madre de Roca, le facturó miles de millones de pesetas por obras inexistentes.
Gonzálvez Montalbán dijo que dentro de la empresa recibía indicaciones del gerente, José Luis Jiménez, al que calificó de «jefe autoritario», pero aseguró que nunca recibió órdenes ni de Roca ni de Gil.
Mano derecha de Gil
José Luis Jiménez fue la mano derecha de Gil en el consistorio de Marbella, y, a partir de 1991, fue nombrado gerente de la empresa Contratas 2000.
De hecho, Gil y Jiménez, que se conocieron en la cárcel de Segovia, donde ambos cumplieron condena en los años 70, volvieron a coincidir en el presidio después de que, en el año 2002, el por entonces juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, instructor del «caso Saqueo I», les enviase a prisión como principales imputados en la causa. Jiménez falleció en 2005.
Culpar al fallecido
Ante las preguntas de la fiscal encargada del caso, Belén Suárez, Gonzálvez Montalbán admitió que «habitualmente» realizaba ingresos en la cuenta personal de la mujer de Jiménez, Purificación Notario, también acusada en esta causa.
Gonzálvez Montalbán explicó que efectuaba estos pagos por orden de Jiménez, quien le había dicho que, ante el riesgo de sufrir un embargo, lo mejor era ingresar dinero en la cuenta de su mujer para no perder las nóminas de los trabajadores.
Sobre los diferentes cobros que recibió a través de cheques en los cinco años que estuvo en la empresa, el acusado afirmó que «el 99 por ciento» de ellos «sirvieron para pagar la nómina a los trabajadores».
Por último, quiso dejar claro que, dentro de la empresa, sólo era «el último de la fila» y señaló que todos los «apuntes» que él hacía «se los pasaba a Jiménez», quien se encargaba de realizar las comprobaciones necesarias y de cuadrar las cuentas.
La fiscal encargada del caso, Belén Suárez, pide diez años de prisión para Gonzálvez Montalbán, así como para Roca, al que considera autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, por su presunta participación en el desvío de más de 36 millones de euros del consistorio de la localidad malagueña.
Además de Roca, que declarará mañana ante el tribunal, y de Gonzálvez Montalbán, hay otros cuatro acusados, en concreto Purificación Notario, Francisco Javier Herrera, José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel.
Cuentas pendientes
El juicio por el «caso Saqueo I», también conocido como «caso facturas falsas», arrancó el pasado 10 de octubre con el planteamiento de las cuestiones previas por partes de los abogados de los acusados.
En aquella primera jornada, el abogado de Roca, Emilio Fernández, pidió al tribunal que le juzga que se inhibiese en favor del Tribunal de Cuentas, al entender que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar a su cliente en este caso.
Además, entre las cuestiones previas, el letrado Fernández solicitó al tribunal el aplazamiento de la vista alegando el poco tiempo que había tenido para preparar el juicio, ya que no le tocó ocuparse del caso hasta el pasado 18 de septiembre, cuando el anterior abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, renunció a ejercer la defensa del ex asesor de urbanismo.
El tribunal, presidido por la magistrada Angela Murillo, denegó estas dos cuestiones previas. En la sesión de hoy, el abogado de Roca hizo constar su protesta por esta decisión con vistas a un posible recurso en casación.
Durante la vista oral, que se celebrará en principio hasta el próximo 21 de noviembre, está previsto que declaren 64 testigos y 5 peritos. Además de los acusados, entre los responsables civiles se encuentran los herederos del ex alcalde de Marbella Jesús Gil.
