(PD).- La Policía detuvo en la noche del miércoles en el aeropuerto de El Altet a los seis miembros de la cúpula directiva de la promotora Riviera Coast Invest cuando se iban a fugar tras estafar, supuestamente, a decenas de compradores de viviendas y proveedores.
Los fugitivos habían alquilado un jet privado con el que pretendían dirigirse a Marruecos. Sin embargo, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional interceptaron el autobús que les conducía desde la terminal aeroportuaria hasta el avión. Los detenidos están acusados de una estafa inmobiliaria superior a los 21 millones de euros cometida en Alicante, Murcia y Granada. Sigue en
Más de 20 agentes de la Policía Nacional participaron en la detención de la cúpula de Riviera Coast Invest. El principal responsable de la promotora y supuesto cabecilla de la estafa es el ciudadano francés Claude Roch Tabarot, un empresario muy conocido en Benidorm, ya que fue presidente del Casino del Mediterráneo hasta que éste fue intervenido por Hacienda a finales de los 90.
De momento, todos los detenidos se encuentran en la Comisaría Centro de Alicante a la espera de pasar a disposición judicial. El arresto de estas seis personas se produjo por el alto de riesgo de fuga y tras la orden de detención dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del caso.
La supuesta estafa tiene un punto de partida poco sospechoso. La empresa ofrecía a los posibles inversores la obtención de una gran y rápida rentabilidad mediante la adquisición de un estudio o un apartamento en una de las residencias de estudiantes o de la tercera edad que promociona la firma en Alicante.
Los clientes, tras abonar las cantidades acordadas por los inmuebles, tenían la posibilidad de alquilar el estudio a una sociedad dependiente de la empresa, obteniendo de esta manera un 6% anual de rentabilidad que se pagaba mensualmente. El inmueble se arrendaba a un tercero a través de esta filial.
Riviera cumplió con los pagos hasta abril y, cuando vendió los últimos apartamentos de los complejos, dejó de pagar las mensualidades a los inversores. La estafa se cifra en más de un millón de euros por las rentas no abonadas. A ellos se añaden las deudas con proveedores y entidades financieras, que superan los 20 millones.
La operación, en la que participan agentes de Alicante y Madrid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, según confirmaron a EL MUNDO fuentes de la investigación. Los agentes, acompañados por los seis arrestados, registraron ayer las instalaciones de la empresa en Alicante, ubicada en la avenida de la Albufereta.
La Unidad de Delitos Económicos venía investigando durante todo este verano a la sociedad Riviera Coast Invest por un presunto delito de estafa inmobiliaria que afecta a casi 700 inversores en Alicante, aunque la trama se extiende también a Murcia y Granada.
De guardia en El Altet
Desde el pasado 1 de septiembre, decenas de afectados por la supuesta trama hacían guardia en el aeropuerto de El Altet ante el temor de que los responsables de la firma huyeran de España.
De hecho, el colectivo de perjudicados advirtió a la Fiscalía de Alicante, la Policía Nacional y al juzgado de guardia de la posibilidad de fuga de los administradores de Riviera. La policía informó a los afectados de que no podía detener a nadie sin una orden judicial, por lo que les avisó de que tendrían que escoltar a los empresarios hasta el avión para evitar incidentes. La orden del juez Pedraz llegó este miércoles.
La asociación de perjudicados espera en recuperar parte de su inversión con la incautación de los bienes de los detenidos.
Una trama compleja y de consecuencias imprevisibles
La trama de Riviera es más profunda. Los compradores que adquirieron los inmuebles en las residencias Ulyss -con 1.088 estudios y ubicada en San Vicente del Raspeig, junto a la Universidad de Alicante- y la de tercera edad Jardines del Edén, en Alicante (86 habitaciones), pagaban sobre plano el 50% del estudio o apartamento -cuyos precios oscilaban entre los 85.000 y los 214.000 euros-, mientras que el resto se abonaba a la hora de escriturar.
En muchos de los casos, según asegura el abogado de la Asociación de Perjudicados, José Luis Escobar, la empresa no canceló el préstamo abierto que mantenía con las entidades financieras para llevar a cabo la promoción. De esta forma, hasta cuatro bancos y cajas de Alicante han comenzado a dirigirse a los inversores para reclamar el pago del crédito del promotor.
«Ya han empezado a dar avisos serios para ejecutar las hipotecas. Mucha gente no puede pagar, con lo que van a perder sus inmuebles y sus ahorros», comenta Escobar, quien calcula que las entidades exigen el pago de unos 12 millones de euros.
Concurso previo
La promotora Riviera Coast Invest SL, filial dependiente de la sociedad dominante Riviera Coast Invest Patrimonio, presentó de forma voluntaria el pasado mes de julio una declaración voluntaria de concurso de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Alicante. La firma alegó que su actividad atravesaba un duro bache por la crisis inmobilaria.
Otra filial, Riviera Coast Gestión, que se ocupaba de pagar las rentas mensuales a los inversores, y dependiente a su vez de la sociedad dominante, también solicitó el pasado 1 de septiembre el proceso concursal necesario en los juzgados de Alicante. Previamente, los proveedores y la Asociación de Perjudicados solicitaron la declaración necesaria de concurso de acreedores.
La presunta estafa del Grupo Riviera se ha sentido en varias provincias españolas desde 2006. Uno de los primeros timos de la firma, dedicada a la promoción y gestión de iniciativas residenciales temáticas (universitarias, turísticas y de negocios), se produjo en Granada. Allí, la empresa proyectó una residencia estudiantil en la localidad de Albolote. Según afirma José Luis Escobar, la mercantil vendió los estudios y apartamentos sobre plano, si bien el proyecto nunca llegó a ejecutarse.
A los afectados se les devolvió lo invertido, el 50% de los inmuebles, con pagarés sin fondos. En Murcia, el Grupo Riviera también proyectó en febrero de 2007 una nueva residencia de estudiantes con más de 2.000 estudios. La operación de Granada se repitió en Murcia. Los inversores fueron compensados otra vez con pagarés sin fondos; además, se les daba la opción de invertir en Alicante, en la residencia Ulyss.
