La banca tiene empeñados 2.300 millones en el escándalo de Estepona

24.06.08 | 21:38. Archivado en Curiosidades

(PD).- Las principales entidades financieras del país se están jugando más de 2.300 millones en préstamos concedidos a Prasa, la mayor inmobiliaria no cotizada, cuyo presidente, José Romero, está imputado por un presunto caso de cohecho, blanqueo de dinero y delitos contra la administración pública.

La banca española no gana para sustos con el sector inmobiliario. El estallido el pasado miércoles del escándalo urbanístico en Estepona, que ha llevado a la cárcel al mismísimo alcalde, ha hecho saltar otra vez las alarmas.

El presidente de Prasa quedó el martes en libertad con cargos tras prestar declaración y pagar una fianza de 300.000 euros, la mayor cuantía impuesta hasta ahora.

Pero el sector financiero ha quedado otra vez en el ojo del huracán, entre otras cosas, porque entre 2004 y 2006, entidades como Caja Madrid, BBVA, Santander, Banco Sabadell, Caixa Catalunya, Bancaja, Banco Pastor, Unicaja o Popular concedieron a Prasa 1.125 millones de euros para acelerar su crecimiento.

Aunque los préstamos, lógicamente, no son sólo para el desarrollo urbanístico en la Costa del Sol, si la situación se complica para el propietario y presidente de Prasa, la banca puede verse arrastrada. A 31 de diciembre de 2006, la inmobiliaria tenía una deuda a corto con las entidades de crédito de 826 millones, a lo que hay que sumar otros 1.489 millones más a largo plazo.
Endeudamiento elevado

Prasa, que según los últimos datos del Registro Mercantil de Córdoba, facturó 784 millones en 2006, tenía compromisos financieros por un total de 3.957 millones de euros. Con un crecimiento espectacular en los últimos años, la compañía asegura, sin embargo, que "los balances financieros están completamente saneados" e insiste en que "la banca ha dado financiación no sólo a esta empresa, sino a todas las inmobiliarias, gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado hasta ahora el mercado".

En Estepona, la empresa tiene una promoción residencial de 190 viviendas en Playa Ángel, además de otra importante bolsa de suelo adquirida a una promotora cordobesa.

Todo ello al margen de solar junto a la Playa de la Rada, en el que empezó a construir un hotel durante la época del GIL, que ha sido ahora derribado por haber invadido el dominio marítimo y exceder la edificabilidad permitida por el Plan General de Ordenación Urbana.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, la juez instructora del caso Astana, Isabel Conejo, está investigando ahora distintos pagos realizados por el presidente de Prasa al Ayuntamiento con el fin de obtener condiciones ventajosas para sus promociones.

Entre la documentación que se está analizando, aparecen, por ejemplo, tres partidas de 30.000 euros, supuestamente para un programa cultural veraniego, una de 300.000 que sirvió para pagar gastos y nóminas de los cargos de confianza del alcalde, Antonio Barrientos, y un pago de 830.000 euros sobre el que habría más interrogantes. De hecho, el PP de Estepona ha cifrado ya los acuerdos de Prasa con el Ayuntamiento en más de un millón.

Prasa ha defendido en todo momento la gestión realizada y uno de los abogados de José Romero ha declarado incluso que no ve ningún indicio delictivo, ni cargos que puedan prosperar, sino más bien "malentendidos y confusiones".

Según ha dicho, las contraprestaciones por convenios urbanísticos "son contratos privados que se deben cumplir" y que una vez que el dinero se ha ingresado en el Ayuntamiento los responsables de su uso son los concejales del Consistorio.
Prisión para Barrientos

Ayer, la juez Isabel Conejo decretó prisión provisional sin fianza y comunicada para el alcalde, su jefe de gabinete y el ex concejal de Hacienda.

Y mientras tanto, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, entró de lleno en el caso al asegurar que los ediles que no han declarado sus bienes, tal y como ha ocurrido en este caso, "están incumpliendo la ley". Según dijo, todos los consistorios tienen registros municipales para fomentar la transparencia y "evitar y atajar" la corrupción.