(PD/Agencias).- El pasado 10 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP, la llamada ‘Ley del suelo’. El texto definitivo entra en vigor este 1 de julio, una fecha que no ha sido escogida al azar, sino coincidiendo con la constitución de los ejecutivos autonómicos y locales.
Las asociaciones de consumidores y los promotores consideran que se trata de una ley “insuficiente” aunque “bienintencionada”.
El principal aspecto de la nueva ley, o al menos el más destacado por el Gobierno es que se eleva al 30% el porcentaje mínimo de suelo que deberá destinarse a viviendas de protección oficial (VPO) en cada nuevo desarrollo residencial. Además, las ciudades tendrán limitado su crecimiento para “evitar impactos no deseados”.
Por ello, cuando una actuación conlleve un incremento superior al 20% de la población o de la superficie del suelo urbanizado se deberá realizar una revisión global del planeamiento. Con esta medida se pretende evitar hechos como los acontecidos en Seseña con 13.508 viviendas en una ciudad de 13.000 habitantes.
Además, los desarrollos urbanísticos tendrán que someterse a una evaluación ambiental previa y a un informe de sostenibilidad económica, acerca del impacto que tendrá la construcción y el mantenimiento en las administraciones públicas
La nueva ley también aboga, según explican desde el ministerio de Vivienda, “por una mayor transparencia y participación ciudadana”. Por ello, los Planes y convenios se someterán a información pública antes de su aprobación y los Ayuntamientos deberán publicar en la web los planes vigentes y disponer de copias para los ciudadanos.
Otra medida que pretende dar transparencia es que se debe hacer público el nombre de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de los terrenos que se recalifiquen.y generen plusvalías. En este sentido explica la ley, que el suelo se valorará por su valor real y no por sus expectativas de revalorización.
Bienintencionada pero insuficiente
Desde la plataforma por una vivienda digna valoran la nueva ley como “bienintencionada”, aunque explican que “hay que esperar a su aplicación para poder decir si es buena o mala”. En cualquier caso, aclaran, que al haber muchas competencias cedidas a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos “es de esperar que los consorcios más ‘ladrilleros’ intenten buscar trampas”.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) considera que la ley “llega en un momento de transición que siempre entraña una cierta dificultad” y considera que puede encontarse con varias dificultades en su aplicación.
La primera consiste en el nuevo planteamiento para hacer valoraciones, destinado a facilitar la obtención de suelos a bajo, puede dificultar en buena medida la financiación de las operaciones de compra de suelo, tanto por los valores de tasación de los mismos, como por el riesgo de expropiación por un valor inferior al de adquisición.
El segundo gran problema que ven desde Asprima tiene que ver con el límite del 20% de crecimiento de una ciudad. Según la asociación de promotores, “esta disposición, puede convertir en inviables numerosos desarrollos urbanísticos ya previstos en toda España, sin tener en cuenta la relación entre estos proyectos y su entorno”.
Otra gran incógnita que ven es que la ley pretende implantar de manera regular la obtención de licencias de 1ª ocupación previa a la escritura. Una práctica que en su opinión ”no funciona en un plazo adecuado y que puede de facto crear graves problemas para escriturar.”
Jueves, 26 de noviembre
Grupo Cenyt
Juan Carlos Ureta
Luis Llopis Herbas
Jesús Pérez
Ramón Tamames
Luis C. Sánchez
