Cuando una persona dependiente precise una plaza en una residencia, tanto su renta como su vivienda habitual computarán para pagar el coste de ese servicio. Esa es una de las últimas propuestas que ha trasladado el Gobierno a las comunidades autónomas con el fin de desarrollar lo que queda pendiente de la ley de dependencia. La norma entró en vigor el pasado 1 de enero, pero todavía no ha podido aplicarse, ya que falta por resolver precisamente cuestiones tan trascendentales como cuánto pagarán los usuarios por el coste de los servicios que necesiten. Y eso es lo que ahora intenta consensuar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con las comunidades. Lo hará el próximo 18 de abril, dentro del Consejo Territorial de Dependencia.
En esa reunión, el Ejecutivo y los consejeros autonómicos tendrán que zanjar los reglamentos que quedan pendientes de la ley. El Gobierno ya les ha propuesto toda una serie de acuerdos sobre la cuantía de las prestaciones económicas, sobre la acreditación de los centros que se oferten para atender a la dependencia o sobre cuál va a ser el nivel mínimo de protección que esté garantizado para todos los usuarios.
Respecto a cómo medir la capacidad económica de las personas dependientes, que deberán pagar parte de los servicios que necesiten, el Gobierno ha decidido tener en cuenta la renta y el patrimonio. El Ministerio entiende por patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular. Y explica que quedará exento del cómputo patrimonial la vivienda habitual, cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio.
Se entiende, por tanto, que en todos aquellos casos en los que los usuarios se vean obligados a abandonar su casa para ser atendidos, sí se tendrá en cuenta la vivienda a la hora de pagar ese servicio. Y dentro del catálogo de prestaciones que ofrece el nuevo sistema de dependencia, sólo la atención en una residencia exige que el usuario deje su vivienda.
Los que no pagarán el coste de los servicios que reciban, siempre que permanezcan en su domicilio, serán aquellos dependientes cuya capacidad económica sea igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 479,10 euros al mes.
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No entiendo bien lo de la vivienda.
Si una persona necesita ser asistido en una residencia, ¿el estado se queda la casa para costear los gastos de la residencia? Y si hay dos personas viviendo en la casa, marido y mujer y sólo esta necesitado el marido de ingreso, ¿el estado se queda la casa? y si es así, ¿qué hace la mujer? ¿se busca una casa de alquiler?
Domingo, 8 de noviembre
Grupo Cenyt
Luis Llopis Herbas
Juan Carlos Ureta
Jesús Pérez
Ramón Tamames
Luis C. Sánchez
