Asustada por la conmoción que produjo la noticia de que en el borrador de la nueva Ley del Suelo, hay un artículo en el que se prevé que las autoridades puedan expropiar pisos desocupados o forzar a sus propietarios a venderlos, la ministra Trujillo ha recitificado. Ni siquiera transcurridas 24 horas de agitar el fantasma de la expropiación forzosa, María Antonia Trujillo ha salido al ruedo de nuevo, para asegurar esta vez que el Gobierno Zapatero "no expropia ni expropiará pisos" vacíos, sino que contempla otras opciones para incentivar el alquiler. Una más.
Tanto la expropiación como la venta forzosa son dos de las medidas contempladas en el borrador de la Ley del Suelo, que ha sido desvelado por diarios como El Mundo o La Vanguardia.
La ministra de Vivienda, que inauguró este miércoles el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, ha adoptado un tono conciliador poara intentar transmitir la idea de que el objetivo del Gobierno es "incentivar a los propietarios para que los pongan en alquiler", ya sea a través de "ayudas" o bien ofreciéndoles "garantías" del cobro de la renta a través de la Sociedad Pública de Alquiler.
Trujillo reiteraba así lo que poco antes había expresado el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien admitió que el Gobierno trabaja con la idea de "incentivar la ocupación" de viviendas vacías, pero "nunca se ha hablado de medidas de ese tipo", en referencia a la expropiación.
Aunque el vicepresidente segundo señalaba que no tenía "información adicional" sobre las intenciones de Vivienda, dejó entrever su rechazo a que se materializase la posibilidad: "Mi 'feeling' es que no está y no va a estar" en la Ley del Suelo.
El borrador de la polémica
El borrador de la futura Ley del Suelo, con la que el Ministerio de Vivienda pretende frenar la especulación inmobiliaria, impone a los propietarios de pisos vacíos el deber de ocuparlos o alquilarlos. Pero el texto va más allá y deja la puerta abierta para que las administraciones competentes puedan expropiar o aplicar el régimen de venta forzosa a los dueños que incumplan ese deber.
El artículo 9 del borrador, que hace referencia a los deberes y cargas del derecho de propiedad del suelo, se indica cuál es el compromiso que debe asumir el dueño de un bien edificado y desocupado y cuya finalidad última sea una residencia: "El deber de dedicarlo al uso previsto o autorizado incluye el de utilizarlo o ponerlo a disposición de terceros mediante cualquier negocio jurídico".
Estas mismas acciones podrán emprenderse contra los propietarios de suelos y evitar así la retención de parcelas con fines especulativos.
En cuanto a estos mecanismos que el borrador incluye para actuar contra los ciudadanos que no asuman sus deberes, Vivienda eludió ayer hacer comentarios.
Competencia de las comunidades autónomas
Sin embargo, la ministra María Antonia Trujillo sí se pronunció sobre la propuesta defendida el lunes por el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Salvador Milá, que contempla la creación de un registro de viviendas que no cumplan la función social y, en última instancia, la expropiación.
En opinión de Trujillo, son las comunidades autónomas las que deben establecer los mecanismos para garantizar la función social de la vivienda, de manera que la Generalitat puede, en el uso de sus competencias, elegir los instrumentos adecuados para ello.
El borrador de la Ley del Suelo incluye otras novedades con las que el Gobierno pretende combatir la especulación, atajar la subida de los precios del mercado inmobiliario y garantizar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos: cesión de suelo para ayuntamientos, reservas de suelo para VPO, patrimonio de suelo público, régimen de valoración del suelo y cambios en la clasificación del suelo.
Lunes, 6 de julio
Juan Carlos Ureta
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La España olvidada