La perversidad de la política española llega incluso a confundir el verdadero motivo de las necesarias fusiones entre cajas. No es una cuestión de poder político, ni de marcos regionales, ni siquiera de empleados o de mercados cautivos. Es una cuestión de exceso de riesgo y control del crédito. A un político se le cambia de un cargo a otro con un buen sueldo. Y para un empleado de una caja la prejubilación es una bicoca. Pero a quienes han conseguido créditos fáciles y millonarios no les gusta que les cambien el reglamento y el interlocutor.
Pero todo parece que quede disfrazado por la política, cuando en el mercado financiero eso es el chocolate del loro. Como si quieren poner doce consejeros más por caja a cobrar la pasta gansa. La fusión o absorción de unas cajas con otras lleva parejo que sus tripas quedan abiertas ante el Banco de España y ante cualquier observador de sus balances. Y sobre todo resulta que los beneficiarios territoriales de sus activos ya no pueden hacer lo mismo porque la dirección de la entidad ya no es amiga.
Me remito como ejemplo al mercado financiero de la Comunidad Valenciana, pendiente de una fuerte regulación desde hace más de veinte años. La fusión entra la CAM y BANCAJA tiene muchos ángulos, pero los menos importantes son los políticos, la duplicidad del mercado o la excesiva plantilla. Unidas o separadas son cuestiones que tendrán que plantearse tarde o temprano. El PSOE de Alarte no quiere que Josep Catalunya continúe como vicepresidente de Bancaja y el PP no está satisfecho con Modesto Crespo al frente de la CAM. Lo del personal también llegará, porque sobran la mitad de las oficinas y ambas entidades estudian una nueva red de cajeros de nueva generación que solo les falta oler a azahar.
El problema es que ambas entidades tienen una clara exposición de sus riesgos con empresas dominantes de las tres provincias. Y mientras los de Alicante encuentran el crédito fácil en la CAM, en Valencia y Castellón lo tienen en Bancaja. ¿Qué pasaría con una fusión? El tamaño de la entidad resultante supera la capacidad de presión de la mayor parte de esas empresas dominantes. ¡No me lie usted con una fusión!
Y aún es peor lo que está ocurriendo en las cajas rurales, a las que solo mira el Banco de España. Hay casi veinte en la provincia de Castellón, otras tantas en Valencia y media docena en Alicante, con más de 17.000 millones en activos de los que 15.000 son créditos al sector privado. Y a ello añadamos toda la red incorporada virtualmente a Ruralcaja, que ahora quiere crecer hacia Murcia y Baleares. La suma es espectacular, pero la mayor parte de los sumandos están en quiebra técnica, porque nunca podrán cobrar lo que han prestado en los últimos años en Vila-real, Burriana, Alicante o Torrente.
Los jefes locales de cada una de estas cajas huyen de fusiones o absorciones hasta que los echen con agua caliente. No quieren sacar sus vergüenzas, que son muchas. ¡La de despropósitos que se han hecho con la excusa de mantener la caja rural como algo del propio pueblo! ¡No era de los impositores! ¡Era de quienes han controlado el crédito!
Y esos son los problemas para las fusiones; no los políticos ni los empleados. Si alguien estudiara los balances en lugar de los consejos de administración, a lo mejor quedaría todo mejor explicado. Por eso el Banco de España, que los tiene muy estudiados, está pidiendo fusiones a gritos antes de que venga el cobrador del frac a cobrar todo lo que deben.
Sábado, 21 de noviembre
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Vilagarcía na Rede
José Luis Palomera Ruiz
Antonio Javier Vicente Gil
Pedro Fernández Barbadillo
JUAN JULIO ALFAYA