Días pasados publicaban los diarios las fotos de un motín de inmigrantes en un llamado centro de acogida en Lampedusa (Sicilia). Las diferencias serán las que se quieran, pero ni aún así alguien elevó la voz para reclamar atención sobre un hecho que mañana mismo puede ocurrir en España. ¿Alguien se va a plantear de verdad qué va a pasar con los miles de inmigrantes que van a quedar sin trabajo ni prestación de desempleo en los próximos meses? Nadie quiere valorar este hecho y todos prefieren esconderse bajo el paraguas de lo políticamente correcto.
En cualquier provincia española que en los últimos años ha sido receptora neta de inmigración de cualquier parte del mundo hay ahora docenas de ERES autorizados, otros que ocurren por bajada total de la persiana de la empresa y muchos que no son ni siquiera expediente de regulación de empleo: se acabó la obra y en paz. Esto provoca que por encima de las estadísticas oficiales los parados crezcan de forma exponencial con la única expectativa de que les alarguen la prestación por desempleo, que es la única reivindicación sindical y la única política anticrisis de Zapatero.
Los parados españoles lo llevan crudo. Pero aún peor los parados inmigrantes, que no tienen siquiera ni el colchón familiar para comer de caliente o dejar los niños mientras viajan por España en búsqueda de un jornal. Y esos inmigrantes parados tienen todavía tarjeta de residencia porque tienen prestaciones. Pero cuando esta se acabe pierden también la residencia. ¿Qué pasará entonces con ellos? Por eso el ministro Rubalcaba sabía lo que hacía cuando ordenó a la policía que vigilaran este extremo, aunque tuvo que rectificar por aquello de las voces correctas que pedían negar lo evidente.
En un año habrá más de un millón de inmigrantes en paro y sin tarjeta de residencia. Ilegales aunque si quieren lo disfrazamos y decimos “sin papeles”. Cruz Roja, Cáritas y otras ONG anuncian que ya no llegan a dar de comer ahora a todos los que se presentan en sus puertas. Y los bancos y cajas también aclaran que no están dispuestos a dejar pasar un mes sin cobrar la hipoteca porque saben que este colectivo tiene difícil reubicación laboral. Lamentablemente no pueden pagar ahora y no podrán pagar luego. Es muy duro, pero es así.
¿Qué hacer? Podemos recurrir a toda la solidaridad progresista al uso o a la caridad cristiana en desuso, pero el problema continuará existiendo. ¿Quién da de comer a esos miles y miles de personas? ¿Dónde viven? La sanidad y el colegio son gratis, pero el mercado y los zapatos se pagan. Puede ocurrir que Rubalcaba ordene meterles a todos en aviones, barcos y autobuses y devolverlos a su país. Y puede que acaben construyendo centros como el de Lampedusa, que ya los hay por la geografía española disfrazados de otros nombres. O puede que no miremos y ni siquiera los veamos pasar desvalidos por nuestras calles, calmando nuestra conciencia porque no los hemos expulsado de España. Pero atentos porque en la puerta tenemos un conflicto social de enormes dimensiones. ¿Han visto las encuestas que destacan el crecimiento de la xenofobia entre los grupos sociales de menor cultura y menor capacidad adquisitiva?
Jueves, 31 de mayo
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Antonio Cabrera
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
Julio César Izquierdo
José Pómez