Mi madre me repetía una y otra vez: “hijo, haz unas oposiciones y te haces funcionario, que es lo más seguro.” Pero no lo hice caso y aquí estoy metido en la crisis como todo hijo de vecino menos los funcionarios. Porque resulta curioso que mientras la crisis (esta y las anteriores) recorre la espina dorsal de familias, jóvenes, viejos, emprendedores, mujeres, hombres y clases pasivas, quienes no temen por el futuro son los funcionarios. ¿Por qué hay unos españoles con más privilegios que otros?
De acuerdo con esa tesis de que han perdido capacidad adquisitiva porque no les han subido los sueldos como ha ocurrido con el resto de los españoles. Pero hasta este principio es falso por la tasa correctora que supone la seguridad en el contrato. Las empresas que no bajan en bolsa son aquellas que tienen ganadas adjudicaciones de explotación de algo por veinte o treinta años. Un seis u ocho por ciento de beneficio en estas condiciones supone más que un doscientos por cien en unos cuantos años. El mucho o poco sueldo de los funcionarios es compensado con la seguridad en el trabajo incluso en tiempos de un tsunami económico.
No voy a discutir la necesidad de la maquinaria administrativa, pero al igual como ocurre con las universidades, la justicia o la sanidad pública resulta una afrenta para el resto de los españoles que millones de personas puedan desarrollar mejor o peor su trabajo sin que haya control alguno de sus gastos, inversiones o productividad. Hay que despedir a los grandes directivos de empresas que las llevaron al colapso financiero por culpa de sus ambiciones y primas excesivas. ¿Pero por qué la función pública está exenta de apretarse el cinturón?
Y mi planteamiento no es reducir el capítulo uno, bajando más los salarios o reduciendo la plantilla. Hablo de poner la función pública a la altura de las circunstancias. Ya lo he comentado alguna vez. Se deciden medidas de austeridad para empresas y los autónomos no tienen ni derecho al paro, pero en la universidad española nadie controla el gasto ni el exceso de inversión suntuaria o la escasa productividad de algunos departamentos y catedráticos. Y lo mismo en la sanidad pública, la enseñanza o la función pública. Y que nadie pervierta lo que digo acusándome de defensa de las privatizaciones. Es todo lo contrario. La iniciativa privada es necesaria cuando fracasa la pública.
La función pública española es la misma que denunciaba Larra, aunque haya miles de funcionarios que se empeñan mejorar las prestaciones. Pero ni con estas alcanza un mínimo de eficacia. Por eso resulta doblemente gravoso que en tiempos de crisis, en las que todos debemos cambiar nuestro modelo de trabajo para adaptarse a los nuevos tiempos, millones de personas siguen haciendo lo mismo que hace veinte o cien años sin que les afecte crisis alguna, la catarsis que hunde y renueva empresas o el nuevo sistema financiero mundial. Por eso debería haber hecho caso a mi madre y ser funcionario. No tendría que preocuparme por hacerle la pelota al director del banco.
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Pues me lo voy a pensar.
¿Hay que estudiar mucho?
¿Hay que saber lo que es el cáculo del riesgo de un avala? ¿O no hace falta porque no valoran la crisis?
Si no le ponen a dedo de asesor algún político, todavía está a tiempo de preparar unas oposiciones. Podría presentarse hasta con 64 años de edad. ¡Ánimo!
Jueves, 31 de mayo
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Antonio Cabrera
Manuel Molares do Val
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
Miguel Barrachina
Julio César Izquierdo
José Pómez
Jesús Montesinos
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