Quién nos iba a decir, cuando defendíamos y aprendíamos el catalán, leíamos a Castelao o estudiábamos esas pequeñas joyas arqueológicas que son el bable o la fabla, que acabaríamos pidiendo protección ¡para la lengua española! Que además, y para muestra del cumplimiento de la ley en la vieja España, es la única lengua oficial del Estado. No permitan seguir siendo engañados: hay lenguas cooficiales en algunas regiones, todas ellas minoritarias como lenguas maternas -salvo en Galicia- con respecto al español, pero ninguna otra es oficial en España como tal.

Ni podrían serlo, pues no se hablan más allá de sus ámbitos territoriales y sólo por una parte de sus habitantes. Y un recordatorio: el primer régimen que proclama al español como lengua oficial de España es… ¡la II República!

No hay una muestra más contundente de nuestra descomposición que la evidencia de que si hoy puede hablarse de una lengua perseguida en España, esa es el español, la vieja lengua nacida en Castilla que hace muchos siglos que desbordó su ámbito primitivo y se hizo hija de todos y lengua común.

Esta es la situación que han denunciado los perseguidos en todas las regiones donde la alianza inconcebible de los diversos nacionalismos y las izquierdas, bajo la mirada indolente de la derecha, ha conducido a los castellanohablantes a verse discriminados y ofendidos si pretendían para su lengua respeto e igualdad.

Insistamos: no piden privilegio alguno, ni siquiera igualdad real: se conformarían con la aceptación de que su lengua existe, con que tuviera presencia real en la enseñanza (siquiera el 25% que la administración niega radicalmente a los ciudadanos que lo han solicitado para sus hijos), que fuera utilizable ante las administraciones o ante el médico, a los que se vigila para que no usen el español ni en las consultas. Es muy simple: poder ser, por ejemplo, catalanes hablando español o llamándose Pedro y no Pere, sin ser considerados sospechosos por la casta dominante.

Asociaciones (castellanohablantes.es) de todas las comunidades con dos lenguas oficiales han presentado hace unos días el siguiente manifiesto, cuya parte final se incluye a continuación. Y fíjense en que sus demandas se refieren a todas aquellas cosas de las que hoy están privados. Y a las que los candidatos a la Presidencia del Gobierno no han dedicado en el debate ni un segundo, en una prueba más de que la miseria y la cobardía llevan a España al basurero de la Historia otra vez. Les dejo con la parte final de su manifiesto.

“POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CASTELLANOHABLANTES EN TODA ESPAÑA (…):

1. Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.

2. Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:
a. El derecho a recibir la enseñanza en castellano.

b. El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendidos en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas.
c. El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.
d. El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.
e. El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.
f. El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.

3. Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.

4. Que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.

En Madrid, a seis de junio de dos mil dieciséis”.