Hace poco más de un año, el 26 de octubre de 2013, publiqué este artículo en papel.

Pasmo produce el ostentóreo (feliz dislate de aquel precursor malayo que fue Jesús Gil) silencio del presidente del Gobierno español ante el enésimo intento del catalanismo de someter al resto de los españoles, de consolidar legalmente la situación de preeminencia y control de España como mercado cautivo de que vienen gozando ya más de un siglo. Limitarse a algunos mensajes indirectos o a una protocolaria carta, que podría imitar muy bien si siguiera vivo el gran Miguel Gila (“Oiga, ¿está la independencia? Dígale que se ponga”), no basta en absoluto. Y no basta porque lo que los españoles, de aquí, pero sobre todo los de allí, los catalanes, necesitan es que alguien con autoridad desmonte una por una las falacias, insidias, mentiras e insultos que llevamos soportando desde hace ya demasiado tiempo, y que se han incrementado exponencialmente en cuanto los separatistas han olido la sangre débil del manso.

Es cierto que el silencio de Rajoy puede llegar a desconcertar al separatismo, pero también nos está desconcertando a todos los demás. Y, sobre todo, puede ser interpretado al gusto. Como silencio culpable, por ejemplo, que ni siquiera se ha atrevido a recordar que fueron Zapatero y Maragall los responsables del entuerto. Dícese, al contrario, que el PP es el culpable del crecimiento del independentismo catalán por haber interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut y negarse a darles la independencia. Curioso razonamiento. Cuando los vascos, o los gallegos, que ya han empezado, planteen su independencia, lo que hay que hacer es dársela antes de que crezca la demanda. Fenómeno que podríamos resumir como inteligencia española, ya un oxímoron. Y sin embargo, el Gobierno de Rajoy es, efectivamente, muy culpable del crecimiento del separatismo, pero no por no haber cedido aún, sino por no haber desenmascarado los infundios que han terminado por calar en un pueblo catalán que ha venido siendo abonado durante treinta años, desde la enseñanza y los medios de comunicación, para lo que hoy sucede.

Se podrían haber hecho muchas cosas. Desde recordarles que el Estado autonómico, carísimo, se hizo por ellos y para ellos, y que resulta mezquino que hoy exijan un estatus de singularidad en el que nadie pueda ser como ellos, lo que podríamos denominar como el síndrome de la madrastra de Blancanieves, en el que el espejito mágico es Madrit; hasta obligar a cumplir las sentencias y haber suspendido la autonomía por desacato a la Justicia. O haber desmontado el “España nos roba” con una simple difusión de las cifras reales, las balanzas comerciales o el hecho de que Cataluña es hoy la cuarta autonomía mejor financiada (¿qué pasa con la identidad, el reconocimiento o las infraestructuras de regiones secularmente olvidadas por ese triángulo oligárquico Madrid, Bilbao, Barcelona, que todo se lo reparten desde la Restauración?). Y, de paso, recordarles a las izquierdas que adherirse a una campaña en la que los ricos reniegan de compartir su destino con los pobres es, sobre miserable, suicida.

Al contrario, hasta hoy lo único que se ha hecho es callar y otorgar.

Pero lo que no se puede hacer, en modo alguno, es ceder ante un derecho a decidir cuya formulación misma ya encierra una infamia moral y política: que unos pocos tengan derecho a decidir sobre lo que afecta a todos, y que legalmente constituye un golpe de Estado. Transgredir la ley en nombre de cualquier causa superior ha sido siempre la excusa por definición de los golpistas de toda laya. El nacionalismo catalán alega hoy, para destruir la democracia, nada menos que la defensa del derecho democrático a expresarse. Sólo ellos, claro. Y sin embargo, la democracia no es otra cosa que la ley, el respeto a la ley votada por todos, pacto que sólo puede ser variado igualmente por todos. Y que de ser traicionado, pone a quien lo traiciona fuera de la ley. Eso, y no otra cosa, es lo que se llama un golpe de Estado: la imposición, a través de la algarada y la revuelta callejera, de una decisión ante la que saben que nadie en España está dispuesto a iniciar un conflicto civil.

El llamado derecho a decidir, por tanto, no puede ser ejercido más que como golpe de Estado. De hecho, su mera convocatoria haría innecesario ese ejercicio, puesto que en sí misma supondría la afirmación de una nueva soberanía segregada, una nación otra: un referéndum sólo para ellos supondría de facto la independencia. De lo que sí habría que advertir, sin embargo, es de que esa independencia ejercida por el mero hecho de votar les serviría para separarse del Estado español (de España no tienen manera de irse). Pero en ningún caso para seguir en él. Eso sí que tendrían que preguntárnoslo a los demás. Y arriesgarse. O ya que nos declaren siervos. Hace ciento cincuenta años que lo somos.
La Gaceta, Sala Vip, 26 de octubre de 2013.