La Dictadura Difusa

Seguramente, la transformación de nuestra democracia en el actual chafarrinón nazi-estalinista que sufrimos, comenzó el día en que el PSOE aplastó la separación de poderes convirtiendo la Justicia en un adminículo del Ejecutivo. Aquella muerte de Montesquieu que cantó Alfonso Guerra, empieza hoy a dar sus mejores frutos para los nuevos socialistas que han hecho de ‘Arfonzo’ un mayordomo fantasma. No estoy diciendo que estemos ante una dictadura en plenitud, pero sí que lo que se ha construido estos últimos años es una federación de pequeñas tiranías populistas, más próximas, por supuesto, a nuestra tradición hispanoamericana, hortera y caudillista, que a una democracia liberal (palabra ésta, liberal, de curioso origen español, pero que aquí sigue produciendo sarpullidos).

Las dictaduras también nombran directamente a los jueces. Las leyes son, además, dictadas por el tirano. Y, en último extremo, el tirano es la ley. Hace treinta años creímos despedirnos para siempre de un régimen que perseguía a sus adversarios políticos, controlaba la información, administraba a su capricho el erario público y enriquecía y concedía prebendas y privilegios a sus afectos. Y ahora, al escribirlo, parece que estamos describiendo la actualidad.

La variante sutil a que hoy nos enfrentamos, esa dictadura difusa y multiplicada en minireichs regionales, no arremete abiertamente contra el adversario: una vez domeñada la justicia, dicta las leyes gracias a las nuevas mayorías tripartito-mafiosas y las usa e interpreta a capricho. Se manifiesta en tres modalidades. Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, con la elaboración directa de leyes y órdenes liberticidas como la creación del Consejo (había escrito comité, que es lo que le pega) Audiovisual de Cataluña, el hoy tristemente famoso CAC, organismo creado para silenciar a los medios disidentes; o las leyes de inmersión lingüística, cuya finalidad es la exclusión del español para la articulación de nuevas naciones alrededor de una lengua, un pueblo, una nación, un estado, típicos lemas de inocultable aroma. O con leyes enemigas de la igualdad entre los españoles como el Estatut. Así, el mismo Gobierno de Rodríguez ZP que lo impulsó y lo aprobó, dice hoy que se ve obligado a invertir más en Cataluña, porque hay una ley que se lo exige. Con un par de cojones, sí señor: hago una ley contra media España y después alego que me veo forzado a cumplirla.

En segundo lugar, con lo que llamaremos la Second Spain Life, una España virtual en la que los gobiernos pueden incumplir las leyes, incluso las dictadas por ellos mismos, y las sentencias judiciales que se escapan a su control, sin que el asunto tenga consecuencia alguna. Basta con negar la realidad. Así lo hacía semanas atrás el nuevo ministro charnego, Celestino Corbacho, cuando se le reprochaba que uno de los coadyuvantes de la crisis era la muerte de la movilidad laboral de los españoles castellanohablantes, imposibilitados para trabajar en las comunidades social-nacionalistas.

La respuesta de Corbacho fue, sencillamente, genial: eso no era verdad porque lo prohíbe el Estatuto de los Trabajadores. Daba igual que acabaran de echar a una cuidadora de niños en Barcelona por ‘entenderlos’ cuando le pedían pis en español, en lugar de afearles la conducta y forzarlos a mear en catalán. Si la realidad demuestra que no se cumplen las leyes, se ignora. Lo mismo que hace el tripartito catalán con las sentencias sobre el derecho a estudiar en la lengua materna, y hasta con la orden del Gobierno ZP sobre una tercera hora de español en los colegios catalanes.

Y en tercero, con las ‘leyes semáforo’, aquello que dijo el Fiscal General del Estado (el responsable de defender la ley, que tiene huevos), de que las leyes tenían que adaptarse al polvo del camino. Todo el proceso de legalización de Batasuna-ETA, para ilegalizarla después, según conveniencia del ejecutivo, ha sido de una obscenidad majestuosa, además de confirmar los tradicionales argumentos de los terroristas para sostener el victimismo ante su público. Por no entrar en lo de ZP, “los vascos serán lo que quieran”, pactarlo, según testimonio del PNV, en las conversaciones de Loyola, para luego dar marcha atrás no por la manifiesta ilegalidad de la promesa, sino por mera táctica.

Sin embargo, en los últimos días, la dictadura difusa ha empezado a hacerse visible, candente, sonante, rapiña incluida. Hace muchos años que lo era en las Vascongadas, donde a los disidentes se les pega un tiro y punto, para que no haya dudas. Ahora brota ya en Cataluña, en Baleares, en Galicia. Y lo que era persecución lingüística, con pintadas en las puertas de los responsables de la gallega Plataforma por el Bilingüismo, insultos en la Diada, denuncias y multas, se ha hecho esta última semana mordaza y agresión.

El cierre de emisoras de la COPE y Punto radio (más exactamente, de Onda Rambla, propiedad de Luis del Olmo, el primer colaboracionista al que le llegan los efectos del régimen que hasta ayer defendió) es el equivalente a la voladura del diario Madrid que llevó a cabo el franquismo; o al cierre de emisoras del dictador venezolano Chávez, tan querido en Cataluña.

Pero donde la dictadura difusa se ha hecho carne, ha sido en la agresión a los militantes de Ciudadanos por parte de las ‘juventudes hitlerianas’ que el nacionalismo catalán y la Logse han criado durante estos años. Como ha dicho Arcadi Espada, ya no por decir algo contrario a los energúmenos, sino por estar allí, por existir, por ser. O mejor por no ser nazionalistas. Sin más. Y ante la inacción de esos mozos de escuadra -cuyo nombre me recuerda siempre a un grupo de tiradores de soga- que cobran un millón más al año que un policía nacional.

No resulta extraña, así, la obsesión de Zapatero y su régimen por regresar setenta años atrás. No es una maniobra de distracción, como arguyen muchos con ligereza. Es todo un proyecto de reeducación, típico de las tiranías totalitarias que tan reveladora nostalgia despiertan hoy (como tras el 29), para que vayamos acostumbrándonos a que el futuro es el pasado.

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