Audiovisual Legal

Díez & Romeo, las claves de la nueva radiodifusión digital

24.04.18 | 16:38. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora

Los abogados Díez & Romeo, Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo, han realizado un informe sobre las barreras de los nuevos medios en el ciberespacio. Las nuevas redes ultrarrápidas van a modificar la configuración de las emisoras, algo que se prodigará especialmente en la radiodifusión.

Según Jaime Rodríguez, responsable del área audiovisual de Díez y Romeo, "la nueva regulación posibilita consolidar las actividades de promoción e impulso de la radio digital. La finalidad perseguida es:

• Incrementar la oferta de aparatos receptores (una vez despejadas las incertidumbres tecnológicas), y teniendo en cuenta además de los receptores portátiles, otros dispositivos como equipos de música, autorradios, teléfonos móviles, MP3, MP4, etc. Algo que es patente a día de hoy.

• Estimular por parte de las concesionarias de licencias de radio digital terrestre, la emisión de contenidos de calidad y diferenciados respecto de los que se emiten en la actualidad en la radio analógica.

• Buscar acuerdos con la industria del automóvil para que los vehículos incluyan sistemas capaces de sintonizar la radio digital."

La abogada Paula Romeo ha analizado el impacto de las nuevas licitaciones audiovisuales. En sus conclusiones se menciona que en los últimos años, cada vez hay más casos en los que las convocatorias de concursos públicos audiovisuales no exigen garantías para participar. Extremadura con la TDT y Castilla y León con la Radio FM, decidieron no requerir avales para licitar. Navarra exigió garantías de cuantía muy baja en el último concurso de licencias Radio FM.

Además, la letrada de Díez y Romeo ha resaltado la posibilidad de una activación de la radiodifusión digital que se inicio con la tecnología Digital Audio Broadcasting (DAB).

Paula Romeo en sus conclusiones afirma que “desde algunos estados de la Unión Europea se están materializando las condiciones para el establecimiento de una fecha de apagado analógico de la radiodifusión sonora terrestre (FM y onda media)”. En este sentido, hay que recordar que en enero de 2017 Noruega apagó las emisiones de radio FM.

Los operadores tendrán que progresar en la digitalización de la FM y Onda Media con tecnologías propias. Y no sólo con las tecnologías DAB+ y DRM+ que, en algunos casos, se han visto superadas.

Por eso, la clave para desarrollar la radio digital es la colaboración entre todos los agentes implicados tal y como han seguido los diversos países europeos, donde la DAB cuenta con un avanzado grado de implantación.


Se declara desierto el concurso licencias FM Navarra

16.04.18 | 03:06. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

El concurso de licencias FM de Navarra se declara desierto tras la reunión de la Mesa de Valoración celebrada el 27 de marzo de 2018. Con esta decisión se quedan sin adjudicar las 2 licencias radiofónicas de Auritz/Burguete a las que optaban cuatro entidades.

La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha dictado la Orden Foral 12/2018, de 28 de marzo, por la que se resuelve el concurso de radios convocado por la Orden Foral 31/2017, de 7 de agosto. En esta decisión se recoge la propuesta de resolución para que se declaren desiertas las licencias audiovisuales radiofónicas en las frecuencias 93.2 MHz y 97.9 MHz de Aurtiz/Burguete.

I.- Motivos.

Según el análisis del órgano de evaluación ninguna de las ofertas presentadas alcanzaba la puntuación mínima del bloque de programación radiofónica establecida en las bases. Se exigía superar 45 de un total de 70 puntos y, bajo el criterio de la Mesa de Valoración, las 4 propuestas no consiguieron llegar a la puntuación mínima.

Tras las consideraciones jurídicas correspondientes, la decisión ordena:

1.- Declarar desiertas las frecuencias 93.2 FM y 97.9 FM de Auritz/Burguete.
2.- Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de Navarra y en el portal del Gobierno de Navarra en internet, www.navarra.es.
3.- Notificar esta Orden Foral a los interesados y al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD).

Los interesados pueden interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

II.- Devolución de garantías: se recomienda solicitarlo.

Una cuestión de mucha importancia que los licitadores necesitan saber es qué ocurrirá con las garantías provisionales depositadas en su momento (ya sea aval o depósito en metálico). Y en este sentido, todo apunta a que el ejecutivo devolverá las fianzas a sus titulares una vez sean notificados de la resolución que pone fin a la licitación. Lo más importante en estos casos es, según expertos en contratación pública, que los solicitantes no mantengan una conducta pasiva ante la administración y procedan a solicitar la devolución antes que esperar. No hay duda alguna sobre la devolución de garantías, pero en supuestos similares una petición por escrito ha agilizado los trámites de reintegro de avales y depósitos. La solicitud de devolución, ya sea por comparecencia in situ en la sede del órgano de contratación o por escrito formal, ha de ser efectuada por el legítimo representante legal. La devolución de avales o efectivo (a pesar de las cantidades) es algo bastante serio como para no cumplir la requerida formalidad.

III.- El nuevo concurso de licencias de comunicación radiofónica en Navarra.

Con respecto a la convocatoria de un nuevo concurso público de licencias de radio FM, el artículo 27 de la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual determina que cuando una frecuencia se deje de otorgar hay que publicar una nueva convocatoria. En el caso de Navarra todo indica que las 2 frecuencias de Burguete y la de Pamplona volverán a salir a licitación próximamente.


Drones y grabaciones subidas a redes sociales: Sanción anulada por Díez y Romeo

11.04.18 | 10:38. Archivado en Tribunales, Noticias

Los letrados de Díez y Romeo, Jaime Rodríguez y Paula Romeo han conseguido la anulación de la sanción impuesta a un operador de Drones. Fue el pasado 22 de marzo de 2018, y la razón: que el visionado de videos por internet no acredita el vuelo de Drones. Esto es, los visionados de vuelos realizados por los drones no garantizan la autoría de la infracción aeronáutica.

1.- El inicio del expediente.
Los hechos se remontan a una denuncia poniendo en conocimiento un supuesto vuelo de RPA prohibido por la normativa. En concreto, se le acusaba de sobrevolar dentro de la Zona de Control (CTR) del Aeropuerto de Valencia, donde existe una prohibición de vuelo desde superficie a los 6000 pies sobre el nivel del mar.

Tras la incoación del expediente sancionador, se abrió el período de prueba donde se practicaron diversos medios probatorios a la luz de lo establecido en el expediente. Una vez terminado el trámite, el operador de Drones volvió a plantear las correspondientes alegaciones que, en segundo término, fueron admitidas.

Los argumentos dados por el operador RPA, con la asistencia de Díez y Romeo, fueron los siguientes: En primer lugar, no existen pruebas de cargo para la imputación de los hechos al piloto. Al mismo tiempo, la visualización de imágenes (videos) recabadas de los perfiles de internet, no son prueba suficiente. También era clara la falta de personación in situ por los funcionarios y tampoco se ofrecía la identidad del denunciante al presunto infractor.

2.- El sobreseimiento de expediente
Una vez analizados los argumentos y la documentación presentada por el operador de Drones, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha decidido archivar el expediente.

En la resolución se señala que “esta Agencia considera que en el presente procedimiento sancionador no constan pruebas suficientes que acrediten que fue el interesado el que operó el RPA, al no constar el reconocimiento expreso de éste respecto de ninguno de los hechos imputados y sin que la visualización de las imágenes recabadas de internet pueda deducirse de manera indubitada” que fue el piloto imputado y no un tercer piloto el que efectuó el sobrevuelo investigado.

Durante varios años, era una práctica habilitar tramitar las denuncias que se hacían en base a los vuelos que los operadores de Drones colgaban en sus perfiles de la red (Facebook, Twitter, etc…). Y muchas veces, esos expedientes acaban en sanciones. Ahora parece haber un cambio de criterio en la AESA.
Expresamente, la AESA ha considerado las alegaciones del operador y ha decidido declarar el sobreseimiento del procedimiento al no considerar suficientemente probado que el inculpado operase el RPA cuyo video pudo visualizarse en el perfil de internet.

Hay que recordar que recientemente el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 1, dictó una Sentencia que anula una sanción impuesta por AESA sobre la base de visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario.

3.- Ya había un antecedente judicial
Esta doctrina ha entrado de lleno en el sector de los Drones en favor de los operadores que se encuentran incursos en expedientes sancionadores de AESA.
Los letrados que dirigieron la defensa del operador de Drones, Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, de Díez y Romeo Abogados, declaran que es grato ver como AESA se hace eco de la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 1, (también obtenida por Diez & Romeo), clave en las sanciones sobre el visionado de videos por Internet.

Para Jaime Rodríguez “esta resolución supone la aplicación del criterio sentado por la Sentencia de 7/7/2017 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 1, relativa a la imposibilidad atribuir responsabilidad administrativa exclusivamente por el visionado de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario (obtenida también por el despacho.

También señala que “desde entonces la AESA ha sido mucho más cautelosa a la hora de sancionar por el mero visionado de grabaciones realizadas por Drones. Los operadores de Drones (RPA) tienen por costumbre subir sus videos a las RRSS (Instagram, Facebook,….)”.
Y recuerda que “muchas de esas imágenes son vuelos sobre aglomeraciones de personas y edificios (grabaciones que antes estaban prohibidas y ahora, con la nueva regulación, precisan de una autorización concreta). La practica de AESA era utilizar esas imágenes que están en las RRSS como prueba para sancionar”.

4.- Sentencia importante que lo cambia todo

Para Rodríguez, la citada sentencia “de 7/7/2017 y esta resolución administrativa se ha constatado el cambio de criterio de la AESA en el ejercicio de la potestad sancionadora en lo que al visionado de imágenes se refiere. Muchos operadores de drones ante la apertura de un expediente sancionador de ésta índole (visionado de imágenes) reconocían la responsabilidad y pagaban la sanción. Ahora con estas resoluciones se ha visto que éstos expedientes tenían una finalidad casi confiscatoria”.

A juicio de este abogado hay que señalar que muchos operadores de drones están dirigidos por gente muy joven y muy preparada en el ámbito aeronáutico y técnico (pilotos y expilotos, ingenieros, fotógrafos, productoras …etc.) y en cuanto abordan un asunto así, creen que es mejor reconocer la responsabilidad que combatir este tipo de sanciones, y los resultados nos han dicho que los expedientes no están correctamente tramitados”.

En su opinión, “la regulación es férrea y muy rigurosa en general y en particular a la hora de efectuar grabaciones sobre aglomeraciones de personas y de edificios ¿Qué es lo que ocurre al ser tan dura? Que, a pesar de ello, muchos operadores del sector pese al riesgo de ser sancionados continúan trabajando. Al haber al haber tanta rigurosidad el número de expedientes sancionadores es muy alto, y esto conlleva a que se tramiten defectuosamente”.
Este jurista es partidario de una legislación más flexible “que mantenga las garantías de la seguridad en los vuelos. Se trata de un equilibrio entre seguridad de los drones y una flexibilización mayor en las autorizaciones”.

Para Rodríguez, “no se trata de que traten 6 meses en darte una autorización para grabar en la Plaza de España, se trata de que se otorguen las autorizaciones con mayor celeridad. Sin tanta exigencia habrá menos expedientes sancionadores y se reactivará mucho más el sector drones”.


Diez y Romeo analiza la nueva televisión insular de Tenerife

18.02.18 | 14:11. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los abogados de Díez & Romeo, Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo, han analizado el Reglamento que regula la nueva televisión pública del Cabildo de Tenerife. A las dos televisiones privadas insulares, se les une este canal público que sitúa a Tenerife como la única isla con tres televisiones de cobertura insular.

El reglamento publicado en el BOP de Tenerife de 16/2/2018, cuenta con 27 artículos, distribuidos en 5 títulos, una disposición adicional, una transitoria y una final. El análisis de Díez y Romeo señala que entre los distintos bloques normativos, destacan los siguientes.

1.- Los aspectos generales de la nueva televisión pública. -

El objeto de la nueva televisión pública será la producción, edición y difusión en abierto de un canal temático de televisión de programación diversa para todos los públicos. El ámbito de cobertura técnica se circunscribe a la superficie de la isla de Tenerife.
Se pondrá especial énfasis en los contenidos informativos, culturales y educativos sobre la sociedad tinerfeña. Así mismo el Reglamento señala que se impulsará la sociedad de la información, el pluralismo.

La televisión insular del Cabildo de Tenerife será gestionada por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. (ITER, S.A.). Se trata de una empresa pública insular, con forma de sociedad anónima, cuyo capital social es íntegramente de titularidad pública.
El ITER, S.A., será autónomo en su gestión y actuará con independencia funcional del Cabildo Insular de Tenerife.

2.- Forma de prestar el servicio de televisión pública insular.-

La televisión insular del Cabildo se emitirá en la TDT de la demarcación TL07TF, concretamente en el múltiple digital 47. Desde un punto de vista organizativo la emisora se integrará en la Consejería de Cultura y Educación del Cabildo.

Las emisiones se iniciarán tras la entrada en vigor del reglamento. Además, el inicio efectivo de la actividad se condiciona a las siguientes actuaciones:
• La aprobación, por el Cabildo, del Mandato-Marco regulador de los objetivos generales de la televisión insular.
• La aprobación por la Comisión Plenaria del Gobierno Abierto, Tenerife 2020, los criterios rectores de la dirección editorial del canal público.
• La suscripción del contrato-programa

En relación a la regularidad de la actividad, con carácter general, se exige que la televisión pública insular emita las 24 horas durante los 365 días que tiene el año. Sin embargo, se prevé que por razones de eficiencia y economía, se limiten las emisiones a una parte sustancial del día. Eso sí, siempre de forma continuada.

3.- La regulación de contenidos. -

Los artículos 24 y 25 del reglamento se destinan a regular la programación de la televisión pública insular de Tenerife.
En este sentido, la producción y programación deberá respetar lo establecido en el Mandato-Marco y en el contrato-programa, así como los objetivos y funciones de servicio público, muy distintas de las televisiones privadas.

El contenido de la programación será insular y preferentemente de carácter educativo y formativo. Se prevé que deba abarcar algunas de las siguientes áreas:
• Información de actualidad.
• Deportes.
• Innovación.
• Cultura.
• Formación.
• Retransmisiones de Información general.
• Retransmisión de eventos de interés social e insular.
• Educación.
• Infancia y Juventud.

Se contempla la obligación de emitir un espacio informativo diario de una duración mínima de 15 minutos para cubrir las noticias y acontecimientos de interés dentro de la demarcación insular. Estos informativos deberán emitirse entre dentro de la franja horaria comprendida entre las 13 y las 16 horas, y entre las 20 y las 24 horas.

La importancia del contrato-­programa será capital, según Díez y Romeo. Éste será firmado entre el Presidente del Cabildo de Tenerife y el ITER, S.A., y deberá contener, al menos:
• Los objetivos específicos a desarrollar por la televisión durante un período de 3 años.
• Las aportaciones con cargo al presupuesto del Cabildo destinadas a la televisión pública.
• Los medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones económicas.
• Las consecuencias del incumplimiento de los compromisos acordados.
• El control del cumplimiento del contrato-­programa y de sus resultados.

4.- Prohibición de comunicaciones comerciales. -

En cuanto a las formas de publicidad, la nueva normativa es bastante clara. La televisión pública insular solo podrá emitir publicidad institucional del Cabildo de Tenerife y sus empresas o entidades dependientes. El reglamento somete cualquier espacio publicitario a los postulados de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Además, se establecen unos principios a respetar cuyo incumplimiento acarreará serios problemas.
La publicidad institucional en periodo electoral estará limitada. No obstante, se habilitarán espacios gratuitos de propaganda electoral previa aprobación de la Junta Electoral Central o Provincial.
El art. 12 d) del Reglamento, en consonancia con la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), establece que queda prohibida expresamente la emisión de comunicaciones comerciales

5.- Intervendrán en la gestión empresas privadas

El art. 40.2 de LGCA establece que las CCAA que cuente con televisiones públicas podrán gestionarlas de forma directa por sus propios órganos, o a través de gestión indirecta. Esto último significa la intervención de empresas privadas en la producción y edición del canal. Teniendo en cuenta que sólo hace referencia a las televisiones autonómicas, no insulares, hubiera sido clarificador que el Reglamento se pronunciara sobre si el ITER, S.A., puede ceder la gestión de la televisión pública a la iniciativa privada.

El preámbulo si menciona lo contemplado en el art. 40.2 de la LGCA, en cuanto a la externalización de los servicios televisivos, pero en su contenido material del Reglamento no se establece el procedimiento para que entidades privadas participen en la gestión de la televisión insular pública.


Licencias radio FM País Vasco: Revisión de actuaciones

10.02.18 | 11:07. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Las licencias FM en País Vasco han sido objeto de análisis por Díez y Romeo Abogados. El 9 de febrero de 2018, se ha publicado en el BOPV el inicio del procedimiento de revisión de la renuncia a la adjudicación de las licencias FM. Se trata del Acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado en su sesión celebrada el día 23 de enero de 2018.

Aquí se puede obtener la decisión: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800739a.shtml

Según Díez & Romeo, Con esta actuación, se abre la posibilidad de que las emisoras intervengan por medio de 2 vías.

La primera afecta a las empresas que en su día se presentaron al concurso convocado en el 2012. Tienen 15 días para presentar alegaciones y defender así sus intereses.

La segunda afecta a todas las personas físicas y jurídicas que deseen plantear observaciones. Se trata de un trámite de información pública y todo el que desee tiene 20 días para intervenir.

Una vez se hayan presentado las alegaciones, el procedimiento seguirá su curso durante 6 meses (hasta 9 de agosto de 2018), fecha en la que se adoptará la decisión que el Gobierno Vasco estime.

El proceso de revisión se inicia como consecuencia de la anulación judicial de la renuncia de 2012. Primero lo hizo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a través de 10 Sentencias (Sentencias 452/2014; 494/2014; 602/2014; 5/2015; 6/2015; 7/2015; 16/2015; 19/2015; 27/2015 y 50/2015). Posteriormente, el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación del Gobierno Vasco en las Sentencias del Tribunal Supremo 273/2016 (10-02-2016), 665/2016 (17-03-2016), 774/2016 (04-04-2016), 1072/2016 (12-05-2016), 1194/2016 (26-05-2016), 1213/2016 (30-05-2016), 1223/2016 (30-05-2016), 1303/2016 (02-06-2016) y 1359/2016 (09-06-2016).

La anulación judicial de la renuncia sólo afectó a las siguientes frecuencias: 92.2, 94.3 de Bilbao; 95.8 de Getxo; 97.4 de Duranguesado; 96.7 de Gernika; 91.5, 94.5, 89.9, 87.7, 90.4 de Vitoria-Gasteiz; 93.8, 94.8, 95.6, 105.8 de San Sebastián; 102.2, 105.4 de Beasain; 91.8 de Azkoitia; 94.6 y 100.5 de Legazpi, puesto las empresas provisionalmente adjudicatarias de estas frecuencias ganaron sus litigios contra la Administración.

El estado de la situación respecto al resto de frecuencias es lo que se va a decidir en este proceso de revisión previsiblemente el mes de agosto próximo.


Aragón deja sin eficacia el concurso de licencias TDT

06.02.18 | 09:14. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los concursos de licencias audiovisuales TDT vuelven a ser noticia por sus defectos e incorrecciones. Esta vez le ha tocado a Aragón que, tras convocar el último concurso de 27 licencias de TDT, ha tenido desistir de la licitación por errores en sus bases.

Los defectos fueron detectados por una emisora de televisión que recurrió el concurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tras presentar la demanda, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma informaron a la Consejería de la Presidencia que decidió desistir del procedimiento.

Uno de los errores ha sido imponer garantías (avales) a los licitadores a pesar de que el TSJ de Aragón y el Tribunal Supremo han resuelto que no se ajusta a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.

El otro de los defectos que ha podido motivar la anulación de la convocatoria es la exigencia de las solvencias técnicas y económicas, propias de la contratación administrativa. Y es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya manifestó que la nueva ley audiovisual excluye la posibilidad de aplicar la contratación pública a los concursos de licencias audiovisuales.

Ahora el concurso ya es historia y se espera que Aragón vuelva a convocar un nuevo procedimiento que permita a los prestadores audiovisuales contar con sus licencias audiovisuales de TDT, con la máxima seguridad jurídica.

Convocatoria del concurso: Orden PRE/1445/2017, de 15 de septiembre, se convocó concurso público para el otorgamiento de 27 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres (TDT de ámbito local), con ánimo de lucro, en la Comunidad Autónoma de Aragón ("Boletín Oficial de Aragón", número 190, de 3 de octubre de 2017).

Desistimiento del concurso: Orden PRE/125/2018, de 22 de enero, por la que se acuerda el desistimiento del procedimiento incoado para el otorgamiento de 27 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisuales por ondas hertzianas terrestres (TDT de ámbito local), con ánimo de lucro, en la Comunidad Autónoma de Aragón. ("Boletín Oficial de Aragón", número 26, de 6 de febrero de 2018).

Para acceder al desistimiento del concurso: OCR=18&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&PUBL-C=20180206">http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&PUBL-C=20180206


Concurso TDT Andalucía: Nuevo recurso desestimado

25.01.18 | 12:01. Archivado en Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

La adjudicación de las licencias audiovisuales TDT se hace esperar en Andalucía. Mientras tanto, las impugnaciones administrativas siguen siendo desestimadas por la Junta de Andalucía. La última ha sido la desestimación del recurso de alzada formulado por la empresa Comunicaciones Ronda contra el acuerdo de la mesa de valoración que publicaba el listado de candidatos a licencias para la prestación de servicio de TDT local.

La entidad no ha resultado candidata en la demarcación de Ronda (Málaga), y decidió recurrir la relación de candidatos. Sin embargo, ese listado ha de ser confirmado con la adjudicación definitiva que en su día realice la Junta. Y sólo se podrá hacer si los integrantes del listado aportan correctamente la documentación que les exige las bases del concurso.

En consecuencia, como el acto no era definitivo - una mera publicación de la relación de empresas -, el recurso de alzada se inadmitió. Esto es, ni siquiera se entró a valorar los argumentos esgrimidos por Comunicaciones Ronda. Según la Junta el acto no es definitivo ni se puede considerar trámite cualificado, ya que no determina la imposibilidad de continuar en el procedimiento ni produce indefensión.

La convocatoria del concurso, realizada en agosto de 2016, tiene como fin dar seguridad jurídica al escenario audiovisual andaluz tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de 79 licencias que fueron concedidas en una treintena de las 62 demarcaciones en las que se divide la comunidad autónoma.

Junto con las 79 licencias anuladas en su día, el concurso incluye otras 32 que permanecían desiertas hasta la fecha, con lo que en total han salido a licitación 111 correspondientes a 44 demarcaciones.

El Consejo acordó a principios de marzo ampliar en seis meses el plazo para la resolución de la adjudicación ante el elevado número de solicitudes presentadas.


Licencias FM Navarra: Anulada la convocatoria en Pamplona

29.11.17 | 01:46. Archivado en Noticias, Licencias radio FM

El pasado miércoles 22 de noviembre de 2017 el Gobierno de Navarra ha suspendido parcialmente el concurso de licencias de radio FM en Pamplona. Esta anulación comporta la exclusión de todos los candidatos que habían presentado solicitudes para la frecuencia de Pamplona.

¿La razón? Que el Gobierno de Navarra carece de competencias para realizar una reserva a favor de emisoras sin ánimo de lucro en la planificación del espectro. De esta forma se estimaba un recurso de alzada interpuesto por Eusko Media S.L. Inmediatamente, el Gobierno Foral ha acordado solicitar formalmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la habilitación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro en la Comunidad de Navarra.

Tal y como ha informado la Comunidad Autónoma se ha decidido atendiendo al informe jurídico elaborado por los letrados del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, unidad competente en materia de servicios de comunicación audiovisual. Tras el análisis del recurso, se ha atendido la solicitud de exclusión del vigente concurso de radios de la emisora de Pamplona. Los letrados públicos han estimado la falta de competencia del Gobierno de Navarra para realizar una reserva para radios sin ánimo de lucro en la planificación del espectro radioeléctrico asignado por el Ministerio de Energía a Navarra (data de 2006). Y ello debido a que el Gobierno Central no ha realizado previamente una asignación específica de frecuencias para este tipo de emisoras comunitarias, como establece la normativa básica de aplicación, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

A este respecto, cabe señalar que esa norma, en su disposición transitoria decimocuarta, señala que “respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley”. Sin embargo, habiendo trascurrido más de 7 años desde la entrada en vigor de la citada ley, que es posterior a la planificación del espectro radioeléctrico para Navarra, no se ha producido, por parte del Estado, la habilitación de disponibilidad del dominio público radioeléctrico para la prestación de los citados servicios de comunicación audiovisual comunitarios, por lo que existe controversia jurídica sobre la competencia o no de Navarra para reservar emisoras para servicios de comunicación sin ánimo de lucro.

Al concurso habían participado 7 entidades sin ánimo de lucro (Eguzki Irratia, Fundación Kantxa Pelotazale, Asociación Cultural Radio Adventista, Fundación amigos de Radio María, Asociación Cultural Omega, Asociación Comunicaciones y Eventos Dance, y Atica), que han sido excluidas por la suspensión acordada. Por el alto número de concurrencia, el Gobierno Foral ha solicitado formalmente al Estado espectro radiofónico para las radios comunitarias, tanto en la capital navarra como en el resto del territorio foral.

Por su parte, está previsto que la Mesa de Valoración del concurso de radios se constituya este próximo mes de diciembre e inicie sus trabajos de admisión y valoración de los proyectos radiofónicos que se han presentado para las 2 licencias de radio FM ubicadas en Auritz / Burguete, no afectadas por la suspensión parcial que ha acordado el Gobierno de Navarra.


Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:52. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:51. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Concurso FM Navarra: 3 licencias

24.08.17 | 11:45. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Tras la anulación del concurso anterior, el Boletín Oficial de Navarra ha publicado este miércoles la Orden Foral 31/2017, de 7 de agosto, por la que se convoca un concurso público para la adjudicación de las 3 licencias sin asignación disponibles en la Comunidad foral (la primera en Pamplona y las otras dos en Burguete).

En efecto, el concurso se hacía necesario al quedar varias licencias desiertas tras la resolución de los concursos precedentes de 1997 (se resolvió finalmente en enero de 2016 y declaró desierta la primera de las licencias) y 2012 (resuelto un año más tarde y en las que quedaron desiertas las licencias de Burguete), y a la vista de la relación de emisoras de FM que el Gobierno central tiene autorizadas para Navarra en el vigente plan técnico de radiodifusión, de 2006.

Como principal novedad, el Gobierno de Navarra ha decidido que la frecuencia 105.6 Mhz de Pamplona sea reservada para su explotación como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, "primera ocasión en la que en el dial navarro se detrae de un concurso una licencia para su explotación no comercial". Las otras dos licencias, abiertas a todo tipo de propuesta de explotación, se corresponden con el dial 93.2 MHz y 97.9 Mhz de la localidad de Burguete.

Las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, son una figura recogida en la normativa básica audiovisual y la reglamentación foral y permite que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

La Orden Foral 31/2017 de convocatoria del concurso justifica la reserva para este tipo de emisoras acordada para la capital navarra "porque su dial radiofónico cuenta con una oferta generosa que da cabida a todas las emisoras de titularidad pública que pueden emitir en Navarra (las del ente público RTVE); las emisoras generalistas y musicales de las tres cadenas privadas y comerciales de mayor audiencia en España (Ser, Cope y Onda Cero); y desde diciembre de 2015 también ha incorporado a su dial la única emisora local que emite íntegramente en euskera, Euskalerria Irratia". "Sin embargo, no se atiende la demanda de abrir el dial radiofónico pamplonés a emisoras comunitarias sin ánimo de lucro".

Rigurosidad en el cumplimiento de la oferta.-

Además de la citada reserva para emisoras comunitarias, el concurso convocado este miércoles y para el que los licitadores tendrán plazo de presentación hasta el 29 de septiembre, inclusive, introduce otras mejoras respecto de los anteriores concursos de radios del Ejecutivo foral, que datan de 1997 y 2012.

Respecto de la composición de la mesa de valoración, por vez primera también, pasará a estar integrada solo por personal funcionario de la Administración navarra, sin presencia en ese órgano evaluador de personal eventual de libre designación, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

También es novedad que se establezca como nueva obligación el plazo de seis meses para la puesta en marcha del proyecto radiofónico de quienes obtengan licencia en este concurso, con el fin de "evitar situaciones de inseguridad jurídica como las derivadas de anteriores concursos a la hora de exigir la reversión de licencias otorgadas que no están siendo objeto de explotación".

Y con ese mismo objetivo, el nuevo concurso, "en una redacción muy clara, amplía las condiciones que tienen la consideración de 'esencial', conforme a la normativa foral audiovisual, y establece su incumplimiento como causa de revocación de licencia".

Producción propia, ajena y emisión en euskera.-

En referencia a la calidad de la programación, el condicionado del concurso otorga mayor protagonismo para la producción propia y los contenidos locales de las emisoras de radio (40% de la puntuación de la oferta). En la valoración de las ofertas se ha duplicado, frente a la convocatoria pública de 2012, la puntuación otorgable a las ofertas en función de los contenidos locales de producción propia que oferten.


La Ley Audiovisual de Andalucía: Aspectos generales.

En plena tramitación del concurso de licencias audiovisuales de la TDT Local, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 22 de agosto el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva que podría ser previsiblemente en septiembre.
La finalidad perseguida es establecer una regulación integral del audiovisual andaluz que es considerado como sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de Andalucía.

Aspectos generales.-

Con carácter general el proyecto de ley blinda a las emisoras televisivas y radiofónicas públicas. En este sentido, incorpora medidas para impedir que el servicio público (televisiones y radios públicas) no pueda privatizarse ni externalizarse.

Según la próxima norma legal, se pretende colmar las lagunas de la Ley estatal 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y en concreto lo referido a:

• La ampliación de los derechos de los usuarios.
• La protección de los menores.
• la participación de la ciudadanía.
• El control de las emisiones ilegales.
• El endurecimiento del régimen sancionador.
• La regulación de ámbitos hasta ahora sin reconocimiento normativo: las emisiones públicas de universidades y centros docentes.

Contenidos audiovisuales.-

Una de las características es que establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y los medios para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

El proyecto de ley audiovisual andaluz aumentará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica. Así, los contenidos calificados como recomendados a menores de 13 años deberán incluirse entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de días laborables. Se aumenta así en una hora la franja matutina, actualmente situada entre las 8.00 y las 9.00. Además, los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en abierto entre las 23.00 y las 6.00 horas (actualmente la franja es 22.00-6.00).

De forma similar, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales en cuanto a horas de emisión adaptada.
Las televisiones autonómicas públicas deberán:

• subtitular el 100% de los programas.
• realizar 15 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos con lengua de signos.
• Efectuar 15 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.
Las televisiones privadas autonómicas, así como las locales (públicas y privadas) han de garantizar:
• un 75% de subtitulación de la emisión,
• 8 horas diarias y todos los informativos con lengua de signos.
• 8 horas audiodescritas diarias y todos los informativos

Las limitaciones y sanciones.-

Una de las medidas novedosas en el proyecto de Ley es la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras televisivas y radiofónicas sin título habilitante serán también responsables administrativamente.

Por otro lado se establece la figura del “colaborador necesario”, con el fin de que los titulares de parcelas y fincas donde se enclavan los centros emisores y los operadores de red de telecomunicaciones permitan el acceso a las instalaciones. Se tipifican nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración.

Con respecto a las sanciones, se fijan cuantías distintas de las contempladas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. La justificación es “hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía”.
Las sanciones para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 y 1.000.000 euros para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.

En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. Las multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Por otro lado, el régimen sancionador se completa con las sanciones a las personas que actúan como representantes de las emisoras en el caso de que sean personas jurídicas privadas (empresas, etc..).

A los administradores, apoderados, etc…, se les podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Esto afecta a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.


Domingo, 24 de marzo

BUSCAR

Editado por

Hemeroteca

Marzo 2019
LMXJVSD
<<  <   >  >>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031