Audiovisual Legal

Diez y Romeo analiza la nueva televisión insular de Tenerife

18.02.18 | 14:11. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los abogados de Díez & Romeo, Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo, han analizado el Reglamento que regula la nueva televisión pública del Cabildo de Tenerife. A las dos televisiones privadas insulares, se les une este canal público que sitúa a Tenerife como la única isla con tres televisiones de cobertura insular.

El reglamento publicado en el BOP de Tenerife de 16/2/2018, cuenta con 27 artículos, distribuidos en 5 títulos, una disposición adicional, una transitoria y una final. El análisis de Díez y Romeo señala que entre los distintos bloques normativos, destacan los siguientes.

1.- Los aspectos generales de la nueva televisión pública. -

El objeto de la nueva televisión pública será la producción, edición y difusión en abierto de un canal temático de televisión de programación diversa para todos los públicos. El ámbito de cobertura técnica se circunscribe a la superficie de la isla de Tenerife.
Se pondrá especial énfasis en los contenidos informativos, culturales y educativos sobre la sociedad tinerfeña. Así mismo el Reglamento señala que se impulsará la sociedad de la información, el pluralismo.

La televisión insular del Cabildo de Tenerife será gestionada por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. (ITER, S.A.). Se trata de una empresa pública insular, con forma de sociedad anónima, cuyo capital social es íntegramente de titularidad pública.
El ITER, S.A., será autónomo en su gestión y actuará con independencia funcional del Cabildo Insular de Tenerife.

2.- Forma de prestar el servicio de televisión pública insular.-

La televisión insular del Cabildo se emitirá en la TDT de la demarcación TL07TF, concretamente en el múltiple digital 47. Desde un punto de vista organizativo la emisora se integrará en la Consejería de Cultura y Educación del Cabildo.

Las emisiones se iniciarán tras la entrada en vigor del reglamento. Además, el inicio efectivo de la actividad se condiciona a las siguientes actuaciones:
• La aprobación, por el Cabildo, del Mandato-Marco regulador de los objetivos generales de la televisión insular.
• La aprobación por la Comisión Plenaria del Gobierno Abierto, Tenerife 2020, los criterios rectores de la dirección editorial del canal público.
• La suscripción del contrato-programa

En relación a la regularidad de la actividad, con carácter general, se exige que la televisión pública insular emita las 24 horas durante los 365 días que tiene el año. Sin embargo, se prevé que por razones de eficiencia y economía, se limiten las emisiones a una parte sustancial del día. Eso sí, siempre de forma continuada.

3.- La regulación de contenidos. -

Los artículos 24 y 25 del reglamento se destinan a regular la programación de la televisión pública insular de Tenerife.
En este sentido, la producción y programación deberá respetar lo establecido en el Mandato-Marco y en el contrato-programa, así como los objetivos y funciones de servicio público, muy distintas de las televisiones privadas.

El contenido de la programación será insular y preferentemente de carácter educativo y formativo. Se prevé que deba abarcar algunas de las siguientes áreas:
• Información de actualidad.
• Deportes.
• Innovación.
• Cultura.
• Formación.
• Retransmisiones de Información general.
• Retransmisión de eventos de interés social e insular.
• Educación.
• Infancia y Juventud.

Se contempla la obligación de emitir un espacio informativo diario de una duración mínima de 15 minutos para cubrir las noticias y acontecimientos de interés dentro de la demarcación insular. Estos informativos deberán emitirse entre dentro de la franja horaria comprendida entre las 13 y las 16 horas, y entre las 20 y las 24 horas.

La importancia del contrato-­programa será capital, según Díez y Romeo. Éste será firmado entre el Presidente del Cabildo de Tenerife y el ITER, S.A., y deberá contener, al menos:
• Los objetivos específicos a desarrollar por la televisión durante un período de 3 años.
• Las aportaciones con cargo al presupuesto del Cabildo destinadas a la televisión pública.
• Los medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones económicas.
• Las consecuencias del incumplimiento de los compromisos acordados.
• El control del cumplimiento del contrato-­programa y de sus resultados.

4.- Prohibición de comunicaciones comerciales. -

En cuanto a las formas de publicidad, la nueva normativa es bastante clara. La televisión pública insular solo podrá emitir publicidad institucional del Cabildo de Tenerife y sus empresas o entidades dependientes. El reglamento somete cualquier espacio publicitario a los postulados de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Además, se establecen unos principios a respetar cuyo incumplimiento acarreará serios problemas.
La publicidad institucional en periodo electoral estará limitada. No obstante, se habilitarán espacios gratuitos de propaganda electoral previa aprobación de la Junta Electoral Central o Provincial.
El art. 12 d) del Reglamento, en consonancia con la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), establece que queda prohibida expresamente la emisión de comunicaciones comerciales

5.- Intervendrán en la gestión empresas privadas

El art. 40.2 de LGCA establece que las CCAA que cuente con televisiones públicas podrán gestionarlas de forma directa por sus propios órganos, o a través de gestión indirecta. Esto último significa la intervención de empresas privadas en la producción y edición del canal. Teniendo en cuenta que sólo hace referencia a las televisiones autonómicas, no insulares, hubiera sido clarificador que el Reglamento se pronunciara sobre si el ITER, S.A., puede ceder la gestión de la televisión pública a la iniciativa privada.

El preámbulo si menciona lo contemplado en el art. 40.2 de la LGCA, en cuanto a la externalización de los servicios televisivos, pero en su contenido material del Reglamento no se establece el procedimiento para que entidades privadas participen en la gestión de la televisión insular pública.


Licencias radio FM País Vasco: Revisión de actuaciones

10.02.18 | 11:07. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Las licencias FM en País Vasco han sido objeto de análisis por Díez y Romeo Abogados. El 9 de febrero de 2018, se ha publicado en el BOPV el inicio del procedimiento de revisión de la renuncia a la adjudicación de las licencias FM. Se trata del Acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado en su sesión celebrada el día 23 de enero de 2018.

Aquí se puede obtener la decisión: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800739a.shtml

Según Díez & Romeo, Con esta actuación, se abre la posibilidad de que las emisoras intervengan por medio de 2 vías.

La primera afecta a las empresas que en su día se presentaron al concurso convocado en el 2012. Tienen 15 días para presentar alegaciones y defender así sus intereses.

La segunda afecta a todas las personas físicas y jurídicas que deseen plantear observaciones. Se trata de un trámite de información pública y todo el que desee tiene 20 días para intervenir.

Una vez se hayan presentado las alegaciones, el procedimiento seguirá su curso durante 6 meses (hasta 9 de agosto de 2018), fecha en la que se adoptará la decisión que el Gobierno Vasco estime.

El proceso de revisión se inicia como consecuencia de la anulación judicial de la renuncia de 2012. Primero lo hizo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a través de 10 Sentencias (Sentencias 452/2014; 494/2014; 602/2014; 5/2015; 6/2015; 7/2015; 16/2015; 19/2015; 27/2015 y 50/2015). Posteriormente, el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación del Gobierno Vasco en las Sentencias del Tribunal Supremo 273/2016 (10-02-2016), 665/2016 (17-03-2016), 774/2016 (04-04-2016), 1072/2016 (12-05-2016), 1194/2016 (26-05-2016), 1213/2016 (30-05-2016), 1223/2016 (30-05-2016), 1303/2016 (02-06-2016) y 1359/2016 (09-06-2016).

La anulación judicial de la renuncia sólo afectó a las siguientes frecuencias: 92.2, 94.3 de Bilbao; 95.8 de Getxo; 97.4 de Duranguesado; 96.7 de Gernika; 91.5, 94.5, 89.9, 87.7, 90.4 de Vitoria-Gasteiz; 93.8, 94.8, 95.6, 105.8 de San Sebastián; 102.2, 105.4 de Beasain; 91.8 de Azkoitia; 94.6 y 100.5 de Legazpi, puesto las empresas provisionalmente adjudicatarias de estas frecuencias ganaron sus litigios contra la Administración.

El estado de la situación respecto al resto de frecuencias es lo que se va a decidir en este proceso de revisión previsiblemente el mes de agosto próximo.


Aragón deja sin eficacia el concurso de licencias TDT

06.02.18 | 09:14. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los concursos de licencias audiovisuales TDT vuelven a ser noticia por sus defectos e incorrecciones. Esta vez le ha tocado a Aragón que, tras convocar el último concurso de 27 licencias de TDT, ha tenido desistir de la licitación por errores en sus bases.

Los defectos fueron detectados por una emisora de televisión que recurrió el concurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tras presentar la demanda, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma informaron a la Consejería de la Presidencia que decidió desistir del procedimiento.

Uno de los errores ha sido imponer garantías (avales) a los licitadores a pesar de que el TSJ de Aragón y el Tribunal Supremo han resuelto que no se ajusta a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.

El otro de los defectos que ha podido motivar la anulación de la convocatoria es la exigencia de las solvencias técnicas y económicas, propias de la contratación administrativa. Y es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya manifestó que la nueva ley audiovisual excluye la posibilidad de aplicar la contratación pública a los concursos de licencias audiovisuales.

Ahora el concurso ya es historia y se espera que Aragón vuelva a convocar un nuevo procedimiento que permita a los prestadores audiovisuales contar con sus licencias audiovisuales de TDT, con la máxima seguridad jurídica.

Convocatoria del concurso: Orden PRE/1445/2017, de 15 de septiembre, se convocó concurso público para el otorgamiento de 27 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres (TDT de ámbito local), con ánimo de lucro, en la Comunidad Autónoma de Aragón ("Boletín Oficial de Aragón", número 190, de 3 de octubre de 2017).

Desistimiento del concurso: Orden PRE/125/2018, de 22 de enero, por la que se acuerda el desistimiento del procedimiento incoado para el otorgamiento de 27 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisuales por ondas hertzianas terrestres (TDT de ámbito local), con ánimo de lucro, en la Comunidad Autónoma de Aragón. ("Boletín Oficial de Aragón", número 26, de 6 de febrero de 2018).

Para acceder al desistimiento del concurso: OCR=18&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&PUBL-C=20180206">http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&PUBL-C=20180206


Concurso TDT Andalucía: Nuevo recurso desestimado

25.01.18 | 12:01. Archivado en Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

La adjudicación de las licencias audiovisuales TDT se hace esperar en Andalucía. Mientras tanto, las impugnaciones administrativas siguen siendo desestimadas por la Junta de Andalucía. La última ha sido la desestimación del recurso de alzada formulado por la empresa Comunicaciones Ronda contra el acuerdo de la mesa de valoración que publicaba el listado de candidatos a licencias para la prestación de servicio de TDT local.

La entidad no ha resultado candidata en la demarcación de Ronda (Málaga), y decidió recurrir la relación de candidatos. Sin embargo, ese listado ha de ser confirmado con la adjudicación definitiva que en su día realice la Junta. Y sólo se podrá hacer si los integrantes del listado aportan correctamente la documentación que les exige las bases del concurso.

En consecuencia, como el acto no era definitivo - una mera publicación de la relación de empresas -, el recurso de alzada se inadmitió. Esto es, ni siquiera se entró a valorar los argumentos esgrimidos por Comunicaciones Ronda. Según la Junta el acto no es definitivo ni se puede considerar trámite cualificado, ya que no determina la imposibilidad de continuar en el procedimiento ni produce indefensión.

La convocatoria del concurso, realizada en agosto de 2016, tiene como fin dar seguridad jurídica al escenario audiovisual andaluz tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de 79 licencias que fueron concedidas en una treintena de las 62 demarcaciones en las que se divide la comunidad autónoma.

Junto con las 79 licencias anuladas en su día, el concurso incluye otras 32 que permanecían desiertas hasta la fecha, con lo que en total han salido a licitación 111 correspondientes a 44 demarcaciones.

El Consejo acordó a principios de marzo ampliar en seis meses el plazo para la resolución de la adjudicación ante el elevado número de solicitudes presentadas.


Licencias FM Navarra: Anulada la convocatoria en Pamplona

29.11.17 | 01:46. Archivado en Noticias, Licencias radio FM

El pasado miércoles 22 de noviembre de 2017 el Gobierno de Navarra ha suspendido parcialmente el concurso de licencias de radio FM en Pamplona. Esta anulación comporta la exclusión de todos los candidatos que habían presentado solicitudes para la frecuencia de Pamplona.

¿La razón? Que el Gobierno de Navarra carece de competencias para realizar una reserva a favor de emisoras sin ánimo de lucro en la planificación del espectro. De esta forma se estimaba un recurso de alzada interpuesto por Eusko Media S.L. Inmediatamente, el Gobierno Foral ha acordado solicitar formalmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la habilitación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro en la Comunidad de Navarra.

Tal y como ha informado la Comunidad Autónoma se ha decidido atendiendo al informe jurídico elaborado por los letrados del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, unidad competente en materia de servicios de comunicación audiovisual. Tras el análisis del recurso, se ha atendido la solicitud de exclusión del vigente concurso de radios de la emisora de Pamplona. Los letrados públicos han estimado la falta de competencia del Gobierno de Navarra para realizar una reserva para radios sin ánimo de lucro en la planificación del espectro radioeléctrico asignado por el Ministerio de Energía a Navarra (data de 2006). Y ello debido a que el Gobierno Central no ha realizado previamente una asignación específica de frecuencias para este tipo de emisoras comunitarias, como establece la normativa básica de aplicación, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

A este respecto, cabe señalar que esa norma, en su disposición transitoria decimocuarta, señala que “respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley”. Sin embargo, habiendo trascurrido más de 7 años desde la entrada en vigor de la citada ley, que es posterior a la planificación del espectro radioeléctrico para Navarra, no se ha producido, por parte del Estado, la habilitación de disponibilidad del dominio público radioeléctrico para la prestación de los citados servicios de comunicación audiovisual comunitarios, por lo que existe controversia jurídica sobre la competencia o no de Navarra para reservar emisoras para servicios de comunicación sin ánimo de lucro.

Al concurso habían participado 7 entidades sin ánimo de lucro (Eguzki Irratia, Fundación Kantxa Pelotazale, Asociación Cultural Radio Adventista, Fundación amigos de Radio María, Asociación Cultural Omega, Asociación Comunicaciones y Eventos Dance, y Atica), que han sido excluidas por la suspensión acordada. Por el alto número de concurrencia, el Gobierno Foral ha solicitado formalmente al Estado espectro radiofónico para las radios comunitarias, tanto en la capital navarra como en el resto del territorio foral.

Por su parte, está previsto que la Mesa de Valoración del concurso de radios se constituya este próximo mes de diciembre e inicie sus trabajos de admisión y valoración de los proyectos radiofónicos que se han presentado para las 2 licencias de radio FM ubicadas en Auritz / Burguete, no afectadas por la suspensión parcial que ha acordado el Gobierno de Navarra.


Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:52. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:51. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Concurso FM Navarra: 3 licencias

24.08.17 | 11:45. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Tras la anulación del concurso anterior, el Boletín Oficial de Navarra ha publicado este miércoles la Orden Foral 31/2017, de 7 de agosto, por la que se convoca un concurso público para la adjudicación de las 3 licencias sin asignación disponibles en la Comunidad foral (la primera en Pamplona y las otras dos en Burguete).

En efecto, el concurso se hacía necesario al quedar varias licencias desiertas tras la resolución de los concursos precedentes de 1997 (se resolvió finalmente en enero de 2016 y declaró desierta la primera de las licencias) y 2012 (resuelto un año más tarde y en las que quedaron desiertas las licencias de Burguete), y a la vista de la relación de emisoras de FM que el Gobierno central tiene autorizadas para Navarra en el vigente plan técnico de radiodifusión, de 2006.

Como principal novedad, el Gobierno de Navarra ha decidido que la frecuencia 105.6 Mhz de Pamplona sea reservada para su explotación como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, "primera ocasión en la que en el dial navarro se detrae de un concurso una licencia para su explotación no comercial". Las otras dos licencias, abiertas a todo tipo de propuesta de explotación, se corresponden con el dial 93.2 MHz y 97.9 Mhz de la localidad de Burguete.

Las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, son una figura recogida en la normativa básica audiovisual y la reglamentación foral y permite que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

La Orden Foral 31/2017 de convocatoria del concurso justifica la reserva para este tipo de emisoras acordada para la capital navarra "porque su dial radiofónico cuenta con una oferta generosa que da cabida a todas las emisoras de titularidad pública que pueden emitir en Navarra (las del ente público RTVE); las emisoras generalistas y musicales de las tres cadenas privadas y comerciales de mayor audiencia en España (Ser, Cope y Onda Cero); y desde diciembre de 2015 también ha incorporado a su dial la única emisora local que emite íntegramente en euskera, Euskalerria Irratia". "Sin embargo, no se atiende la demanda de abrir el dial radiofónico pamplonés a emisoras comunitarias sin ánimo de lucro".

Rigurosidad en el cumplimiento de la oferta.-

Además de la citada reserva para emisoras comunitarias, el concurso convocado este miércoles y para el que los licitadores tendrán plazo de presentación hasta el 29 de septiembre, inclusive, introduce otras mejoras respecto de los anteriores concursos de radios del Ejecutivo foral, que datan de 1997 y 2012.

Respecto de la composición de la mesa de valoración, por vez primera también, pasará a estar integrada solo por personal funcionario de la Administración navarra, sin presencia en ese órgano evaluador de personal eventual de libre designación, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

También es novedad que se establezca como nueva obligación el plazo de seis meses para la puesta en marcha del proyecto radiofónico de quienes obtengan licencia en este concurso, con el fin de "evitar situaciones de inseguridad jurídica como las derivadas de anteriores concursos a la hora de exigir la reversión de licencias otorgadas que no están siendo objeto de explotación".

Y con ese mismo objetivo, el nuevo concurso, "en una redacción muy clara, amplía las condiciones que tienen la consideración de 'esencial', conforme a la normativa foral audiovisual, y establece su incumplimiento como causa de revocación de licencia".

Producción propia, ajena y emisión en euskera.-

En referencia a la calidad de la programación, el condicionado del concurso otorga mayor protagonismo para la producción propia y los contenidos locales de las emisoras de radio (40% de la puntuación de la oferta). En la valoración de las ofertas se ha duplicado, frente a la convocatoria pública de 2012, la puntuación otorgable a las ofertas en función de los contenidos locales de producción propia que oferten.


La Ley Audiovisual de Andalucía: Aspectos generales.

En plena tramitación del concurso de licencias audiovisuales de la TDT Local, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 22 de agosto el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva que podría ser previsiblemente en septiembre.
La finalidad perseguida es establecer una regulación integral del audiovisual andaluz que es considerado como sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de Andalucía.

Aspectos generales.-

Con carácter general el proyecto de ley blinda a las emisoras televisivas y radiofónicas públicas. En este sentido, incorpora medidas para impedir que el servicio público (televisiones y radios públicas) no pueda privatizarse ni externalizarse.

Según la próxima norma legal, se pretende colmar las lagunas de la Ley estatal 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y en concreto lo referido a:

• La ampliación de los derechos de los usuarios.
• La protección de los menores.
• la participación de la ciudadanía.
• El control de las emisiones ilegales.
• El endurecimiento del régimen sancionador.
• La regulación de ámbitos hasta ahora sin reconocimiento normativo: las emisiones públicas de universidades y centros docentes.

Contenidos audiovisuales.-

Una de las características es que establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y los medios para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

El proyecto de ley audiovisual andaluz aumentará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica. Así, los contenidos calificados como recomendados a menores de 13 años deberán incluirse entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de días laborables. Se aumenta así en una hora la franja matutina, actualmente situada entre las 8.00 y las 9.00. Además, los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en abierto entre las 23.00 y las 6.00 horas (actualmente la franja es 22.00-6.00).

De forma similar, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales en cuanto a horas de emisión adaptada.
Las televisiones autonómicas públicas deberán:

• subtitular el 100% de los programas.
• realizar 15 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos con lengua de signos.
• Efectuar 15 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.
Las televisiones privadas autonómicas, así como las locales (públicas y privadas) han de garantizar:
• un 75% de subtitulación de la emisión,
• 8 horas diarias y todos los informativos con lengua de signos.
• 8 horas audiodescritas diarias y todos los informativos

Las limitaciones y sanciones.-

Una de las medidas novedosas en el proyecto de Ley es la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras televisivas y radiofónicas sin título habilitante serán también responsables administrativamente.

Por otro lado se establece la figura del “colaborador necesario”, con el fin de que los titulares de parcelas y fincas donde se enclavan los centros emisores y los operadores de red de telecomunicaciones permitan el acceso a las instalaciones. Se tipifican nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración.

Con respecto a las sanciones, se fijan cuantías distintas de las contempladas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. La justificación es “hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía”.
Las sanciones para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 y 1.000.000 euros para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.

En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. Las multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Por otro lado, el régimen sancionador se completa con las sanciones a las personas que actúan como representantes de las emisoras en el caso de que sean personas jurídicas privadas (empresas, etc..).

A los administradores, apoderados, etc…, se les podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Esto afecta a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.


Licencias TDT Andalucía: Listado de seleccionados.

22.07.17 | 11:24. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los abogados de Díez y Romeo han analizado la ultima decisión de la Mesa de Valoración.

Tras la baremacion de ofertas han sido seleccionadas las entidades adjudicatarias si aportan la documentación definitiva. Se las denomina candidatas, pero son las mejor puntuadas de cada demarcación.

Es uno de los últimos pasos dedos por la Junta de Andalucía para dejar el sector televisivo andaluz casi definido.

Desde Díez y Romeo se afirma que en el listado de preadjdicatarios, priman fundamentalmente operadores andaluces y locales. Todo apunta a que Andalucía ha apostado por la idiosincrasia de proximidad, algo que todavía deberá corroborarse con la adjudicación definitiva.

1.- Criterios de adjudicación de licencias.-

El viernes pasado se ha hecho público la relación de licitadores seleccionados para ser adjudicatarios de las licencias de TDTL en Andalucía.

El procedimiento de valoración de los proyectos audiovisuales se ha realizado sobre los siguientes 6 criterios de adjudicación:

Criterio 1. Estructura de la programación.
Criterio 2. Medios técnicos e inversiones asociadas.
Criterio 3. Recursos humanos.
Criterio 4. Contribución al desarrollo de la TDT en Andalucía.
Criterio 5. Experiencia en el sector audiovisual.
Criterio 6. Vinculación local y arraigo territorial.

Tras varios meses de trabajo la evaluación de las ofertas ha concluido arrojando el resultado que se relaciona al final del texto.

2.- Documentación a aportar.-

La Junta de Andalucía señala que a partir del 21 de julio (viernes) comenzaron a renviar por correo certificado las notificaciones a los candidatos propuestos.

En las notificaciones se requerirá una documentación definitiva conforme al Anexo VII del Pliego de Bases del Concurso. Los candidatos tendrán 10 días hábiles (sábados inclusive) para presentar la documentación, en caso de no hacerlo se dará paso al licitador siguiente en orden de puntuación.

La documentación habrá que presentarla en Registro General de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

3.- Suspensión del plazo para resolver

La resolución definitiva del concurso de la TDTL en Andalucía ha quedado suspendida por el tiempo que medie el envió de las notificaciones hasta la fecha de recepción de los documentos en la Junta de Andalucía.

4.- Listado de los candidatos a licencia TDT

Provincia de Almería:

1.- ALBOX TL01AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L.
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
PRODUCTORA PROSER DE RTV S.L.
2.- ALMERÍA.- TL02AL –
PUBLICACIONES DEL SUR SA
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

3.- EJIDO.- TL03AL
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
PRODUCTORA PROSER DE RTV S.L.

4.- HUÉRCAL-OVERA TL04AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L
HUÉRCAL OVERA TELEVISIÓN SL
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

5.- NÍJAR.- TL05AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.

Provincia de Cádiz

1.- ALGECIRAS TL01CA
PUBLICACIONES DEL SUR SA
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. ALGECIRAS
CANAL 47 SLU

2.- CÁDIZ TL03CA
SOGITEL BAHÍA DE CÁDIZ S.L.
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. CÁDIZ
PUBLICACIONES DEL SUR SA

3.- CHICLANA FRONTERA TL04CA -
COMUNICACIONES CANAL 19 S.L.
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. CHICLANA
GUILLERMO ORTIZ CHAVES

4.- JEREZ FRONTERA TL05CA -
PUBLICACIONES DEL SUR SA
ALCESTES, S.L.U.
ANTONIO A. RUIZ-BERDEJO RIBA

5.- OLVERA TL06CA -
COMUNICACIONES CANAL 19 S.L.
COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CÁDIZ, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

Provincia de Cordoba

1.- BAENA TL01CO.-
CANCIONERO SL
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA

2.- CÓRDOBA TL02CO –
PROCONO S.A.U.
PROCONO S.A.U.
MEZQUITA COMUNICACIÓN GROUP, S.L.

3.- HINOJOSA DUQUE TL03CO -
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ
LA INFORMACIÓN DE LOS PEDROCHES SL
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ

4.- POZOBLANCO TL08CO –
LA INFORMACIÓN DE LOS PEDROCHES SL
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ
PROCONO S.A.U.

5.- PRIEGO CÓRDOBA TL09CO
TELERUTE S.L.

6.- MONTORO TL09CO
PROCONO S.A.U.
ANTONIO GARCIA TORIBIO
MEZQUITA COMUNICACIÓN GROUP, S.L.

Provincia de Granada

1.- ALMUÑÉCAR TL01GR –
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

2.- BAZA TL02GR -
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

3.- GRANADA TL03GR -
PROCONO S.A.U.
METRO MEDIA 3.0 S.L
PUBLICACIONES DEL SUR SA

4.- HUÉSCAR TL05GR -
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

5.- IZNALLOZ TL06GR -
ANTONIO GARCIA TORIBIO
PUBLICACIONES DEL SUR SA

Provincia de Huelva

1.- ARACENA TL02H –
LEPEVISIÓN S.A.U.

2.- HUELVA TL03H -
TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA, S.L.U.
PRECISA COMUNICACIÓN HUELVA SL
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS MANÁ

3.- LEPE TL04H -
LEPEVISIÓN S.A.U.
TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA, S.L.U.
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS MANÁ

Provincia de Jaén

1.- JAÉN TL04J -
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA
U.T.E. CAMPIÑA DIGITAL – MULTIMEDIA JIENNENSE

2.- ÚBEDA TL06J –
GRUPO AUDIOVISUAL ANDALUZ SL
CANAL BAEZA Y LA LOMA SL
MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.

Provincia de Málaga

1.- ESTEPONA TL03MA
MODULA EVENTOS S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

2.- MALAGA TL05MA - TL10MA
MODULA EVENTOS S.L.
PROCONO S.A.U.
FMX AUDIOPRODUCCIONES S.L
PUBLICACIONES DEL SUR SA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA
MUNDO MANAGMENT S.A

3.- MARBELLA TL06MA
ATATON PRODUCCIONES SL
MODULA EVENTOS S.L.
M95 TELEVISIÓN S.L

4.- NERJA TL07MA –
MODULA EVENTOS S.L.

5.- RONDA TL08MA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

6.- VÉLEZ-MÁLAGA TL09MA -
MODULA EVENTOS S.L.

Provincia de Sevilla

1.- DOS HERMANAS TL01SE -
PROCONO S.A.U.
VISO VISIÓN, S.L.
TÉCNICAS AUDIOVISUALES DE CARMONA, S.L.

2.- ÉCIJA TL02SE -
OPCION RADIO, SL
G&M DIFUSION S. COOP. AND.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

3.- ESTEPA TL03SE –
OPCION RADIO, SL
DIGITAL GARAGE SL
CANAL 47 SLU

4.- LORA RÍO TL05SE -
CARLOS GUISADO BELLOSO

5.- SEVILLA TL07SE - TL09SE -
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA
FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA SA Y TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA SLU. SEVILLA
VISO VISIÓN, S.L.
SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D.


Díez y Romeo anula una sanción de 13.000 € a un operador de Drones.

14.07.17 | 18:45. Archivado en Tribunales, Noticias

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo de Díez y Romeo han obtenido la anulación judicial de una sanción de 13.000 € impuesta a un operador de Drones. La Sentencia invalida la actuación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) numerosas irregularidades en la instrucción del expediente.

Los hechos se remontan a la acusación formalizada en 2015 a un operador de Drones. En concreto, se le acusaba de sobrevolar aglomeración de personas y vuelos nocturnos e incumplir los requisitos para realizar actividades aéreas de trabajos de filmación audiovisual.

Acto seguido, se inició el procediendo sancionador a estacionas de la AESA, que concluyó con una sanción de 13.000 €.

Tras ello, los abogados de Díez y Romeo recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular las sanciones. Tras los trámites seguidos ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, el Juez dictó una sentencia que anula las sanciones.

El Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia es realmente contundente a la hora de evaluar la actuación de la AESA. En se dan las razones de la anulación:

•Los visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, no son suficientes para adquirir certeza probatoria.

•El instructor de la AESA denegó todos los medios de prueba propuestos en contra de lo dispuesto en la normativa.

El Juzgado así enmienda la plana a una Administración que está más preocupada por sancionar que por terminar de regular las actividades de los operadores de drones.

El letrado que dirigido la defensa del operador de Drones, Jaime Rodríguez Díez, de Díez y Romeo Abogados, declara que es la primera vez que las capturas de pantallas de vuelos de RPAs se analizan desde la perspectiva del Derecho Penal. No hay que olvidar que el derecho sancionador en el ámbito administrativo se nutre de los principios del Derecho Penal.


Díez y Romeo: La inconstitucionalidad parcial de la Ley Audiovisual de Cataluña

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, letrados de Díez y Romeo, han analizado la última Sentencia del Tribunal Constitucional del sector audiovisual, donde la delimitación de competencias entre el Estado y las CCAA es crucial para definir el proceder en materia de medios de comunicación.

1.- El ámbito competencial: Telecomunicaciones Vs Audiovisual.-

Para comprender la mecánica del conflicto entre Estado y Cataluña, el Tribunal Constitucional fija que los artículos de la Ley Audiovisual catalana cuestionados se ubican en dos ámbitos competenciales:

1.1.- El relativo al art. 149.1.21 CE: Estado competencia exclusiva en las telecomunicaciones.

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE) y eso incluye (i) la ordenación, gestión, planificación y control del dominio público radioeléctrico; (ii) la regulación de los aspectos técnicos de las comunicaciones. Esto es, lo que afecte a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven – las ondas radioeléctricas o hertzianas −. Y (iii) la regulación o configuración del propio sector de telecomunicaciones.

1.2.- El que atañe al art. 149.1.27 CE: Estado dicta las normas básicas del régimen de los medios de comunicación social, las CCAA tienen facultades de ejecución y desarrollo.

Según el TC la competencia definida en el art. 149.1.27 CE, se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE. Como por ejemplo el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual.

Se trata de una competencia compartida, de ahí que tras ejercer el Estado la regulación básica (Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual) y determinar la planificación del espectro radioeléctrico correspondiente, las CCAA, en su ámbito territorial, tienen plena competencia para (i) definir el procedimiento de adjudicación de licencias audiovisuales, (ii) realizar labores de inspección e imposición de sanciones derivadas de infracciones audiovisuales (emitir sin licencia, no cumplir licenciatarios los compromisos asumidos).

2.- Las partes en conflicto.-

La pugna judicial se inicia con el recurso de inconstitucionalidad núm. 8112/2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Durante los 11 años que ha durado el litigio, han intervenido por una parte la Presidencia del Gobierno, el Senado (se ha personado), y por otra, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña.

3.- Los artículos combatidos.-

La Presidencia del Gobierno impugnó la constitucionalidad de los arts. 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133; 134 y las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Muchos de esos preceptos han sido invocados por los Abogados de Díez y Romeo en los litigios frente a las administraciones en Cataluña.

4.- El resultado del litigio: Estado Vs Cataluña por el sector audiovisual.

La Sentencia, siguiendo el ámbito competencial definido enmarca su resultado en dos grandes apartados

4.1.- Apartado referido a la regulación del espectro radioeléctrico.-

El primer grupo de artículos cuya constitucionalidad se analiza se refiere a la regulación del espectro radioeléctrico, definido como las frecuencias utilizadas para transmitir información por ondas terrestres y que se reparten entre distintos servicios (telefonía móvil, radio, televisión, navegación aérea, etc.). Al ser esas frecuencias un recurso escaso, sólo pueden ser administradas por el Estado de acuerdo con la ordenación internacional. Nunca por las CCAA.

Desde ese prisma, en relación con los arts. 17 a 22 de la Ley Audiovisual Catalana, el Tribunal declara inconstitucionales y nulos los términos o apartados que implican una intromisión de Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones, reservado al Estado. Esto es, el TC declara inconstitucional:

• El inciso «básicas» del art. 18.2, dado que los planes técnicos elaborados por la Generalitat de Cataluña para ordenar su política audiovisual deben tener en cuenta las todas determinaciones del Estado. No sólo las cuestiones básicas.
• Las letras a) y b) del art. 19, puesto que hacen referencia a aspectos técnicos (sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc.,) relativos al soporte necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual (Radio y Televisión). Y eso corresponde al Estado en exclusiva.
• El apartado 2 del art. 22, porque Cataluña, en materia de elaboración de planes técnicos, articula una técnica de cooperación entre administraciones que solo puede establecer el Estado.
• Los incisos “aspectos técnicos” de las letras j y k del art. 111.2 LCAC, dado que a las CCAA les está vedado invadir las competencias inspectoras y sancionadoras del Estado en materia que atañe a los sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc…

4.2.- Apartado referido a la regulación audiovisual, competencias compartidas.-

El segundo grupo de artículos cuestionados constitucionalmente gravita en el ámbito de la competencia compartida entre el Estado y las CCAA en materia de medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE).

En este ámbito, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el régimen de duración de licencias previsto en los arts. 55 y 56 LCAC. Y ello por contradecir la regulación estatal de elementos que son “determinantes de la configuración del mercado o sector audiovisual”.

La Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual estatal establece un plazo de duración de la licencia de 15 años y un régimen de renovación automático e indefinido. Pero el art. 55 de la Ley catalana fijaba un plazo de renovación inferior (10 años) y limitaba a dos las renovaciones posibles.

El art. 56 LCAC estableció un criterio de intransmisibilidad de la licencia contrario a la permisibilidad estatal, que contempla la posibilidad de “celebrar negocios jurídicos con las licencias de comunicación otorgadas siempre que se haya obtenido autorización previa y se cumplan determinadas condiciones”. Por eso el TC ha dejado sin efecto este precepto.

4.3.- Operadores de telecomunicaciones: explotación de redes de comunicaciones electrónicas.-

Sanciones

Una de las expectaciones del sector era el sometimiento a constitucionalidad de la competencia de Cataluña (CCAA) para la inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Algo que incide en los operadores de telecomunicaciones que prestan el servicio de transporte y difusión de la señal de radio FM y televisión.

El TC se ha decantado por anular la letra j) del art. 111.2 LCAC que permitía a Cataluña hostigar a los operadores de telecomunicaciones. El argumento dado es que la atribución de competencia para inspeccionar y sancionar los aspectos técnicos de la prestación de radio y televisión invade la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. De este modo, sólo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es la competente para iniciar procesos sancionadores que versen sobre los aspectos técnicos de la comunicación radiofónica y televisiva.

Con este precedente, los abogados Díez y Romeo consideran que pocas serán las CCAA que traten de inspeccionar o sancionar los aspectos técnicos de los servicios audiovisuales.

No hay obligaciones a los operadores de redes.-

El Abogado del Estado acusaba a Cataluña de imponer obligaciones de servicio público a los operadores que explotan redes (sistemas de transmisión de señales) y servicios de comunicaciones electrónicas, más allá de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que los arts. 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la LCAC se refieren al ámbito de la comunicación audiovisual, ya que se trata de imponer obligaciones a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual (no a operadores de redes).

La razón es que cómo la función de los distribuidores es la de ofrecer y comercializar contenidos audiovisuales, propios o de terceros, resulta admisible que Cataluña establezca determinadas obligaciones de servicio público en relación a esos contenidos.


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