Audiovisual Legal

La Ley Audiovisual de Andalucía: Aspectos generales.

En plena tramitación del concurso de licencias audiovisuales de la TDT Local, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 22 de agosto el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva que podría ser previsiblemente en septiembre.
La finalidad perseguida es establecer una regulación integral del audiovisual andaluz que es considerado como sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de Andalucía.

Aspectos generales.-

Con carácter general el proyecto de ley blinda a las emisoras televisivas y radiofónicas públicas. En este sentido, incorpora medidas para impedir que el servicio público (televisiones y radios públicas) no pueda privatizarse ni externalizarse.

Según la próxima norma legal, se pretende colmar las lagunas de la Ley estatal 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y en concreto lo referido a:

• La ampliación de los derechos de los usuarios.
• La protección de los menores.
• la participación de la ciudadanía.
• El control de las emisiones ilegales.
• El endurecimiento del régimen sancionador.
• La regulación de ámbitos hasta ahora sin reconocimiento normativo: las emisiones públicas de universidades y centros docentes.

Contenidos audiovisuales.-

Una de las características es que establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y los medios para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

El proyecto de ley audiovisual andaluz aumentará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica. Así, los contenidos calificados como recomendados a menores de 13 años deberán incluirse entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de días laborables. Se aumenta así en una hora la franja matutina, actualmente situada entre las 8.00 y las 9.00. Además, los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en abierto entre las 23.00 y las 6.00 horas (actualmente la franja es 22.00-6.00).

De forma similar, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales en cuanto a horas de emisión adaptada.
Las televisiones autonómicas públicas deberán:

• subtitular el 100% de los programas.
• realizar 15 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos con lengua de signos.
• Efectuar 15 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.
Las televisiones privadas autonómicas, así como las locales (públicas y privadas) han de garantizar:
• un 75% de subtitulación de la emisión,
• 8 horas diarias y todos los informativos con lengua de signos.
• 8 horas audiodescritas diarias y todos los informativos

Las limitaciones y sanciones.-

Una de las medidas novedosas en el proyecto de Ley es la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras televisivas y radiofónicas sin título habilitante serán también responsables administrativamente.

Por otro lado se establece la figura del “colaborador necesario”, con el fin de que los titulares de parcelas y fincas donde se enclavan los centros emisores y los operadores de red de telecomunicaciones permitan el acceso a las instalaciones. Se tipifican nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración.

Con respecto a las sanciones, se fijan cuantías distintas de las contempladas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. La justificación es “hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía”.
Las sanciones para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 y 1.000.000 euros para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.

En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. Las multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Por otro lado, el régimen sancionador se completa con las sanciones a las personas que actúan como representantes de las emisoras en el caso de que sean personas jurídicas privadas (empresas, etc..).

A los administradores, apoderados, etc…, se les podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Esto afecta a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.


Díez y Romeo: La inconstitucionalidad parcial de la Ley Audiovisual de Cataluña

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, letrados de Díez y Romeo, han analizado la última Sentencia del Tribunal Constitucional del sector audiovisual, donde la delimitación de competencias entre el Estado y las CCAA es crucial para definir el proceder en materia de medios de comunicación.

1.- El ámbito competencial: Telecomunicaciones Vs Audiovisual.-

Para comprender la mecánica del conflicto entre Estado y Cataluña, el Tribunal Constitucional fija que los artículos de la Ley Audiovisual catalana cuestionados se ubican en dos ámbitos competenciales:

1.1.- El relativo al art. 149.1.21 CE: Estado competencia exclusiva en las telecomunicaciones.

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE) y eso incluye (i) la ordenación, gestión, planificación y control del dominio público radioeléctrico; (ii) la regulación de los aspectos técnicos de las comunicaciones. Esto es, lo que afecte a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven – las ondas radioeléctricas o hertzianas −. Y (iii) la regulación o configuración del propio sector de telecomunicaciones.

1.2.- El que atañe al art. 149.1.27 CE: Estado dicta las normas básicas del régimen de los medios de comunicación social, las CCAA tienen facultades de ejecución y desarrollo.

Según el TC la competencia definida en el art. 149.1.27 CE, se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE. Como por ejemplo el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual.

Se trata de una competencia compartida, de ahí que tras ejercer el Estado la regulación básica (Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual) y determinar la planificación del espectro radioeléctrico correspondiente, las CCAA, en su ámbito territorial, tienen plena competencia para (i) definir el procedimiento de adjudicación de licencias audiovisuales, (ii) realizar labores de inspección e imposición de sanciones derivadas de infracciones audiovisuales (emitir sin licencia, no cumplir licenciatarios los compromisos asumidos).

2.- Las partes en conflicto.-

La pugna judicial se inicia con el recurso de inconstitucionalidad núm. 8112/2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Durante los 11 años que ha durado el litigio, han intervenido por una parte la Presidencia del Gobierno, el Senado (se ha personado), y por otra, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña.

3.- Los artículos combatidos.-

La Presidencia del Gobierno impugnó la constitucionalidad de los arts. 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133; 134 y las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Muchos de esos preceptos han sido invocados por los Abogados de Díez y Romeo en los litigios frente a las administraciones en Cataluña.

4.- El resultado del litigio: Estado Vs Cataluña por el sector audiovisual.

La Sentencia, siguiendo el ámbito competencial definido enmarca su resultado en dos grandes apartados

4.1.- Apartado referido a la regulación del espectro radioeléctrico.-

El primer grupo de artículos cuya constitucionalidad se analiza se refiere a la regulación del espectro radioeléctrico, definido como las frecuencias utilizadas para transmitir información por ondas terrestres y que se reparten entre distintos servicios (telefonía móvil, radio, televisión, navegación aérea, etc.). Al ser esas frecuencias un recurso escaso, sólo pueden ser administradas por el Estado de acuerdo con la ordenación internacional. Nunca por las CCAA.

Desde ese prisma, en relación con los arts. 17 a 22 de la Ley Audiovisual Catalana, el Tribunal declara inconstitucionales y nulos los términos o apartados que implican una intromisión de Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones, reservado al Estado. Esto es, el TC declara inconstitucional:

• El inciso «básicas» del art. 18.2, dado que los planes técnicos elaborados por la Generalitat de Cataluña para ordenar su política audiovisual deben tener en cuenta las todas determinaciones del Estado. No sólo las cuestiones básicas.
• Las letras a) y b) del art. 19, puesto que hacen referencia a aspectos técnicos (sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc.,) relativos al soporte necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual (Radio y Televisión). Y eso corresponde al Estado en exclusiva.
• El apartado 2 del art. 22, porque Cataluña, en materia de elaboración de planes técnicos, articula una técnica de cooperación entre administraciones que solo puede establecer el Estado.
• Los incisos “aspectos técnicos” de las letras j y k del art. 111.2 LCAC, dado que a las CCAA les está vedado invadir las competencias inspectoras y sancionadoras del Estado en materia que atañe a los sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc…

4.2.- Apartado referido a la regulación audiovisual, competencias compartidas.-

El segundo grupo de artículos cuestionados constitucionalmente gravita en el ámbito de la competencia compartida entre el Estado y las CCAA en materia de medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE).

En este ámbito, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el régimen de duración de licencias previsto en los arts. 55 y 56 LCAC. Y ello por contradecir la regulación estatal de elementos que son “determinantes de la configuración del mercado o sector audiovisual”.

La Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual estatal establece un plazo de duración de la licencia de 15 años y un régimen de renovación automático e indefinido. Pero el art. 55 de la Ley catalana fijaba un plazo de renovación inferior (10 años) y limitaba a dos las renovaciones posibles.

El art. 56 LCAC estableció un criterio de intransmisibilidad de la licencia contrario a la permisibilidad estatal, que contempla la posibilidad de “celebrar negocios jurídicos con las licencias de comunicación otorgadas siempre que se haya obtenido autorización previa y se cumplan determinadas condiciones”. Por eso el TC ha dejado sin efecto este precepto.

4.3.- Operadores de telecomunicaciones: explotación de redes de comunicaciones electrónicas.-

Sanciones

Una de las expectaciones del sector era el sometimiento a constitucionalidad de la competencia de Cataluña (CCAA) para la inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Algo que incide en los operadores de telecomunicaciones que prestan el servicio de transporte y difusión de la señal de radio FM y televisión.

El TC se ha decantado por anular la letra j) del art. 111.2 LCAC que permitía a Cataluña hostigar a los operadores de telecomunicaciones. El argumento dado es que la atribución de competencia para inspeccionar y sancionar los aspectos técnicos de la prestación de radio y televisión invade la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. De este modo, sólo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es la competente para iniciar procesos sancionadores que versen sobre los aspectos técnicos de la comunicación radiofónica y televisiva.

Con este precedente, los abogados Díez y Romeo consideran que pocas serán las CCAA que traten de inspeccionar o sancionar los aspectos técnicos de los servicios audiovisuales.

No hay obligaciones a los operadores de redes.-

El Abogado del Estado acusaba a Cataluña de imponer obligaciones de servicio público a los operadores que explotan redes (sistemas de transmisión de señales) y servicios de comunicaciones electrónicas, más allá de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que los arts. 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la LCAC se refieren al ámbito de la comunicación audiovisual, ya que se trata de imponer obligaciones a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual (no a operadores de redes).

La razón es que cómo la función de los distribuidores es la de ofrecer y comercializar contenidos audiovisuales, propios o de terceros, resulta admisible que Cataluña establezca determinadas obligaciones de servicio público en relación a esos contenidos.


El 72% de los periodistas dice que los medios tradicionales son la fuente más fiable

30.08.16 | 18:26. Archivado en TDT, Televisiones locales, Contenidos, Noticias

A pesar de la innegable creciente importancia de las redes sociales y el medio digital, todos sabemos que en internet, no todo lo que reluce es oro.

De hecho, a veces es complicado distinguir a verdad del engaño en la web 2.0.

Esta es precisamente una de las razones por las que los periodistas siguen apostando por los medios tradicionales como fuentes de información fiable.

Así lo asegura un estudio elaborado por Ogilvy PR en el que el 72% de los encuestados cree que los medios tradicionales son la fuente más fiable.

Pero además, las conclusiones revelan que el 52% cree que cuanto más se informe sobre una marca en los medios tradicionales, más creíble es para el público.

Por su parte, el social media impone su reinado en la región de Asia y Pacífico con un 38% mientras que Norteamércia, Europa, Oriente Medio y África se decantan por la prensa tradicional.

Además, en cuanto a lo que una marca necesita para alcanzar el éxito en el mundo digital de hoy en día, el 34% asegura que deben ser influyentes a través de múltiples plataformas.


Nula la sanción impuesta por la CNC a Mediapro

29.08.16 | 00:24. Archivado en Tribunales, Contenidos, Noticias

La Audiencia Nacional ha anulado una sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a Mediapro por la firma de contratos de derechos audiovisuales con clubs de fútbol por una duración de 4 años. Después de una sentencia precedente del Tribunal Supremo, declarando válidos los contratos suscritos antes de abril de 2010, la Audiencia Nacional ha anulado el expediente sancionador y la sanción de 6’5 millones de euros impuesta a Mediapro.

Paralelamente, la Audiencia Nacional ha anulado también las sanciones impuestas a los cuatro clubs. De esta forma FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander no han sufrido ningún perjuicio por la firma de estos contratos.

En noviembre de 2013 la CNMC sancionó a Mediapro con más de 6’5 me de multa por considerar que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales del FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander, con una duración de 4 temporadas, eran contrarios a la legislación anticompetencia. La CNMC pretendía aplicar a estos contratos una legislación aprobada con posterioridad a la firma de los mismos e ignorar la legislación europea en este ámbito. El grupo audiovisual recurrió ante la Audiencia Nacional para que anulara la totalidad del expediente y de la sanción. En su sentencia, la Audiencia Nacional estima todas las alegaciones presentadas por Mediapro y establece la irregularidad de la sanción de 6’5 millones impuesta al Grupo.

En la sentencia, la Audiencia Nacional reconoce la legalidad de los contratos firmados por el grupo y confirma que no eran contrarios al Derecho de la competencia y que la multa de 6.573.000 euros fue indebidamente impuesta a Mediapro.


Díez y Romeo analiza en Anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía

Recientemente se ha publicado en la web de la Junta de Andalucía el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía que para que los distintos agentes del sector televisivo y radiofónico puedan realizar las consultas que estimen conveniente. Desde Díez & Romeo se ha analizado el texto legal a través de un informe técnico para varias entidades del sector audiovisual

Las instituciones han valorado positivamente la norma ya que insistirá en la protección de la pluralidad política, de la profesionalidad, de las entidades que trabajan en ese campo desde el ámbito privado y público. Así lo destacaba el Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, en la entrega de los II Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local.

Estructura del Anteproyecto.-

El Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía consta de 110 artículos estructurados en 6 títulos donde se abordan aspectos como (i) los principios inspiradores, definiciones y ámbito de aplicación; (ii) Derechos de la ciudadanía y Servicios de comunicación audiovisual; (iii) La Administración audiovisual; (iv) Derechos y obligaciones de los prestadores régimen jurídico de las emisoras y televisiones comerciales; (v) Servicios de comunicación audiovisual en sus distintas modalidades: privado, público y comunitario sin ánimo de lucro; y (vi) el régimen sancionador.
La incorporación de 1 disposición adicional, 2 disposiciones finales y 3 disposiciones transitorias cierra el régimen legal propuesto por el ejecutivo andaluz.

Del análisis de la nueva regulación, Díez y Romeo destaca tres particularidades específicas:

• la incorporación del derecho a las autorizaciones provisionales para los prestadores públicos de televisión locales y para los operadores de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro.
• la prohibición de contratación y difusión de publicidad en emisiones de prestadores sin licencia título habilitante.
• Y el establecimiento de un régimen sancionador demoledor.

El Régimen Sancionador.-

El impacto sancionador que el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía contempla en su seno es absolutamente devastador.

Con respecto a la cuantificación de las sanciones, el art. 96 del Anteproyecto establece la siguiente estructura:
Sanción para infracciones muy graves:
• Multa de 80.001 hasta 1.000.000 de euros para televisiones
• Multa de 20.001 a 200.000 euros para emisoras de radio
• Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 20.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

Sanción para infracciones graves:
• Multa de 20.001 hasta 80.000 euros para televisiones
• Multa de 10.001 a 20.000 euros para emisoras de radio
• Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 10.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

Sanción para infracciones leves:
• Multa de hasta 20.000 de euros para televisiones.
• Multa de 10.000 euros para emisoras de radio.
• Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 5.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

El artículo 98 del Anteproyecto recoge las siguientes medidas sancionadoras accesorias:

Infracciones muy graves:
• Prohibición de contratar con la Junta de Andalucía durante un plazo no inferior a 3 años.
• Precintado provisional de instalaciones, aparatos y equipos utilizados para realizar la prestación del servicio de comunicación audiovisual
• Incautación temporal de aparatos y equipos.
• Clausura, total o parcial de las instalaciones entre 2 a 4 años.
• Inhabilitación para el ejercicio de la actividad entre 1 y 2 años.
• Suspensión de la licencia audiovisual entre 1 y 4 años.
• Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de comunicación audiovisual durante 3 años.

Infracciones graves:
• Clausura, total o parcial de las instalaciones por un máximo de 2 años.
• Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un máximo de 1 año.
• Suspensión de la licencia audiovisual por un máximo de 1 año.
• Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de comunicación audiovisual durante 1 año.

Las medidas cautelares están reguladas en el artículo 97 del Anteproyecto y los las siguientes:

• Cese temporal de la prestación del servicio de comunicación audiovisual.
• Clausura, parcial o total, de las instalaciones.
• Precintado provisional de instalaciones, aparatos y equipos utilizados para realizar la prestación del servicio de comunicación audiovisual
• Incautación temporal de aparatos y equipos
• Prestación de fianza
• Acudir a las jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para ejerzan las competencias en materia de Telecomunicaciones
• Interrupción de los suministros básicos para el funcionamiento de la actividad (suministro eléctrico, difusión de señal, entre otras)

Entre las infracciones muy graves se encuentran tanto la prestación del servicio de comunicación audiovisual (radio y televisión) sin disponer de licencia, como el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia definidas 3 veces en 6 meses.


Nuevas licencias TDT: 7 cuestiones basicas

19.10.15 | 05:20. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Contenidos, Noticias

Díez y Romeo abogados ha llevado un seguimiento del concurso público de adjudicación de 6 licencias TDT estatal. Por eso ha preparado unas breves claves sobre la situación actual del concurso audiovisual.

El pasado viernes 16 de octubre de 2015, siguiendo los calendarios del pliego, el Consejo de Ministros aprobó el otorgamiento de seis licencias de televisión en abierto de cobertura estatal, tres en tecnología estándar y tres en alta definición (HD).

1.- ¿Quiénes son los nuevos adjudicatarios de las licencias de TDT?
Los adjudicatarios de las licencias de televisión en abierto en calidad estándar (SD) han sido:
-13 TV S.A.
- Radio Blanca S.A. (Kiss TV);
- Central Broadcaster Media, S.L.U. (Grupo Secuoya).
Las licencias en alta definición (HD) han sido para
-Atresmedia Corporación Medios de Comunicación, S.A.,
- Mediaset España, S.A. y
- Real Madrid Club de Fútbol

2.- ¿Qué contenidos televisivos emitirán los nuevos canales?
Cada licencia audiovisual, que se corresponde con un nuevo canal de televisión, deberá someterse a los compromisos asumidos en las memorias que presentaron. De ellas parten los méritos que han dado lugar a las adjudicaciones y de no cumplirlas perdería los avales aportados y podría derivar en una extinción de licencias en caso de reiteración.

Desde Díez & Romeo hemos analizado los pormenores de muchos concurso audiovisuales y desde nuestra práctica resulta difícil ver licenciatarias que cumplan íntegramente sus compromisos. Veremos a ver en este concurso público de TDT

En cualquier caso varios han sido los nuevos adjudicatarios han realizado alguna manifestación al respecto sobre el posible modelo de la televisión.
Secuoya. Raúl Berdonés, consejero delegado de Secuoya, ha adelantado ya algunos detalles del nuevo canal. Según ha declarado en algunos medios, el nuevo canal se llamará provisionalmente D10 y tendrá contenido "familiar". El nuevo canal emitirá desde las 20:30 hasta las 22:30 y tendrá boletines informativos cada cinco minutos, similares a la radio.
13TV. No hay pistas sobre el contenido del nuevo canal, aunque en el mercado se da por hecho que será muy similar al del canal que emite actualmente.
Kiss Media. Tampoco se conocen los planes del grupo para el nuevo canal, aunque sí ha trascendido que la propuesta incluye una programación generalista con contenido musical. Se da por hecho que, en cualquier caso, no se limitará a la emisión de videoclips como actualmente.
Real Madrid TV. Un caso similar al de 13 TV. No ha dado pistas de cómo será el nuevo canal, pero se da por hecho que la estructura será similar al actual en plataformas de pago y que produce Mediapro.
Atres Media. Desde el grupo de comunicación no se han dado pistas sobre el nuevo canal, aunque sí se sabe que será complementario a la oferta actual.
Mediaset. Tampoco se han desvelado planes, pero también se espera que sea un canal que complemente los canales con los que ya cuenta.

3.- ¿Qué obligaciones debe de cumplir?
Las obligaciones que deben de cumplir son las siguientes:
1.- Prestar directamente el servicio objeto de la licencia, con posibilidad de transmitir y arrendar transcurridos 2 años desde la adjudicación (artículo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo), salvo que en el proyecto se hayan comprometido a más años de explotación directa.

2.- Iniciar las emisiones conforme al siguiente calendario:
La emisión habrá de iniciarse a los 6 meses desde la publicación del BOE de la adjudicación. Y deben alcanzar la cobertura del 50% de la población española
Una vez se haya formalizado la licencia, los licenciatarios deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos de cobertura de población:
– El 80% en el plazo máximo de 12 meses.
– El 90% en el plazo máximo de 18 meses.
– El 96% en el plazo máximo de 24 meses.

3.- Garantizar el servicio televisivo continuado con sujeción a las condiciones y compromisos asumidos por el licitador en su solicitud.

4.- Emitir en abierto durante 24 horas al día.

5.- Reservar a obras europeas el porcentaje correspondiente del tiempo de emisión anual de su programación, (artículo 5.2 Ley 7/2010, de 31 de marzo).

6.- Contribuir a la financiación anticipada de obra europea en los términos del artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

7.- Disponer de un sitio web en el que se hagan constar los extremos previstos en el artículo 6.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

8.- Suministrar la información necesaria para la elaboración e implantación de la GEP, artículo 6.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

9.- Archivar durante un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos, incluidas las comunicaciones comerciales, y registrar los datos relativos a tales programas, (artículo 61 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.)

10.- Cumplir las obligaciones con el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículo 33 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo

11.- Suministrar a la Administración, cuanta información le sea requerida en relación con los aspectos técnicos y económicos del servicio y, en particular, información trimestral acerca de la cobertura alcanzada por cada canal de televisión, indicando las zonas geográficas y la población afectada que se vayan incorporando al servicio. La información trimestral a la que se refiere el párrafo anterior habrá de ser facilitada por el licenciatario dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de conclusión del trimestre precedente.

12.- Facilitar las comprobaciones e inspecciones que se realicen para verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.

13.- El resto de las obligaciones a las que venga obligada por otras normas.

4.- Consecuencias del incumplimiento de los compromisos
El incumplimiento de los compromisos que el adjudicatario de la TDT haya asumido en su oferta podrá perder los avales presentados.

Hay incumplimientos que pueden suponer infracciones audiovisuales graves. Ello puede derivar en
• multas dinerarias de entre 500.001 € hasta 1.000.000, €
• Revocación de licencias televisivas

5.- Los pasos a dar tras la publicación en el BOE
La adjudicación definitiva se publica en el BOE y se notifica a los interesados. A los 30 días de dicha notificación se formaliza en documento contractual (contrato).
Obtener la concesión de dominio público radioeléctrico, otorgada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Inscribir en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, la licencia y los datos pertinentes.
Abonar el correspondiente Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme a su normativa reguladora

6.- ¿Cuál es la relación entre coberturas y emisiones?
Existente 2 hitos a tener en cuenta:

Una vez se halla publicación del BOE de la adjudicación, los licenciatarios deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos de cobertura de población:
– El 50% en el plazo máximo de 6 meses.

Una vez se haya formalizado la licencia, los licenciatarios deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos de cobertura de población:
– El 80% en el plazo máximo de 12 meses.
– El 90% en el plazo máximo de 18 meses.
– El 96% en el plazo máximo de 24 meses.

7.- ¿Puede recurrirse ?
Toda apunta a que al menos 3 empresas recurrirán la adjudicación ante el Tribunal Supremo.


Nueva clasificación de programas televisivos

31.07.15 | 23:21. Archivado en Consejo Audiovisual, Contenidos, Noticias

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha dado a conocer los criterios de clasificación de contenidos audiovisuales que siguen la calificación por edades del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y cuenta con siete categorías.

De esta manera, los contenidos serán incluidos en:

1.- especialmente recomendado para la infancia
2.- apto para todos los públicos
3.- no recomendado para menores de 7 años
4.- no recomendado para menores de 12 años
5.- no recomendado para menores de 16 años
6.- no recomendado para menores de 18 años
7.- Contenidos X

Además, para la clasificación se han tenido en cuenta los contenidos potencialmente perjudiciales para la infancia como sexo, drogas, sustancias tóxicas, lenguaje, miedo o violencia.

El rango de edad correspondiente a cada contenido será evaluado según su grado de realismo, explicitud, detalle o frecuencia.

Esta decisión será aplicada a todos los prestadores de servicios audiovisuales tanto lineales como no lineales sin distinción del medio de transmisión que se utilice para su emisión.

Fuente: http://diezromeomedia.blogspot.com.es/2015/07/la-cnmc-determina-7-categorias-por.html


El uso de Internet provoca que el consumo de medios se dispara hasta las 8 horas diarias

01.06.15 | 22:07. Archivado en Contenidos, Noticias

El último informe de predicciones de consumo de medios de ZenithOptimedia ha visto la luz y Marketing Digital ha publicado una interesante nota de prensa.

El uso de internet se incrementará un 12% a nivel mundial este año, lo que ayudará a impulsar el promedio individual de consumo de los medios a más de ocho horas al día. Se espera que esta tendencia continúe y que para 2017 internet represente el 29% del tiempo que las personas pasan con los medios de comunicación.

Las personas ya pasan la mitad del tiempo de su vida que pasan despiertas consumiendo medios”, señala Jonathan Barnard, jefe de predicciones de ZenithOptimedia. “La gente de todo el mundo está hambrientas de más oportunidades para descubrir información, disfrutar del entretenimiento y comunicarse entre sí, y la nueva tecnología está proporcionando estas oportunidades”.

El pronóstico de ZenithOptimedia recoge los patrones de consumo de medios de 65 países desde 2014 hasta 2017. Según el informe, el tiempo que las personas dedican al uso de internet casi se ha duplicado desde 2010, una tendencia que se está acelerando gracias a la tecnología móvil, que proporciona a los consumidores nuevas oportunidades para consumir medios de comunicación fuera de casa y el trabajo.

Aunque el promedio de tiempo que los consumidores pasan con los medios ha crecido, este aumento ha sido a expensas de los tradicionales. Según ZenithOptimedia el tiempo dedicado a los medios de comunicación tradicionales se redujo casi 30 minutos. La televisión, aunque haya perdido cuota desde el 42% del año pasado al 38% actual, sigue dominando el uso global de medios. Se espera que para 2017 represente el 35%.

Con la excepción de la publicidad exterior, el uso de todos los medios de comunicación tradicionales -como periódicos, revistas, radio y cine- ha disminuido en los últimos cuatro años, una tendencia que se espera que continúe hasta 2017 según ZenithOptimedia. Los periódicos continuarán siendo los más afectados, con una caída del 26%, seguido por las revistas con un descenso del 19%. Entre 2014 y 2017, ZenithOptimedia espera que la lectura de periódicos disminuya una media anual del 5%, mientras que las revistas y la televisión lo harán un 4% y 2% al año, respectivamente.
La exposición a la publicidad exterior ha crecido un 1% desde 2010, gracias a un aumento de los carteles y pantallas al aire libre en los espacios públicos, a la migración urbana en los mercados emergentes, y a los consumidores que pasan más tiempo de ocio fuera de casa debido a los indicios de recuperación financiera.

Los latinoamericanos son los que más consumen medios con una media de 12 horas al día, mientras que los de la región Asia-Pacífico son quienes pasan menos tiempo con 5 horas, aunque el tiempo que pasan con los medios de comunicación está creciendo muy por encima de la media mundial gracias al desarrollo económico que permite a los consumidores mayor acceso a los medios de comunicación y más tiempo libre.

Fuente: Marketing Directo: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/consumo-medios/#sthash.WHrBJxS6.dpuf


Televisiones y publicidad

21.05.15 | 22:59. Archivado en TDT, Contenidos, Publicidad, Noticias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo expediente sancionador a las dos grandes plataformas de televisión en España, Atresmedia y Mediaset, por posible incumplimiento del artículo 14.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

De acuerdo a la mencionada normativa, el máximo de minutos dedicados a la publicidad por cada hora de emisión en televisión es de 12 minutos, a excepción del patrocinio y el emplazamiento.
Estas infracciones “de carácter leve” fueron detectadas por el organismo regulador entre noviembre y diciembre de 2014 en Antena 3 (Atresmedia) y entre octubre y diciembre del mismo año en Cuatro y Telecinco, canales del grupo Mediaset.

No obstante, la CNMC explica en las notas de prensa emitidas que la apertura de estos expedientes “no prejuzga el resultado final de la investigación”. El organismo regulador dispone de un plazo máximo de seis meses para la instrucción y resolución del expediente, mientras que los grupos de comunicación tienen un plazo 15 días para presentar alegaciones.


Uber es financiada con 1.500 millones de dólares

11.05.15 | 15:37. Archivado en Contenidos, Noticias

El controvertido servicio de transporte compartido Uber es un auténtico as ganándose el favor de los inversores. Sólo unos meses después de llenar sus arcas hasta los topes, la compañía ha protagonizado una nueva y millonaria ronda de financiación en la que se habría embolsado la friolera de 1.500 millones de dólares (aproximadamente 1.340 millones de euros). Esta es la cifra que manejan al menos The Wall Street Journal y The New York Times.

Tras esta nueva y generosa ronda de financiación, Uber tendría un valor de mercado de 50.000 millones de dólares. Con esta cifra, la siempre polémica aplicación batiría récords y se pondría la altura del todopoderoso Facebook, la única compañía que alcanzó en su día este estratosférico valor de mercado antes de su debut en los mercados bursátiles.

El pasado mes de febrero Uber volvió a copar titulares en todo el mundo tras echar el lazo a 2.800 millones de dólares en una ronda de financiación.

Uber está invirtiendo la gigantesca de reserva de millones que hay en sus arcas para dar fuelle a su expansión internacional. Una expansión internacional en la que la compañía se está tropezando con una importante piedra en el camino: la desconfianza de muchas autoridades nacionales, que acusan a Uber de competencia desleal.

La famosa app de transporte compartido es asimismo noticia en la actualidad por haber puesto sobre la mesa a Nokia un cheque de hasta 3.000 millones de dólares para la compra de su servicio cartográfico


Diez y Romeo: 6 meses tras la regulación audiovisual de Castilla y León

11.05.15 | 15:30. Archivado en Contenidos, Noticias

Los abogados Paula Romeo González y Jaíme Rodríguez Díez, del despacho madrileño Díez & Romeo realizaron un análisis de la normativa audiovisual de Castilla y León el pasado 30 de octubre de 2014.

El bufete de abogados Díez y Romeo hace un seguimiento continuo de la legislación sobre radio y televisión en la geografía española.

I.- Trámite de audiencia terminó el pasado 3 de noviembre de 2014.

El pasado 3 de noviembre de 2014, finalizó el plazo concedido al sector audiovisual de Castilla y León para presentar alegaciones a la nueva regulación propuesta por la Dirección General de Telecomunicaciones, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Los textos normativos eran:
• El proyecto de Decreto por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en esta comunidad autónoma.
• La propuesta de Orden por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual.

El proyecto de Decreto Audiovisual aún se encuentra disponible en la Plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. En este link:
http://www.jcyl.es/junta/cp/PROYECTO_DECRETO_COMUNICACION_AUDIOVISUAL_CYL.pdf

Con Castilla y León ya son 9 las comunidades autónomas las que han desarrollado las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Respuesta normativa a la modificación del sector audiovisual.-

La entrada en vigor de la Ley básica estatal supone una profunda desactualización de las dos normas vigentes de comunicación audiovisual en Castilla y León: el Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y el Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres.

El objetivo buscado, según los abogados de la firma Diez y Romeo, es derogar formalmente una normativa autonómica ya que se basaba en una legislación estatal derogada desde el 2010. De este modo, Castilla y León ajustará su legislación al nuevo régimen jurídico instaurado con la promulgación de la LGCA. Los textos normativos pretenden amparar los nuevos modelos de negocio y condiciones de las oferta derivados de la ampliación de redes y nuevas tecnologías.

El sector audiovisual ha experimentado una rápida evolución, por la implantación de la tecnología digital y la irrupción de Internet. Este escenario facilita el acceso de los usuarios a dichos servicios, y ocasiona la fragmentación de las audiencias que ha variado los modelos de negocio. Tanto en radio como en televisión.

Los abogados de la firma Diez y Romeo consideran que con la nueva normativa se trata de despejar las incertidumbres jurídicas del sector y dar seguridad a las empresas de radio y televisión. Así se conseguirá proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de accesos a contenidos universales de gran interés o valor.

III.- Aspectos regulados

Según el artículo 1 del proyecto, el Decreto Audiovisual de Castilla y León regula los siguientes aspectos:
• Los principios orientadores de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, y los derechos y obligaciones de los prestadores.
• El régimen jurídico de las emisoras de radio y television de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales.
• El régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
• El régimen jurídico de las emisoras de radio y television públicas.
• Loa aspectos sobre la inspección a los medios de comunicación.
• Las sanciones aplicables a radios y televisiones.

También se crea en este Decreto el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León, y se regula su organización y funcionamiento.

IV. Estructura del Decreto Audiovisual.

El bufete de abogados Diez & Romeo ha analizado el proyecto de texto audiovisual consta de 55 artículos, 7 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 2 derogatorias y 1 final.

El escenario legal planteado avanza con carácter general los aspectos relacionados con las nuevas licitaciones audiovisuales, ya que regula: (i) la capacidad de obrar, (ii) la documentación a aportar por los licitadores (Sobre 1 donde se recoge la documentación administrativa y Sobre 2, conformado por la Oferta Técnica), (iii) los criterios de valoración, que al menos, deberán ser (art. 16):
• Las características de la programación ofertada.
• Las características técnicas y operativas del proyecto.
• La viabilidad económica y estructural del proyecto.
• La contribución a la pluralidad de la oferta de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
• El fomento de los valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León enunciados en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía.

El plazo que se tiene para notificar la resolución de los concursos será de 6 meses, al igual que en todas las convocatorias previas.

En relación con la inspección el nuevo texto acota el alcance de sus funciones ya que comprenden:
• la verificación de los contenidos, de las condiciones y forma en que se produzca la emisión y/o recepción de los servicios,
• el control del cumplimiento de las obligaciones legales y de los compromisos asumidos por los prestadores.
• La comprobación de que tienen licencia previa para realizar emisiones.

Entre las sanciones se prevén multas de 100.000 € para las emisoras de radio sin licencia y de 500.000 € para las televisiones que carezcan de título habilitante. También, se establece el cierre y precinto de las instalaciones


UTECA: "El hostigamiento del Gobierno a las TV en abierto"

08.05.15 | 22:25. Archivado en TDT, Contenidos, Noticias

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha emitido un comunicado en el que lanza un órdago al Gobierno al acusarlo de hostigar a las televisiones privadas en abierto en pro de los intereses de los operadores de pago, sobre todo al permitir la compra de Canal+ por parte de Telefónica, dos grupos que en la actualidad acumulan el 70,7% de la audiencia total de los canales de pago.

Además de aludir al papel de las televisiones privadas como “principal vehículo de información y ocio” desde que nacieran hace más de dos décadas, destaca que las pequeñas pantallas continúan siendo el medio rey entre los aparatos electrónicos en los hogares, pese a la irrupción de otros dispositivos audiovisuales.

Pero a pesar de la óptima situación que atraviesa la televisión, el organismo que defiende los intereses de las televisiones comerciales denuncia que la labor de la televisión como motor de cultura y de la economía “se ha puesto en peligro en el último año” desde que el Gobierno cerrara nueve canales de TDT en mayo de 2014, una decisión con la que, en su opinión, “lesionaron gravemente los intereses de los españoles, que vieron reducida la pluralidad de la oferta en abierto, y se produjeron daños irreparables para la industria audiovisual española, agravando la ya de por sí difícil situación económica por la que atravesaban las empresas del sector”, ocasionando la pérdida de un 37,5% de la oferta televisiva.

La entidad también critica el “proceso de liberación del Dividendo Digital por el cual se reubicaban en otro espectro radioeléctrico las emisiones que los operadores de televisión realizaban en la banda de los 800 megahercios”, que a su juicio se llevó a cabo con el objetivo de beneficiar a las compañías de telecomunicaciones para que pudiesen “desplegar eficientemente las redes de comunicaciones móviles 4G” y que tuvo que prolongarse tres meses más de lo previsto a causa de la “falta de previsión y mala gestión” del Ejecutivo.

Por otra parte, recientemente el Consejo de Ministros del Gobierno anunció un nuevo concurso para la adjudicación de seis nuevos canales en abierto, que según UTECA obvia “la posibilidad de cierre de otros ocho canales de la TDT”, al no hacer referencia al problema al que se enfrenta el sector audiovisual y eludir así sus responsabilidades ni ofrecer opciones para que la propia Administración repare los errores cometidos.

Asimismo, el organismo también cita que, pese a las recientes declaraciones por parte de algunas instituciones sobre posibles “riesgos de la concentración de las audiencias en un número reducido de operadores”, no cree que exista un escenario de concentración audiovisual, dado que los espectadores poseen de una media de entre veinte y treinta canales y los cuatro principales grupos a los que representa (Atresmedia, Mediaset, Veo y Net TV) disponen de un total de 15. Según UTECA, las administraciones deberían reconocer “el mérito y los esfuerzos” de estos operadores, “que luchan por mejorar sus audiencias ofreciendo productos de calidad, rigor e invirtiendo miles de horas de trabajo”.

Frente a esta situación que UTECA califica como de “hostigamiento a la televisión en abierto”, y de la que declara no tener esperanzas en que se acuerde una “solución viable y satisfactoria” en concordancia con las necesidades del sector, la entidad denuncia que la CNMC, que “debe velar por la pluralidad y competencia en los mercados, haya dado luz verde a la adquisición de la plataforma de pago Canal+ por parte de Telefónica”.

Según los datos del propio organismo regulador, ambos grupos poseían a finales de 2014 el 70,7% de la audiencia de televisión de pago en España y el 85% de los ingresos. De acuerdo al comunicado, la inacción por parte de las administraciones podría conllevar a que los televidentes españoles perdiesen “un total de 17 canales gratuitos después de haber afrontado diez años de inversiones millonarias en la creación y sostenimiento de los mismos”.

UTECA concluye que la gestión del Gobierno está generando un “serio revés a la libertad informativa”, además de un “grave daño a la industria audiovisual y de forma general a la economía española”, por lo que reclama que la delicada situación del sector audiovisual no esté sujeta a “arbitrios judiciales, interpretaciones, recursos e intereses particulares” e insta al Ejecutivo a conservar la oferta de televisión en abierto.

Por ello, espera que en los próximos meses el Gobierno tome un nuevo rumbo en su actuación, empezando con “la adopción de las medidas necesarias para dotar de seguridad jurídica a los actuales 15 canales de TDT” para asegurar “la oferta de televisión en abierto y gratuita que los españoles se merecen”.


Miércoles, 22 de noviembre

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