Audiovisual Legal

Díez y Romeo anula una sanción de 13.000 € a un operador de Drones.

14.07.17 | 18:45. Archivado en Tribunales, Noticias

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo de Díez y Romeo han obtenido la anulación judicial de una sanción de 13.000 € impuesta a un operador de Drones. La Sentencia invalida la actuación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) numerosas irregularidades en la instrucción del expediente.

Los hechos se remontan a la acusación formalizada en 2015 a un operador de Drones. En concreto, se le acusaba de sobrevolar aglomeración de personas y vuelos nocturnos e incumplir los requisitos para realizar actividades aéreas de trabajos de filmación audiovisual.

Acto seguido, se inició el procediendo sancionador a estacionas de la AESA, que concluyó con una sanción de 13.000 €.

Tras ello, los abogados de Díez y Romeo recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular las sanciones. Tras los trámites seguidos ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, el Juez dictó una sentencia que anula las sanciones.

El Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia es realmente contundente a la hora de evaluar la actuación de la AESA. En se dan las razones de la anulación:

•Los visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, no son suficientes para adquirir certeza probatoria.

•El instructor de la AESA denegó todos los medios de prueba propuestos en contra de lo dispuesto en la normativa.

El Juzgado así enmienda la plana a una Administración que está más preocupada por sancionar que por terminar de regular las actividades de los operadores de drones.

El letrado que dirigido la defensa del operador de Drones, Jaime Rodríguez Díez, de Díez y Romeo Abogados, declara que es la primera vez que las capturas de pantallas de vuelos de RPAs se analizan desde la perspectiva del Derecho Penal. No hay que olvidar que el derecho sancionador en el ámbito administrativo se nutre de los principios del Derecho Penal.


Díez y Romeo: La inconstitucionalidad parcial de la Ley Audiovisual de Cataluña

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, letrados de Díez y Romeo, han analizado la última Sentencia del Tribunal Constitucional del sector audiovisual, donde la delimitación de competencias entre el Estado y las CCAA es crucial para definir el proceder en materia de medios de comunicación.

1.- El ámbito competencial: Telecomunicaciones Vs Audiovisual.-

Para comprender la mecánica del conflicto entre Estado y Cataluña, el Tribunal Constitucional fija que los artículos de la Ley Audiovisual catalana cuestionados se ubican en dos ámbitos competenciales:

1.1.- El relativo al art. 149.1.21 CE: Estado competencia exclusiva en las telecomunicaciones.

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE) y eso incluye (i) la ordenación, gestión, planificación y control del dominio público radioeléctrico; (ii) la regulación de los aspectos técnicos de las comunicaciones. Esto es, lo que afecte a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven – las ondas radioeléctricas o hertzianas −. Y (iii) la regulación o configuración del propio sector de telecomunicaciones.

1.2.- El que atañe al art. 149.1.27 CE: Estado dicta las normas básicas del régimen de los medios de comunicación social, las CCAA tienen facultades de ejecución y desarrollo.

Según el TC la competencia definida en el art. 149.1.27 CE, se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE. Como por ejemplo el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual.

Se trata de una competencia compartida, de ahí que tras ejercer el Estado la regulación básica (Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual) y determinar la planificación del espectro radioeléctrico correspondiente, las CCAA, en su ámbito territorial, tienen plena competencia para (i) definir el procedimiento de adjudicación de licencias audiovisuales, (ii) realizar labores de inspección e imposición de sanciones derivadas de infracciones audiovisuales (emitir sin licencia, no cumplir licenciatarios los compromisos asumidos).

2.- Las partes en conflicto.-

La pugna judicial se inicia con el recurso de inconstitucionalidad núm. 8112/2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Durante los 11 años que ha durado el litigio, han intervenido por una parte la Presidencia del Gobierno, el Senado (se ha personado), y por otra, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña.

3.- Los artículos combatidos.-

La Presidencia del Gobierno impugnó la constitucionalidad de los arts. 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133; 134 y las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Muchos de esos preceptos han sido invocados por los Abogados de Díez y Romeo en los litigios frente a las administraciones en Cataluña.

4.- El resultado del litigio: Estado Vs Cataluña por el sector audiovisual.

La Sentencia, siguiendo el ámbito competencial definido enmarca su resultado en dos grandes apartados

4.1.- Apartado referido a la regulación del espectro radioeléctrico.-

El primer grupo de artículos cuya constitucionalidad se analiza se refiere a la regulación del espectro radioeléctrico, definido como las frecuencias utilizadas para transmitir información por ondas terrestres y que se reparten entre distintos servicios (telefonía móvil, radio, televisión, navegación aérea, etc.). Al ser esas frecuencias un recurso escaso, sólo pueden ser administradas por el Estado de acuerdo con la ordenación internacional. Nunca por las CCAA.

Desde ese prisma, en relación con los arts. 17 a 22 de la Ley Audiovisual Catalana, el Tribunal declara inconstitucionales y nulos los términos o apartados que implican una intromisión de Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones, reservado al Estado. Esto es, el TC declara inconstitucional:

• El inciso «básicas» del art. 18.2, dado que los planes técnicos elaborados por la Generalitat de Cataluña para ordenar su política audiovisual deben tener en cuenta las todas determinaciones del Estado. No sólo las cuestiones básicas.
• Las letras a) y b) del art. 19, puesto que hacen referencia a aspectos técnicos (sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc.,) relativos al soporte necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual (Radio y Televisión). Y eso corresponde al Estado en exclusiva.
• El apartado 2 del art. 22, porque Cataluña, en materia de elaboración de planes técnicos, articula una técnica de cooperación entre administraciones que solo puede establecer el Estado.
• Los incisos “aspectos técnicos” de las letras j y k del art. 111.2 LCAC, dado que a las CCAA les está vedado invadir las competencias inspectoras y sancionadoras del Estado en materia que atañe a los sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc…

4.2.- Apartado referido a la regulación audiovisual, competencias compartidas.-

El segundo grupo de artículos cuestionados constitucionalmente gravita en el ámbito de la competencia compartida entre el Estado y las CCAA en materia de medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE).

En este ámbito, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el régimen de duración de licencias previsto en los arts. 55 y 56 LCAC. Y ello por contradecir la regulación estatal de elementos que son “determinantes de la configuración del mercado o sector audiovisual”.

La Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual estatal establece un plazo de duración de la licencia de 15 años y un régimen de renovación automático e indefinido. Pero el art. 55 de la Ley catalana fijaba un plazo de renovación inferior (10 años) y limitaba a dos las renovaciones posibles.

El art. 56 LCAC estableció un criterio de intransmisibilidad de la licencia contrario a la permisibilidad estatal, que contempla la posibilidad de “celebrar negocios jurídicos con las licencias de comunicación otorgadas siempre que se haya obtenido autorización previa y se cumplan determinadas condiciones”. Por eso el TC ha dejado sin efecto este precepto.

4.3.- Operadores de telecomunicaciones: explotación de redes de comunicaciones electrónicas.-

Sanciones

Una de las expectaciones del sector era el sometimiento a constitucionalidad de la competencia de Cataluña (CCAA) para la inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Algo que incide en los operadores de telecomunicaciones que prestan el servicio de transporte y difusión de la señal de radio FM y televisión.

El TC se ha decantado por anular la letra j) del art. 111.2 LCAC que permitía a Cataluña hostigar a los operadores de telecomunicaciones. El argumento dado es que la atribución de competencia para inspeccionar y sancionar los aspectos técnicos de la prestación de radio y televisión invade la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. De este modo, sólo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es la competente para iniciar procesos sancionadores que versen sobre los aspectos técnicos de la comunicación radiofónica y televisiva.

Con este precedente, los abogados Díez y Romeo consideran que pocas serán las CCAA que traten de inspeccionar o sancionar los aspectos técnicos de los servicios audiovisuales.

No hay obligaciones a los operadores de redes.-

El Abogado del Estado acusaba a Cataluña de imponer obligaciones de servicio público a los operadores que explotan redes (sistemas de transmisión de señales) y servicios de comunicaciones electrónicas, más allá de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que los arts. 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la LCAC se refieren al ámbito de la comunicación audiovisual, ya que se trata de imponer obligaciones a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual (no a operadores de redes).

La razón es que cómo la función de los distribuidores es la de ofrecer y comercializar contenidos audiovisuales, propios o de terceros, resulta admisible que Cataluña establezca determinadas obligaciones de servicio público en relación a esos contenidos.


La ilegalidad de las sanciones y cierres a emisoras de radio en Canarias

• El TSJC respalda las tesis de Radio Sintonia y Onda CIT y ordena la nulidad de las sanciones audiovisuales.
• Son ilegales los cierres decretados por el gobierno canario en 2014

Recientemente se ha declarado la firmeza de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban las 5 sanciones de 100.000 € y los 4 precintos impuestas a varias emisoras de Radio FM. Se las acusaban de emitir sin licencias, sin embargo los Tribunales han tumbado las sanciones que decretadas por el Gobierno de Canarias.

En noviembre de 2016 se dictaron 4 Sentencias que liquidaban la represaría del ejecutivo canario de 2014 contra ciertas emisoras a las que sancionó por “no tener licencia”. Ello en medio de la tramitación de más de 24 recursos contra la adjudicación de las licencias radiofónicas de Radio FM que terminaron siendo anuladas por el propio TSJC.

Muchos periodistas del sector se lañaron que resulta irónico que una Comunidad Autónoma otorgue irregularmente las licencias de radio FM y después sanciones a las emisoras (algunas participaron en el concurso) por no tener licencia audiovisual radiofónica.

1.- Un poco de historia.-

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se resolvió sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife (Onda Cit y Latinos FM), 1 en Fuerteventura, Radio Sintonia, (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde Diez y Romeo se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.


2.- Los argumentos legales.-

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente (Caducidad)
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

3.- Ganan las emisoras.-

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por Diez y Romeo terminaron venciendo a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido por Diez y Romeo ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.


Licencias FM Canarias: La nueva valoración de proyectos

El pasado viernes, 28 de abril, de publicó en el BOC la composición de la nueva Mesa de Evaluación del concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la nueva Mesa de Evaluación son los siguientes:

• Presidente: D. Ceferino José Marrero Fariña. Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
• Presidente suplente: Dña. Cristina García Maffiotte. Directora General de Comunicación.
• Secretaria: Dña. Cándida Hernández Pérez. Jefa de Servicio de Asuntos Generales. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Secretaria suplente: Dña. María Luisa Risueño Díaz. Puesto Singularizado de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Vocal Dña. Elena Bastarrica Martí. Periodista. Dirección General de Comunicación.
• Vocal suplente: Dña. Olivia Puga Santana. Periodista (Jefa Oficina Prensa). Dirección General de Comunicación.
• Representante de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos: D. David Bercedo Toledo.
• Representante de la Intervención General: Dña. Elena Hernández Páiz.

En ellos descansa la labor de evaluar nuevamente los proyectos de emisora de radios, ante la nulidad de la anterior valoración por numerosas sentencias judiciales.

En la actualidad hay 24 Sentencias firmes del TSJ de Canarias que invalidan las licencias de comunicación radiofónica otorgadas mediante el Decreto 30/2012, de 4 de abril, que resolvió el concurso público de adjudicaciones de Radio FM.

Las razones que dieron los Magistrados para anular del reparto de la FM en Canarias fueron:
• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.
• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.
• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

Hay algunas sentencias que se encuentran recurridas en el Tribunal Supremo por lo que habrá que esperar su pronunciamiento, si se quiere obtener un nuevo reparto de licencias FM.

No obstante, desde ahora la Mesa de Evaluación está habilitada para iniciar un nuevo análisis que termine con un mapa de licencias distinto del anulado por la vía judicial.


Díez y Romeo: Anulación de sanciones Radio FM en Canarias

Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.

El pasado mes de noviembre de 2016 se ha dictaron 4 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban 5 sanciones de 100.000 € cada una y 4 precintos a 4 emisoras de radio FM por emitir sin licencia. El Gobierno de Canarias acusaba a las emisoras de estar funcionando careciendo de la preceptiva licencia audiovisual.

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se acordó sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife, 1 en Fuerteventura (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por DIEZ Y ROMEO terminaron imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 500.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente


Nula la sanción impuesta por la CNC a Mediapro

29.08.16 | 00:24. Archivado en Tribunales, Contenidos, Noticias

La Audiencia Nacional ha anulado una sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a Mediapro por la firma de contratos de derechos audiovisuales con clubs de fútbol por una duración de 4 años. Después de una sentencia precedente del Tribunal Supremo, declarando válidos los contratos suscritos antes de abril de 2010, la Audiencia Nacional ha anulado el expediente sancionador y la sanción de 6’5 millones de euros impuesta a Mediapro.

Paralelamente, la Audiencia Nacional ha anulado también las sanciones impuestas a los cuatro clubs. De esta forma FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander no han sufrido ningún perjuicio por la firma de estos contratos.

En noviembre de 2013 la CNMC sancionó a Mediapro con más de 6’5 me de multa por considerar que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales del FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander, con una duración de 4 temporadas, eran contrarios a la legislación anticompetencia. La CNMC pretendía aplicar a estos contratos una legislación aprobada con posterioridad a la firma de los mismos e ignorar la legislación europea en este ámbito. El grupo audiovisual recurrió ante la Audiencia Nacional para que anulara la totalidad del expediente y de la sanción. En su sentencia, la Audiencia Nacional estima todas las alegaciones presentadas por Mediapro y establece la irregularidad de la sanción de 6’5 millones impuesta al Grupo.

En la sentencia, la Audiencia Nacional reconoce la legalidad de los contratos firmados por el grupo y confirma que no eran contrarios al Derecho de la competencia y que la multa de 6.573.000 euros fue indebidamente impuesta a Mediapro.


Díez y Romeo anula el precinto de una emisora por interferir a RNE

25.08.16 | 18:07. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

Nuevo éxito de Díez y Romeo en la defensa de emisoras de radio FM y televisiones frente a las sanciones impuestas por las administraciones. En este caso por el Ministerio de Industria.

La última semana de julio se ha conocido 1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima el recurso contencioso-administrativo contra el precinto de una emisora se radio de música "dance", por causar interferencias a RNE.

Los hechos se remontan al acta de inspección que, tras detectar unas interferencias perjudiciales, terminó atribuyéndoselas a una emisora de radio musical madrileña. Una de las que más audiencia tiene en la capital.

Acto seguido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones procedió al precinto de las instalaciones de la emisora, neutralizando los equipos transmisores que permitían las emisiones.

Tras ello, los abogados del despacho madrileño DÍEZ & ROMEO recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular el precinto de las instalaciones. Tras los trámites seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Magistrado Ponente dictó, una sentencia anulado todas las actuaciones de la administración.

En la vía administrativa el expediente sancionador fue anulado

Al dar por válidos los argumentos jurídicos esgrimidos bufete de abogados Díez y Romeo, la emisora ha podido recuperar todos los equipamientos radioeléctricos y mantener las emisiones de radio de forma pacífica.

Los puntos claves que figuraban en el recurso de la emisora de radio, fueron:
• La invalidez de unas actuaciones anuladas previamente en la vía administrativa
• La imposibilidad de justificar la urgencia del precinto al cliente de DÍEZ Y ROMEO.

En definitiva, el nuevo éxito de los servicios jurídicos de DÍEZ Y ROMEO, ha conseguido anular un precinto que podría haber imposibilitado las emisiones en Madrid.

Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, Díez & Romeo, cuenta con una dilatada en la anulación de precintos de emisoras de radio FM y televisión.


4 emisoras dinamitan el reparto de la FM en Canarias.

• Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, anulan el reparto de licencia.

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

I.- Las 4 empresas que obtuvieron las primeras Sentencias.-

Las 4 empresas que han obtenido las primeras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están ubicadas en Tenerife (3 de ellas) y una en Las Palmas.

Son las emisoras Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, y tienen varios comunes denominadores:

• Acudieron al concurso con una apuesta comprometedora licitando a numerosas localidades.

• Plantearon una oferta netamente canaria de proximidad.

• Son empresas eminentemente canarias.

Sin embargo, este perfil de licitador fue duramente castigado por la Mesa de Evaluación con valoraciones muy inferiores a los necesarios.

La justificación dada por el anterior ejecutivo canario para respaldar la vigencia del reparto de licencias estuvo caracterizada, entre otras, por las siguientes expresiones:

“Hemos aprendido de los errores de la TDT”.
"El concurso ha sido absolutamente neutral e imparcial”
• “Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM”
• "El trabajo de la mesa de evaluación ha sido técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista”

Así se contestaba en las ruedas de prensa a los licitadores que pedían explicaciones. En reuniones con emisoras incluso se dijo que los proyectos de una cadena musical (con 28 licencias) eran más canarios que el gofio.

Ahora las 4 primeras Sentencias han demostrado que la propia Mesa de Evaluación fue la que modificó los criterios de valoración una vez abiertas las plicas. Es decir, sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas (sobre nº 2), los funcionarios crearon sub-criterios contrarios a las pautas de valoración de las bases.

Algo muy distinto a las irregularidades en el primer reparto de la TDT de 2007. Así lo que se hizo es asumir un informe de una empresa privada sin motivar. Aquí, en el reparto de la radio FM, ha sido la propia Mesa de Evaluación la que ha cambiado las reglas del juego. No una empresa privada (TDT), sino los propios empleados públicos del ejecutivo de Paulino Rivero.

II.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases.

III.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

IV.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

V.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Concurso FM Canarias: Anulado el reparto de licencias de Radio

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación de las licencias de radio FM en Canarias, porque la Mesa de Evaluación añadió sub-criterios de valoración contrarios a la convocatoria y modificó las pautas valorativas de bases del concurso.

Varias son las sentencias (fechadas el 28 y 29 de junio de 2016) que han estimado el recurso contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y declaran que se:

• Anulan los sub-criterios 2, 7 y 12 incluidos por la Mesa de Evaluación en el anexo del acta número 7, de 8 de abril de 2011.

• Anula la tabla de valoración del criterio 12 y la tabla de valoración del criterio 14 del anexo del acta 7, que también introdujo la Mesa de Valoración de forma indebida.

• Anula la resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de 20 de junio de 2011.

• Retrotraen las actuaciones al momento anterior al que se produjeron las irregularidades detectadas por el Tribunal.

Estos fallos son los primeros de más de una treintena de recursos contenciosos-administrativos que se resolverán en las próximas fechas.


I.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases. Así se menciona en la Sentencia:

(…) El acuerdo controvertido de la mesa, además, no puede considerarse irrelevante. En primer lugar y en el caso de los boletines informativos de ámbito supralocal, porque si bien los criterios 1 y 2 reciben la misma puntuación máxima, resulta que el subcriterio aprobado supone que los boletines informativos de ámbito supralocal que excedan en su duración de 10 minutos pasan a ser valorados sólo por el criterio 2 (boletines informativos + programas de actualidad), excluyendo la posibilidad para los licitadores que presentaron programación por ambos criterios, de obtener puntuación por los boletines informativos de ámbito superior a la localidad de la emisora (45 puntos del criterio 1). En el supuesto de boletines informativos de contenido limitado a la localidad de la emisora (criterio 3), además, se añade que la puntuación máxima que es posible obtener por el criterio 4 es inferior.

Este “sub-criterio” supone, en consecuencia, la introducción de una especificación ajena a las bases, que de haber sido conocido por los interesados habría influido en la preparación de sus ofertas en aras de obtener la máxima puntuación posible (en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 24 de noviembre de 2005, C-331/2004, y de 24 de enero de 2008, C-532/2006).

También se opone a los puntos 7 y 12 del anexo:
Punto 7: “Los programas que sólo son de llamadas de oyentes no se puntúan por ninguno de los criterios”.
Punto 12: “Los programas de chistes de oyentes no se valoran (tampoco los de horóscopos, ni las llamadas para contar problemas…).

II.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

El mismo Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia es igualmente demoledor:

Conforme a la base 13ª, todas las solicitudes se clasifican por orden de mejor a peor “respecto de cada uno de los criterios”, y según este orden de prelación a la mejor oferta se le atribuye la máxima puntuación y a las siguientes su diferencia proporcional con la mejor oferta, de acuerdo con la fórmula que detalla. En cambio, los sub-criterios aprobados, B y C, se apartan del procedimiento de esta valoración. No atribuyen la puntuación máxima prevista en el criterio 12 a la mejor oferta y luego a las demás de manera proporcional, sino que aplican una ponderación entre las puntuaciones parciales, distorsionando el procedimiento.

También se dice que se valora el plan de ejecución de obras e instalaciones y el plazo de ejecución, lo que perjudica a las emisoras que ya estaban en funcionamiento (…)

El Fallo también responde a la crítica de la empresa recurrente sobre la transformación del criterio nº 12 en 3 sub-criterios novedosos que hizo la Mesa de Valoración. Y en este sentido

“Juicio diferente nos merece, dentro del apartado C) sobre el plazo de puesta en marcha, que a su vez se subdivide en C.1 Y C.2, la consideración en el primero del «plazo de realización y presentación del proyecto técnico», y en el C.2 «la realización en paralelo del suministro».
Pues sólo una vez adjudicada una licencia concreta resulta posible desarrollar un proyecto técnico, que de ser aprobado, definirá las características técnicas a las que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones y el suministro de materiales. Obras que una vez finalizadas deben ser inspeccionadas para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado, permitiendo en ese caso la puesta en funcionamiento de la emisora. No resulta posible, por lo tanto, desarrollar con anterioridad a la adjudicación de una frecuencia determinada, el proyecto técnico, que además las bases no contemplaban, pues la 7ª, apartado A) punto 2, contenido del sobre Nº 2, se refiere al anteproyecto técnico. Y no resultaba lógico a los licitadores plantearse la aportación de un proyecto técnico para su valoración. Por todo ello, tener en consideración y valorar conforme a los sub-criterios aprobados por la mesa C.1 Y C.2, el proyecto técnico, es contrario a las bases.

Ni siquiera atendiendo al plazo de ejecución e inicio de las emisiones, que sí valoran, resulta aceptable su consideración, puesto que no es conforme a la técnica de desarrollo de este tipo de proyectos proceder a elaborarlo antes de conocer la frecuencia adjudicada.”


III.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

IV.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Anulación licencias TDT: Nuevo concurso TDT en Andalucía

Pese a la resistencia de la Junta de Andalucía, el TSJA obliga a ejecutar la sentencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado una petición de la Junta que solicitaba no ejecutar la Sentencia dictada en mayo de 2015, que anulaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 29 de julio de 2008, por el que adjudicaba las licencias de TDTL en Andalucía.

Si bien la Sentencia afecta sólo a la demarcación en la provincia de Jaén (Úbeda), el resto de demarcaciones andaluzas se han ido anulando por el Tribunal Supremo, ya sea por sentencias o por desistimiento de la Junta de Andalucía. De este modo, las demarcaciones de TDTL privadas afectadas (más de la mitad asignadas por le Plan de TDT para Andalucía, en sus principales ciudades), carecen de respaldo legal. Hasta tal punto es así que en esas áreas geográficas no es posible distinguir entre televisiones legales e ilegales.

En el caso concreto, el Auto concluye que «no ha lugar a la pretensión deducida por la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, de 18 de mayo articulada a través de un incidente de inejecución».

Esto ocurre en medio de la tramitación del Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y de los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre televisiones ilegales.

El fallo que ahora tiene que ejecutar la Administración corresponde a un recurso presentado por Teleclub Ubetense SL, empresa que emitía como Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010 tras las adjudicaciones de Televisión Digital Terrestre que realizó la Junta dos años antes. El departamento encargado de todo este proceso fue la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

La Sentencia anuló parcialmente las bases de la convocatoria y conllevaba «la anulación de las adjudicaciones». Entre los argumentos esgrimidos entonces por el TSJA estaban sentencias anteriores en las que se señalaba que en el proceso hubo falta de motivación en la valoración de las ofertas presentadas, se vulneraron términos legales y que la comisión de valoración incurrió en arbitrariedad.

Teleclub Ubetense denunció el incumplimiento de la sentencia ante el TSJA y solicitó que «se debe declarar nula definitivamente la adjudicación de licencias de comunicación audiovisual televisiva TDT Local para lo cual el órgano administrativo competente ha de dictar la correspondiente resolución administrativa por la que se deje sin efecto las licencias afectadas».

En este nuevo auto, la Sala rechaza los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo andaluz para no respetar la decisión de los tribunales: «La pretensión del ente autonómico de suspensión de la ejecución del fallo de la meritada sentencia supondría la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) y del principio de intangibilidad de las sentencias».

Además, considera que «la necesidad de la tramitación unitaria de un nuevo concurso como consecuencia del concepto integral al que responde la TDT Local en Andalucía, no puede identificarse como una causa legal de imposibilidad de ejecutar el fallo de la susodicha sentencia...».

Tele Úbeda se quedó sin licencia, concesión que sí recibieron tres sociedades, dos de las cuales se encuentran emitiendo actualmente.

Ahora la Consejería de la Presidencia pilotó todo el proceso de adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre, deberá convocar un nuevo concurso público para articular las nuevas licencias de TDT.


Díez y Romeo: Estado Vs Cataluña, guerra por las Telecomunicaciones

08.03.16 | 16:20. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

En Díez & Romeo abogados se continúa analizando, en clave periodística, las ultimas resoluciones del Tribunal Constitucional. La pugna competencial entre Cataluña y el Estado ha tenido su ultimo capítulo en este ámbito.

El día 7 de marzo de 2016, se publicó en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2016, de 4 de febrero de 2016, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

1.- Lo que reclamó la Generalitat de Cataluña.-

La Generalitat de Cataluña articulaba su recurso de inconstitucionalidad sobre la base de 2 grandes bloques de artículos:

El primero compuesto por la impugnación de los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7 y 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que según la recurrente, vulneraban las competencias exclusivas de la Generalitat sobre ordenación territorio, el paisaje y el urbanismo (artículos 149.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Los abogados del bufete madrileño Díez y Romeo, lo sintetizan de la siguiente forma:

• Se criticaba el Art. 34.3, cuestionando la prohibición de la normativa y los instrumentos de planificación territorial y urbanística catalanes de fijar itinerarios o ubicaciones concretas para la instalación de las infraestructuras de la red de comunicaciones electrónicas.

• Se cuestionaron los apartados 5 y 6 del Art. 34 que regulan los denominados planes de despliegue o instalación.

• Se reprochó que el Art. 35.4 era inconstitucional, puesto que permite al Consejo de Ministros autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas en los casos que describe. De este modo, según las tesis de la Generalitat, se situaba a los legisladores autonómicos en una posición subordinada contraria a la doctrina constitucional conforme a la cual procedería arbitrar fórmulas para el ejercicio simultáneo o mutuamente condicionado de las competencias.

• La crítica del Art. 35.7 se basaba en que las recomendaciones previstas vulneran las competencias del art. 149.1 de la Constitución y el art. 5 Estatuto de Autonomía para Cataluña, al considerar que tales recomendaciones se dirigen a dar instrucciones sobre la elaboración de los planes de ordenación territorial y urbanística.

El segundo bloque de artículos impugnados incluye los artículos 65, 69.j).6 y, por conexión, 73 y 74 que infringían la competencia de la Generalitat sobre regulación y control de los medios de comunicación audiovisual (artículo 146 del Estatuto de Autonomía). La Generalitat esgrimía que la denominada protección activa recogida en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones impedía el ejercicio de las competencias de inspección y sanción que Cataluña tiene en materia de medios de comunicación social que allí operan (radios y tv que emiten sin licencia). En concreto, lo que se recurría es:

• La facultad del Estado para realizar emisiones sin contenido (pitos, portadoras,…) en frecuencias o canales libres como mecanismo de protección activa del dominio público radioeléctrico. Arts. 65 y 69.j).6 de la Ley.

Una vez se cumplieron todas las formalidades y trámites del recurso de inconstitucionalidad quedaron las actuaciones listas para dictar Sentencia. Esta fue dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, el 4 de febrero de 2016.

2.- La resolución del Recurso. Sólo anula un inciso del art. 34.6

Para la resolución del recurso, lo primero que se hizo es recordar la doctrina constitucional en relación con supuestos de concurrencia de los títulos competenciales sectorial (telecomunicaciones), de titularidad estatal y títulos de carácter transversal u horizontal (urbanismo, ordenación del territorio), de titularidad autonómica.

Tras citar las Sentencias de aplicación, el Tribunal Constitucional razonó que en el primer bloque de preceptos que no veía una limitación vulneradora de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación.

Con respecto al segundo bloque, es decir, al cuestionamiento que hizo la Generalitat sobre la facultad del Estado (Ministerio de Industria y Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones), para ocupar frecuencias radioeléctricas y canales televisivos en los que no se haya otorgados licencias, el Tribunal Constitucional ha sido claro y contundente. Y a este respecto no ha entendido que los arts. 65 y el 69.j).6. y por conexión, 73 y 74 de la Ley impidan a la Generalitat de Cataluña el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora sobre las emisoras de radio y de televisión sin licencia.

De hecho, la Sentencia asevera que “las competencias autonómicas sobre medios de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos”.

Así mismo, citaba la STC 72/2014, donde se recordó que en el FJ 11, se desestimó otro recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, general de telecomunicaciones, derogada por la Ley 9/2014, que atribuían al Estado los controles de los equipos y aparatos de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico señalando que “los preceptos en cuestión protegen intereses directamente relacionados con las telecomunicaciones” y que “la finalidad última de los preceptos impugnados no es otra, precisamente, que la de garantizar el buen uso del espacio radioeléctrico y, con ello, asegurar la efectividad de las telecomunicaciones”.

No obstante, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, que hace alusión al plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas, que se entenderá aprobado si la administración pública competente, no ha dictado resolución expresa.

El Tribunal considera necesario en este caso el establecimiento de la regla general del silencio positivo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando la incertidumbre asociada a la falta de respuesta. Sin embargo, no ampara la fijación del concreto plazo de 2 meses dado para la aprobación de los planes, contenida en el inciso “transcurridos dos meses desde su presentación”, que considera que vulnera la competencia de la Generalitat en materia de procedimiento administrativo.


Varias entidades recurren las licencias TDT ante el Supremo

27.01.16 | 03:26. Archivado en Tribunales, TDT, Concesiones de TDT, Noticias

Son varias entidades (al menos 3) las que han impugnado en el Tribunal Supremo la adjudicación de 6 canales de televisión digital terrestre (TDT) otorgados por el Consejo de Ministros el pasado 16 de octubre.

Ahora se le une la Asociación Española de Anunciantes (AEA) que ha recurrido judicialmente por entender que la adjudicación ha fortalecido el duopolio que ejercen Mediaset y Atresmedia. Ambos grupos acumulaban antes de obtener las nuevas licencias, 11 canales de televisión, que sumaban más del 50% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad del sector. AEA considera que aumentar el peso de los dos principales grupos audiovisuales no favorece la competencia e imposibilita de facto la supervivencia de los competidores actuales, al mismo tiempo que impide la consolidación en el mercado de los competidores entrantes.

Los distintos recursos contencioso-administrativo combaten el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de octubre que resolvió el concurso público para la adjudicación de 6 licencias de nuevos canales de TDT. Tres licencias, en tecnología de alta definición, recayeron en Atresmedia, Mediaset y Real Madrid. Los otros tres canales, en definición estándar, fueron otorgadas a la productora Secuoya, Radio Blanca (Kiss TV) y 13 TV.

Para la AEA, en la adjudicación del concurso no se han tenido en cuenta dos aspectos: por un lado, "la excesiva concentración de la oferta en dos grupos mediáticos, formando un duopolio que aglutina más del 86% de la inversión publicitaria"; y por otro, que ambos grupos han sido sancionados por las autoridades de competencia por el incumplimiento de los compromisos que asumieron en su día para que dichas autoridades de competencia autorizaran sus respectivas fusiones.

Asimismo, añade que "no tiene sentido que la misma autoridad que sanciona por grave incumplimiento a una cadena de televisión por contravenir repetidas veces las condiciones y compromisos de dichas fusiones, premie a este conglomerado de poder con la adjudicación de nuevos canales que incrementan aún más su posición de dominio en el mercado".

"Desde la AEA llevamos muchos años luchando por la competencia en el sector audiovisual", comenta la directora general de la entidad, Lidia Sanz. "Entendemos que el duopolio en malo y la falta de competencia también es mala, para la publicidad y para los propios medios". Sanz recuerda las reiteradas resoluciones de las autoridades de la competencia respecto a la fusión de Antena 3 y La Sexta, en las que observa que el proceso de concentración "ha empeorado la presión competitiva" del mercado de la televisión.


Miércoles, 22 de noviembre

BUSCAR

Editado por

Síguenos

Hemeroteca

Octubre 2017
LMXJVSD
<<  <   >  >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031