Audiovisual Legal

Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:52. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Nace un nuevo Consejo Audiovisual en España

30.10.17 | 09:51. Archivado en Consejo Audiovisual, Noticias

- Se configura como autoridad audiovisual valenciana independiente, que velará por el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía y de los propios operadores de radio y televisión

- El nuevo texto legal, que reforma la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, crea también el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), órgano que se configura como autoridad audiovisual independiente que se encargará de velar en el ámbito de los medios audiovisuales de la Comunitat Valenciana por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

De esta forma, se trasladan las competencias del Consell en esta materia a un organismo plural e independiente y se amplían los mecanismos de acceso y garantías de la ciudadanía en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, al tiempo que se democratiza y refuerza la independencia del espacio comunicativo audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Con este nuevo texto legal, se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat en su artículo 56 las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en el territorio valenciano y emplaza a aprobar un texto legal de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana que se refrende con una mayoría de tres quintos en Les Corts Valencianes.

El nuevo organismo también se contempla en el artículo 5 de la Ley 1/2006, del Sector Audiovisual, y en la disposición adicional séptima de la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

La futura ley sentará las bases legales para la creación y funcionamiento del CACV, que se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier injerencia o control político en sus decisiones.

Este órgano ejercerá sus funciones en el ámbito de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinados a la comunicación de masas, tanto si los servicios son gestionados directa o indirectamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, como en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma, así como en aquellos otros que, por aplicación de la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Generalitat.

Asimismo, ejercerá sus funciones, en los términos previstos en la legislación vigente, en relación con aquellos otros medios audiovisuales de comunicación de masas que realicen emisiones específicas para la Comunitat Valenciana respecto de las mismas.

1.- Funciones

El CACV podrá adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y de atender las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual.

En especial, adoptará resoluciones que contemplen las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto lesionados.

Asimismo, se encargará de garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, de personas mayores, con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias.

Igualmente, velará por la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en la Comunitat Valenciana, así como en la publicidad que se emita.

También deberá velar en sus resoluciones por la adopción de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano en la producción y en la difusión de contenidos audiovisuales.

El CACV incidirá, especialmente, en la protección de aquellos derechos relacionados con la libre expresión de ideas y opiniones, la libre producción, creación y difusión de contenidos por cualquier medio de difusión, el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y su compatibilidad con los principios de pluralismo y libre concurrencia en el sector audiovisual, así como por el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios de comunicación públicos.

Sobre todo ello, también podrá solicitar de las demás autoridades reguladoras o de las administraciones públicas con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en la Comunitat Valenciana y no queden sujetas a la autoridad del CACV, la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales, así como interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles de sanción penal.

Igualmente, promoverá la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación del sector audiovisual, especialmente en materias de publicidad y de contenidos.

Entre otras funciones, se encargará de otorgar los títulos habilitantes que correspondan a los prestadores de ámbito local y autonómico del servicio de comunicación audiovisual y de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada los prestadores del servicio público autonómico.
Se ocupará también de la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como de aprobar los pliegos de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual que correspondan en el ámbito competencial de la Generalitat y de conceder las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual.

Asimismo, les corresponderá asesorar a Les Corts y al Consell en las materias relacionadas con el sector audiovisual y, en particular, se ocupará de emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual, de proponer al Consell la elaboración de disposiciones de carácter general, relativas a la actividad audiovisual y de remitir anualmente a Les Corts y al Consell y presentar ante la comisión correspondiente de Les Corts un informe sobre su actuación y la situación y perspectivas del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Además, remitirá periódicamente a Les Corts y al Consell los informes sobre el cumplimiento del mandato marco y del contrato programa de los medios de comunicación autonómicos de titularidad pública. Igualmente, tendrá competencias para otorgar y renovar las licencias que habilitan para prestar el servicio de comunicación audiovisual y gestionar el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Sin mayor coste para las arcas públicas

Por otro lado, la aprobación de la futura ley no supondrá un mayor coste para las arcas públicas, ya que no implica un aumento de los cometidos que corresponde realizar a la Generalitat en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino que dichas competencias se trasladan a una entidad de derecho público.
Además, la creación de este organismo generará sinergias que propiciarán una mayor eficacia y ahorro global en la gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en este sector.

2.- Composición

El CACV estará compuesto por siete miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio y que acrediten, fehacientemente, un mínimo de quince años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual o ejerciendo la actividad docente e investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual.

De entre estos miembros, se elegirá a un presidente o presidenta, que deberá acreditar un mínimo de 20 años de experiencia profesional en el sector de la comunicación audiovisual.

En la composición del CACV deberá guardarse una representación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas personas serán nombradas por un periodo de cinco años y podrán ser reelegidas una sola vez por un nuevo periodo de la misma duración.

Cinco de los miembros del CACV serán propuestos por Les Corts y dos por el Consell. Las personas del CACV que corresponde proponer a Les Corts deberán serlo a propuesta, como mínimo, de la mitad de los grupos parlamentarios, y ser ratificadas, previa acreditación y contrastación de su experiencia ante la comisión correspondiente de Les Corts, por una mayoría de tres quintos del pleno de Les Corts.

La designación de las dos personas que corresponde proponer al Consell deberá realizarse entre personas pertenecientes o propuestas por las principales organizaciones de personas usuarias, trabajadoras o profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como docentes o personal investigador de las universidades de la Comunitat Valenciana.

3.- Comité Consultivo del CACV

La ley también contempla un Comité Consultivo del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV que estará compuesto por doce miembros, once vocalías y la presidencia.
Su composición deberá ser también paritaria.


Ley de Radio y TV Valenciana: Análisis Díez y Romeo

Tras las oscilaciones que se han vivido en Comunidad Valenciana a cuenta de su televisión pública autonómica, el pasado 19 de julio de 2016, se promulgó en el DOCV, la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Desde Díez y Romeo se ha analizado someramente este nuevo texto legal.

I.- Las motivaciones

Varias son las motivaciones que han generado que el ejecutivo de Ximo Puig diera luz verde a este texto legal. En Díez y Romeo se han individualizado 4:

En primer lugar, la movilización de la sociedad valenciana al suscribir la iniciativa legislativa popular evidenciada en la «Proposición de ley del servicio público de radiotelevisión valenciana» presentada en las Corts Valencianes en diciembre de 2014, después de haber recibido el apoyo de casi 90.000 firmas ciudadanas.

En segundo lugar, la necesidad de dotar a la C. Valenciana de medios de comunicación audiovisuales públicos que permitan satisfacer (i) la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, (ii) la libre recepción y comunicación de información veraz por medios de difusión, (iii) el fomento y difusión de la lengua y la cultura propias, aspecto este último que parece garantizar la RTVV.

En tercer lugar, la exigencia de fundamentar la razón de ser de los medios públicos valencianos, según la exposición de motivos de la Ley 6/2016, de 15 de julio. La importancia y esencialidad de las TV y Radio públicas para la conformación de una opinión pública plural y responsable; el hecho de que supongan un estímulo a la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la circunstancia de los medios públicos son una herramienta de vertebración social y afirmación de la identidad y autonomía política valenciana.
En cuarto lugar, la necesidad de ajustar el régimen del servicio público audiovisual (radio y TV públicas) a las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Estructura de la Ley 6/2016, de 15 de julio.

El texto articulado consta de un total de 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estructurados en 5 títulos.

El título I, dedicado a las disposiciones de carácter general, es donde se indica cuál es su objeto, el contenido de servicio público y los principios que deben observarse en la prestación del servicio público, la utilización de un mandato marco donde se establezcan los objetivos generales de la función de servicio público encomendados a la Corporación, cuya duración será de 6 años, y un contrato programa que desarrollará cada 3 años el mandato marco.

El título II se dedica a la naturaleza y organización de la Corporación, donde se distingue la existencia de un consejo rector, un consejo de la ciudadanía, un consejo de informativos y la dirección general.

El título III se destina a fijar los principios básicos de la producción y la programación. El título IV regula el régimen económico y del personal, y en el título V se establecen los instrumentos de control y seguimiento de la actividad de la Corporación y se añaden al control parlamentario mecanismos de control económico, presupuestario y financiero por la Sindicatura de Comptes y el control del Consell de la Generalitat.

III.- Novedades.-

Entre las principales novedades que incorpora la Ley 6/2016, de 15 de julio, Díez y Romeo destaca la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades.

Asume competencias que antes eran de la Generalitat como son:

• El diseño y el desarrollo de proyectos.
• La generación de producciones y contenidos.
• La prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir

La organización de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, se estructura en los siguientes órganos:

• La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector, que es elegida por Las Cortes Valencianas con un mandato de 6 años.
• El Consejo Rector, máximo órgano gestor; está compuesto por 10 miembros: 5 a propuesta de las Cortes, 1 del Consejo de la Ciudadanía, 2 del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 1 de los trabajadores y el Presidente. Su mandato durará también 6 años.
• La Dirección General
• La Secretaría del Consejo Rector
• El Consejo de la Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y compuesta por 13 miembros, con un mandato de 5 años.
• El Consejo de Informativos, órgano interno de participación de quienes intervienen en la elaboración de los informativos para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los informativos difundidos

Igualmente, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/2016, de 15 de julio, destaca como novedad la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Es decir, antes del 20 de abril de 2017.

Este órgano velará por el respecto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias audiovisuales Radio FM y TDT, y tendrá competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.

Con esta mención la Comunidad Valenciana aspira a tener un ente de similares características a las del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).


Anulación licencias TDT: Nuevo concurso TDT en Andalucía

Pese a la resistencia de la Junta de Andalucía, el TSJA obliga a ejecutar la sentencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado una petición de la Junta que solicitaba no ejecutar la Sentencia dictada en mayo de 2015, que anulaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 29 de julio de 2008, por el que adjudicaba las licencias de TDTL en Andalucía.

Si bien la Sentencia afecta sólo a la demarcación en la provincia de Jaén (Úbeda), el resto de demarcaciones andaluzas se han ido anulando por el Tribunal Supremo, ya sea por sentencias o por desistimiento de la Junta de Andalucía. De este modo, las demarcaciones de TDTL privadas afectadas (más de la mitad asignadas por le Plan de TDT para Andalucía, en sus principales ciudades), carecen de respaldo legal. Hasta tal punto es así que en esas áreas geográficas no es posible distinguir entre televisiones legales e ilegales.

En el caso concreto, el Auto concluye que «no ha lugar a la pretensión deducida por la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, de 18 de mayo articulada a través de un incidente de inejecución».

Esto ocurre en medio de la tramitación del Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y de los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre televisiones ilegales.

El fallo que ahora tiene que ejecutar la Administración corresponde a un recurso presentado por Teleclub Ubetense SL, empresa que emitía como Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010 tras las adjudicaciones de Televisión Digital Terrestre que realizó la Junta dos años antes. El departamento encargado de todo este proceso fue la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

La Sentencia anuló parcialmente las bases de la convocatoria y conllevaba «la anulación de las adjudicaciones». Entre los argumentos esgrimidos entonces por el TSJA estaban sentencias anteriores en las que se señalaba que en el proceso hubo falta de motivación en la valoración de las ofertas presentadas, se vulneraron términos legales y que la comisión de valoración incurrió en arbitrariedad.

Teleclub Ubetense denunció el incumplimiento de la sentencia ante el TSJA y solicitó que «se debe declarar nula definitivamente la adjudicación de licencias de comunicación audiovisual televisiva TDT Local para lo cual el órgano administrativo competente ha de dictar la correspondiente resolución administrativa por la que se deje sin efecto las licencias afectadas».

En este nuevo auto, la Sala rechaza los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo andaluz para no respetar la decisión de los tribunales: «La pretensión del ente autonómico de suspensión de la ejecución del fallo de la meritada sentencia supondría la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) y del principio de intangibilidad de las sentencias».

Además, considera que «la necesidad de la tramitación unitaria de un nuevo concurso como consecuencia del concepto integral al que responde la TDT Local en Andalucía, no puede identificarse como una causa legal de imposibilidad de ejecutar el fallo de la susodicha sentencia...».

Tele Úbeda se quedó sin licencia, concesión que sí recibieron tres sociedades, dos de las cuales se encuentran emitiendo actualmente.

Ahora la Consejería de la Presidencia pilotó todo el proceso de adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre, deberá convocar un nuevo concurso público para articular las nuevas licencias de TDT.


Nueva clasificación de programas televisivos

31.07.15 | 23:21. Archivado en Consejo Audiovisual, Contenidos, Noticias

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha dado a conocer los criterios de clasificación de contenidos audiovisuales que siguen la calificación por edades del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y cuenta con siete categorías.

De esta manera, los contenidos serán incluidos en:

1.- especialmente recomendado para la infancia
2.- apto para todos los públicos
3.- no recomendado para menores de 7 años
4.- no recomendado para menores de 12 años
5.- no recomendado para menores de 16 años
6.- no recomendado para menores de 18 años
7.- Contenidos X

Además, para la clasificación se han tenido en cuenta los contenidos potencialmente perjudiciales para la infancia como sexo, drogas, sustancias tóxicas, lenguaje, miedo o violencia.

El rango de edad correspondiente a cada contenido será evaluado según su grado de realismo, explicitud, detalle o frecuencia.

Esta decisión será aplicada a todos los prestadores de servicios audiovisuales tanto lineales como no lineales sin distinción del medio de transmisión que se utilice para su emisión.

Fuente: http://diezromeomedia.blogspot.com.es/2015/07/la-cnmc-determina-7-categorias-por.html


La reubicación de las Televisiones

El pasado martes 21 de octubre de 2014, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, culminó el proceso de reubicación de canales de la TDT.

En concreto las televisiones deben de reubicarse en los MUX RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre aprobado por el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre.

Y ello ha de hacerse entre las 02:00 horas y las 6:00 horas del día 26 de octubre de 2014. El próximo domingo.

La resolución de la SETSI la encuentras:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10661.pdf?utm_content=buffer23f69&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Concurso FM Cataluña: El CAC aplaza la adjudicación

El CAC ha dictado una resolución por la que se amplía nuevamente el plazo para resolver el concurso público de licencias de radio FM que vencía a finales de febrero. Con esta nueva actuación se aplaza la resolución del concurso hasta el próximo 30 de mayo de 2014. En total 6 meses (dos prórrogas de 3 meses) más de los inicialmente concedidos por las bases reguladoras del procedimiento selectivo.

La resolución se ha adoptado el pasado 19 de febrero de 2013, y se ha dado a conocer recientemente.

Las razones que esgrime el CAC son:

• el excesivo número de ofertas presentadas al concurso.
• la complejidad de su valoración

Por estos motivos se impide a la administración cumplir con los plazos previstos, de ahí que se amplíe nuevamente el plazo de 3 meses.

Este es el segundo aplazamiento de 3 meses que se concede y no supone ninguna novedad ya que la mayoría de las comunidades autónomas han ampliado el plazo para resolver las concesiones por la misma motivación: la ingente cantidad de proyectos presentados para un número limitado de licencias.

Así, el plazo para resolver queda fijado para el próximo 30 de mayo de 2014.

Accede a la resolución:
http://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?MTk%3D&Mg%3D%3D&L3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50


El presidente del CAC renuncia

20.06.12 | 22:55. Archivado en Consejo Audiovisual

El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Ramon Font, ha presentado su renuncia al cargo para facilitar la reforma legal aprobada por el Parlamento, que prevé la elección del presidente de la institución por la vía parlamentaria.

El presidente del CAC ha informado de su renuncia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert. Asimismo, el resto de miembros del Consejo han sido informados en el Pleno celebrado hoy, día 20.

Ramon Font fue nombrado el 27 de enero de 2009 mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat, una vez escuchada la opinión favorable del Consejo, por un período de 6 años, según establecía el artículo 4 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

El artículo 2 de la Ley catalana 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual modificó dicho artículo 4 en el sentido de que el presidente o presidenta del Consejo será elegido por el Parlamento de entre los seis miembros que integran el Consejo.

Dado que el 30 de junio se produce una renovación parcial de miembros del Consejo por finalización de su mandato establecido legalmente, el presidente del CAC ha considerado oportuno facilitar la adecuación de la institución a la legalidad vigente en cuanto al nombramiento del presidente por parte del Parlamento.

La renuncia al cargo de presidente tendrá efectos a partir del día de la elección parlamentaria del nuevo presidente.


Letrados expertos desvelan los errores del CAA en las sanciones televisivas

24.10.11 | 00:39. Archivado en Consejo Audiovisual

El pasado mes de enero de 2011 el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) trazó una línea de acción clara y contundente con los espacios de pornografía y de contenido sexual: su erradicación absoluta.

No obstante, hace varios días se hacían públicas 2 sentencias que echaban por tierra las actuaciones del CAA en su labor de detectar y eliminar los programas de pornografía. Los 22 expedientes sancionadores abiertos en el 2010 por esa autoridad han sido recurridos por las televisiones afectadas y están a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre su legalidad o no.

Es cierto que con la nueva Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, el CAA tiene más fácil imponer sanciones a aquellos operadores que infrinjan la obligación de no emitir contenidos que perjudique seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ya que la normativa la tipifica como "infracción grave" con multas que van desde 100.000 a 500.000 euros.

Así, toda actividad contraria a la ley audiovisual debe de ser erradicada, pero no a costa de la infracción de las normas básicas del procedimiento sancionador. A la hora de abrir un expediente que pudiera generar el fin de los derechos de la comunicación (libertad de expresión y libertad de información) se ha de ser escrupulosamente cuidadoso.

Para imputar una conducta que lleva aparejada una sanción tan grave se han de usar todos los medios probatorios para asegurar que no hay margen de error posible. También se han de respetar los principios de culpabilidad (que la conducta no es intencionada) y de proporcionalidad (que las multan no sean desequilibrantes) Y parece que las últimas resoluciones judiciales revelan que no ha sido así.

Por eso la campaña del CAA para eliminar las emisiones pornográficas ha sufrido un gran revés con las últimas Sentencias de los Juzgados de Sevilla y Málaga. La causa no respetar los derechos más esenciales del procedimiento. Varios despachos expertos en Derecho Audiovisual así lo han detectado. De otra forma, este tipo de emisiones, terminantemente prohibidas, se podrían haber erradicado definitivamente.

Expedientes finalizados en 2010. Muchos a la espera de sentencia judicial

El CAA ha resuelto en el año 2010 un total de 22 expedientes, 19 de ellos iniciados en 2009 y 3 en 2010. Las infracciones tipificadas como "muy graves" fueron por emitir contenidos pornográficos en horario de protección infantil y las cometieron 'Onda Giralda, S.A' (Sevilla), 'Marina Televisión 2000, S.L' (Huelva), 'Canal TVT Torre Don Jimeno, S.L' (Jaén) y 'Huelva Comunicación Multimedia, S.L.U.' (Huelva). Por ello, los 4 operadores fueron sancionados con una multa de 300.506,06 euros casa uno.

La mayoría de ellos han recurrido judicialmente las sanciones ante los tribunales oportunos. Y aunque los procesos están aún sustanciándose, ya hay alguna sentencia declarando nula la sanción http://diezromeomedia.blogspot.com/2011/10/la-justicia-anula-una-nueva-sancion-de.html

Otros 17 operadores cometieron infracciones "graves" y se han enfrentado a sanciones importantes, principalmente, por emisión de chat de contactos sexuales, publicidad dirigida a adultos o contenidos inadecuados para menores. Es el caso de 'Huelva Televisión Información, S.A' (Huelva), 'Isla Televisión, S.L' (Cádiz), 'Canal Baeza y La Loma, S.L.' (Jaén), 'Alhambra Radio y Televisión RTV, S.L.' (Granada), 'Empresa de Televisión de Almería, S.A' (Almería), 'Telejaén, S.C.' (Jaén), 'Productora de Televisión de Almería, S.A.' (Almería), 'Producciones El Poniente, S.L' (Almería), 'Producciones Antares Media, S.L.' (Cádiz), 'Canal 23, S.L' (Jaén), 'M95 Televisión, S.L' (Málaga), 'Tele El Puerto de Santa María, S.L.' (Cádiz), 'Marina Televisión 2000, S.L.' (Huelva), 'Green Publicidad y Medios, S.A.' (Córdoba), 'Procono, S.A.' (Córdoba) y 'Producciones Antares Media TV' (Cádiz).

Al igual que anteriores supuestos, ya se conocen varias resoluciones que evidencian la infracción del principio de proporcionalidad, como es el caso de la última sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Málaga. http://diezromeomedia.blogspot.com/2011/10/diez-romeo-obtiene-una-sentencia-que-se.html

Estas últimas sentencias muestran la necesidad de ser muy cuidadosos a la hora de abrir y tramitar los expedientes sancionadores ya que cualquier defecto formal puede echar por tierra toda actividad administrativa por muy razonable que fuere.


La falta de objetividad suspende 5 días la licencia en una TV de Moldavia

25.06.11 | 22:36. Archivado en Consejo Audiovisual

El Consejo de Coordinación de Radiotelevisión (CCRT) de Moldavia ha paralizado por cinco días la licencia de emisión del canal de televisión privado NIT "por la falta de objetividad en la cobertura de la campaña electoral".

"El sesgo, la falta de imparcialidad y objetividad en la cobertura de la campaña electoral para las elecciones a los órganos de poder locales" justificaron la decisión, según el presidente del CCRT, Marian Pokaznoi.

La sesión del Consejo también repasó la cobertura electoral en el resto de los medios de comunicación.

"El canal de televisión NIT hizo propaganda al Partido Comunista durante toda la campaña, difamando al resto de los candidatos. Según datos oficiales, más del 80% de las noticias de los informativos del NIT tenían esa estructura", ha dicho Pokaznoi.

El representante del Comité recordó que el organismo celebró reuniones todas las semanas para tratar este asunto.

"Cada vez le imponíamos distintas sanciones al canal, desde avisos y multas hasta la prohibición de emitir anuncios, pero en ningún momento cambió su línea editorial. Nos vemos obligados a imponer un castigo más severo", ha señalado Pokaznoi.

El dirigente del CCRT subrayó que en el caso de que el NIT no cambie su actitud, el organismo puede retirarle definitivamente la licencia de emisión.

Moldavia, antigua república soviética enclavada entre Ucrania y Rumanía, ha celebrado este mes elecciones municipales, que terminaron prácticamente en un empate técnico entre la oficialista Alianza para la Integración Europea y la oposición comunista


La falta de objetividad suspende 5 días la licencia en una TV de Moldavia

25.06.11 | 22:36. Archivado en Consejo Audiovisual

El Consejo de Coordinación de Radiotelevisión (CCRT) de Moldavia ha paralizado por cinco días la licencia de emisión del canal de televisión privado NIT "por la falta de objetividad en la cobertura de la campaña electoral".

"El sesgo, la falta de imparcialidad y objetividad en la cobertura de la campaña electoral para las elecciones a los órganos de poder locales" justificaron la decisión, según el presidente del CCRT, Marian Pokaznoi.

La sesión del Consejo también repasó la cobertura electoral en el resto de los medios de comunicación.

"El canal de televisión NIT hizo propaganda al Partido Comunista durante toda la campaña, difamando al resto de los candidatos. Según datos oficiales, más del 80% de las noticias de los informativos del NIT tenían esa estructura", ha dicho Pokaznoi.

El representante del Comité recordó que el organismo celebró reuniones todas las semanas para tratar este asunto.

"Cada vez le imponíamos distintas sanciones al canal, desde avisos y multas hasta la prohibición de emitir anuncios, pero en ningún momento cambió su línea editorial. Nos vemos obligados a imponer un castigo más severo", ha señalado Pokaznoi.

El dirigente del CCRT subrayó que en el caso de que el NIT no cambie su actitud, el organismo puede retirarle definitivamente la licencia de emisión.

Moldavia, antigua república soviética enclavada entre Ucrania y Rumanía, ha celebrado este mes elecciones municipales, que terminaron prácticamente en un empate técnico entre la oficialista Alianza para la Integración Europea y la oposición comunista


Canarias tendrá su Consejo Audiovisual

25.07.10 | 15:44. Archivado en Consejo Audiovisual

El anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual (en lo sucesivo CCSA) ya se encuentra disponible en la web institucional del Gobierno de Canarias, en el siguiente link: http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?page=consejos.htm. Al igual que otras CCAA, Canarias ha decidido crear un organismo administrativo en base a la figura de autoridad independiente de regulación. Una entidad que se configura sobre la organización profesionalizada, la independencia y la neutralidad en su funcionamiento. Así el CCSA verá la luz transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley pendiente de aprobar.

En el anteproyecto de Ley se busca como finalidad principal del CCSA velar por el respeto y el cumplimiento de los valores y principios constitucionales y legales que rigen la actividad de la industria audiovisual. Y para ello tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (i) asesorar a las instituciones canarias a través de dictámenes; (ii) Realizar informes previos sobre proyectos de leyes audiovisuales y sobre las bases de los concursos públicos de Radio Fm y TDT; (iii) Informar sobre las propuestas de adjudicación y sobre las operaciones de venta o alquiler de las licencias; (iv) Realizar inspecciones e imponer sanciones; (v) Fomentar la autoregulación y los códigos deontológicos; (vi) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público radio y televisiones públicas; y (vii) Ser mediador en los conflictos entre operadores.

Las facultades que el anteproyecto otorgará al CCSA para hacer efectivas sus funciones son: la capacidad para imponer sanciones, la facultad de dictar instrucciones vinculantes, aprobar recomendaciones y ejercer acciones judiciales.

El CCSA estará compuesto por 7 personas de trayectoria relevante en el sector audiovisual, cultural, universitario y asociativo, que serán elegidos por un período de 6 años, pudiendo ser reelegidos sólo una vez. 5 de esos miembros saldrán del Parlamento de Canarias y los otros 2 serán elegidos por el Gobierno.

La organización se estructura en torno a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un posible Director General, además del resto de consejeros. Todos serán sometidos a un férreo régimen de incompatibilidades de las que destacan la imposibilidad de tener interés en medios de comunicación de cualquier tipo, empresas de publicidad o de producción de contenidos.

Los acuerdos se adoptados por el CCSA serán por mayoría simple, a excepción de los siguiente que necesitarán mayoría absoluta: (i) la imposición de sanciones, (ii) la emisión de informes preceptivos, (iii) la aprobación y modificación de su reglamento de funcionamiento, y (iv) la aprobación del informe anual a presentar en el Parlamento de Canarias.

En el anteproyecto se articula un proceso sancionador explícito que culmina con una decisión que puede ser impugnada ante los Tribunales. Igualmente, el texto legal determina tres tipos de infracciones: muy grave, grave y leve. Las infracciones muy graves se castigarán con multa de 100.000 € a 500.000 €, las graves de 100.000 € a 50.000 €, y las leves hasta 50.000 €

En los próximos meses se conocerá cuales son los pasos que se darán por el Gobierno de Canarias en torno a forma definitiva que tendrá el CCSA


Miércoles, 13 de diciembre

BUSCAR

Editado por

Síguenos

Hemeroteca

Noviembre 2017
LMXJVSD
<<  <   >  >>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930