Audiovisual Legal

Licencias FM Cataluña: 321 emisoras, 127 sin licencia

15.03.17 | 18:09. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

El reparto de licencias de comunicación audiovisual radiofónica en nuestro país ha sido una signatura pendiente en muchas CCAA. Las causas son muy variadas, entre las que destacan:

Una planificación del espectro radioeléctrico insuficiente, que no responde la iniciativa creciente del mercado radiofónico.
Adjudicaciones que son anuladas por los Tribunales por los defectos de la Administración.

Bajo este escenario, recientemente el Presidente de Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, realizó unas interesantes declaraciones con motivo del Día Mundial de la Radio, que se celebró el pasado día 13 de febrero.

Analizando Cataluña, Loppacher explicó que "la radio es uno de los medios con más credibilidad, el más cercano, que sabe transmitir como ninguno su calidez y las emociones, tejiendo así una complicidad especial con su audiencia".

"La radio, de hecho, es seguramente el medio que más veces ha tenido que oír que desaparecería cada vez que un nuevo servicio de comunicación surgía, pero que ha demostrado que no sólo era capaz de resistir a estos nuevos medios, sino que ha sabido adaptarse a cada momento, incorporando las redes sociales por ejemplo, y ha demostrado tener una salud de hierro ", ha añadido el presidente del Consejo.

Según Loppacher, la radio se enfrenta actualmente a dos retos: en primer lugar, la lucha contra las emisoras sin licencia. Según el Libro Blanco del audiovisual de Cataluña, presentado el 23 de enero, actualmente emiten 127 radios sin el preceptivo título habilitante, un 12% más que en 2007. "Tenemos que luchar de una manera más contundente contra esta lacra, mediante la creación de una mesa con todos los agentes implicados, así como establecer herramientas legislativas para suspender de forma cautelar e inmediata estas emisiones ", dijo.

En segundo lugar, el sector de la radio debe abordar el reto de la digitalización (DAB+), siguiendo el modelo ya puesto en marcha por otros países europeos, explicó Loppacher, que ha puntualizado que el proceso debe hacerse de forma gradual y con el consenso de las empresas radiofónicas.

El presidente del CAC ha querido destacar también la importancia que tiene para Cataluña la radio local, que, según dijo, representa una riqueza informativa y aumenta la cohesión territorial.

En un informe reciente del CAC se indica que la radio tiene una penetración del 58,7% (en tercer lugar, detrás de la televisión e internet) y que en 2016 los catalanes escucharon una media de 101 minutos de radio al día.

En Cataluña hay 778 frecuencias de radio (centros emisores), que ofrecen a la ciudadanía 321 emisoras diferentes, entre públicas y privadas. El CAC es el organismo encargado de convocar los concursos de adjudicación de licencias para los prestadores privados y de autorizar los negocios jurídicos correspondientes, tales como transmisiones, arrendamientos y modificaciones accionariales, así como la extinción de las licencias.

En concreto, en Cataluña emiten 280 emisoras públicas y 41 privadas. Las públicas se distribuyen en 272 locales, 5 estatales y 3 nacionales; en cuanto al ámbito de la radiodifusión privada, hay 18 radios locales, 15 de estatales y 8 de nacionales.

Por tipologías, la que tiene más oyentes es la radio musical, con el 35,1%. La emisora musical más escuchada es Radio Flaixbac (322.000 oyentes), seguida de Los 40 (SER) (268.000) y de Flaix FM (246.000).

En cuanto a las generalistas, la líder es RAC1 (715.000 oyentes), seguida de Cataluña Radio (492.000) y de la SER (305.000).


La nueva regulación del uso del espectro: ¿Amenaza a las emisones de Radio y TDT?

El pasado 8 de marzo de 2017, se publicado en el BOE el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

Oficialmente se ha dicho que este nuevo marco regulador es trascendental para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa y facilitar a todos el acceso de banda ancha con velocidades mínimas de 30 Mbps para 2020.
Entre los servicios afectados por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero se encuentran:

La radiodifusión sonora y la televisión.
Los servicios móviles y por satélite.
La investigación espacial y la defensa nacional.
Los servicios de emergencias.
Las aplicaciones industriales y domésticas inalámbricas (guiado Drones, telemandos, teléfonos portátiles, sistemas WiFi,….).

En lo que atañe a los medios de comunicación por ondas (radio FM y televisión) hay varios preceptos de una especial significación.


1.- A por las emisiones radio y Televisión sin autorización.-

El nuevo Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico establece varias medidas a tener en cuenta por las emisoras radio y televisión que ocupan el espectro sin la autorización demanial preceptiva.

A.- Acceso y precinto del art. 97 del Reglamento.-

El artículo 97 hace alusión al acceso a las instalaciones de telecomunicaciones.
En primer lugar se establece la obligación a facilitar y permitir a los inspectores de Telecomunicaciones el acceso e inspección de las instalaciones de:

Los prestadores de servicio de radiocomunicaciones.
Los operadores de telecomunicaciones
Los titulares de las estaciones radioeléctricas
Las empresas instaladoras o mantenedoras de las instalaciones.
Los que usan las frecuencias
Los titulares (propietarios o arrendatarios) de fincas o inmuebles donde se encuentran los emplazamientos.

El apartado 2 del artículo 97 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, contempla la posibilidad que reaccionar en el caso de alguien se oponga a facilitar y permitir el acceso a sus instalaciones de los funcionarios de la inspección (Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones).

La Administración tiene dos cauces más de intervención:

1º.- Ordenar a las personas que se sometan a la inspección y faciliten el acceso a dichas instalaciones, ya sea para el precinto o para cualquier facultad del art. 73 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante resolución del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Sin solicitar el consentimiento previo.
Esto ocurre cuando el acceso y registro versa sobre instalaciones no situadas en domicilio constitucionalmente protegido. Y, en particular en instalaciones de telecomunicaciones:

Ubicadas fuera de los núcleos de población.
Que tengan caseta para equipos donde no residen habitualmente personas.
Que no sea el centro de toma de decisiones de una empresa

2º Solicitar el consentimiento de los titulares de la finca o inmueble, o una autorización judicial. Es decir, se mantiene el sistema anterior al este nuevo Reglamento sólo en el caso de que las instalaciones a inspeccionar estén situadas en domicilio constitucionalmente protegido.
La autorización judicial de acceso se solicitará no sólo para el precinto del emplazamiento radioeléctrico concreto, sino para cualquier otro que se considere equivalente y que no tiene que coincidir con un único emplazamiento físico.
No hay que olvidar que entre las facultades de inspección se encuentra la de precinto tal y como dispone el art. 73.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:

En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

Esto va a propiciar numerosos recursos contenciosos-administrativos.

B.- La protección activa del artículo 109 del Reglamento.-

La segunda de las medidas que contempla el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, es la posibilidad de realizar emisiones en las frecuencias radiofónicas y canales televisivos cuando se estén ocupando sin la autorización correspondiente.
Es decir, si una radio FM o television emite en una frecuencia o canal sin autorización, el Ministerio puede interferirlas con lo que se denomina “emisiones sin contenidos sustantivos”. Eso sí para que esto ocurra se ha de respetar un procedimiento administrativo debidamente regulado.

Esta potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá ejercer con independencia de las actuaciones inspectoras y sancionadoras. Esto es, que aparte de inspeccionar, precintar y sancionar, también pueden interferir las emisiones que ocupen espectro sin habilitación para ello.

Obviamente, todo apunta a que esta disposición sea impugnada ante los tribunales.


Licencias FM Canarias y sanciones: ¿Un nuevo concurso?

09.02.17 | 17:14. Archivado en Licencias radio FM

Parece que podría haber nuevo concurso de licencias FM en Canarias a la vista. El 8 de febrero de 2017, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó la petición que abra un nuevo procedimiento de adjudicación de licencias de radio FM que contemple a las emisoras sin ánimo de lucro por cumplir una importante función social y cultural. La propuesta salió adelante a iniciativa del PSOE pero no todos los grupos quisieron aceptar la suspensión de todos los expedientes sancionadores y la ejecución de sanciones impuestas por no tener las licencias anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El grupo parlamentario Podemos Canarias hizo una intervención detallando las irregularidades ocasionadas en la tramitacion del concurso, puso de manifiesto cómo muy pocas empresas concentran más de 100 licencias radiofónicas. Franciso Déniz puso enfasis en el tratamiento que el ejecutivo de Paulino Rivero dispensó a las emisoras canarias, dejandolas prácticamente fuera del reparto por radios que sólo emiten música. Recordó cómo un miembro de la anterior Mesa de Evaluación, ante las protestas de algún director de radio, dijo que las ofertas de una radio musical "eran más canarias que el gofio". En definitiva, terminó solicitando una nueva convocatoria de las licencias radiofónicas.

Lo propio hizo Román Rodríguez, de Nueva Canarias. Tras un resumen de los hechos, realizó varias preguntas al ejecutivo. Cómo se realizará el cumplimiento del fallo, cuales son los criterios para seleccionar a los nuevos miembros de la Mesa de Evaluación y si van a ser los mismos que valoraron en 2010-2011. Tambien preguntó en qué medida seria posible la convocatoria de un nuevo concurso de licencias Fm y empezar de cero.

Hay que recordar que se han dictado 28 sentencias del TSJ de Canarias que anuló el reparto de 135 licencias de comunicacion radiofónica de las 156 que salieron a concurso. Los fallos condenan a una nueva valoración de las empresas admitidas no fueron recurridas por el Gobierno de Canarias. Por elloa ello, según el representante de Coalición Canaria, ha empezado los trabajos para su efectivo cumplimiento.

Barragán citó que para la ejecucion de las sentencias firmes está previsto la siguiente:

1.- Preparar los nuevos componentes de la Mesa de Valoración para cumplir el fallo. En este sentido se están designado a los
2.- Constituir la nueva Mesa de Evaluación
3.- Realizar un planning de trabajo para la nueva valoración de las ofertas

Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha solicitado la ampliación del espectro radioelectrico para tener frecuencias disponibles con el fin de preparar la convocatoria de un nuevo concurso público para la adjudicación de nuevas licencias audiovisuales radiofónicas.

Otro de los asuntos que se debatió fué la suspensión de los expedientes sancionadores que se hayan llevado a cabo contra las emisoras tras la anulacion judicial de las licencias radiofónicas. Se pretendía así por varios grupos dejar sin efecto las decisiones sancionadoras que se adoptaron como consecuencia del reparto de la FM.

Como se debatió, tras el concurso, en lugar de realizar una inspección del grado de cumplimiento de las bases de las empresas adjudicatarias, se ha perseguió a aquellas que han quedado fuera de las adjudicaciones, buscando sancionarlas y cerrarlas.

La Diputada González, del PSOE, insistió en que en múltiples sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado ese concurso, “porque quienes tenían que velar por su pulcritud legal, lejos de hacerlo, introdujeron sorpresivamente unas modificaciones de las bases mediante extraños subcriterios que contaminaron por ilegal la posterior decisión anulada por la justicia”. Añadió que la mejor prueba de ello fue la propia reacción del Gobierno ante el varapalo judicial: ninguna respuesta, no recurrir y acatar la sentencia.

“Entre todos debemos de hacer un esfuerzo por buscar una solución justa y equitativa para dar un impulso a nuestro sector audiovisual, sin atajos, sin trampas, con la mayor de las transparencias y rectitud en el proceder, reactivando nuestra demanda ante el Estado para que se asigne a Canarias un mayor número de frecuencias que pudieran dar cabida a las aspiraciones planteadas”, expresó la diputada.


Valencia aprueba su Decreto Audiovisual

La Generalitat Valenciana ha aprobado hoy el Decreto por el que se regulan los Servicios y el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El profundo cambio normativo que supuso la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual obligaba a una revisión completa de las normas reglamentarias actualmente vigentes, tanto del Decreto 212/2009 del Consell, por el que se regula el Registro de Concesionarios de Radio y Televisión de la Comunitat Valenciana, como del Decreto 38/1998 del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios.

Por otra parte, frente a la regulación sobre el régimen concesional de la radiodifusión, no existía regulación específica en el ámbito de la televisión digital terrestre, ni tampoco sobre las nuevas formas de prestación de los servicios de comunicación audiovisual, o los prestadores sin ánimo de lucro.

Por ello, dado que esta regulación autonómica se articula sobre un marco jurídico y un modelo audiovisual ya obsoleto y que las nuevas necesidades detectadas aconsejan elaborar una norma que regule de manera unitaria el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en la Comunitat Valenciana, este nuevo decreto actualiza y unifica la normativa audiovisual en materia de servicios de comunicación audiovisual.

Objeto y ámbito de aplicación

Este decreto tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que como autoridad audiovisual corresponden a la Generalitat en relación con la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en su ámbito territorial.

En concreto, regulará el régimen jurídico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comerciales de titularidad privada; el régimen jurídico específico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro; el régimen aplicable a los servicios públicos de comunicación audiovisual; el desarrollo del régimen de inspección de los servicios de comunicación audiovisual y del ejercicio de la potestad sancionadora, así como la creación del Registro Autonómico de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana y la regulación de su organización y funcionamiento.

Este decreto es de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual comerciales, comunitarios sin ánimo de lucro y públicos, cuyo ámbito de cobertura no exceda al de la Comunitat Valenciana.

También les será de aplicación a aquellas entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual cuyo centro de producción y difusión principal esté situado en la Comunitat y se emitan en valenciano o se dirijan, fundamentalmente, a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este decreto las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual.

Del mismo modo, no será de aplicación para las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisual cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros; las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, y los servicios que no constituyan medios de comunicación de masas, y los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados.

Prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada

Este decreto también regula las condiciones para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada.

De acuerdo con el actual marco normativo, esta prestación está sujeta a una comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el órgano competente en materia de comunicación audiovisual de la Generalitat, salvo en aquellos casos en los que el servicio de comunicación audiovisual se preste mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso, estará sujeta a la obtención de una licencia otorgada mediante concurso.

Además, se regula tanto el procedimiento de comunicación previa como el del concurso, así como los aspectos esenciales de las licencias y su vigencia, contenido, obligaciones de los titulares o la posibilidad de celebrar negocios jurídicos sobre las mismas.

Igualmente, este decreto recoge la regulación en la Comunitat Valenciana de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial, cuya puesta en marcha está supeditada a la existencia de frecuencias disponibles en la Comunitat Valenciana o a la previa habilitación, por el órgano competente de la Administración General del Estado, de frecuencias específicas del dominio público radioeléctrico.

Servicios públicos de comunicación audiovisual

Por otro lado, este decreto regula los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y, en especial, los de ámbito local.

Así, prevé, dado que la creación de servicios de titularidad pública no está sujeto a un régimen de licencia, un procedimiento de habilitación por parte de la autoridad audiovisual para la puesta en marcha de los mismos, regulando asimismo, aspectos como el control de la prestación, las formas de gestión de los servicios o las obligaciones de los prestadores públicos.

Esta norma también desarrolla algunas especificidades en cuanto al régimen sancionador contenido tanto en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual como en la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, de la Generalitat. En este sentido, se hacía preciso completar las normas relativas a la instrucción del procedimiento.

Para ello, se regula el ejercicio de la función inspectora, así como las competencias sancionadoras y la necesaria protección del dominio público radioeléctrico, en los casos de emisiones sin título habilitante, en colaboración con el órgano competente de la Administración General del Estado.

Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por último, se crea y regula el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

En él deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, que hayan realizado una comunicación previa, hayan obtenido una licencia, o la habilitación prevista, así como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de participaciones significativas en las entidades prestadoras de servicios de comunicación, debiendo hacer constar su porcentaje de participación en el capital de las mismas.

En el registro figurarán además cuantos hechos, negocios jurídicos y circunstancias técnicas que afecten a los titulares de los servicios y al servicio, así como sus modificaciones.


TDT Andalucía: 71 licitadores y 190 ofertas

En el concurso de la TDT Local de Andalucía 71 licitadores han presentado un total de 190 ofertas para acceder a 111 licencias. Así lo ha manifestado Manuel Jiménez Barrios, Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia. También se prevé que el concurso se resuelva en marzo de 2017.

Causas del nuevo concurso de 2016
El concurso de convoco en agosto de este año tras la anulación de 79 licencias de TDT en las 62 demarcaciones en las que se estructura Andalucía. Las sentencias anulatorias fueron obtenidas, en su mayoría, por televisiones locales andaluzas de proximidad que no fueron adjudicatarias en el anterior reparto efectuado en 2008. En concreto, el cuestionamiento de la adjudicación de 2008 se centró en la acumulación de licencias en manos de pocas empresas. Ello origino una profunda crisis en el sector de las televisiones locales de proximidad puesto que, al carecer de licencia, tuvieron que cesar en su actividad y despedir a todos sus trabajadores. Algunas de las televisiones que recurrieron (y ganaron) y que siguieron emitiendo fueron duramente sancionadas.
No obstante, las sentencias que ganaron las televisiones locales de proximidad fundamentaron la ilegalidad del concurso de 2008 en la anulación parcial de las bases y del Decreto 1/2006 que regula el régimen de TV Local en Andalucía.

Nuevo concurso: 44 demarcaciones: 111 licencias.
En el concurso público convocado en agosto, han salido a licitación un total de 111 licencias de TDT (79 licencias anuladas judicialmente + 32 que habían quedado desiertas en el reparto de 2008) en 44 demarcaciones.
Las 79 licencias se dividen así:
• Almería: 15 licencias
• Cádiz: 15 licencias
• Granada: 15 licencias
• Córdoba: 19 licencias
• Huelva: 7 licencias
• Jaén: 8 licencias
• Málaga: 16 licencias
• Sevilla: 16 licencias.

Los licitadores que se han presentado
Con respecto al número de licitadores presentados en cada demarcación, tenemos los siguientes datos:
• En 30 demarcaciones, se han presentados más solicitudes que nº de licencias ofertadas.
• En 9 demarcaciones, se han presentado el mismo número de candidaturas o menos de las licencias TDT disponibles.
• En 3 demarcaciones -Loja, Linares y Villacarrillo- no se ha presentado ninguna empresa, permaneciendo desiertas.
• De los 71 licitadores, 9 de ellos han presentado más de 5 solicitudes.

En cualquier caso, la lista de empresas que se han presentado al concurso se encuentra en el siguiente link.

Los pasos a dar.
Actualmente, se está llevando a cabo el análisis del contenido del sobre Nº 1 (documentación administrativa) que se terminará a finales de diciembre. Así, tras la calificación por la Mesa de Valoración, de los 71 licitadores presentados, 32 han presentado la documentación de forma correcta, y 39 de ellos tienen que subsanar defectos u omisiones.
En relación a la valoración de los proyectos audiovisuales de los admitidos (segunda fase), se procederá por la Mesa a la apertura del sobre y a la valoración de los compromisos, para finalmente elevar la propuesta de resolución al Consejo de Gobierno. Dado que el plazo máximo establecido para la resolución del concurso es de 6 meses, se prevé que esta segunda fase pudiera culminarse en torno al mes de marzo de 2017.
Este plazo se podría dilatar más en función de distintas variables como las propias subsanaciones, valoración de los proyectos, recursos, dilación en los plazos de notificaciones.
Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.


Díez y Romeo: Anulación de sanciones Radio FM en Canarias

Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.

El pasado mes de noviembre de 2016 se ha dictaron 4 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban 5 sanciones de 100.000 € cada una y 4 precintos a 4 emisoras de radio FM por emitir sin licencia. El Gobierno de Canarias acusaba a las emisoras de estar funcionando careciendo de la preceptiva licencia audiovisual.

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se acordó sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife, 1 en Fuerteventura (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por DIEZ Y ROMEO terminaron imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 500.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente


Díez y Romeo anula el precinto de una emisora por interferir a RNE

25.08.16 | 18:07. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

Nuevo éxito de Díez y Romeo en la defensa de emisoras de radio FM y televisiones frente a las sanciones impuestas por las administraciones. En este caso por el Ministerio de Industria.

La última semana de julio se ha conocido 1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima el recurso contencioso-administrativo contra el precinto de una emisora se radio de música "dance", por causar interferencias a RNE.

Los hechos se remontan al acta de inspección que, tras detectar unas interferencias perjudiciales, terminó atribuyéndoselas a una emisora de radio musical madrileña. Una de las que más audiencia tiene en la capital.

Acto seguido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones procedió al precinto de las instalaciones de la emisora, neutralizando los equipos transmisores que permitían las emisiones.

Tras ello, los abogados del despacho madrileño DÍEZ & ROMEO recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular el precinto de las instalaciones. Tras los trámites seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Magistrado Ponente dictó, una sentencia anulado todas las actuaciones de la administración.

En la vía administrativa el expediente sancionador fue anulado

Al dar por válidos los argumentos jurídicos esgrimidos bufete de abogados Díez y Romeo, la emisora ha podido recuperar todos los equipamientos radioeléctricos y mantener las emisiones de radio de forma pacífica.

Los puntos claves que figuraban en el recurso de la emisora de radio, fueron:
• La invalidez de unas actuaciones anuladas previamente en la vía administrativa
• La imposibilidad de justificar la urgencia del precinto al cliente de DÍEZ Y ROMEO.

En definitiva, el nuevo éxito de los servicios jurídicos de DÍEZ Y ROMEO, ha conseguido anular un precinto que podría haber imposibilitado las emisiones en Madrid.

Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, Díez & Romeo, cuenta con una dilatada en la anulación de precintos de emisoras de radio FM y televisión.


Ley de Radio y TV Valenciana: Análisis Díez y Romeo

Tras las oscilaciones que se han vivido en Comunidad Valenciana a cuenta de su televisión pública autonómica, el pasado 19 de julio de 2016, se promulgó en el DOCV, la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Desde Díez y Romeo se ha analizado someramente este nuevo texto legal.

I.- Las motivaciones

Varias son las motivaciones que han generado que el ejecutivo de Ximo Puig diera luz verde a este texto legal. En Díez y Romeo se han individualizado 4:

En primer lugar, la movilización de la sociedad valenciana al suscribir la iniciativa legislativa popular evidenciada en la «Proposición de ley del servicio público de radiotelevisión valenciana» presentada en las Corts Valencianes en diciembre de 2014, después de haber recibido el apoyo de casi 90.000 firmas ciudadanas.

En segundo lugar, la necesidad de dotar a la C. Valenciana de medios de comunicación audiovisuales públicos que permitan satisfacer (i) la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, (ii) la libre recepción y comunicación de información veraz por medios de difusión, (iii) el fomento y difusión de la lengua y la cultura propias, aspecto este último que parece garantizar la RTVV.

En tercer lugar, la exigencia de fundamentar la razón de ser de los medios públicos valencianos, según la exposición de motivos de la Ley 6/2016, de 15 de julio. La importancia y esencialidad de las TV y Radio públicas para la conformación de una opinión pública plural y responsable; el hecho de que supongan un estímulo a la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la circunstancia de los medios públicos son una herramienta de vertebración social y afirmación de la identidad y autonomía política valenciana.
En cuarto lugar, la necesidad de ajustar el régimen del servicio público audiovisual (radio y TV públicas) a las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Estructura de la Ley 6/2016, de 15 de julio.

El texto articulado consta de un total de 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estructurados en 5 títulos.

El título I, dedicado a las disposiciones de carácter general, es donde se indica cuál es su objeto, el contenido de servicio público y los principios que deben observarse en la prestación del servicio público, la utilización de un mandato marco donde se establezcan los objetivos generales de la función de servicio público encomendados a la Corporación, cuya duración será de 6 años, y un contrato programa que desarrollará cada 3 años el mandato marco.

El título II se dedica a la naturaleza y organización de la Corporación, donde se distingue la existencia de un consejo rector, un consejo de la ciudadanía, un consejo de informativos y la dirección general.

El título III se destina a fijar los principios básicos de la producción y la programación. El título IV regula el régimen económico y del personal, y en el título V se establecen los instrumentos de control y seguimiento de la actividad de la Corporación y se añaden al control parlamentario mecanismos de control económico, presupuestario y financiero por la Sindicatura de Comptes y el control del Consell de la Generalitat.

III.- Novedades.-

Entre las principales novedades que incorpora la Ley 6/2016, de 15 de julio, Díez y Romeo destaca la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades.

Asume competencias que antes eran de la Generalitat como son:

• El diseño y el desarrollo de proyectos.
• La generación de producciones y contenidos.
• La prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir

La organización de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, se estructura en los siguientes órganos:

• La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector, que es elegida por Las Cortes Valencianas con un mandato de 6 años.
• El Consejo Rector, máximo órgano gestor; está compuesto por 10 miembros: 5 a propuesta de las Cortes, 1 del Consejo de la Ciudadanía, 2 del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 1 de los trabajadores y el Presidente. Su mandato durará también 6 años.
• La Dirección General
• La Secretaría del Consejo Rector
• El Consejo de la Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y compuesta por 13 miembros, con un mandato de 5 años.
• El Consejo de Informativos, órgano interno de participación de quienes intervienen en la elaboración de los informativos para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los informativos difundidos

Igualmente, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/2016, de 15 de julio, destaca como novedad la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Es decir, antes del 20 de abril de 2017.

Este órgano velará por el respecto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias audiovisuales Radio FM y TDT, y tendrá competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.

Con esta mención la Comunidad Valenciana aspira a tener un ente de similares características a las del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).


4 emisoras dinamitan el reparto de la FM en Canarias.

• Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, anulan el reparto de licencia.

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

I.- Las 4 empresas que obtuvieron las primeras Sentencias.-

Las 4 empresas que han obtenido las primeras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están ubicadas en Tenerife (3 de ellas) y una en Las Palmas.

Son las emisoras Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, y tienen varios comunes denominadores:

• Acudieron al concurso con una apuesta comprometedora licitando a numerosas localidades.

• Plantearon una oferta netamente canaria de proximidad.

• Son empresas eminentemente canarias.

Sin embargo, este perfil de licitador fue duramente castigado por la Mesa de Evaluación con valoraciones muy inferiores a los necesarios.

La justificación dada por el anterior ejecutivo canario para respaldar la vigencia del reparto de licencias estuvo caracterizada, entre otras, por las siguientes expresiones:

“Hemos aprendido de los errores de la TDT”.
"El concurso ha sido absolutamente neutral e imparcial”
• “Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM”
• "El trabajo de la mesa de evaluación ha sido técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista”

Así se contestaba en las ruedas de prensa a los licitadores que pedían explicaciones. En reuniones con emisoras incluso se dijo que los proyectos de una cadena musical (con 28 licencias) eran más canarios que el gofio.

Ahora las 4 primeras Sentencias han demostrado que la propia Mesa de Evaluación fue la que modificó los criterios de valoración una vez abiertas las plicas. Es decir, sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas (sobre nº 2), los funcionarios crearon sub-criterios contrarios a las pautas de valoración de las bases.

Algo muy distinto a las irregularidades en el primer reparto de la TDT de 2007. Así lo que se hizo es asumir un informe de una empresa privada sin motivar. Aquí, en el reparto de la radio FM, ha sido la propia Mesa de Evaluación la que ha cambiado las reglas del juego. No una empresa privada (TDT), sino los propios empleados públicos del ejecutivo de Paulino Rivero.

II.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases.

III.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

IV.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

V.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Concurso FM Canarias: Anulado el reparto de licencias de Radio

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación de las licencias de radio FM en Canarias, porque la Mesa de Evaluación añadió sub-criterios de valoración contrarios a la convocatoria y modificó las pautas valorativas de bases del concurso.

Varias son las sentencias (fechadas el 28 y 29 de junio de 2016) que han estimado el recurso contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y declaran que se:

• Anulan los sub-criterios 2, 7 y 12 incluidos por la Mesa de Evaluación en el anexo del acta número 7, de 8 de abril de 2011.

• Anula la tabla de valoración del criterio 12 y la tabla de valoración del criterio 14 del anexo del acta 7, que también introdujo la Mesa de Valoración de forma indebida.

• Anula la resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de 20 de junio de 2011.

• Retrotraen las actuaciones al momento anterior al que se produjeron las irregularidades detectadas por el Tribunal.

Estos fallos son los primeros de más de una treintena de recursos contenciosos-administrativos que se resolverán en las próximas fechas.


I.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases. Así se menciona en la Sentencia:

(…) El acuerdo controvertido de la mesa, además, no puede considerarse irrelevante. En primer lugar y en el caso de los boletines informativos de ámbito supralocal, porque si bien los criterios 1 y 2 reciben la misma puntuación máxima, resulta que el subcriterio aprobado supone que los boletines informativos de ámbito supralocal que excedan en su duración de 10 minutos pasan a ser valorados sólo por el criterio 2 (boletines informativos + programas de actualidad), excluyendo la posibilidad para los licitadores que presentaron programación por ambos criterios, de obtener puntuación por los boletines informativos de ámbito superior a la localidad de la emisora (45 puntos del criterio 1). En el supuesto de boletines informativos de contenido limitado a la localidad de la emisora (criterio 3), además, se añade que la puntuación máxima que es posible obtener por el criterio 4 es inferior.

Este “sub-criterio” supone, en consecuencia, la introducción de una especificación ajena a las bases, que de haber sido conocido por los interesados habría influido en la preparación de sus ofertas en aras de obtener la máxima puntuación posible (en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 24 de noviembre de 2005, C-331/2004, y de 24 de enero de 2008, C-532/2006).

También se opone a los puntos 7 y 12 del anexo:
Punto 7: “Los programas que sólo son de llamadas de oyentes no se puntúan por ninguno de los criterios”.
Punto 12: “Los programas de chistes de oyentes no se valoran (tampoco los de horóscopos, ni las llamadas para contar problemas…).

II.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

El mismo Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia es igualmente demoledor:

Conforme a la base 13ª, todas las solicitudes se clasifican por orden de mejor a peor “respecto de cada uno de los criterios”, y según este orden de prelación a la mejor oferta se le atribuye la máxima puntuación y a las siguientes su diferencia proporcional con la mejor oferta, de acuerdo con la fórmula que detalla. En cambio, los sub-criterios aprobados, B y C, se apartan del procedimiento de esta valoración. No atribuyen la puntuación máxima prevista en el criterio 12 a la mejor oferta y luego a las demás de manera proporcional, sino que aplican una ponderación entre las puntuaciones parciales, distorsionando el procedimiento.

También se dice que se valora el plan de ejecución de obras e instalaciones y el plazo de ejecución, lo que perjudica a las emisoras que ya estaban en funcionamiento (…)

El Fallo también responde a la crítica de la empresa recurrente sobre la transformación del criterio nº 12 en 3 sub-criterios novedosos que hizo la Mesa de Valoración. Y en este sentido

“Juicio diferente nos merece, dentro del apartado C) sobre el plazo de puesta en marcha, que a su vez se subdivide en C.1 Y C.2, la consideración en el primero del «plazo de realización y presentación del proyecto técnico», y en el C.2 «la realización en paralelo del suministro».
Pues sólo una vez adjudicada una licencia concreta resulta posible desarrollar un proyecto técnico, que de ser aprobado, definirá las características técnicas a las que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones y el suministro de materiales. Obras que una vez finalizadas deben ser inspeccionadas para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado, permitiendo en ese caso la puesta en funcionamiento de la emisora. No resulta posible, por lo tanto, desarrollar con anterioridad a la adjudicación de una frecuencia determinada, el proyecto técnico, que además las bases no contemplaban, pues la 7ª, apartado A) punto 2, contenido del sobre Nº 2, se refiere al anteproyecto técnico. Y no resultaba lógico a los licitadores plantearse la aportación de un proyecto técnico para su valoración. Por todo ello, tener en consideración y valorar conforme a los sub-criterios aprobados por la mesa C.1 Y C.2, el proyecto técnico, es contrario a las bases.

Ni siquiera atendiendo al plazo de ejecución e inicio de las emisiones, que sí valoran, resulta aceptable su consideración, puesto que no es conforme a la técnica de desarrollo de este tipo de proyectos proceder a elaborarlo antes de conocer la frecuencia adjudicada.”


III.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

IV.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Castilla y León regula los procedimientos de comunicación audiovisual

El pasado 9 de marzo se publicó en el BOCYL, la ORDEN FYM/148/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual, en Castilla y León.

Con esta Orden se culmina la labor de adecuación a la nueva normativa de medios surgida de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Todo comenzó el año pasado cuando la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual. Desde entonces se hacía necesario regular los diferentes procedimientos y trámites que tienen que pasar todas las empresas o entidades que quieran prestar radio o televisión en Castilla y León.

La nueva Orden FYM/148/2016, de 23 de febrero, marca las pautas a respetar en los ámbitos de:

• La comunicación fehaciente y previa prevista en el artículo 23 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

• Los concursos públicos para la obtención de licencias audiovisuales (Televisión y Radio FM).

• La autorización de negocios jurídicos sobre las licencias.

• La obtención de la habilitación para que las entidades locales puedan prestar servicios audiovisuales públicos (TV y Radio municipales).

• La tramitación de los proyectos técnicos y de la inspección de las instalaciones.

• El acceso y la práctica de inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León,

Con esta Orden se satisface la necesidad de desarrollar y articular todos estos procedimientos, especificando los plazos para presentar las solicitudes y para resolver, y detallando la documentación y los datos que deben acompañar a los diferentes modelos normalizados de solicitud que se encontrarán disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.


Díez y Romeo: Estado Vs Cataluña, guerra por las Telecomunicaciones

08.03.16 | 16:20. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

En Díez & Romeo abogados se continúa analizando, en clave periodística, las ultimas resoluciones del Tribunal Constitucional. La pugna competencial entre Cataluña y el Estado ha tenido su ultimo capítulo en este ámbito.

El día 7 de marzo de 2016, se publicó en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2016, de 4 de febrero de 2016, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

1.- Lo que reclamó la Generalitat de Cataluña.-

La Generalitat de Cataluña articulaba su recurso de inconstitucionalidad sobre la base de 2 grandes bloques de artículos:

El primero compuesto por la impugnación de los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7 y 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que según la recurrente, vulneraban las competencias exclusivas de la Generalitat sobre ordenación territorio, el paisaje y el urbanismo (artículos 149.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Los abogados del bufete madrileño Díez y Romeo, lo sintetizan de la siguiente forma:

• Se criticaba el Art. 34.3, cuestionando la prohibición de la normativa y los instrumentos de planificación territorial y urbanística catalanes de fijar itinerarios o ubicaciones concretas para la instalación de las infraestructuras de la red de comunicaciones electrónicas.

• Se cuestionaron los apartados 5 y 6 del Art. 34 que regulan los denominados planes de despliegue o instalación.

• Se reprochó que el Art. 35.4 era inconstitucional, puesto que permite al Consejo de Ministros autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas en los casos que describe. De este modo, según las tesis de la Generalitat, se situaba a los legisladores autonómicos en una posición subordinada contraria a la doctrina constitucional conforme a la cual procedería arbitrar fórmulas para el ejercicio simultáneo o mutuamente condicionado de las competencias.

• La crítica del Art. 35.7 se basaba en que las recomendaciones previstas vulneran las competencias del art. 149.1 de la Constitución y el art. 5 Estatuto de Autonomía para Cataluña, al considerar que tales recomendaciones se dirigen a dar instrucciones sobre la elaboración de los planes de ordenación territorial y urbanística.

El segundo bloque de artículos impugnados incluye los artículos 65, 69.j).6 y, por conexión, 73 y 74 que infringían la competencia de la Generalitat sobre regulación y control de los medios de comunicación audiovisual (artículo 146 del Estatuto de Autonomía). La Generalitat esgrimía que la denominada protección activa recogida en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones impedía el ejercicio de las competencias de inspección y sanción que Cataluña tiene en materia de medios de comunicación social que allí operan (radios y tv que emiten sin licencia). En concreto, lo que se recurría es:

• La facultad del Estado para realizar emisiones sin contenido (pitos, portadoras,…) en frecuencias o canales libres como mecanismo de protección activa del dominio público radioeléctrico. Arts. 65 y 69.j).6 de la Ley.

Una vez se cumplieron todas las formalidades y trámites del recurso de inconstitucionalidad quedaron las actuaciones listas para dictar Sentencia. Esta fue dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, el 4 de febrero de 2016.

2.- La resolución del Recurso. Sólo anula un inciso del art. 34.6

Para la resolución del recurso, lo primero que se hizo es recordar la doctrina constitucional en relación con supuestos de concurrencia de los títulos competenciales sectorial (telecomunicaciones), de titularidad estatal y títulos de carácter transversal u horizontal (urbanismo, ordenación del territorio), de titularidad autonómica.

Tras citar las Sentencias de aplicación, el Tribunal Constitucional razonó que en el primer bloque de preceptos que no veía una limitación vulneradora de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación.

Con respecto al segundo bloque, es decir, al cuestionamiento que hizo la Generalitat sobre la facultad del Estado (Ministerio de Industria y Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones), para ocupar frecuencias radioeléctricas y canales televisivos en los que no se haya otorgados licencias, el Tribunal Constitucional ha sido claro y contundente. Y a este respecto no ha entendido que los arts. 65 y el 69.j).6. y por conexión, 73 y 74 de la Ley impidan a la Generalitat de Cataluña el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora sobre las emisoras de radio y de televisión sin licencia.

De hecho, la Sentencia asevera que “las competencias autonómicas sobre medios de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos”.

Así mismo, citaba la STC 72/2014, donde se recordó que en el FJ 11, se desestimó otro recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, general de telecomunicaciones, derogada por la Ley 9/2014, que atribuían al Estado los controles de los equipos y aparatos de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico señalando que “los preceptos en cuestión protegen intereses directamente relacionados con las telecomunicaciones” y que “la finalidad última de los preceptos impugnados no es otra, precisamente, que la de garantizar el buen uso del espacio radioeléctrico y, con ello, asegurar la efectividad de las telecomunicaciones”.

No obstante, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, que hace alusión al plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas, que se entenderá aprobado si la administración pública competente, no ha dictado resolución expresa.

El Tribunal considera necesario en este caso el establecimiento de la regla general del silencio positivo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando la incertidumbre asociada a la falta de respuesta. Sin embargo, no ampara la fijación del concreto plazo de 2 meses dado para la aprobación de los planes, contenida en el inciso “transcurridos dos meses desde su presentación”, que considera que vulnera la competencia de la Generalitat en materia de procedimiento administrativo.


Domingo, 26 de marzo

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