Audiovisual Legal

La ilegalidad de las sanciones y cierres a emisoras de radio en Canarias

• El TSJC respalda las tesis de Radio Sintonia y Onda CIT y ordena la nulidad de las sanciones audiovisuales.
• Son ilegales los cierres decretados por el gobierno canario en 2014

Recientemente se ha declarado la firmeza de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban las 5 sanciones de 100.000 € y los 4 precintos impuestas a varias emisoras de Radio FM. Se las acusaban de emitir sin licencias, sin embargo los Tribunales han tumbado las sanciones que decretadas por el Gobierno de Canarias.

En noviembre de 2016 se dictaron 4 Sentencias que liquidaban la represaría del ejecutivo canario de 2014 contra ciertas emisoras a las que sancionó por “no tener licencia”. Ello en medio de la tramitación de más de 24 recursos contra la adjudicación de las licencias radiofónicas de Radio FM que terminaron siendo anuladas por el propio TSJC.

Muchos periodistas del sector se lañaron que resulta irónico que una Comunidad Autónoma otorgue irregularmente las licencias de radio FM y después sanciones a las emisoras (algunas participaron en el concurso) por no tener licencia audiovisual radiofónica.

1.- Un poco de historia.-

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se resolvió sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife (Onda Cit y Latinos FM), 1 en Fuerteventura, Radio Sintonia, (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde Diez y Romeo se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.


2.- Los argumentos legales.-

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente (Caducidad)
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

3.- Ganan las emisoras.-

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por Diez y Romeo terminaron venciendo a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido por Diez y Romeo ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.


Licencias FM Canarias: La nueva valoración de proyectos

El pasado viernes, 28 de abril, de publicó en el BOC la composición de la nueva Mesa de Evaluación del concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la nueva Mesa de Evaluación son los siguientes:

• Presidente: D. Ceferino José Marrero Fariña. Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
• Presidente suplente: Dña. Cristina García Maffiotte. Directora General de Comunicación.
• Secretaria: Dña. Cándida Hernández Pérez. Jefa de Servicio de Asuntos Generales. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Secretaria suplente: Dña. María Luisa Risueño Díaz. Puesto Singularizado de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Vocal Dña. Elena Bastarrica Martí. Periodista. Dirección General de Comunicación.
• Vocal suplente: Dña. Olivia Puga Santana. Periodista (Jefa Oficina Prensa). Dirección General de Comunicación.
• Representante de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos: D. David Bercedo Toledo.
• Representante de la Intervención General: Dña. Elena Hernández Páiz.

En ellos descansa la labor de evaluar nuevamente los proyectos de emisora de radios, ante la nulidad de la anterior valoración por numerosas sentencias judiciales.

En la actualidad hay 24 Sentencias firmes del TSJ de Canarias que invalidan las licencias de comunicación radiofónica otorgadas mediante el Decreto 30/2012, de 4 de abril, que resolvió el concurso público de adjudicaciones de Radio FM.

Las razones que dieron los Magistrados para anular del reparto de la FM en Canarias fueron:
• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.
• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.
• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

Hay algunas sentencias que se encuentran recurridas en el Tribunal Supremo por lo que habrá que esperar su pronunciamiento, si se quiere obtener un nuevo reparto de licencias FM.

No obstante, desde ahora la Mesa de Evaluación está habilitada para iniciar un nuevo análisis que termine con un mapa de licencias distinto del anulado por la vía judicial.


Licencias Radio FM: Desestiman reclamación de 1,6 millones

28.03.17 | 13:48. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Tras la adjudicación de licencias audiovisuales (Radio o TDT) muchos son los que alquilan o transmiten las licencias en busca de una legítima rentabilidad. Sin embargo, en muchas CCAA subsisten aún litigios que cuestionan el reparto de las adjudicaciones audiovisuales. Y hasta que no finalice la vía judicial no puede considerarse que los licenciatarios las tienen todas consigo.

La prueba está en lo que le ha pasado a Medios de Comunicación 21, dado que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado la reclamación de 1,6 millones de euros que formuló al Gobierno Foral.

La emisora que resultó adjudicataria de una licencia de comunicacioón radiofónica (Radio FM) en Pamplona, cuantificó en 1,6 millones de euros los daños y perjuicios sufridos tras la anulación de su licencia (Sentencia del TSJN) porque la la adjudicación del Departamento de Obras Públicas se hizo de forma "irregular y defectuosa".

Al perder su licencia, Medios de Comunicación 21 presentó una reclamación patrimonial por el dinero abonado y lo dejado de percibir, a la que se opuso la Administración al entender que no existía un daño antijurídico.

Tras los trámites oportunos, el fallo del TSJN apoya los argumentos del Gobierno de Navarra y deniega la indemnización a la recurrente. La Sentencia sostiene que la mercantil conocía que la adjudicación había sido recurrida, que cedió la gestión de la emisora sabiendo que no tenía autorización para hacerlo y que firmó un contrato que se resolvió por el interés del arrendatario y no por dilación de la administración en la adjudicación definitiva, que llegado el momento tampoco fue posible por tener la demandante asuntos fiscales pendientes.

La Sentencia señala que

"En definitiva, el perjuicio económico que aduce deriva de un contrato privado que celebró con Intereconomía Corporación S.L. por voluntad propia, al margen del proceso de contratación administrativa, y en una situación claudicante, puesto que la adjudicación había sido recurrida judicialmente, por lo que no concurre el requisito de la antijuricidad del daño, ni la relación de causalidad ente la actuación administrativa y el perjuicio económico que invoca".

El respaldo del fallo se realiza a todos los argumentos de la Administración:

1.- El daño deriva de un contrato privado con Intereconomía Corporación S.A. del que el Gobierno de Navarra no fue informado, y que tampoco autorizó que se cediera la gestión de la emisora.

2.- No hubo nulidad en sí de la adjudicación, sino una adjudicación y retroacción de actuaciones para se valorasen todos los criterios establecidos en el pliego de cláusulas.

3.- La adjudicación finalmente se declaró desierta al no presentar la recurrente los documentos exigidos.

Tras recordar que en noviembre de 1997 se aprobó el expediente para la concesión administrativa de emisoras de FM y que en julio de 1998 se adjudicaron dos emisoras a Medios de Comunicación 21 y la Universidad de Navarra, el fallo indica que Iruñeko Komunikabideak S.A. presentó un recurso que el TSJN estimó parcialmente ordenando la retroactividad del expediente.

En ejecución de esta sentencia el Gobierno hizo una nueva adjudicación de forma provisional a Medios de Comunicación 21 y la Universidad de Navarra, nuevamente recurrida en alzada por Iruñeko Komunikabideak S.A.

Desestimado este recurso por la Administración en 2007, la citada empresa acudió a la vía contencioso administrativa donde ganó en 2009 y esto hizo que el procedimiento se retrotrajera hasta la valoración de ofertas, siendo las mayores puntuaciones para Medios de Comunicación 21 e Iruñeko Komunikabideak, aunque la de Comunicación 21 quedó desierta al no acreditar que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Sin embargo esta defendió que para entonces ya había comenzado la explotación de la radio y suscrito en 2001 un contrato privado con Intereconomía para la cesión de la gestión de la emisora, aunque mantuvo la titularidad de la concesión.

La cesión se pactó por ocho años por 90 millones de pesetas más IVA por las instalaciones y 160 millones más IVA como canon, aunque su vigencia quedó en suspenso hasta tanto la adjudicación no fuera definitiva y se autorizara la explotación.

Esto hizo que en junio de 2001 ambas partes firmaran un contrato de "arriendo de granja horaria" por una cantidad mensual de 1,66 millones mas IVA, que en noviembre Intereconomía decidió resolver, cesando sus emisiones en diciembre.


Licencias FM Cataluña: 321 emisoras, 127 sin licencia

15.03.17 | 18:09. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

El reparto de licencias de comunicación audiovisual radiofónica en nuestro país ha sido una signatura pendiente en muchas CCAA. Las causas son muy variadas, entre las que destacan:

Una planificación del espectro radioeléctrico insuficiente, que no responde la iniciativa creciente del mercado radiofónico.
Adjudicaciones que son anuladas por los Tribunales por los defectos de la Administración.

Bajo este escenario, recientemente el Presidente de Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, realizó unas interesantes declaraciones con motivo del Día Mundial de la Radio, que se celebró el pasado día 13 de febrero.

Analizando Cataluña, Loppacher explicó que "la radio es uno de los medios con más credibilidad, el más cercano, que sabe transmitir como ninguno su calidez y las emociones, tejiendo así una complicidad especial con su audiencia".

"La radio, de hecho, es seguramente el medio que más veces ha tenido que oír que desaparecería cada vez que un nuevo servicio de comunicación surgía, pero que ha demostrado que no sólo era capaz de resistir a estos nuevos medios, sino que ha sabido adaptarse a cada momento, incorporando las redes sociales por ejemplo, y ha demostrado tener una salud de hierro ", ha añadido el presidente del Consejo.

Según Loppacher, la radio se enfrenta actualmente a dos retos: en primer lugar, la lucha contra las emisoras sin licencia. Según el Libro Blanco del audiovisual de Cataluña, presentado el 23 de enero, actualmente emiten 127 radios sin el preceptivo título habilitante, un 12% más que en 2007. "Tenemos que luchar de una manera más contundente contra esta lacra, mediante la creación de una mesa con todos los agentes implicados, así como establecer herramientas legislativas para suspender de forma cautelar e inmediata estas emisiones ", dijo.

En segundo lugar, el sector de la radio debe abordar el reto de la digitalización (DAB+), siguiendo el modelo ya puesto en marcha por otros países europeos, explicó Loppacher, que ha puntualizado que el proceso debe hacerse de forma gradual y con el consenso de las empresas radiofónicas.

El presidente del CAC ha querido destacar también la importancia que tiene para Cataluña la radio local, que, según dijo, representa una riqueza informativa y aumenta la cohesión territorial.

En un informe reciente del CAC se indica que la radio tiene una penetración del 58,7% (en tercer lugar, detrás de la televisión e internet) y que en 2016 los catalanes escucharon una media de 101 minutos de radio al día.

En Cataluña hay 778 frecuencias de radio (centros emisores), que ofrecen a la ciudadanía 321 emisoras diferentes, entre públicas y privadas. El CAC es el organismo encargado de convocar los concursos de adjudicación de licencias para los prestadores privados y de autorizar los negocios jurídicos correspondientes, tales como transmisiones, arrendamientos y modificaciones accionariales, así como la extinción de las licencias.

En concreto, en Cataluña emiten 280 emisoras públicas y 41 privadas. Las públicas se distribuyen en 272 locales, 5 estatales y 3 nacionales; en cuanto al ámbito de la radiodifusión privada, hay 18 radios locales, 15 de estatales y 8 de nacionales.

Por tipologías, la que tiene más oyentes es la radio musical, con el 35,1%. La emisora musical más escuchada es Radio Flaixbac (322.000 oyentes), seguida de Los 40 (SER) (268.000) y de Flaix FM (246.000).

En cuanto a las generalistas, la líder es RAC1 (715.000 oyentes), seguida de Cataluña Radio (492.000) y de la SER (305.000).


La nueva regulación del uso del espectro: ¿Amenaza a las emisones de Radio y TDT?

El pasado 8 de marzo de 2017, se publicado en el BOE el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

Oficialmente se ha dicho que este nuevo marco regulador es trascendental para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa y facilitar a todos el acceso de banda ancha con velocidades mínimas de 30 Mbps para 2020.
Entre los servicios afectados por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero se encuentran:

La radiodifusión sonora y la televisión.
Los servicios móviles y por satélite.
La investigación espacial y la defensa nacional.
Los servicios de emergencias.
Las aplicaciones industriales y domésticas inalámbricas (guiado Drones, telemandos, teléfonos portátiles, sistemas WiFi,….).

En lo que atañe a los medios de comunicación por ondas (radio FM y televisión) hay varios preceptos de una especial significación.


1.- A por las emisiones radio y Televisión sin autorización.-

El nuevo Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico establece varias medidas a tener en cuenta por las emisoras radio y televisión que ocupan el espectro sin la autorización demanial preceptiva.

A.- Acceso y precinto del art. 97 del Reglamento.-

El artículo 97 hace alusión al acceso a las instalaciones de telecomunicaciones.
En primer lugar se establece la obligación a facilitar y permitir a los inspectores de Telecomunicaciones el acceso e inspección de las instalaciones de:

Los prestadores de servicio de radiocomunicaciones.
Los operadores de telecomunicaciones
Los titulares de las estaciones radioeléctricas
Las empresas instaladoras o mantenedoras de las instalaciones.
Los que usan las frecuencias
Los titulares (propietarios o arrendatarios) de fincas o inmuebles donde se encuentran los emplazamientos.

El apartado 2 del artículo 97 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, contempla la posibilidad que reaccionar en el caso de alguien se oponga a facilitar y permitir el acceso a sus instalaciones de los funcionarios de la inspección (Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones).

La Administración tiene dos cauces más de intervención:

1º.- Ordenar a las personas que se sometan a la inspección y faciliten el acceso a dichas instalaciones, ya sea para el precinto o para cualquier facultad del art. 73 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante resolución del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Sin solicitar el consentimiento previo.
Esto ocurre cuando el acceso y registro versa sobre instalaciones no situadas en domicilio constitucionalmente protegido. Y, en particular en instalaciones de telecomunicaciones:

Ubicadas fuera de los núcleos de población.
Que tengan caseta para equipos donde no residen habitualmente personas.
Que no sea el centro de toma de decisiones de una empresa

2º Solicitar el consentimiento de los titulares de la finca o inmueble, o una autorización judicial. Es decir, se mantiene el sistema anterior al este nuevo Reglamento sólo en el caso de que las instalaciones a inspeccionar estén situadas en domicilio constitucionalmente protegido.
La autorización judicial de acceso se solicitará no sólo para el precinto del emplazamiento radioeléctrico concreto, sino para cualquier otro que se considere equivalente y que no tiene que coincidir con un único emplazamiento físico.
No hay que olvidar que entre las facultades de inspección se encuentra la de precinto tal y como dispone el art. 73.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:

En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

Esto va a propiciar numerosos recursos contenciosos-administrativos.

B.- La protección activa del artículo 109 del Reglamento.-

La segunda de las medidas que contempla el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, es la posibilidad de realizar emisiones en las frecuencias radiofónicas y canales televisivos cuando se estén ocupando sin la autorización correspondiente.
Es decir, si una radio FM o television emite en una frecuencia o canal sin autorización, el Ministerio puede interferirlas con lo que se denomina “emisiones sin contenidos sustantivos”. Eso sí para que esto ocurra se ha de respetar un procedimiento administrativo debidamente regulado.

Esta potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá ejercer con independencia de las actuaciones inspectoras y sancionadoras. Esto es, que aparte de inspeccionar, precintar y sancionar, también pueden interferir las emisiones que ocupen espectro sin habilitación para ello.

Obviamente, todo apunta a que esta disposición sea impugnada ante los tribunales.


Licencias FM Canarias y sanciones: ¿Un nuevo concurso?

09.02.17 | 17:14. Archivado en Licencias radio FM

Parece que podría haber nuevo concurso de licencias FM en Canarias a la vista. El 8 de febrero de 2017, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó la petición que abra un nuevo procedimiento de adjudicación de licencias de radio FM que contemple a las emisoras sin ánimo de lucro por cumplir una importante función social y cultural. La propuesta salió adelante a iniciativa del PSOE pero no todos los grupos quisieron aceptar la suspensión de todos los expedientes sancionadores y la ejecución de sanciones impuestas por no tener las licencias anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El grupo parlamentario Podemos Canarias hizo una intervención detallando las irregularidades ocasionadas en la tramitacion del concurso, puso de manifiesto cómo muy pocas empresas concentran más de 100 licencias radiofónicas. Franciso Déniz puso enfasis en el tratamiento que el ejecutivo de Paulino Rivero dispensó a las emisoras canarias, dejandolas prácticamente fuera del reparto por radios que sólo emiten música. Recordó cómo un miembro de la anterior Mesa de Evaluación, ante las protestas de algún director de radio, dijo que las ofertas de una radio musical "eran más canarias que el gofio". En definitiva, terminó solicitando una nueva convocatoria de las licencias radiofónicas.

Lo propio hizo Román Rodríguez, de Nueva Canarias. Tras un resumen de los hechos, realizó varias preguntas al ejecutivo. Cómo se realizará el cumplimiento del fallo, cuales son los criterios para seleccionar a los nuevos miembros de la Mesa de Evaluación y si van a ser los mismos que valoraron en 2010-2011. Tambien preguntó en qué medida seria posible la convocatoria de un nuevo concurso de licencias Fm y empezar de cero.

Hay que recordar que se han dictado 28 sentencias del TSJ de Canarias que anuló el reparto de 135 licencias de comunicacion radiofónica de las 156 que salieron a concurso. Los fallos condenan a una nueva valoración de las empresas admitidas no fueron recurridas por el Gobierno de Canarias. Por elloa ello, según el representante de Coalición Canaria, ha empezado los trabajos para su efectivo cumplimiento.

Barragán citó que para la ejecucion de las sentencias firmes está previsto la siguiente:

1.- Preparar los nuevos componentes de la Mesa de Valoración para cumplir el fallo. En este sentido se están designado a los
2.- Constituir la nueva Mesa de Evaluación
3.- Realizar un planning de trabajo para la nueva valoración de las ofertas

Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha solicitado la ampliación del espectro radioelectrico para tener frecuencias disponibles con el fin de preparar la convocatoria de un nuevo concurso público para la adjudicación de nuevas licencias audiovisuales radiofónicas.

Otro de los asuntos que se debatió fué la suspensión de los expedientes sancionadores que se hayan llevado a cabo contra las emisoras tras la anulacion judicial de las licencias radiofónicas. Se pretendía así por varios grupos dejar sin efecto las decisiones sancionadoras que se adoptaron como consecuencia del reparto de la FM.

Como se debatió, tras el concurso, en lugar de realizar una inspección del grado de cumplimiento de las bases de las empresas adjudicatarias, se ha perseguió a aquellas que han quedado fuera de las adjudicaciones, buscando sancionarlas y cerrarlas.

La Diputada González, del PSOE, insistió en que en múltiples sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado ese concurso, “porque quienes tenían que velar por su pulcritud legal, lejos de hacerlo, introdujeron sorpresivamente unas modificaciones de las bases mediante extraños subcriterios que contaminaron por ilegal la posterior decisión anulada por la justicia”. Añadió que la mejor prueba de ello fue la propia reacción del Gobierno ante el varapalo judicial: ninguna respuesta, no recurrir y acatar la sentencia.

“Entre todos debemos de hacer un esfuerzo por buscar una solución justa y equitativa para dar un impulso a nuestro sector audiovisual, sin atajos, sin trampas, con la mayor de las transparencias y rectitud en el proceder, reactivando nuestra demanda ante el Estado para que se asigne a Canarias un mayor número de frecuencias que pudieran dar cabida a las aspiraciones planteadas”, expresó la diputada.


Valencia aprueba su Decreto Audiovisual

La Generalitat Valenciana ha aprobado hoy el Decreto por el que se regulan los Servicios y el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El profundo cambio normativo que supuso la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual obligaba a una revisión completa de las normas reglamentarias actualmente vigentes, tanto del Decreto 212/2009 del Consell, por el que se regula el Registro de Concesionarios de Radio y Televisión de la Comunitat Valenciana, como del Decreto 38/1998 del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios.

Por otra parte, frente a la regulación sobre el régimen concesional de la radiodifusión, no existía regulación específica en el ámbito de la televisión digital terrestre, ni tampoco sobre las nuevas formas de prestación de los servicios de comunicación audiovisual, o los prestadores sin ánimo de lucro.

Por ello, dado que esta regulación autonómica se articula sobre un marco jurídico y un modelo audiovisual ya obsoleto y que las nuevas necesidades detectadas aconsejan elaborar una norma que regule de manera unitaria el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en la Comunitat Valenciana, este nuevo decreto actualiza y unifica la normativa audiovisual en materia de servicios de comunicación audiovisual.

Objeto y ámbito de aplicación

Este decreto tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que como autoridad audiovisual corresponden a la Generalitat en relación con la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en su ámbito territorial.

En concreto, regulará el régimen jurídico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comerciales de titularidad privada; el régimen jurídico específico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro; el régimen aplicable a los servicios públicos de comunicación audiovisual; el desarrollo del régimen de inspección de los servicios de comunicación audiovisual y del ejercicio de la potestad sancionadora, así como la creación del Registro Autonómico de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana y la regulación de su organización y funcionamiento.

Este decreto es de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual comerciales, comunitarios sin ánimo de lucro y públicos, cuyo ámbito de cobertura no exceda al de la Comunitat Valenciana.

También les será de aplicación a aquellas entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual cuyo centro de producción y difusión principal esté situado en la Comunitat y se emitan en valenciano o se dirijan, fundamentalmente, a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este decreto las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual.

Del mismo modo, no será de aplicación para las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisual cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros; las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, y los servicios que no constituyan medios de comunicación de masas, y los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados.

Prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada

Este decreto también regula las condiciones para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada.

De acuerdo con el actual marco normativo, esta prestación está sujeta a una comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el órgano competente en materia de comunicación audiovisual de la Generalitat, salvo en aquellos casos en los que el servicio de comunicación audiovisual se preste mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso, estará sujeta a la obtención de una licencia otorgada mediante concurso.

Además, se regula tanto el procedimiento de comunicación previa como el del concurso, así como los aspectos esenciales de las licencias y su vigencia, contenido, obligaciones de los titulares o la posibilidad de celebrar negocios jurídicos sobre las mismas.

Igualmente, este decreto recoge la regulación en la Comunitat Valenciana de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial, cuya puesta en marcha está supeditada a la existencia de frecuencias disponibles en la Comunitat Valenciana o a la previa habilitación, por el órgano competente de la Administración General del Estado, de frecuencias específicas del dominio público radioeléctrico.

Servicios públicos de comunicación audiovisual

Por otro lado, este decreto regula los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y, en especial, los de ámbito local.

Así, prevé, dado que la creación de servicios de titularidad pública no está sujeto a un régimen de licencia, un procedimiento de habilitación por parte de la autoridad audiovisual para la puesta en marcha de los mismos, regulando asimismo, aspectos como el control de la prestación, las formas de gestión de los servicios o las obligaciones de los prestadores públicos.

Esta norma también desarrolla algunas especificidades en cuanto al régimen sancionador contenido tanto en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual como en la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, de la Generalitat. En este sentido, se hacía preciso completar las normas relativas a la instrucción del procedimiento.

Para ello, se regula el ejercicio de la función inspectora, así como las competencias sancionadoras y la necesaria protección del dominio público radioeléctrico, en los casos de emisiones sin título habilitante, en colaboración con el órgano competente de la Administración General del Estado.

Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por último, se crea y regula el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

En él deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, que hayan realizado una comunicación previa, hayan obtenido una licencia, o la habilitación prevista, así como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de participaciones significativas en las entidades prestadoras de servicios de comunicación, debiendo hacer constar su porcentaje de participación en el capital de las mismas.

En el registro figurarán además cuantos hechos, negocios jurídicos y circunstancias técnicas que afecten a los titulares de los servicios y al servicio, así como sus modificaciones.


TDT Andalucía: 71 licitadores y 190 ofertas

En el concurso de la TDT Local de Andalucía 71 licitadores han presentado un total de 190 ofertas para acceder a 111 licencias. Así lo ha manifestado Manuel Jiménez Barrios, Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia. También se prevé que el concurso se resuelva en marzo de 2017.

Causas del nuevo concurso de 2016
El concurso de convoco en agosto de este año tras la anulación de 79 licencias de TDT en las 62 demarcaciones en las que se estructura Andalucía. Las sentencias anulatorias fueron obtenidas, en su mayoría, por televisiones locales andaluzas de proximidad que no fueron adjudicatarias en el anterior reparto efectuado en 2008. En concreto, el cuestionamiento de la adjudicación de 2008 se centró en la acumulación de licencias en manos de pocas empresas. Ello origino una profunda crisis en el sector de las televisiones locales de proximidad puesto que, al carecer de licencia, tuvieron que cesar en su actividad y despedir a todos sus trabajadores. Algunas de las televisiones que recurrieron (y ganaron) y que siguieron emitiendo fueron duramente sancionadas.
No obstante, las sentencias que ganaron las televisiones locales de proximidad fundamentaron la ilegalidad del concurso de 2008 en la anulación parcial de las bases y del Decreto 1/2006 que regula el régimen de TV Local en Andalucía.

Nuevo concurso: 44 demarcaciones: 111 licencias.
En el concurso público convocado en agosto, han salido a licitación un total de 111 licencias de TDT (79 licencias anuladas judicialmente + 32 que habían quedado desiertas en el reparto de 2008) en 44 demarcaciones.
Las 79 licencias se dividen así:
• Almería: 15 licencias
• Cádiz: 15 licencias
• Granada: 15 licencias
• Córdoba: 19 licencias
• Huelva: 7 licencias
• Jaén: 8 licencias
• Málaga: 16 licencias
• Sevilla: 16 licencias.

Los licitadores que se han presentado
Con respecto al número de licitadores presentados en cada demarcación, tenemos los siguientes datos:
• En 30 demarcaciones, se han presentados más solicitudes que nº de licencias ofertadas.
• En 9 demarcaciones, se han presentado el mismo número de candidaturas o menos de las licencias TDT disponibles.
• En 3 demarcaciones -Loja, Linares y Villacarrillo- no se ha presentado ninguna empresa, permaneciendo desiertas.
• De los 71 licitadores, 9 de ellos han presentado más de 5 solicitudes.

En cualquier caso, la lista de empresas que se han presentado al concurso se encuentra en el siguiente link.

Los pasos a dar.
Actualmente, se está llevando a cabo el análisis del contenido del sobre Nº 1 (documentación administrativa) que se terminará a finales de diciembre. Así, tras la calificación por la Mesa de Valoración, de los 71 licitadores presentados, 32 han presentado la documentación de forma correcta, y 39 de ellos tienen que subsanar defectos u omisiones.
En relación a la valoración de los proyectos audiovisuales de los admitidos (segunda fase), se procederá por la Mesa a la apertura del sobre y a la valoración de los compromisos, para finalmente elevar la propuesta de resolución al Consejo de Gobierno. Dado que el plazo máximo establecido para la resolución del concurso es de 6 meses, se prevé que esta segunda fase pudiera culminarse en torno al mes de marzo de 2017.
Este plazo se podría dilatar más en función de distintas variables como las propias subsanaciones, valoración de los proyectos, recursos, dilación en los plazos de notificaciones.
Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.


Díez y Romeo: Anulación de sanciones Radio FM en Canarias

Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.

El pasado mes de noviembre de 2016 se ha dictaron 4 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban 5 sanciones de 100.000 € cada una y 4 precintos a 4 emisoras de radio FM por emitir sin licencia. El Gobierno de Canarias acusaba a las emisoras de estar funcionando careciendo de la preceptiva licencia audiovisual.

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se acordó sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife, 1 en Fuerteventura (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por DIEZ Y ROMEO terminaron imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 500.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente


Díez y Romeo anula el precinto de una emisora por interferir a RNE

25.08.16 | 18:07. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

Nuevo éxito de Díez y Romeo en la defensa de emisoras de radio FM y televisiones frente a las sanciones impuestas por las administraciones. En este caso por el Ministerio de Industria.

La última semana de julio se ha conocido 1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima el recurso contencioso-administrativo contra el precinto de una emisora se radio de música "dance", por causar interferencias a RNE.

Los hechos se remontan al acta de inspección que, tras detectar unas interferencias perjudiciales, terminó atribuyéndoselas a una emisora de radio musical madrileña. Una de las que más audiencia tiene en la capital.

Acto seguido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones procedió al precinto de las instalaciones de la emisora, neutralizando los equipos transmisores que permitían las emisiones.

Tras ello, los abogados del despacho madrileño DÍEZ & ROMEO recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular el precinto de las instalaciones. Tras los trámites seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Magistrado Ponente dictó, una sentencia anulado todas las actuaciones de la administración.

En la vía administrativa el expediente sancionador fue anulado

Al dar por válidos los argumentos jurídicos esgrimidos bufete de abogados Díez y Romeo, la emisora ha podido recuperar todos los equipamientos radioeléctricos y mantener las emisiones de radio de forma pacífica.

Los puntos claves que figuraban en el recurso de la emisora de radio, fueron:
• La invalidez de unas actuaciones anuladas previamente en la vía administrativa
• La imposibilidad de justificar la urgencia del precinto al cliente de DÍEZ Y ROMEO.

En definitiva, el nuevo éxito de los servicios jurídicos de DÍEZ Y ROMEO, ha conseguido anular un precinto que podría haber imposibilitado las emisiones en Madrid.

Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, Díez & Romeo, cuenta con una dilatada en la anulación de precintos de emisoras de radio FM y televisión.


Ley de Radio y TV Valenciana: Análisis Díez y Romeo

Tras las oscilaciones que se han vivido en Comunidad Valenciana a cuenta de su televisión pública autonómica, el pasado 19 de julio de 2016, se promulgó en el DOCV, la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Desde Díez y Romeo se ha analizado someramente este nuevo texto legal.

I.- Las motivaciones

Varias son las motivaciones que han generado que el ejecutivo de Ximo Puig diera luz verde a este texto legal. En Díez y Romeo se han individualizado 4:

En primer lugar, la movilización de la sociedad valenciana al suscribir la iniciativa legislativa popular evidenciada en la «Proposición de ley del servicio público de radiotelevisión valenciana» presentada en las Corts Valencianes en diciembre de 2014, después de haber recibido el apoyo de casi 90.000 firmas ciudadanas.

En segundo lugar, la necesidad de dotar a la C. Valenciana de medios de comunicación audiovisuales públicos que permitan satisfacer (i) la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, (ii) la libre recepción y comunicación de información veraz por medios de difusión, (iii) el fomento y difusión de la lengua y la cultura propias, aspecto este último que parece garantizar la RTVV.

En tercer lugar, la exigencia de fundamentar la razón de ser de los medios públicos valencianos, según la exposición de motivos de la Ley 6/2016, de 15 de julio. La importancia y esencialidad de las TV y Radio públicas para la conformación de una opinión pública plural y responsable; el hecho de que supongan un estímulo a la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la circunstancia de los medios públicos son una herramienta de vertebración social y afirmación de la identidad y autonomía política valenciana.
En cuarto lugar, la necesidad de ajustar el régimen del servicio público audiovisual (radio y TV públicas) a las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Estructura de la Ley 6/2016, de 15 de julio.

El texto articulado consta de un total de 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estructurados en 5 títulos.

El título I, dedicado a las disposiciones de carácter general, es donde se indica cuál es su objeto, el contenido de servicio público y los principios que deben observarse en la prestación del servicio público, la utilización de un mandato marco donde se establezcan los objetivos generales de la función de servicio público encomendados a la Corporación, cuya duración será de 6 años, y un contrato programa que desarrollará cada 3 años el mandato marco.

El título II se dedica a la naturaleza y organización de la Corporación, donde se distingue la existencia de un consejo rector, un consejo de la ciudadanía, un consejo de informativos y la dirección general.

El título III se destina a fijar los principios básicos de la producción y la programación. El título IV regula el régimen económico y del personal, y en el título V se establecen los instrumentos de control y seguimiento de la actividad de la Corporación y se añaden al control parlamentario mecanismos de control económico, presupuestario y financiero por la Sindicatura de Comptes y el control del Consell de la Generalitat.

III.- Novedades.-

Entre las principales novedades que incorpora la Ley 6/2016, de 15 de julio, Díez y Romeo destaca la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades.

Asume competencias que antes eran de la Generalitat como son:

• El diseño y el desarrollo de proyectos.
• La generación de producciones y contenidos.
• La prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir

La organización de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, se estructura en los siguientes órganos:

• La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector, que es elegida por Las Cortes Valencianas con un mandato de 6 años.
• El Consejo Rector, máximo órgano gestor; está compuesto por 10 miembros: 5 a propuesta de las Cortes, 1 del Consejo de la Ciudadanía, 2 del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 1 de los trabajadores y el Presidente. Su mandato durará también 6 años.
• La Dirección General
• La Secretaría del Consejo Rector
• El Consejo de la Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y compuesta por 13 miembros, con un mandato de 5 años.
• El Consejo de Informativos, órgano interno de participación de quienes intervienen en la elaboración de los informativos para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los informativos difundidos

Igualmente, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/2016, de 15 de julio, destaca como novedad la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Es decir, antes del 20 de abril de 2017.

Este órgano velará por el respecto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias audiovisuales Radio FM y TDT, y tendrá competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.

Con esta mención la Comunidad Valenciana aspira a tener un ente de similares características a las del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).


4 emisoras dinamitan el reparto de la FM en Canarias.

• Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, anulan el reparto de licencia.

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

I.- Las 4 empresas que obtuvieron las primeras Sentencias.-

Las 4 empresas que han obtenido las primeras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están ubicadas en Tenerife (3 de ellas) y una en Las Palmas.

Son las emisoras Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, y tienen varios comunes denominadores:

• Acudieron al concurso con una apuesta comprometedora licitando a numerosas localidades.

• Plantearon una oferta netamente canaria de proximidad.

• Son empresas eminentemente canarias.

Sin embargo, este perfil de licitador fue duramente castigado por la Mesa de Evaluación con valoraciones muy inferiores a los necesarios.

La justificación dada por el anterior ejecutivo canario para respaldar la vigencia del reparto de licencias estuvo caracterizada, entre otras, por las siguientes expresiones:

“Hemos aprendido de los errores de la TDT”.
"El concurso ha sido absolutamente neutral e imparcial”
• “Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM”
• "El trabajo de la mesa de evaluación ha sido técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista”

Así se contestaba en las ruedas de prensa a los licitadores que pedían explicaciones. En reuniones con emisoras incluso se dijo que los proyectos de una cadena musical (con 28 licencias) eran más canarios que el gofio.

Ahora las 4 primeras Sentencias han demostrado que la propia Mesa de Evaluación fue la que modificó los criterios de valoración una vez abiertas las plicas. Es decir, sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas (sobre nº 2), los funcionarios crearon sub-criterios contrarios a las pautas de valoración de las bases.

Algo muy distinto a las irregularidades en el primer reparto de la TDT de 2007. Así lo que se hizo es asumir un informe de una empresa privada sin motivar. Aquí, en el reparto de la radio FM, ha sido la propia Mesa de Evaluación la que ha cambiado las reglas del juego. No una empresa privada (TDT), sino los propios empleados públicos del ejecutivo de Paulino Rivero.

II.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases.

III.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

IV.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

V.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Sábado, 24 de junio

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