Audiovisual Legal

Concurso FM Navarra: 3 licencias

24.08.17 | 11:45. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Tras la anulación del concurso anterior, el Boletín Oficial de Navarra ha publicado este miércoles la Orden Foral 31/2017, de 7 de agosto, por la que se convoca un concurso público para la adjudicación de las 3 licencias sin asignación disponibles en la Comunidad foral (la primera en Pamplona y las otras dos en Burguete).

En efecto, el concurso se hacía necesario al quedar varias licencias desiertas tras la resolución de los concursos precedentes de 1997 (se resolvió finalmente en enero de 2016 y declaró desierta la primera de las licencias) y 2012 (resuelto un año más tarde y en las que quedaron desiertas las licencias de Burguete), y a la vista de la relación de emisoras de FM que el Gobierno central tiene autorizadas para Navarra en el vigente plan técnico de radiodifusión, de 2006.

Como principal novedad, el Gobierno de Navarra ha decidido que la frecuencia 105.6 Mhz de Pamplona sea reservada para su explotación como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, "primera ocasión en la que en el dial navarro se detrae de un concurso una licencia para su explotación no comercial". Las otras dos licencias, abiertas a todo tipo de propuesta de explotación, se corresponden con el dial 93.2 MHz y 97.9 Mhz de la localidad de Burguete.

Las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, son una figura recogida en la normativa básica audiovisual y la reglamentación foral y permite que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

La Orden Foral 31/2017 de convocatoria del concurso justifica la reserva para este tipo de emisoras acordada para la capital navarra "porque su dial radiofónico cuenta con una oferta generosa que da cabida a todas las emisoras de titularidad pública que pueden emitir en Navarra (las del ente público RTVE); las emisoras generalistas y musicales de las tres cadenas privadas y comerciales de mayor audiencia en España (Ser, Cope y Onda Cero); y desde diciembre de 2015 también ha incorporado a su dial la única emisora local que emite íntegramente en euskera, Euskalerria Irratia". "Sin embargo, no se atiende la demanda de abrir el dial radiofónico pamplonés a emisoras comunitarias sin ánimo de lucro".

Rigurosidad en el cumplimiento de la oferta.-

Además de la citada reserva para emisoras comunitarias, el concurso convocado este miércoles y para el que los licitadores tendrán plazo de presentación hasta el 29 de septiembre, inclusive, introduce otras mejoras respecto de los anteriores concursos de radios del Ejecutivo foral, que datan de 1997 y 2012.

Respecto de la composición de la mesa de valoración, por vez primera también, pasará a estar integrada solo por personal funcionario de la Administración navarra, sin presencia en ese órgano evaluador de personal eventual de libre designación, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

También es novedad que se establezca como nueva obligación el plazo de seis meses para la puesta en marcha del proyecto radiofónico de quienes obtengan licencia en este concurso, con el fin de "evitar situaciones de inseguridad jurídica como las derivadas de anteriores concursos a la hora de exigir la reversión de licencias otorgadas que no están siendo objeto de explotación".

Y con ese mismo objetivo, el nuevo concurso, "en una redacción muy clara, amplía las condiciones que tienen la consideración de 'esencial', conforme a la normativa foral audiovisual, y establece su incumplimiento como causa de revocación de licencia".

Producción propia, ajena y emisión en euskera.-

En referencia a la calidad de la programación, el condicionado del concurso otorga mayor protagonismo para la producción propia y los contenidos locales de las emisoras de radio (40% de la puntuación de la oferta). En la valoración de las ofertas se ha duplicado, frente a la convocatoria pública de 2012, la puntuación otorgable a las ofertas en función de los contenidos locales de producción propia que oferten.


La Ley Audiovisual de Andalucía: Aspectos generales.

En plena tramitación del concurso de licencias audiovisuales de la TDT Local, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 22 de agosto el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva que podría ser previsiblemente en septiembre.
La finalidad perseguida es establecer una regulación integral del audiovisual andaluz que es considerado como sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de Andalucía.

Aspectos generales.-

Con carácter general el proyecto de ley blinda a las emisoras televisivas y radiofónicas públicas. En este sentido, incorpora medidas para impedir que el servicio público (televisiones y radios públicas) no pueda privatizarse ni externalizarse.

Según la próxima norma legal, se pretende colmar las lagunas de la Ley estatal 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y en concreto lo referido a:

• La ampliación de los derechos de los usuarios.
• La protección de los menores.
• la participación de la ciudadanía.
• El control de las emisiones ilegales.
• El endurecimiento del régimen sancionador.
• La regulación de ámbitos hasta ahora sin reconocimiento normativo: las emisiones públicas de universidades y centros docentes.

Contenidos audiovisuales.-

Una de las características es que establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y los medios para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

El proyecto de ley audiovisual andaluz aumentará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica. Así, los contenidos calificados como recomendados a menores de 13 años deberán incluirse entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de días laborables. Se aumenta así en una hora la franja matutina, actualmente situada entre las 8.00 y las 9.00. Además, los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en abierto entre las 23.00 y las 6.00 horas (actualmente la franja es 22.00-6.00).

De forma similar, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales en cuanto a horas de emisión adaptada.
Las televisiones autonómicas públicas deberán:

• subtitular el 100% de los programas.
• realizar 15 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos con lengua de signos.
• Efectuar 15 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.
Las televisiones privadas autonómicas, así como las locales (públicas y privadas) han de garantizar:
• un 75% de subtitulación de la emisión,
• 8 horas diarias y todos los informativos con lengua de signos.
• 8 horas audiodescritas diarias y todos los informativos

Las limitaciones y sanciones.-

Una de las medidas novedosas en el proyecto de Ley es la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras televisivas y radiofónicas sin título habilitante serán también responsables administrativamente.

Por otro lado se establece la figura del “colaborador necesario”, con el fin de que los titulares de parcelas y fincas donde se enclavan los centros emisores y los operadores de red de telecomunicaciones permitan el acceso a las instalaciones. Se tipifican nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración.

Con respecto a las sanciones, se fijan cuantías distintas de las contempladas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. La justificación es “hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía”.
Las sanciones para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 y 1.000.000 euros para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.

En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. Las multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Por otro lado, el régimen sancionador se completa con las sanciones a las personas que actúan como representantes de las emisoras en el caso de que sean personas jurídicas privadas (empresas, etc..).

A los administradores, apoderados, etc…, se les podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Esto afecta a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.


La ilegalidad de las sanciones y cierres a emisoras de radio en Canarias

• El TSJC respalda las tesis de Radio Sintonia y Onda CIT y ordena la nulidad de las sanciones audiovisuales.
• Son ilegales los cierres decretados por el gobierno canario en 2014

Recientemente se ha declarado la firmeza de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban las 5 sanciones de 100.000 € y los 4 precintos impuestas a varias emisoras de Radio FM. Se las acusaban de emitir sin licencias, sin embargo los Tribunales han tumbado las sanciones que decretadas por el Gobierno de Canarias.

En noviembre de 2016 se dictaron 4 Sentencias que liquidaban la represaría del ejecutivo canario de 2014 contra ciertas emisoras a las que sancionó por “no tener licencia”. Ello en medio de la tramitación de más de 24 recursos contra la adjudicación de las licencias radiofónicas de Radio FM que terminaron siendo anuladas por el propio TSJC.

Muchos periodistas del sector se lañaron que resulta irónico que una Comunidad Autónoma otorgue irregularmente las licencias de radio FM y después sanciones a las emisoras (algunas participaron en el concurso) por no tener licencia audiovisual radiofónica.

1.- Un poco de historia.-

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se resolvió sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife (Onda Cit y Latinos FM), 1 en Fuerteventura, Radio Sintonia, (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde Diez y Romeo se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.


2.- Los argumentos legales.-

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente (Caducidad)
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

3.- Ganan las emisoras.-

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por Diez y Romeo terminaron venciendo a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido por Diez y Romeo ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.


Licencias FM Canarias: La nueva valoración de proyectos

El pasado viernes, 28 de abril, de publicó en el BOC la composición de la nueva Mesa de Evaluación del concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la nueva Mesa de Evaluación son los siguientes:

• Presidente: D. Ceferino José Marrero Fariña. Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
• Presidente suplente: Dña. Cristina García Maffiotte. Directora General de Comunicación.
• Secretaria: Dña. Cándida Hernández Pérez. Jefa de Servicio de Asuntos Generales. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Secretaria suplente: Dña. María Luisa Risueño Díaz. Puesto Singularizado de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Vocal Dña. Elena Bastarrica Martí. Periodista. Dirección General de Comunicación.
• Vocal suplente: Dña. Olivia Puga Santana. Periodista (Jefa Oficina Prensa). Dirección General de Comunicación.
• Representante de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos: D. David Bercedo Toledo.
• Representante de la Intervención General: Dña. Elena Hernández Páiz.

En ellos descansa la labor de evaluar nuevamente los proyectos de emisora de radios, ante la nulidad de la anterior valoración por numerosas sentencias judiciales.

En la actualidad hay 24 Sentencias firmes del TSJ de Canarias que invalidan las licencias de comunicación radiofónica otorgadas mediante el Decreto 30/2012, de 4 de abril, que resolvió el concurso público de adjudicaciones de Radio FM.

Las razones que dieron los Magistrados para anular del reparto de la FM en Canarias fueron:
• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.
• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.
• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

Hay algunas sentencias que se encuentran recurridas en el Tribunal Supremo por lo que habrá que esperar su pronunciamiento, si se quiere obtener un nuevo reparto de licencias FM.

No obstante, desde ahora la Mesa de Evaluación está habilitada para iniciar un nuevo análisis que termine con un mapa de licencias distinto del anulado por la vía judicial.


Licencias Radio FM: Desestiman reclamación de 1,6 millones

28.03.17 | 13:48. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

Tras la adjudicación de licencias audiovisuales (Radio o TDT) muchos son los que alquilan o transmiten las licencias en busca de una legítima rentabilidad. Sin embargo, en muchas CCAA subsisten aún litigios que cuestionan el reparto de las adjudicaciones audiovisuales. Y hasta que no finalice la vía judicial no puede considerarse que los licenciatarios las tienen todas consigo.

La prueba está en lo que le ha pasado a Medios de Comunicación 21, dado que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado la reclamación de 1,6 millones de euros que formuló al Gobierno Foral.

La emisora que resultó adjudicataria de una licencia de comunicacioón radiofónica (Radio FM) en Pamplona, cuantificó en 1,6 millones de euros los daños y perjuicios sufridos tras la anulación de su licencia (Sentencia del TSJN) porque la la adjudicación del Departamento de Obras Públicas se hizo de forma "irregular y defectuosa".

Al perder su licencia, Medios de Comunicación 21 presentó una reclamación patrimonial por el dinero abonado y lo dejado de percibir, a la que se opuso la Administración al entender que no existía un daño antijurídico.

Tras los trámites oportunos, el fallo del TSJN apoya los argumentos del Gobierno de Navarra y deniega la indemnización a la recurrente. La Sentencia sostiene que la mercantil conocía que la adjudicación había sido recurrida, que cedió la gestión de la emisora sabiendo que no tenía autorización para hacerlo y que firmó un contrato que se resolvió por el interés del arrendatario y no por dilación de la administración en la adjudicación definitiva, que llegado el momento tampoco fue posible por tener la demandante asuntos fiscales pendientes.

La Sentencia señala que

"En definitiva, el perjuicio económico que aduce deriva de un contrato privado que celebró con Intereconomía Corporación S.L. por voluntad propia, al margen del proceso de contratación administrativa, y en una situación claudicante, puesto que la adjudicación había sido recurrida judicialmente, por lo que no concurre el requisito de la antijuricidad del daño, ni la relación de causalidad ente la actuación administrativa y el perjuicio económico que invoca".

El respaldo del fallo se realiza a todos los argumentos de la Administración:

1.- El daño deriva de un contrato privado con Intereconomía Corporación S.A. del que el Gobierno de Navarra no fue informado, y que tampoco autorizó que se cediera la gestión de la emisora.

2.- No hubo nulidad en sí de la adjudicación, sino una adjudicación y retroacción de actuaciones para se valorasen todos los criterios establecidos en el pliego de cláusulas.

3.- La adjudicación finalmente se declaró desierta al no presentar la recurrente los documentos exigidos.

Tras recordar que en noviembre de 1997 se aprobó el expediente para la concesión administrativa de emisoras de FM y que en julio de 1998 se adjudicaron dos emisoras a Medios de Comunicación 21 y la Universidad de Navarra, el fallo indica que Iruñeko Komunikabideak S.A. presentó un recurso que el TSJN estimó parcialmente ordenando la retroactividad del expediente.

En ejecución de esta sentencia el Gobierno hizo una nueva adjudicación de forma provisional a Medios de Comunicación 21 y la Universidad de Navarra, nuevamente recurrida en alzada por Iruñeko Komunikabideak S.A.

Desestimado este recurso por la Administración en 2007, la citada empresa acudió a la vía contencioso administrativa donde ganó en 2009 y esto hizo que el procedimiento se retrotrajera hasta la valoración de ofertas, siendo las mayores puntuaciones para Medios de Comunicación 21 e Iruñeko Komunikabideak, aunque la de Comunicación 21 quedó desierta al no acreditar que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Sin embargo esta defendió que para entonces ya había comenzado la explotación de la radio y suscrito en 2001 un contrato privado con Intereconomía para la cesión de la gestión de la emisora, aunque mantuvo la titularidad de la concesión.

La cesión se pactó por ocho años por 90 millones de pesetas más IVA por las instalaciones y 160 millones más IVA como canon, aunque su vigencia quedó en suspenso hasta tanto la adjudicación no fuera definitiva y se autorizara la explotación.

Esto hizo que en junio de 2001 ambas partes firmaran un contrato de "arriendo de granja horaria" por una cantidad mensual de 1,66 millones mas IVA, que en noviembre Intereconomía decidió resolver, cesando sus emisiones en diciembre.


Licencias FM Cataluña: 321 emisoras, 127 sin licencia

15.03.17 | 18:09. Archivado en Noticias, Radiodifusión Sonora, Licencias radio FM

El reparto de licencias de comunicación audiovisual radiofónica en nuestro país ha sido una signatura pendiente en muchas CCAA. Las causas son muy variadas, entre las que destacan:

Una planificación del espectro radioeléctrico insuficiente, que no responde la iniciativa creciente del mercado radiofónico.
Adjudicaciones que son anuladas por los Tribunales por los defectos de la Administración.

Bajo este escenario, recientemente el Presidente de Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, realizó unas interesantes declaraciones con motivo del Día Mundial de la Radio, que se celebró el pasado día 13 de febrero.

Analizando Cataluña, Loppacher explicó que "la radio es uno de los medios con más credibilidad, el más cercano, que sabe transmitir como ninguno su calidez y las emociones, tejiendo así una complicidad especial con su audiencia".

"La radio, de hecho, es seguramente el medio que más veces ha tenido que oír que desaparecería cada vez que un nuevo servicio de comunicación surgía, pero que ha demostrado que no sólo era capaz de resistir a estos nuevos medios, sino que ha sabido adaptarse a cada momento, incorporando las redes sociales por ejemplo, y ha demostrado tener una salud de hierro ", ha añadido el presidente del Consejo.

Según Loppacher, la radio se enfrenta actualmente a dos retos: en primer lugar, la lucha contra las emisoras sin licencia. Según el Libro Blanco del audiovisual de Cataluña, presentado el 23 de enero, actualmente emiten 127 radios sin el preceptivo título habilitante, un 12% más que en 2007. "Tenemos que luchar de una manera más contundente contra esta lacra, mediante la creación de una mesa con todos los agentes implicados, así como establecer herramientas legislativas para suspender de forma cautelar e inmediata estas emisiones ", dijo.

En segundo lugar, el sector de la radio debe abordar el reto de la digitalización (DAB+), siguiendo el modelo ya puesto en marcha por otros países europeos, explicó Loppacher, que ha puntualizado que el proceso debe hacerse de forma gradual y con el consenso de las empresas radiofónicas.

El presidente del CAC ha querido destacar también la importancia que tiene para Cataluña la radio local, que, según dijo, representa una riqueza informativa y aumenta la cohesión territorial.

En un informe reciente del CAC se indica que la radio tiene una penetración del 58,7% (en tercer lugar, detrás de la televisión e internet) y que en 2016 los catalanes escucharon una media de 101 minutos de radio al día.

En Cataluña hay 778 frecuencias de radio (centros emisores), que ofrecen a la ciudadanía 321 emisoras diferentes, entre públicas y privadas. El CAC es el organismo encargado de convocar los concursos de adjudicación de licencias para los prestadores privados y de autorizar los negocios jurídicos correspondientes, tales como transmisiones, arrendamientos y modificaciones accionariales, así como la extinción de las licencias.

En concreto, en Cataluña emiten 280 emisoras públicas y 41 privadas. Las públicas se distribuyen en 272 locales, 5 estatales y 3 nacionales; en cuanto al ámbito de la radiodifusión privada, hay 18 radios locales, 15 de estatales y 8 de nacionales.

Por tipologías, la que tiene más oyentes es la radio musical, con el 35,1%. La emisora musical más escuchada es Radio Flaixbac (322.000 oyentes), seguida de Los 40 (SER) (268.000) y de Flaix FM (246.000).

En cuanto a las generalistas, la líder es RAC1 (715.000 oyentes), seguida de Cataluña Radio (492.000) y de la SER (305.000).


La nueva regulación del uso del espectro: ¿Amenaza a las emisones de Radio y TDT?

El pasado 8 de marzo de 2017, se publicado en el BOE el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

Oficialmente se ha dicho que este nuevo marco regulador es trascendental para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa y facilitar a todos el acceso de banda ancha con velocidades mínimas de 30 Mbps para 2020.
Entre los servicios afectados por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero se encuentran:

La radiodifusión sonora y la televisión.
Los servicios móviles y por satélite.
La investigación espacial y la defensa nacional.
Los servicios de emergencias.
Las aplicaciones industriales y domésticas inalámbricas (guiado Drones, telemandos, teléfonos portátiles, sistemas WiFi,….).

En lo que atañe a los medios de comunicación por ondas (radio FM y televisión) hay varios preceptos de una especial significación.


1.- A por las emisiones radio y Televisión sin autorización.-

El nuevo Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico establece varias medidas a tener en cuenta por las emisoras radio y televisión que ocupan el espectro sin la autorización demanial preceptiva.

A.- Acceso y precinto del art. 97 del Reglamento.-

El artículo 97 hace alusión al acceso a las instalaciones de telecomunicaciones.
En primer lugar se establece la obligación a facilitar y permitir a los inspectores de Telecomunicaciones el acceso e inspección de las instalaciones de:

Los prestadores de servicio de radiocomunicaciones.
Los operadores de telecomunicaciones
Los titulares de las estaciones radioeléctricas
Las empresas instaladoras o mantenedoras de las instalaciones.
Los que usan las frecuencias
Los titulares (propietarios o arrendatarios) de fincas o inmuebles donde se encuentran los emplazamientos.

El apartado 2 del artículo 97 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, contempla la posibilidad que reaccionar en el caso de alguien se oponga a facilitar y permitir el acceso a sus instalaciones de los funcionarios de la inspección (Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones).

La Administración tiene dos cauces más de intervención:

1º.- Ordenar a las personas que se sometan a la inspección y faciliten el acceso a dichas instalaciones, ya sea para el precinto o para cualquier facultad del art. 73 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante resolución del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Sin solicitar el consentimiento previo.
Esto ocurre cuando el acceso y registro versa sobre instalaciones no situadas en domicilio constitucionalmente protegido. Y, en particular en instalaciones de telecomunicaciones:

Ubicadas fuera de los núcleos de población.
Que tengan caseta para equipos donde no residen habitualmente personas.
Que no sea el centro de toma de decisiones de una empresa

2º Solicitar el consentimiento de los titulares de la finca o inmueble, o una autorización judicial. Es decir, se mantiene el sistema anterior al este nuevo Reglamento sólo en el caso de que las instalaciones a inspeccionar estén situadas en domicilio constitucionalmente protegido.
La autorización judicial de acceso se solicitará no sólo para el precinto del emplazamiento radioeléctrico concreto, sino para cualquier otro que se considere equivalente y que no tiene que coincidir con un único emplazamiento físico.
No hay que olvidar que entre las facultades de inspección se encuentra la de precinto tal y como dispone el art. 73.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:

En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

Esto va a propiciar numerosos recursos contenciosos-administrativos.

B.- La protección activa del artículo 109 del Reglamento.-

La segunda de las medidas que contempla el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, es la posibilidad de realizar emisiones en las frecuencias radiofónicas y canales televisivos cuando se estén ocupando sin la autorización correspondiente.
Es decir, si una radio FM o television emite en una frecuencia o canal sin autorización, el Ministerio puede interferirlas con lo que se denomina “emisiones sin contenidos sustantivos”. Eso sí para que esto ocurra se ha de respetar un procedimiento administrativo debidamente regulado.

Esta potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá ejercer con independencia de las actuaciones inspectoras y sancionadoras. Esto es, que aparte de inspeccionar, precintar y sancionar, también pueden interferir las emisiones que ocupen espectro sin habilitación para ello.

Obviamente, todo apunta a que esta disposición sea impugnada ante los tribunales.


Valencia aprueba su Decreto Audiovisual

La Generalitat Valenciana ha aprobado hoy el Decreto por el que se regulan los Servicios y el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El profundo cambio normativo que supuso la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual obligaba a una revisión completa de las normas reglamentarias actualmente vigentes, tanto del Decreto 212/2009 del Consell, por el que se regula el Registro de Concesionarios de Radio y Televisión de la Comunitat Valenciana, como del Decreto 38/1998 del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios.

Por otra parte, frente a la regulación sobre el régimen concesional de la radiodifusión, no existía regulación específica en el ámbito de la televisión digital terrestre, ni tampoco sobre las nuevas formas de prestación de los servicios de comunicación audiovisual, o los prestadores sin ánimo de lucro.

Por ello, dado que esta regulación autonómica se articula sobre un marco jurídico y un modelo audiovisual ya obsoleto y que las nuevas necesidades detectadas aconsejan elaborar una norma que regule de manera unitaria el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en la Comunitat Valenciana, este nuevo decreto actualiza y unifica la normativa audiovisual en materia de servicios de comunicación audiovisual.

Objeto y ámbito de aplicación

Este decreto tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que como autoridad audiovisual corresponden a la Generalitat en relación con la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en su ámbito territorial.

En concreto, regulará el régimen jurídico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comerciales de titularidad privada; el régimen jurídico específico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro; el régimen aplicable a los servicios públicos de comunicación audiovisual; el desarrollo del régimen de inspección de los servicios de comunicación audiovisual y del ejercicio de la potestad sancionadora, así como la creación del Registro Autonómico de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana y la regulación de su organización y funcionamiento.

Este decreto es de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual comerciales, comunitarios sin ánimo de lucro y públicos, cuyo ámbito de cobertura no exceda al de la Comunitat Valenciana.

También les será de aplicación a aquellas entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual cuyo centro de producción y difusión principal esté situado en la Comunitat y se emitan en valenciano o se dirijan, fundamentalmente, a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este decreto las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual.

Del mismo modo, no será de aplicación para las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisual cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros; las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, y los servicios que no constituyan medios de comunicación de masas, y los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados.

Prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada

Este decreto también regula las condiciones para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada.

De acuerdo con el actual marco normativo, esta prestación está sujeta a una comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el órgano competente en materia de comunicación audiovisual de la Generalitat, salvo en aquellos casos en los que el servicio de comunicación audiovisual se preste mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso, estará sujeta a la obtención de una licencia otorgada mediante concurso.

Además, se regula tanto el procedimiento de comunicación previa como el del concurso, así como los aspectos esenciales de las licencias y su vigencia, contenido, obligaciones de los titulares o la posibilidad de celebrar negocios jurídicos sobre las mismas.

Igualmente, este decreto recoge la regulación en la Comunitat Valenciana de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial, cuya puesta en marcha está supeditada a la existencia de frecuencias disponibles en la Comunitat Valenciana o a la previa habilitación, por el órgano competente de la Administración General del Estado, de frecuencias específicas del dominio público radioeléctrico.

Servicios públicos de comunicación audiovisual

Por otro lado, este decreto regula los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y, en especial, los de ámbito local.

Así, prevé, dado que la creación de servicios de titularidad pública no está sujeto a un régimen de licencia, un procedimiento de habilitación por parte de la autoridad audiovisual para la puesta en marcha de los mismos, regulando asimismo, aspectos como el control de la prestación, las formas de gestión de los servicios o las obligaciones de los prestadores públicos.

Esta norma también desarrolla algunas especificidades en cuanto al régimen sancionador contenido tanto en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual como en la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, de la Generalitat. En este sentido, se hacía preciso completar las normas relativas a la instrucción del procedimiento.

Para ello, se regula el ejercicio de la función inspectora, así como las competencias sancionadoras y la necesaria protección del dominio público radioeléctrico, en los casos de emisiones sin título habilitante, en colaboración con el órgano competente de la Administración General del Estado.

Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por último, se crea y regula el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

En él deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, que hayan realizado una comunicación previa, hayan obtenido una licencia, o la habilitación prevista, así como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de participaciones significativas en las entidades prestadoras de servicios de comunicación, debiendo hacer constar su porcentaje de participación en el capital de las mismas.

En el registro figurarán además cuantos hechos, negocios jurídicos y circunstancias técnicas que afecten a los titulares de los servicios y al servicio, así como sus modificaciones.


Díez y Romeo: Anulación de sanciones Radio FM en Canarias

Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.

El pasado mes de noviembre de 2016 se ha dictaron 4 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban 5 sanciones de 100.000 € cada una y 4 precintos a 4 emisoras de radio FM por emitir sin licencia. El Gobierno de Canarias acusaba a las emisoras de estar funcionando careciendo de la preceptiva licencia audiovisual.

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se acordó sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife, 1 en Fuerteventura (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por DIEZ Y ROMEO terminaron imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 500.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente


4 emisoras dinamitan el reparto de la FM en Canarias.

• Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, anulan el reparto de licencia.

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

I.- Las 4 empresas que obtuvieron las primeras Sentencias.-

Las 4 empresas que han obtenido las primeras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están ubicadas en Tenerife (3 de ellas) y una en Las Palmas.

Son las emisoras Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, y tienen varios comunes denominadores:

• Acudieron al concurso con una apuesta comprometedora licitando a numerosas localidades.

• Plantearon una oferta netamente canaria de proximidad.

• Son empresas eminentemente canarias.

Sin embargo, este perfil de licitador fue duramente castigado por la Mesa de Evaluación con valoraciones muy inferiores a los necesarios.

La justificación dada por el anterior ejecutivo canario para respaldar la vigencia del reparto de licencias estuvo caracterizada, entre otras, por las siguientes expresiones:

“Hemos aprendido de los errores de la TDT”.
"El concurso ha sido absolutamente neutral e imparcial”
• “Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM”
• "El trabajo de la mesa de evaluación ha sido técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista”

Así se contestaba en las ruedas de prensa a los licitadores que pedían explicaciones. En reuniones con emisoras incluso se dijo que los proyectos de una cadena musical (con 28 licencias) eran más canarios que el gofio.

Ahora las 4 primeras Sentencias han demostrado que la propia Mesa de Evaluación fue la que modificó los criterios de valoración una vez abiertas las plicas. Es decir, sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas (sobre nº 2), los funcionarios crearon sub-criterios contrarios a las pautas de valoración de las bases.

Algo muy distinto a las irregularidades en el primer reparto de la TDT de 2007. Así lo que se hizo es asumir un informe de una empresa privada sin motivar. Aquí, en el reparto de la radio FM, ha sido la propia Mesa de Evaluación la que ha cambiado las reglas del juego. No una empresa privada (TDT), sino los propios empleados públicos del ejecutivo de Paulino Rivero.

II.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases.

III.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

IV.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

V.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Concurso FM Canarias: Anulado el reparto de licencias de Radio

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación de las licencias de radio FM en Canarias, porque la Mesa de Evaluación añadió sub-criterios de valoración contrarios a la convocatoria y modificó las pautas valorativas de bases del concurso.

Varias son las sentencias (fechadas el 28 y 29 de junio de 2016) que han estimado el recurso contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y declaran que se:

• Anulan los sub-criterios 2, 7 y 12 incluidos por la Mesa de Evaluación en el anexo del acta número 7, de 8 de abril de 2011.

• Anula la tabla de valoración del criterio 12 y la tabla de valoración del criterio 14 del anexo del acta 7, que también introdujo la Mesa de Valoración de forma indebida.

• Anula la resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de 20 de junio de 2011.

• Retrotraen las actuaciones al momento anterior al que se produjeron las irregularidades detectadas por el Tribunal.

Estos fallos son los primeros de más de una treintena de recursos contenciosos-administrativos que se resolverán en las próximas fechas.


I.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases. Así se menciona en la Sentencia:

(…) El acuerdo controvertido de la mesa, además, no puede considerarse irrelevante. En primer lugar y en el caso de los boletines informativos de ámbito supralocal, porque si bien los criterios 1 y 2 reciben la misma puntuación máxima, resulta que el subcriterio aprobado supone que los boletines informativos de ámbito supralocal que excedan en su duración de 10 minutos pasan a ser valorados sólo por el criterio 2 (boletines informativos + programas de actualidad), excluyendo la posibilidad para los licitadores que presentaron programación por ambos criterios, de obtener puntuación por los boletines informativos de ámbito superior a la localidad de la emisora (45 puntos del criterio 1). En el supuesto de boletines informativos de contenido limitado a la localidad de la emisora (criterio 3), además, se añade que la puntuación máxima que es posible obtener por el criterio 4 es inferior.

Este “sub-criterio” supone, en consecuencia, la introducción de una especificación ajena a las bases, que de haber sido conocido por los interesados habría influido en la preparación de sus ofertas en aras de obtener la máxima puntuación posible (en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 24 de noviembre de 2005, C-331/2004, y de 24 de enero de 2008, C-532/2006).

También se opone a los puntos 7 y 12 del anexo:
Punto 7: “Los programas que sólo son de llamadas de oyentes no se puntúan por ninguno de los criterios”.
Punto 12: “Los programas de chistes de oyentes no se valoran (tampoco los de horóscopos, ni las llamadas para contar problemas…).

II.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

El mismo Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia es igualmente demoledor:

Conforme a la base 13ª, todas las solicitudes se clasifican por orden de mejor a peor “respecto de cada uno de los criterios”, y según este orden de prelación a la mejor oferta se le atribuye la máxima puntuación y a las siguientes su diferencia proporcional con la mejor oferta, de acuerdo con la fórmula que detalla. En cambio, los sub-criterios aprobados, B y C, se apartan del procedimiento de esta valoración. No atribuyen la puntuación máxima prevista en el criterio 12 a la mejor oferta y luego a las demás de manera proporcional, sino que aplican una ponderación entre las puntuaciones parciales, distorsionando el procedimiento.

También se dice que se valora el plan de ejecución de obras e instalaciones y el plazo de ejecución, lo que perjudica a las emisoras que ya estaban en funcionamiento (…)

El Fallo también responde a la crítica de la empresa recurrente sobre la transformación del criterio nº 12 en 3 sub-criterios novedosos que hizo la Mesa de Valoración. Y en este sentido

“Juicio diferente nos merece, dentro del apartado C) sobre el plazo de puesta en marcha, que a su vez se subdivide en C.1 Y C.2, la consideración en el primero del «plazo de realización y presentación del proyecto técnico», y en el C.2 «la realización en paralelo del suministro».
Pues sólo una vez adjudicada una licencia concreta resulta posible desarrollar un proyecto técnico, que de ser aprobado, definirá las características técnicas a las que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones y el suministro de materiales. Obras que una vez finalizadas deben ser inspeccionadas para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado, permitiendo en ese caso la puesta en funcionamiento de la emisora. No resulta posible, por lo tanto, desarrollar con anterioridad a la adjudicación de una frecuencia determinada, el proyecto técnico, que además las bases no contemplaban, pues la 7ª, apartado A) punto 2, contenido del sobre Nº 2, se refiere al anteproyecto técnico. Y no resultaba lógico a los licitadores plantearse la aportación de un proyecto técnico para su valoración. Por todo ello, tener en consideración y valorar conforme a los sub-criterios aprobados por la mesa C.1 Y C.2, el proyecto técnico, es contrario a las bases.

Ni siquiera atendiendo al plazo de ejecución e inicio de las emisiones, que sí valoran, resulta aceptable su consideración, puesto que no es conforme a la técnica de desarrollo de este tipo de proyectos proceder a elaborarlo antes de conocer la frecuencia adjudicada.”


III.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

IV.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Castilla y León dicta una nueva regulación audiovisual

El pasado 9 de marzo se publicó en el BOCYL, la ORDEN FYM/148/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual, en Castilla y León.

Con esta Orden se culmina la labor de adecuación a la nueva normativa de medios surgida de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Todo comenzó el año pasado cuando la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual. Desde entonces se hacía necesario regular los diferentes procedimientos y trámites que tienen que pasar todas las empresas o entidades que quieran prestar radio o televisión en Castilla y León.

La nueva Orden FYM/148/2016, de 23 de febrero, marca las pautas a respetar en los ámbitos de:

• La comunicación fehaciente y previa prevista en el artículo 23 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.
• Los concursos públicos para la obtención de licencias audiovisuales (Televisión y Radio FM).
• La autorización de negocios jurídicos sobre las licencias.
• La obtención de la habilitación para que las entidades locales puedan prestar servicios audiovisuales públicos (TV y Radio municipales).
• La tramitación de los proyectos técnicos y de la inspección de las instalaciones.
• El acceso y la práctica de inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León,

Con esta Orden se satisface la necesidad de desarrollar y articular todos estos procedimientos, especificando los plazos para presentar las solicitudes y para resolver, y detallando la documentación y los datos que deben acompañar a los diferentes modelos normalizados de solicitud que se encontrarán disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.


Martes, 17 de octubre

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