Audiovisual Legal

Díez y Romeo en El Derecho.com: cuestiones jurídicas audiovisuales

18.05.15 | 10:16. Archivado en TDT, Propiedad Intelectual, Noticias, Licencias radio FM

El bufete de abogados Díez y Romeo, cuyo departamento audiovisual dirigen Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, ha sido objeto de interés de la prestigiosa revista jurídica El Derecho.com. A continuación se transcribe la entrevista a uno de los socios del despacho madrileño Díez & Romeo

Entrevistamos a Jaime Rodríguez Díez, abogado socio de DÍEZ & ROMEO ABOGADOS, quien dirige el área de TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones). Con él comentamos las últimas cuestiones jurídicas en materia de Derecho Audiovisual, área en la que el bufete está posicionado como referente del mercado español.

El despacho DÍEZ Y ROMEO está posicionado como un claro referente en España tanto en Derecho Audiovisual, como en Derecho de las Telecomunicaciones. Podría comentarnos el origen del despacho y qué razones son las que les hicieron decantarse por estas especialidades.

R. DÍEZ Y ROMEO es fundado en 2001, fruto de la unión de los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, y nace ante la necesidad de dar respuesta, desde la cercanía, a los operadores de telecomunicaciones y medios de comunicación que realizan su actividad en España.

Los primeros años marcan para DÍEZ Y ROMEO el comienzo de su prestigio entre las compañías del sector televisivo y radiofónico que comenzaban a poner el punto de mira en su expansión. El asesoramiento legal audiovisual se extendió a la obtención de licencias administrativas, y la neutralización de sanciones, con especial atención a los procesos regulatorios en materia de telecomunicaciones.

Con un crecimiento constante se llega a 2009, un año clave para DÍEZ Y ROMEO, ya que las sinergias con ingenieros y economistas permiten iniciar la actividad de consultoría tecnológica y asesoría estratégica especializada en medios de comunicación.

DÍEZ Y ROMEO sigue apostando por los sectores emergentes, siendo una de las firmas pioneras en el asesoramiento global a la industria de los Drones (operadores y fabricantes).

Hoy en día DÍEZ Y ROMEO mantiene una posición de referencia, y el despacho se emplea a fondo para mantener su liderazgo en los sectores donde el derecho y la tecnología son indisociables.

Las razones que motivaron a DÍEZ Y ROMEO para decantarse por estas especialidades fueron la puesta en práctica de la formación específica de postgrado asentada por sus fundadores, y la demanda de un asesoramiento legal por expertos familiarizados con los nuevos entornos del broadcast influenciados por perspectivas económicas, sociales, tecnológicas e incluso técnicas.

P. El pasado 5 de diciembre el BOE recogía la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de un nuevo recurso –ya van siete- contra el decreto que estableció el plan técnico de la TDT y el dividendo digital. ¿Cuáles son a su juicio los defectos de los que adolece la norma, aprobada el pasado mes de septiembre, que establece la reorganización del espacio digital a través del que emiten los diferentes canales?

R. Ello contradice uno de los objetivos del Plan: favorecer la evolución hacia las emisiones de alta definición de los licenciatarios, ya que se dejaría a estas televisiones privada en una grave desventaja competitiva frente a:
•las emisiones de alta definición de gran calidad que podrá llevar a cabo RTVE.
•las emisiones de los prestadores del servicio de television que operan con sistemas distintos a la TDT, como el ADSL, el cable o el satélite (controlados por las compañías telefónicas).

Desde el punto de vista técnico es perfectamente viable que un MUX albergue 5 o 6 canales de definición estándar, como ha venido corriendo durante los años previos al apagado de los 9 canales privados, sin necesidad a esperar las mejoras tecnológicas a las que alude la Ley.

Establecer que la concreción del nº máximo de canales por MUX es 4, no es posible:
•Porque la realidad técnica así permite más (5 o 6)
•Porque la LGCA se remite a la modificación de las licencias
•Porque frena el desarrollo de la comunicación audiovisual televisiva

La Junta de Andalucía esgrime la infracción la normativa que exige la participación de las CCAA en la planificación de su espacio radioeléctrico. En concreto, se infringe la Disposición Adicional Segunda de la Ley General de Comunicación Audiovisual, porque la planificación del espacio radioeléctrico no ha sido elaborada con la participación de las CCAA.

Otra de las críticas es que MINETUR debe consultar previamente a Andalucía las decisiones contenidas en el proyecto que afectan directamente a la esfera autonómica, tal y como establece su Estatuto de Autonomía.

Por último, considera que la supresión del segundo canal autonómico de Andalucía impide el desarrollo de la industria audiovisual andaluza, al limitar la coexistencia de proyectos audiovisuales públicos y privados. Y además supone un trato discriminatorio respecto puesto que el Plan permite a Cataluña disponer de un múltiple adicional privado.

P. Hay quien dice que todo lo que tiene que ver con el dividendo digital suena a improvisación o tiene un sentido recaudatorio. En este sentido, en su momento, fuentes de los operadores de telecomunicaciones indicaron que cualquier retraso en las concesiones del dividendo digital daría lugar a posibles indemnizaciones. ¿Son realmente exigibles, y en su caso, hay posibilidades de que las demandas llegasen a buen puerto?

R. En 2011 Movistar, Vodafone y Orange desembolsaron en la subasta de espectro radioeléctrico un total de 1.623 millones de euros, lo que posibilitó hacer uso de la banda en 800 MHz (790-862 MHz) ocupada, en parte, por algunos canales de la TDT (canales 61 al 69 de UHF). Ese conste de las compañías telefónicas fuer asumido con dos objetivos:
•hacer frente al aumento de tráfico de datos que llega con las redes de cuarta generación.
•mejorar la cobertura disponible de telefonía móvil en interiores.

La liberación del Dividendo Digital es el proceso de reordenación de frecuencias necesario para que la banda 800 MHz – con mejores propiedad de propagación y penetración que las bandas usadas para telefonía 3G y 4G - quede disponible en toda Europa. En España se fijó que la banda 800 MHz estaría liberada para el 1 de enero de 2015, a pesar de las advertencias de la industria que consideraba el plazo demasiado corto. Finalmente, el Consejo de Ministros retraso la liberación del dividendo hasta el 1 de abril de 2015.

Ello ha repercutido negativamente en los operadores de telefonía, puesto que la demora de 4 meses para la disponibilidad del 4G en la banda 800 MHz impide poder cubrir zonas mucho más amplias con una sola antena, además de mejorar la penetración en interiores. Algo que también afecta a los consumidores.

Todo lo anterior, unido a que las campañas comerciales previstas para la implantación efectiva del 4G se han visto alteradas, podría servir de base para una reclamación a la administración solicitando una responsabilidad con cuantías muy elevadas. Se habla que las posibles indemnizaciones podrían ser de 300.000 euros por día de retraso, tomando como fuente las propias estimaciones del gobierno.

La prosperabilidad de las reclamaciones dependerá si se consigue, en otros factores, acreditar que las telefónicas no tienen el deber de soportar el daño cuantificado derivado del retraso. Por otro lado, si finalmente se acudiera a la vía judicial otro elemento desequilibrante podrían ser los usuarios de telefonía móvil que se han visto privados de una tecnología cuya puesta en marcha databa del 1 de enero de 2015.

P. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar las denuncias que tanto Orange como Vodafone interpusieron el pasado mes de mayo contra las ofertas de fibra de 10 megas y de 100 megas de Telefónica, denuncias basadas en la replicabilidad de la oferta. En su resolución, la CNMC ha aprovechado para advertir que en este sentido el acceso a los contenidos audiovisuales no está actualmente regulado. ¿Qué opinión le merece esta ausencia de regulación?

R. La ausencia de regulación implica someter a los distintos operadores a una situación de incertidumbre legal que puede ser aprovechada – tanto por las administraciones como por otros competidores- para realizar conductas que, al no estar prohibidas expresamente, son permitidas, aunque puedan ser cuestionadas legítimamente.

Hay una máxima en el derecho que se plasma constitucionalmente en el art. 9.3 de la CE. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido y las Administración tan sólo pueden realizar los actos que expresamente se le hayan habilitado.

Por eso cuanto menos se invoque la ausencia de regulación para adoptar una resolución administrativa con elementos excluyentes, más seguridad jurídica y legitimidad podrá tener su cumplimiento.

Desde luego Orange y Vodafone no tienen las mismas opciones en el mercado para configurar una oferta audiovisual lo "suficientemente atractiva" como para igualar la oferta de Telefónica. Y un Tribunal podría entender que la ausencia de regulación de algunos segmentos, como el acceso a los contenidos audiovisuales, no puede ser utilizada para calificar una oferta audiovisual más eficiente.

En definitiva, al amparo de la falta de una oferta regulada para el acceso de contenidos, se ha permitido que la valoración del servicio televisivo realizada en el análisis de replicabilidad se base en los costes del propio operador denunciado: telefónica. La regulación hubiera permitido acudir a la CNMC a un baremo imparcial que hubiera terminado en una resolución más imparcial.

P. Recientemente DIEZ Y ROMEO ha logrado anular una sanción de 30.000 € impuesta a una emisora, por causar interferencias en las frecuencias asignadas a las maniobras de aproximación de aeronaves, muy cerca de un aeropuerto. Este auténtico caso de éxito evidencia cuestiones jurídicas muy relevantes entre las que destaca la pérdida de la presunción de veracidad de los documentos aportados por los inspectores a instancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. ¿Puede comentarnos este punto?

R. Cuando nuestros clientes nos encargan la defensa ante expedientes sancionadores tan específicos, tenemos que emplearnos a fondo en el análisis del proceder de las administraciones. Y algunas veces observamos defectos que condicionan esa presunción de veracidad de sus actos, debido a que no se cumplen las premisas para su efectividad. Recientemente se han anulado dos sanciones más de 30.000 € (total 60.000 €) por defectos graves en la notificación de los expedientes.

Pero el caso más sorprendente es descubrir, en un expediente incoado por una CCAA, que un mismo funcionario había certificado la existencia de emisiones en 10 ubicaciones distintas en el mismo día.

Y es que a la hora de sancionar a las televisiones con 500.000 € por emitir sin licencia o por causar interferencias la acusación debe de estar perfectamente acreditada.

P. Hace unos días viendo la televisión, en una cadena en abierto y en horario de sobremesa, se emitía un conocido programa de prensa rosa donde se contaban historias no aptas para un público infantil. En este sentido ¿cuál es la situación de la regulación relativa a las franjas horarias y edades mínimas en la programación televisiva para la defensa y protección de los menores? ¿Existe normativa europea en la materia? ¿Puede un particular denunciar este hecho?

La situación relativa a las franjas horarias y edades mínimas en los programas televisivos parte de 3 principios:
•Control de la emisión de contenidos o aptos para menores en determinados horarios.
•Respeto a los derechos de los niños que participan en la programación televisiva.
•Colaboración con los adultos para facilitar el control de lo que ven los niños a su cargo (control parental).

Para aplicar estos principios las televisiones se comprometen a adoptar tres medidas:

1.- Establecer horarios protegidos. En este sentido se establecen dos franjas horarias de protección:
•Una franja de protección general: de 6:00 a 22:00 horas, la programación no podrá incorporar contenidos no recomendados para menores de 18 años.
•Una franja de protección reforzada, donde las televisiones no podrán emitir contenidos no recomendados para menores de 13 años. En concreto, de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 9:00 y las 12:00 horas.

2.- Respetar los derechos de los niños en los programas y la publicidad, protegiendo la dignidad, la intimada y la identidad de los menores en todos los casos en que puedan ser perjudicados; y evitando imágenes especialmente crudas o inadecuadas en los informativos o advirtiendo sobre ellas.

3.- Clasificar por edades los programas –y anuncios de programación- conforme a los siguientes símbolos:

1. Ausencia de símbolo: apta para todos los públicos.

2. Símbolo de color verde: recomendado para la infancia

3. Símbolo de color azul, dentro del cual aparece la cifra 7 : no recomendado para menores de 7 años.

4. Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 12 : no recomendado para menores de 12 años.

5. Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 16 : no recomendado para menores de 16 años.

6. Símbolo de color rojo, dentro del cual aparece la cifra 18 : no recomendado para menores de 18 años.

¿Existe normativa europea en la materia?

Las directivas europeas referidas al medio televisivo, conocidas como Directivas de TV sin fronteras (89/552/CEE, 97/36/CE y 2007/65/CE), así como las referidas a las prácticas comerciales (2005/29/CE) y recomendaciones como la que afecta a la protección de los menores en relación a la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea (2006/952/CE) han supuesto un progresivo avance en la regulación de la comunicación audiovisual, y sus respectivas transposiciones al ordenamiento español avanzan en la protección de los menores ante determinados usos publicitarios, que se sintetizan en las siguientes máximas:

• Proteger a los menores de la publicidad de bebidas alcohólicas (89/552/CEE, art.15)

• No incitar al consumo ni a la persuasión de mayores para conseguir el objeto anunciado, tampoco desde la televenta (89/552/CEE, 97/36/CE, art. 16 y y 2007/65/CE, art. 3 sexies)

• No explotar la especial confianza de los menores hacia sus padres, profesores u otras personas (89/552/CEE, art. 16 y 2007/65/CE, art. 3 sexies) • No presentar al menor en situaciones peligrosas sin motivo (89/552/CEE, art.16 y 2007/65/CE, art. 3 sexies)

• Combatir todo tipo de discriminación, también en mensajes publicitarios (2006/952/CEM, recomendación 18)

• Diferenciar de manera clara los contenidos comerciales del resto de programas (2007/65/CE, art. 3 sexies) De forma más concreta, la última directiva invita a los estados miembro a desarrollar y utilizar códigos de conducta para la publicidad infantil, especialmente en lo referente a alimentos y bebidas de alto poder nutricional

¿Puede un particular denunciar este hecho?

Si puede plantear denuncia ante la Comunión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuya finalidad es cumplir por el mercado audiovisual, así como la supervisión de la adecuación de los contenidos televisivos con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación.

Igualmente se puede acudir a las distintas asociaciones como Asociación de usuarios de la comunicación (AUC), Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia), CEAPA.

P. A su juicio ¿cuáles son los principales retos jurídicos que habrá que afrontar el Derecho Audiovisual con la extensión en los hogares de la TV conectada a Internet?

R. La consolidación de la TV conectada tendrá una incidencia realmente importante en el Derecho Audiovisual. En primer lugar, habrá que adecuar al nuevo panorama tecnológico una normativa que resuelva definitivamente las cuestiones relacionadas con los Derechos Fundamentales: entre las que destacan la protección del menor, la información de consumidor, la privacidad y la protección de datos personales, el derecho de réplica, la difamación o la calumnia, y la implementación de la ciberseguridad.

En segundo lugar, habrá que abordar con todo detallen la reglamentación de los aspectos vinculados con los estándares técnicos, interoperabilidad, acceso a la tecnología (por ejemplo, la gestión de derechos digitales), e igualdad de acceso a contenidos legítimos.

En tercer lugar, se hará necesario actualizar la normativa antimonopolio y de la competencia, adecuando el abuso de posición de dominio, evitando los precios discriminatorios, y la obstaculización de la competencia en cuanto a la distribución de contenidos y la posibilidad de descubrir contenidos al realizar búsquedas.

Por último la UE tendrá que modificar varias directivas relacionadas con los servicios de comunicación audiovisual, el comercio electrónico y venta a distancia, las comunicaciones electrónicas y el espectro radioeléctrico…

P. Atendiendo a su experiencia ¿en qué basa usted su consejo de que -en la medida de lo posible- se debe acudir siempre a un despacho especializado en esta prolija materia a la hora de afrontar los posibles conflictos que sobre ella se pudieran suscitar?

R. Para resolver conflictos de empresas que operan en el sector, no sólo la experiencia dilatada es determinante. Hay que tener un conocimiento profundo del funcionamiento de las administraciones públicas y en la motivación de su personal para sancionar o para adjudicar las licencias audiovisuales. Sólo de esta forma se puede anticipar a los movimientos de la administración e intentar neutralizar una sanción ilegítima. Y sólo así se puede diseñar una estrategia efectiva que dificulte las adjudicaciones de licencias televisivas dirigidas.


Díez y Romeo analiza el Real Decreto-ley 5/2015, de la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol.

01.05.15 | 10:25. Archivado en Contenidos, Publicidad, Propiedad Intelectual, Noticias

El bufete de abogados Díez y Romeo analiza los fundamentos de la regulación de la nueva comercialización conjunta de derechos del futbol surgida en el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2015. Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, del despacho madrileño Díez & Romeo segmentan los principales aspectos en tres puntos relevantes.

El BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2015, ha publicado el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

El objetivo principal de dicha norma es someter la comercialización de los derechos audiovisuales del futbol a un régimen jurídico que garantice en régimen de libre competencia el acceso a su explotación por los distintos operadores.

Se construye el primer ladrillo al establecimiento de una base sólida para el desarrollo del mercado de la televisión de pago en España.

De este modo, se introduce una transición razonada del modelo individual a un régimen basado en la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales. Lo cual sólo ha sido posible mediante la intervención de la Administración en el mercado de las retransmisiones televisivas del fútbol.

1.- Los motivos de la intervención en el mercado de los derechos audiovisuales del futbol

Dos son las razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno en el mercado de derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, según el bufete de abogados Díez y Romeo:

• La dimensión y relevancia social del fútbol profesional en España, que condiciona los hábitos de consumo.

• La necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago, debido a las dificultades del sector para autorregularse.

La primera de ellas, la relevancia social del fútbol profesional en España se justifica a razón de las siguientes manifestaciones.

El número de federados fue de 855.987 en 2013 (25,2% de las licencias federativas), y participan en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes.

Por otro lado, el CIS (Barómetro de junio de 2014) revela que el 48% de la población dice estar interesada en el futbol y el 67,4% es simpatizante de un club. Y de estos simpatizantes, el 74,9 % ven sus partidos por televisión; el 15,5% los ven a través de plataformas de pago; y el 32% asisten al estadio para verlo e directo. Se destaca también que el 30,1% de los simpatizantes compran productos con la marca de su equipo. Lo que evidencia un condicionamiento general en los hábitos de consumo como ha podido comprobar también el despacho madrileño Díez & Romeo.

Hasta tal punto es relevante la incidencia del fútbol profesional, que contribuye al impulso de sectores muy importantes en España como el turismo, la publicidad y el patrocinio, la comercialización de las TIC.

La segunda razón que justifica la intervención normativa del Gobierno es la dificultad de los operadores para adoptar, por la vía de la autorregulación, un modelo eficiente de gestión de sus derechos audiovisuales. El modelo de venta individual, vigente desde temporada 1997/1998, ha estado sometido a una permanente revisión por los Tribunales y los reguladores de la competencia ante las tensiones entre los clubes oferentes, y los operadores demandantes de los derechos audiovisuales.

Es decir, las dificultades del mercado de las retransmisiones televisivas del fútbol para autorregularse han llevado a los actores a reclamar la actuación urgente del Gobierno.

2.- ¿Cómo será el paso del modelo individual a la nueva comercialización conjunta?

La mayoría de los clubes ya han suscrito contratos para la comercialización individual de sus derechos hasta la temporada 2015/16, y deberían concluir las negociaciones del nuevo periodo de venta en 2015. Algunos contratos individuales terminan en la temporada 2014/15 y los clubes están en disposición de negociar y suscribir nuevos contratos, que podrían prorrogar su vigencia hasta la temporada 2017/18.

En consecuencia, es posible la explotación de los derechos audiovisuales de la temporada en curso (2014/15) en los mercados nacional e internacional, pero a partir de la temporada 2015/16 se plantea una incertidumbre, que sólo quedaría garantizada mediante la puesta en común de todos los derechos individuales.

En estas circunstancias, se posibilita implantar con plenas garantías el sistema de comercialización centralizada de los derechos audiovisuales a partir de la temporada 2016/17, respetando los compromisos contractuales vigentes. Para lograr este objetivo, resulta imprescindible que los nuevos contratos que están negociando las entidades deportivas que aún no los han comercializado en la temporada 2015/2016 tengan una vigencia de una única temporada.

3.- Principios del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril.

El contenido del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, gira sobre tres ejes fundamentales.

Por una parte, aunque la titularidad de los derechos audiovisuales de retransmisión en directo y/o diferido, en su integridad o en versiones resumidas y/o fragmentadas de los encuentros de las competiciones de fútbol profesional se atribuye a los clubes o entidades participantes, se establece la obligación de ceder las facultades de su comercialización conjunta a las entidades organizadoras, es decir, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el caso del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División, y a la Real Federación Española de Fútbol respecto de la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa de España.

Estas entidades están obligadas a comercializar los derechos cedidos mediante sistemas de adjudicación y explotación que respeten los principios de igualdad y de libertad de empresa y respetando la normativa en materia de competencia. A estos efectos, el Real Decreto-ley establece determinados criterios en relación con el procedimiento para la comercialización y adjudicación de los derechos y reconoce a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un papel protagonista determinante en la supervisión de los citados procedimientos de contratación conjunta de los derechos audiovisuales.

El segundo fundamento sobre el que pivota el articulado del real decreto-ley es el establecimiento del sistema de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta, en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre las entidades participantes que mayores y menores ingresos recibirán en cada temporada. Estos criterios permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda División del Fútbol y ponderan la distribución equitativa dentro de cada categoría según los resultados deportivos obtenidos y la implantación social de cada entidad participante, medida por la recaudación en abonos y taquilla media y la aportación relativa en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas.

En tercer lugar, una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización, cada entidad participante debe asumir las contribuciones obligatorias que se establecen para

• El Fondo de Compensación de las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol profesional, desciendan de categoría;

• Las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado que desarrollan respectivamente la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol;

• Las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos.


TJUE: Insertar vídeos ajenos no es ilegal

27.11.14 | 11:09. Archivado en Propiedad Intelectual, Noticias

Díez y Romeo abogados, bufete experto en Propiedad Intelectual, ha considerado interesante el artículo sobre la nueva decisión del TJUE, publicado en Hipertextual.

Lo que nos viene a decir es que: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que insertar vídeos sin modificar su contenido ni mostrarlo a una nueva audiencia no infringe ningún copyright. Postura utilizada en algunos procedimientos donde los letrados de Diez y Romeo han intervenido

A día de hoy, todavía hay algunas pequeñas lagunas en la legislación para abarcar la totalidad de prácticas potenciales en Internet. Muchas de ellas debidas a leyes que dan lugar a interpretaciones, que hasta que no son llevadas ante un tribunal que siente jurisprudencia no tienen oficialmente una sentencia que licite o no ciertas prácticas. Algo así es lo que ahora nos ocupa, en torno a los vídeos insertados en páginas web.

Si no se modifica el vídeo ni se dirige a una nueva audiencia potencial, no infringe copyright.

Como acaba de publicar MusicWeek, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la inserción de vídeos en páginas web no supone una infracción de copyright. El caso viene de Alemania. Allí, la empresa BestWater denunció a empleados de la competencia por haber insertado una web personal un vídeo de su propiedad alojado en YouTube.

La justicia alemana, como explicaron en TorrentFreak, derivó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió el caso aduciendo que si no se modifica el contenido del vídeo ni se publica a una nueva audiencia (y estando el original en YouTube, esto no se considera), no hay ningún tipo de infracción.

En resumen: si únicamente se está embebiendo un vídeo público, no cabe denuncia alguna.

Lo interesante es que esto sienta un precedente de cara a futuras denuncias por violaciones de derechos de autor en contenidos protegidos, siempre y cuando se repita el caso de los enlaces, y quien inserte dichos contenidos no sea el responsable de la subida original.

Es decir: si quien inserta un vídeo ajeno protegido por derechos de autor no es el mismo que lo ha subido al lugar que lo aloja, no habrá delito. Al menos con este precedente.

Esta línea de defensa ha sido esgrimida en algunos casos representados por Diez & Romeo, todos a la espera de resolución judicial.

Fuente: Hipertextual


Romney Vs. Santorum: dos visiones sobre el SOPA

07.03.12 | 01:04. Archivado en Propiedad Intelectual

Las primarias republicanas importan a los españoles más de lo que parece ya que la postura sobre las últimas iniciativas legislativas de propiedad intelectual SOPA y PIPA es bien distinta entre Mitt Romney y Rick Santorum. Mientras el ex Gobernador de Massachusetts criticó el SOPA y PIPA ante la pregunta de un empresario en un acto electoral, Santorum se ha mostrado a favor.

Romney critica levemente el SOPA

Preguntado sobre su opinión en cuanto al SOPA, Mitt Romney se posicionó criticando sensiblemente la regulación. De este modo respondió, sin oponerse expresamente a los proyectos de ley, que está totalmente en contra de proyectos de ley como éste que sólo se centran en "perseguir y detener los actos malos". Igualmente afirmó que desearía que los políticos se centrasen en impulsar una legislación que premie a las empresas que hagan las cosas bien.

Romney afirmó que una postura regulatoria exclusivamente diseñada para castigar es una señal de que en Washington DC "no les gusta mucho impulsar el negocio".

Recalcó su opinión de que SOPA y PIPA son proyectos de ley que se centran únicamente en tratar de "frenar a los malos", sin tener en cuenta la enorme cantidad de daño que se hará las empresas que están innovando y están creando puestos de trabajo.

A pesar de manifestarse sobre aspectos generales, la gente ve en sus declaraciones una postura contundente en contra de estos proyectos de ley.

Santorum “No todo vale en Internet”.

En uno de los debates presidenciales republicanos retransmitido por la CNN en enero, el ex senador Rick Santorum de Pennsylvania expresó su disgusto por la "la idea" de que "todo vale en Internet".

Los comentarios de Santorum vinieron en respuesta a una pregunta formulada en el campo del Partido Republicano sobre su postura en relación a la tramitación del SOPA en el Congreso.

Mientras que los cuatro contendientes expresaron su oposición a la ley, Santorum fue más allá a la hora de plasmar sus ideas sobre la libertad en Internet:

"Internet no es una zona libre donde cualquier persona pueda hacer lo que quiera y pisotear los derechos de otras personas, y sobre todo cuando constan muchas entidades que lo están haciendo, que están pirateando."

"Pero la idea de que todo vale en Internet, ¿de dónde viene? ¿Cuando en Estados Unidos se ha respaldado que todo vale? Tenemos leyes, y hay que respetarlas . En un Estado de Derecho, los derechos de propiedad deben ser respetados."

Santorum admitió posturas favorables a limitar la libertad en la red.

"Internet no es una área libre donde cualquiera puede hacer lo que quiera” afirmó. “No conozco ningún otro sector en los EEUU donde se dé este caso”


Megaupload: Smith firme contra pirateria online

23.01.12 | 02:03. Archivado en Propiedad Intelectual

El 20 de enero, se hizo pública la declaración de Lamar Smith, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que justificaba el aplazamiento del análisis de la nueva legislación contra la piratería online. La razón: tomar en consideración las protestas de los críticos.

Revisar en enfoque del proyecto
En la comparecencia el congresista por Texas ha sido claro en el sentido de mantener los proyectos legislativos contra las descargas ilegales, aunque deberán ser revisados. De este modo afirmaba que "he oído de los críticos y me tomo en serio sus preocupaciones con respecto a la legislación propuesta para resolver el problema de la piratería en línea. Está claro que tenemos que revisar el enfoque sobre la mejor manera de abordar el problema de los ladrones extranjeros que roban y venden invenciones estadounidenses y de los productos”.
Es decir, se reconoce que la orientación en el análisis de la nueva legislación antipiratería online ha de ser más certera. Sobre todo en una mayor búsqueda de adecuación a la hora de evitar un escenario de incertidumbre. Incertidumbre para la industria y los internautas ya que se ha de definir bien que webs son legitimas para la compartición de contenidos.

El Congreso de los EEUU no se va a mantener pasivo
Está claro que a pesar del retraso en su tramitación, el proyecto SOPA y PIPA verán la luz finalmente. Será muy posible que con pequeños matices motivados por el clima contestatario en la red.
No obstante, Lamar Smith ha sido muy contundente al manifestar que "el problema de la piratería en línea es demasiado grande para ignorarlo. La industria estadounidense de propiedad intelectual proporciona 19 millones empleos bien remunerados y representa más del 60% de las exportaciones de EE.UU. El robo de propiedad intelectual de Estados Unidos cuesta a su economía más de $ 100 mil millones al año y ocasiona una pérdida de miles de empleos en Estados Unidos. El Congreso no puede mantenerse al margen y no hacer nada mientras los innovadores de América y creadores de empleo están bajo ataque.
La posición está muy clarificada: EEUU no va a permitir la pérdida de exportaciones y empleos vinculados con la industria de la propiedad intelectual. Ello nos da una idea de la contundencia con la que se va actuar, tras fijar con nitidez los parámetros de actuación.

Los robos online no serán tolerados
La operación Megaupload ha dejado clara las intenciones de los EEUU de asaetar duros golpes a las descargas ilegales. Como también es clarificador el mensaje del senador republicano al afirmar que "El robo de propiedad intelectual online de Estados Unidos no es diferente que el robo de productos en una tienda. Es ilegal y la ley se aplica tanto en la tienda y en internet”.
Se prima la aplicación severa de la ley contra la propiedad intelectual con independencia de cual sea el ámbito en donde se cometa la infracción: si el robo físico está penalizado también lo tiene que estar el digital.
Participación de las entidades del sector
Las entidades del sector objeto de regulación van a cobrar más protagonismo en la tramitación de la nueva legislación propuesta. Así, Lamar Smith manifiesta que "El Comité seguirá trabajando con los propietarios de los derechos de autor, las compañías de Internet, las instituciones financieras para desarrollar propuestas que luchar contra la piratería online y proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos”.
Un especial efecto ha tenido la crítica mundial ante la novedosa reglamentación ya que claramente hace un guiño al sector, invitándole a exponer sus iniciativas. “Damos la bienvenida a la entrada de todas las organizaciones y los individuos que tienen una diferencia honesta de opinión sobre la mejor manera de abordar este problema generalizado. El Comité mantiene su compromiso de encontrar una solución al problema de la piratería en Internet que proteja la propiedad intelectual y la innovación estadounidense”.

Lo olvidado
Conviene reseñar que los proyectos de ley que se están tramitando también contemplan aspectos como la venta ilícita de medicamentos con receta por la red, el tráfico de partes de seguros de automóviles, la falsificación de productos peligrosos y la venta de material militar con el riesgo que ello significa.


La Comision de la Propiedad Intelectual

16.01.12 | 00:48. Archivado en Propiedad Intelectual

El pasado 31 de diciembre, se publicó en el BOE, el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. En dicho texto se desarrollan los órganos, trámites y procedimientos de las 2 secciones que conforman la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI).

1.- Las dos secciones de la CPI.-
En concreto las diferencias estriban en su ámbito de actuación:
Así, la Sección Primera, ejercerá las siguientes funciones:
-De Mediación, colaborando en las negociaciones en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y en materia de emisión de radiodifusión
-De Arbitraje: Da solución a conflictos entre las entidades de gestión, los titulares de derechos, las asociaciones de usuarios, las entidades de radiodifusión o distribución.
-De Arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales.

Esto será así siempre que las partes se sometan voluntariamente, tanto en el caso de Mediación como de Arbitraje

Por otro lado, la Sección Segunda.
Fundamenta su creación y actuación en aquellos casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, cuando una web actúe con ánimo de lucro, o haya causado o pueda causar daños patrimoniales. La CPI podrá adoptar medidas para la interrupción de esta infracción de derechos de derechos de autor (paralización o cierre de web), mediante la autorización judicial.

2.-Organo mixto: administrativo y judicial

La CPI es un órgano colegiado, de ámbito nacional, creado en el seno del Ministerio de Cultura. Pero no forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura.
Se trata de un órgano de naturaleza mixta, administrativo y judicial, y requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar los derechos fundamentales de las partes.

El procedimiento establecido se dirige contra las web que: (i) vulneren los derechos de propiedad intelectual; (ii) actúen con ánimo de lucro; y (iii) causen daños económicos a los titulares del derecho de autor. Para ello la Sección Segunda podrá acordar la suspensión de la web o la retirada de los contenidos digitales que vulneren los derechos.

3.- Finalidad de las secciones de la CPI
Se ha desarrollado la Sección Primera para que sea un instrumento de resolución de conflictos extrajudicialmente. De este modo las pugnas sobre derechos de la propiedad intelectual quedarán fuera de los largos plazos judiciales. La única cuestión es que los interesados en conflicto deberán aceptar voluntariamente el sometimiento al proceso de Mediación o de Arbitraje.

En cuanto a la Sección Segunda, su principal objetivo es la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por parte de las web. Para ello, se establece un procedimiento basado en la rapidez de actuación con el objeto evitar daños en los derechos vulnerados.
Con esta guía Diez & Romeo pretende facilitar la información de los nuevos cambios legales relativos a la cuestión de las infracciones de los derechos de autor online.


EEUU recrudece la guerra contra la piratería online

21.11.11 | 03:10. Archivado en Propiedad Intelectual

En España la Ley Sinde fue duramente criticada por muchos sectores de la sociedad incluyendo la comunidad de internet. La posibilidad de clausurar páginas web por una autoridad que no sea la judicial conlleva numerosos riesgos para el libre ejercicio de los derechos de la comunicación (libertad de expresión y libertad de información). El debate dio lugar a algunas modificaciones.

Ahora, Estados Unidos se ha planteado el firme propósito de eliminar todo atisbo de infracción a la propiedad intelectual de productos norteamericanos, ultimando la promulgación de una nueva ley. El texto normativo, que aún se encuentra en fase de tramitación, se denomina Stop Online Piracy Act (H.R. 3261).

El proyecto Stop Online Piracy Act (SOPA) verá la luz muy pronto y se constituye un elemento legislativo muy duro a la hora de posibilitar medidas de bloqueo y suspensión de las páginas web.
El presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Congresista republicano por Texas, Lamar Smith, realizaba la audiencia legislativa del SOPA el pasado miércoles, 16 de noviembre de 2011

El Stop Online Piracy Act
El SOPA pretende completar la Ley de propiedad intelectual de 2008 y Ley de Protección de la propiedad intelectual introducida a principios de este año. Según las manifestaciones de la audiencia legislativa del 16 de noviembre, “la propuesta refleja un compromiso para asegurar que la creación de innovaciones y de empleo asociado se hace con las herramientas necesarias para proteger la propiedad intelectual estadounidense de la falsificación y la piratería”.

El proyecto de ley contempla varias finalidades: (i) adecuar al nuevo escenario la legislación penal y civil; y fija como objetivo principal (i) regular las nuevas formas de protección de la Propiedad Intelectual; y (ii) ordenar la defensa de los empleos vinculados a los derechos de autor

En concreto, el SOPA (i) permite al Fiscal General solicitar medidas provisionales para suspender las páginas web extranjeras que defrauden, roben y vendan ilícitamente las innovaciones estadounidenses. Asimismo, el proyecto de ley (ii) incrementa las penas a los que trafiquen con medicamentos falsificados y con material militar. Todo ello porque no se puede permitir que se mantenga la exposición del riesgo a los civiles inocentes y soldados estadounidenses. Finalmente, con la nueva regulación (iii) se mejorará la coordinación entre las agencias de observancia de la Propiedad Intelectual en los EE.UU.

Las razones: una legislación insuficiente

El SOPA pretende la prevención de conductas delictivas que afectan al mercado productivo de los EEUU, lo que dará lugar a la protección de los consumidores estadounidenses. Pero esto hasta la fecha no era posible con la actual regulación. Así, mientras el Digital Millennium Copyright Act proporcionaba algo de alivio a los titulares de los derechos de autor frente a las vulneraciones, se ha percibido que tenía ciertas limitaciones.

En primer lugar, no se convierte en un remedio eficaz cuando una web fraudulenta con sede en el extranjero y operado con servidores extranjeros, como el PirateBay, es la 89a página más visitada en los EE.UU.

En segundo término, no protege a los propietarios de marcas ni a los consumidores de productos tan peligrosos como (i) los medicamentos (con receta) falsificados y (ii) los productos farmacéuticos mal etiquetados. En la actualidad se permite su dispensación en farmacias online.

En tercer lugar, la ley no controla los portales web que contribuyen al robo de propiedad intelectual a escala masiva.

Y, por último, no hace nada para castigar la financiación actividades ilícitas mediante ciertos intermediarios, como cita Lamar Smith, “algunos servicios de publicidad en Internet”.

De ahí que se instituya esta ley en la medida que “no podemos mantener un sistema que permite a los delincuentes desobedecer nuestras leyes y habilita la importación de bienes falsificados y pirateados a través de nuestras fronteras físicas”, manifestó Lamar Smith que añadió “Tampoco podemos dejar de tomar medidas eficaces y significativas cuando los delincuentes utilizan los resquicios que proporciona el uso de Internet”.

Daños a la economía estadounidense

El problema de la piratería por la red es de una gran envergadura en cuanto a los daños que produce a todos los sectores de la economía. Según palabras de Lamar Smith, “una encuesta reciente encontró que casi una cuarta parte del tráfico mundial de Internet infringe los derechos de autor”.

Muy gráfico es el estudio que concluyó que 43 sitios clasificados como 'piratería digital' generan 53.000 millones de visitas al año y que 26 sitios de venta de medicamentos falsificados que generan anualmente 51 millones de dólares en beneficios.

El presidente Comité Judicial en la audiencia sobre el SOPA ante estos datos afirmó que “en los Estados Unidos se producen la mayoría de la propiedad intelectual, nuestro país tiene mucho que perder si no somos capaces de resolver el problema de estos web sites sin escrúpulos”

Las pérdidas en la economía de EEUU por la piratería online superan los 100.000 millones de dólares al año y dan lugar a una pérdida de miles de puestos de trabajo que el legislador estadounidense no va a permitir.

Por eso parece que le SOPA se tramitará de una forma muy rápida ya que hay un amplio consenso en las filas de ambos partidos, Demócratas y Republicanos.


Nuevo protocolo de negociación con SGAE y AGEDI para radios y televisiones

14.11.11 | 05:05. Archivado en Propiedad Intelectual

En los últimos años las reclamaciones de las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual por retraso en el pago de las cuotas se han incrementado de forma abrumadora.
Las dificultades financieras actuales y el derrumbe de los contratos publicitarios han caído como una losa en los medios de comunicación. De ahí que los conflictos entre entidades de gestión y empresas obligadas al pago necesiten de un tratamiento distinto al acuñado hasta la fecha.

Nuevo protocolo de negociación.-

Desde Diez & Romeo se ha analizado la línea evolutiva del tratamiento de estos contenciosos y tras una serie de reuniones monográficas se ha acordado un nuevo marco de actuación totalmente adecuado al actual escenario.
Este nuevo protocolo de negociación fija unos parámetros de asesoramiento que van desde la fase previa de primeros contactos hasta la firma del acuerdo final que zanje la disputa con una total seguridad jurídica.
Vivimos en una época convulsa donde muchas emisoras buscan fórmulas de lo más diverso para garantizar la permanencia en el mercado audiovisual. Esto, unido a que, en la actualidad, los litigios no aseguran siempre el pago de la deuda, requiere de un esfuerzo mayor para garantizar la efectividad en las relaciones con las entidades de gestión.
La perspectiva proactiva, el espíritu conciliador y una vocación asertiva son algunos de los pilares que definen este enfoque a la hora de solucionar el conflicto. http://www.diezromeo.com/

Entidades de gestión con las que más se negocia.-

Las entidades de gestión con las que más se va a utilizar este protocolo de negociación recaudan los derechos pertenecientes a los siguientes colectivos:

Autores
- SGAE es la Sociedad General de Autores y Escritores y tiene los derechos de los autores y creadores de las obras. La web de SGAE es: http://www.sgae.es/

Productores
- EGEDA gestiona los derechos de los productores audiovisuales. Se deberá realizar el contrato con ellos en el caso de que se haga uso de televisores en el centro o monitores integrados en los que se vean contenidos televisivos o videos programados. Para mas información pueden visitar: http://www.egeda.es/
- AGEDI es la entidad de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Productores Fonográficos. Deben realizar el contrato con AGEDI todos aquellos que realicen uso de música en sus instalciones. Su página es: http://www.agedi-aie.com/

Intérpretes
- AIE es la sociedad que gestiona los derechos de intérpretes y ejecutantes de una obra, por ejemplo, los músicos o cantantes de una canción de la que no son los autores. Tienen acuerdos de acción conjunta con EGEDA y AGEDI por lo que no realizan directamente el cobro sino que lo hacen a través de éstas dos. Su web es: http://www.aie.es/
- AISGE gestiona los derechos de propiedad intelectual de los actores. Por lo tanto, está sujeto al pago el uso de todos aquellos materiales audiovisuales (películas y televisión) donde hagan aparición actores tanto si aparece sólo su voz, sólo su imagen o las dos cosas a la vez. Su página web es: http://www.aisge.es/


La persecución de las descargas ilegales a la palestra

05.07.11 | 04:33. Archivado en Propiedad Intelectual

En medio del escándalo de la SGAE y los presuntos delitos en que hayan podido incurrir miembros de su Junta Directiva, en el día de hoy se han producido dos hechos noticiables que recoge el diario "El Mundo" de enorme trascendencia para la propiedad intelectual en Europa.

La Comisión Hadopi acata
La Comisión instaurada en Francia por la Ley Hadopi (la ley contra la piratería francesa)ha remitido comunicación oficial dirgida a una docena de internautas con el fin de que comparezcan para dar explicaciones sobre sus supuestas descargas de material protegido por derechos de autor. De este modo la Comisión pretende dar ejemplo a posibles infracciones futuras a pesar de las dudas que suscita la imputación de descargas ilegales a un administrado galo: imprecisión de la detección de las IP, defectos denunciados en las notificaciones realizadas, etc..., y una multiplicidad de óbices que pueden comprometer la aplicación de los principios del Derecho Administrativo Sancionador. Entre ellos las presunción de inocencia. Extremo que haría del todo esteril la actuación del regulador francés por ser declarada nula de pleno derecho.

Otra cuestión que no se debe olvidar es garantizar una absoluta seguridad de las entidades que rastrean los intercambios P2P ya que están expuestas a la concurrencia de fugas de datos como parece haber ocurrido en el caso francés. Algo que pone en bastante duda la aplicación de la ley.

Ha de recordarse que la Ley Hadopi establece el siguiente procedimiento pautado en caso de violación de derechos de autor vía internet. En primer lugar, cuando las sociedades de gestión detectan una descarga consideraba ilegal, deben remitir la dirección IP a las autoridades para identificar al titular de la conexión y proceder a los avisos por correo. Si persiste la conducta imputada a un ciudadano consistente en la descarga ilegítima, se efectúa un segundo requerimiento por carta certificada con acuse de recibo. Si aún así, se mantiene la situación reprochable, se procede a bloquear la conexión o imponer una multa de 1.500 euros.

La AGCOM italiana a por el cierre de wesites sin autorización judicial

En Italia se ha dasatado una gran protesta social y de la comunidad internauta al conocer la intención de la Autoridad italiana para la Garantía de las Comunicaciones (AGCOM) de introducir nuevas normas que le atribuyan la potestad de cerrar aquellos sitios web italianos que utilicen material protegido por copyright, sin necesitad de una sentencia judicial. Y la iniciativa del regulador italiano comienza a cobrar forma desde el 6 de julio de 2011. Es decir, de manera inminente.

Como no podía ser de otra forma, la noticia ha provocado grandes movilizaciones con peticiones 'online', iniciativas en las redes sociales, manifestaciones o 'flashmob' contra la nueva normativa que, según se manifiesta, además de entrar en conflicto con las atribuciones del poder judicial, podría representar un peligroso precedente para la democracia.

La indignación de la red es total ante la posibilidad de que con esta forma de entender la protección jurídica de la propiedad intelectual en Internet se esté sacrificando un bien jurídico superior: la libertad de prensa que permite la existencia de distintas líneas editoriales a elegir por el ciudadano.

Y esto es un riesgo a considerar si vemos el mecanismo preventivo que será objeto de debate por la AGCOM. La autoridad, tras recibir la alerta de una presunta violación de los derechos de propiedad intelectual, podrá actuar de forma preventiva siguiendo dos modalidades: o cerrando el sitio web que ha cometido la infracción, o bloqueando el acceso a éste, si está alojado en un servidor extranjero. La misma medida se aplicaría a los contenidos audiovisuales colgados en portales como YouTube.

Algo muy similar a la Ley Sinde que tanto ha dado que hablar, sobre todo, en este último año


El Canon Digital: El más que posible entierro de la copia privada

21.10.08 | 03:03. Archivado en Propiedad Intelectual

La obligatoriedad de reformar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para incorporar la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines a la Sociedad a la legislación española, ha enconado mucho más las posturas en lo referente a la regulación de la compensación por copia privada para los soportes digitales.

De una parte, los intereses de las entidades de gestión de los derechos de autor (SGAE, CEDRO, AGEDI, DAMA, EGEDA,…), que defienden la aplicación del canon digital incluso a las líneas de ADSL y los discos duros de ordenador. Y de otra parte, los intereses de quienes están obligados a pagar el canon, fabricantes e importadores de soportes digitales, que lo consideran abusivo, indiscriminado y arbitrario. A los que se les unen los consumidores finales, pues son los que pagan 1,40 € más en los DVD-R/W que compran en los establecimientos.

Qué es el canon y cómo se ha gestado esta dicotomía.

La LPI vigente, artículo 25, otorga a los autores el derecho a cobrar una remuneración equitativa (en dinero) por las reproducciones que se hacen para uso particular de sus obras protegidas. Dicha remuneración se hace efectiva por medio de las entidades de gestión y se justifica en la pérdida de de ingresos que esas copias ocasionan a los autores.
En principio el canon se aplicó a los formatos analógicos (casetes vírgenes y cintas VHS), pero con la llegada de los CD-R grabables se cuestionó la legitimidad de su aplicabilidad por los fabricantes. Varias sentencias judiciales reconociendo el derecho de la SGAE a percibir el canon de copia privada sobre estos soportes, culminaron en una breve paz que se materializó con el acuerdo de 29 de julio de 2003 entre la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) y 6 importantes entidades de gestión. En dicho acuerdo los fabricantes aceptaron la imposición del canon en los soportes digitales (CD-R/W y DVD-R/W) a cambio de la renuncia por las entidades de gestión de toda reclamación judicial. Pacto absolutamente contrario al espíritu del artículo 25.3 de la LPI, pues excluye del canon a los programas de ordenador y en consecuencia a los soportes digitales, por eso la reforma busca contemplar expresamente el término “canon digital”.
En la actualidad el debate sobre la reforma de la LPI que se produce en el Parlamento, de donde saldrá una futura ley que extenderá el canon al entorno digital y por lo tanto a productos como el MP3, se está reproduciendo en la ciudadanía de forma cada vez más acentuada.

La remuneración por copia privada digital: “una cuestión de justicia”

Recientemente en apoyo de las entidades de gestión, una multiplicidad de autores, artistas, editores, productores y numerosas asociaciones culturales han suscrito un manifiesto a favor del canon digital, fundamentando su apoyo en los siguientes argumentos:

1.- La remuneración por copia privada se viene abonado en España desde 1987 como forma de paliar las pérdidas de ingresos que sufren los autores, y este criterio debe continuar con los nuevos soportes digitales, cada vez más numerosos que los analógicos.
2.- El canon sirve para financiar actividades culturales y asistenciales, gracias a ello ha sido posible la presencia española en festivales internacionales y se ha contribuido al bienestar social de los autores y artistas.
3.- El canon digital es más económico que el analógico, ya que a la hora de calcular la remuneración aplicable al CD y DVD se tuvo en cuenta el porcentaje de consumidores que no utilizan esos soportes para grabar obras protegidas.
4.- Lo deudores del canon son los fabricantes e importadores de los soportes, que luego repercuten su importe al consumidor que tanto dicen defender.

En conclusión, un colectivo que entiende el canon por copia privada como pilar clave de la defensa de los derechos laborales de los creadores y de la riqueza intelectual de este país.

Todos contra el canon

Al igual que los partidarios, los detractores del canon representados por un amplio segmento de asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios del sector de las nuevas tecnologías e internet, han articulado su posición sobre una variedad argumental consistente.

1.- El canon digital encarece de forma indiscriminada los productos y servicios de la Sociedad de la Información, poniendo en peligro tanto su desarrollo como la competitividad del mercado tecnológico español.
2.- El gravamen de los soportes, equipos y tecnología con cánones, cuyos beneficiarios son entidades privadas de naturaleza intermediaria (SGAE,…) contraviene el interés general, pues cualquier colectivo afectado por un cambio tecnológico podría reclamar para si la gestión de un canon similar sobre el soporte causante de ese cambio, impidiendo, como el canon digital, la proliferación de nuevos modelos de negocio.
3.- El canon digital supone la criminalización de todos los usuarios, al presuponer que todos los soportes de telecomunicaciones sirven sólo para contenidos protegidos, sabiendo que la mayoría de los contenidos que circulan por dichos soportes son voz, e-mail, navegación, copyleft, creative commons, etc…
4.- El canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos al adquirir el contenido y nuevamente al almacenarlo en un soporte digital.
5.- El canon digital, como se ha demostrado con el analógico, no erradica la piratería o el “top manta”, sino que la incentiva, al incrementar el coste de los soportes.

A modo de conclusión.

Expuesto lo anterior, lo cierto es que se perciben ciertas contradicciones objetivas con la imposición del canon digital. En primer lugar, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24 CE), ya que se presupone que con cada soporte de grabación que se compra se está vulnerando los intereses económicos del titular de los derechos de autor. Sería como pensar que quien compra una espada de Toledo va a cometer un crimen, cuando en la mayoría de las ocasiones se adquieren como recuerdo o adorno. En segundo lugar, es de difícil encaje en nuestro ordenamiento cobrar un canon a cambio de una actividad prohibida. Es igual que si hace 40 años cada hoja llevara un gravamen para pagar a los escritores por si les fotocopian los libros. En tercer lugar, los autores cada vez más están implantando medidas de protección para impedir la copia privada, por lo que pretender cobrar el canon compensatorio cuando es imposible realizar la copia por la prevenciones tecnológicas resulta carente de toda base razonable.
En definitiva, la reforma pretendida supondrá la imposibilidad legal y material de realizar copias privadas, salvo que quieran incurrir en infracciones civiles o penales.


Sábado, 24 de junio

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