Audiovisual Legal

Díez y Romeo, las TDT de Andalucía deberán ganarse la adjudicación

29.08.16 | 10:13. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Noticias

La Junta de Andalucía ha convocado el concurso de licencias de TDT en Andalucía, y desde Díez y Romeo Abogados se está haciendo el seguimiento correspondiente.

Sin embargo, el contenido de esta noticia que se reproduce a continuación, hace necesario que las televisiones locales de Andalucía tengan que hacer los máximos esfuerzos para ganarse la concesión. Han de cumplir los criterios de valoración expuestos en las bases y que han sido analizados por Díez y Romeo Abogados.

Texto de la noticia:

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechaza la petición de la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia que en mayo de 2015 declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz por el que se otorgaron en 2008 las concesiones para la explotación del servicio público de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en Andalucía para su gestión por particulares.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que “no existe causa legal o material que impida su ejecución” ya que de hacerlo supondría supondría “la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del principio de intangibilidad de las sentencias”.

La Junta había solicitado posponer la ejecución de la sentencia basándose en la necesidad de tramitar de forma unitaria un nuevo concurso como consecuencia del concepto integral al que responde la TDT Local en Andalucía.
En este punto, el TSJA establece que esta razón “no puede identificarse como una causa legal de imposibilidad de ejecutar el fallo de la susodicha sentencia, máxime cuando, en todo caso, la actividad posterior a la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de julio de 2008, no precisa de una ulterior actividad ejecutiva de este órgano jurisdiccional”.

La sentencia del TSJA, que es firme, aceptaba parcialmente los planteamientos de Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010. El fallo judicial era el primero que recogía la anulación de las adjudicaciones realizadas por la Junta de Andalucía en el conjunto de la comunidad autónoma “por no ser conforme a derecho”.
Así establecía que “la anulación parcial de las bases de la convocatoria conlleva la anulación de las adjudicaciones”. Para ello, el TSJA se basó en sentencias anteriores en las que se ponía de manifiesto que en el proceso hubo falta de motivación en la valoración de las ofertas presentadas, se vulneraron términos legales y que la comisión de valoración incurrió en arbitrariedad.

El TSJA desestimó que Tele Úbeda pudiera volver a emitir tal, pero sí recogió en firme que la Junta debe afrontar un nuevo proceso de adjudicación puesto que las adjudicaciones realizadas quedan anuladas. Esto es lo que ahora deberá afrontar la Junta de Andalucía, una vez que el Alto Tribunal ha rechazado posponer la ejecución de la sentencia.

Tele Úbeda, la televisión local más antigua de Andalucía, cesó sus emisiones en junio de 2010 ya que no consiguió la concesión para operar en Úbeda.


Nula la sanción impuesta por la CNC a Mediapro

29.08.16 | 00:24. Archivado en Tribunales, Contenidos, Noticias

La Audiencia Nacional ha anulado una sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a Mediapro por la firma de contratos de derechos audiovisuales con clubs de fútbol por una duración de 4 años. Después de una sentencia precedente del Tribunal Supremo, declarando válidos los contratos suscritos antes de abril de 2010, la Audiencia Nacional ha anulado el expediente sancionador y la sanción de 6’5 millones de euros impuesta a Mediapro.

Paralelamente, la Audiencia Nacional ha anulado también las sanciones impuestas a los cuatro clubs. De esta forma FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander no han sufrido ningún perjuicio por la firma de estos contratos.

En noviembre de 2013 la CNMC sancionó a Mediapro con más de 6’5 me de multa por considerar que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales del FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla FC y Racing de Santander, con una duración de 4 temporadas, eran contrarios a la legislación anticompetencia. La CNMC pretendía aplicar a estos contratos una legislación aprobada con posterioridad a la firma de los mismos e ignorar la legislación europea en este ámbito. El grupo audiovisual recurrió ante la Audiencia Nacional para que anulara la totalidad del expediente y de la sanción. En su sentencia, la Audiencia Nacional estima todas las alegaciones presentadas por Mediapro y establece la irregularidad de la sanción de 6’5 millones impuesta al Grupo.

En la sentencia, la Audiencia Nacional reconoce la legalidad de los contratos firmados por el grupo y confirma que no eran contrarios al Derecho de la competencia y que la multa de 6.573.000 euros fue indebidamente impuesta a Mediapro.


Díez y Romeo, TDT Andalucía y LODP

28.08.16 | 10:49. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Noticias

Ante el concurso de la TDT Andalucía, Díez y Romeo Abogados ha decidido publicar una guía para los prestadores de TDT andaluces.

La sistemática de esta guía consiste en plasmar las respuestas a las preguntas que los responsables de las emisoras de la TDT en Andalucía se hacen ante la aplicación de la LODP.

Sin duda, lo mejor que puede hacer una emisora es implantar procedimientos para evitar infracciones, pero nadie está libre de cometer errores y accidentes. En esos casos, actuar de buena fe, reconocer el error, y corregirlo de forma diligente, puede ser la diferencia entre tener que cerrar la empresa o disponer de una segunda oportunidad

1.- ¿Quiénes pueden ser sancionados?

Según el artículo 43 de la LOPD, están sujetos al régimen sancionador de la LOPD:
• Los Responsables de los ficheros; es decir, aquellas emisoras de televisión que tratan datos personales de forma directa, como los de sus empleados o de sus clientes.
• Los Encargados del tratamiento; es decir, aquellas entidades que tratan datos personales por encargo de la emisora, por ejemplo, la gestoría que hace las nóminas de los empleados de la televisión, o el call-center que atiende las llamadas de los clientes de la emisora.

2.- ¿Pueden ser multadas las televisiones gestionadas por las administraciones públicas? (RTVE, Canal Sur, TDT Municipales públicas)

No reciben multas. Puesto que las sufragarían los ciudadanos de forma indirecta, pero la AEPD deberá exigir las medidas a adoptar para solucionar la infracción. También podrá abrir un procedimiento disciplinario a los funcionarios de la TDT pública.

3.- ¿Se puede multar a un ciudadano?

A los ciudadanos traten datos dentro de su esfera personal o familiar, no. Cualquier otro tratamiento o recogida de datos personales, podría ser sancionable.

4.- ¿Qué actividades en mi emisora pueden ser multadas?

El artículo 44 de la LOPD establece 3 tipos de infracciones, diferenciadas en 3 grados: leve, grave y muy grave.

Infracciones leves:
• No inscribir o no tener correctamente inscritos los ficheros en el Registro General de Protección de Datos. Una gran cantidad de ficheros inscritos en el RGPD tienen defectos o campos sin rellenar que actualmente son obligatorios.
• No poner la cláusula informativa LOPD en todas las vías de entrada de datos personales. Sólo se apreciará esta infracción en los casos en que no sea necesario el consentimiento inequívoco, ya que en los supuestos en los que sí es necesario, la infracción será grave o, en su caso, muy grave.
• No tener un contrato con el Encargado del tratamiento con las cláusulas exigidas por la Ley.

Infracciones graves:
• Incumplir el Principio de Calidad del artículo 4 de la LOPD que, en suma, significa que los datos tienen que ser correctos y actualizados, y deben ser utilizados para la finalidad para la cual se recogieron.
• Tratar o ceder datos sin consentimiento inequívoco del afectado cuando éste sea necesario (salvo que sean datos especialmente protegidos)
• Vulnerar el deber de secreto con respecto a los datos personales, como por ejemplo, publicarlos en Internet sin consentimiento.
• Impedir o poner trabas al ejercicio de los derechos reconocidos por la LOPD (acceso, rectificación, cancelación y oposición).
• No implantar correctamente las medidas de seguridad
• No hacer caso de los requerimientos de la AEPD u obstruir su función inspectora

Infracciones muy graves:
• Tratar datos de forma engañosa o fraudulenta.
• Tratar o ceder datos especialmente protegidos sin el consentimiento necesario.
• No cesar en el tratamiento de los datos cuando la AEPD haya declarado ilícito tal tratamiento.
• Efectuar transferencias internacionales de datos sin cumplir con las obligaciones de la LOPD

5.- Mi emisora de Televisión (TDT) cometió una infracción hace años cuando no sabíamos nada de esta Ley. ¿Me pueden multar?

Las infracciones tienen un plazo de prescripción: 1 año para las leves, 2 para las graves y 3 para las muy graves (siempre desde la fecha de comisión de la infracción). Superado este plazo, no se pueden sancionar.

6.- ¿Cuáles son las multas a las que me enfrento?

En principio, desde Díez y Romeo manifestamos que el importe de las multas debe seguir el siguiente baremo:
• Infracciones leves: 900 euros - 40.000 euros
• Infracciones graves: 40.000 euros - 300.000 euros
• Infracciones muy graves: 300.000 euros - 600.000 euros

7.- Accidentalmente mi emisora cometió una infracción grave, ¿me van a multar con 40.000 euros o con 300.000 euros?

Según la experiencia de Díez y Romeo, la AEPD puede apreciar algunas circunstancias atenuantes o agravantes a la hora de graduar una sanción:
• El carácter continuado de la infracción.
• El volumen de los tratamientos efectuados.
• La vinculación de la actividad de la televisión con los tratamientos de datos de carácter personal.
• El volumen de negocio de la televisión infractora.
• Los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción cometida.
• El grado de intencionalidad.
• La reincidencia de infracciones idénticas.
• La naturaleza de los perjuicios causados.
• Que con anterioridad a la infracción la televisión tuviera procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal. Y la infracción es consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de tales procedimientos.

8.- ¿Cuándo es posible rebajar la cuantía de la sanción?

En numerosos casos de Díez y Romeo, la AEPD ha rebajado la multa un escalón (multar como leve una infracción grave, o como grave una infracción muy grave), en los siguientes casos:
• Cuando concurran varias circunstancias atenuantes de las expuestas.
• Cuando se haya corregido el defecto que dio origen a la infracción.
• Cuando se aprecie mala fe por parte del denunciante, provocando la infracción.
• Cuando el infractor reconozca espontáneamente su culpabilidad.
• Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente (esto quiere decir que, en la compra de una empresa, podríamos ser multados por las infracciones anteriores de la empresa, por lo que es recomendable prever un régimen de responsabilidades muy fino en el contrato que regule tal operación).

9.- ¿Es posible otra opción aparte de la sanción?

Excepcionalmente, la AEPD podrá aplicar la figura del Apercibimiento. En tal caso, en lugar de abrir procedimiento sancionador, la AEPD exigiría la subsanación de la infracción en un plazo máximo. En caso de subsanarse correctamente, se archivaría el expediente.
Para ello, tienen que concurrir las siguientes circunstancias:
• Que sea una infracción leve o grave (las muy graves no podrán disfrutar de tal posibilidad).
• Que la emisora no haya sido multada previamente en materia de Protección de Datos.


Díez y Romeo, TDT Andalucía y LODP

27.08.16 | 09:21. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Noticias

Ante el concurso de la TDT Andalucía, Díez y Romeo Abogados ha decidido publicar una guía para los prestadores de TDT andaluces.

La sistemática de esta guía consiste en plasmar las respuestas a las preguntas que los responsables de las emisoras de la TDT en Andalucía se hacen ante la aplicación de la LODP.

Sin duda, lo mejor que puede hacer una emisora es implantar procedimientos para evitar infracciones, pero nadie está libre de cometer errores y accidentes. En esos casos, actuar de buena fe, reconocer el error, y corregirlo de forma diligente, puede ser la diferencia entre tener que cerrar la empresa o disponer de una segunda oportunidad

1.- ¿Quiénes pueden ser sancionados?

Según el artículo 43 de la LOPD, están sujetos al régimen sancionador de la LOPD:
• Los Responsables de los ficheros; es decir, aquellas emisoras de televisión que tratan datos personales de forma directa, como los de sus empleados o de sus clientes.
• Los Encargados del tratamiento; es decir, aquellas entidades que tratan datos personales por encargo de la emisora, por ejemplo, la gestoría que hace las nóminas de los empleados de la televisión, o el call-center que atiende las llamadas de los clientes de la emisora.

2.- ¿Pueden ser multadas las televisiones gestionadas por las administraciones públicas? (RTVE, Canal Sur, TDT Municipales públicas)

No reciben multas. Puesto que las sufragarían los ciudadanos de forma indirecta, pero la AEPD deberá exigir las medidas a adoptar para solucionar la infracción. También podrá abrir un procedimiento disciplinario a los funcionarios de la TDT pública.

3.- ¿Se puede multar a un ciudadano?

A los ciudadanos traten datos dentro de su esfera personal o familiar, no. Cualquier otro tratamiento o recogida de datos personales, podría ser sancionable.

4.- ¿Qué actividades en mi emisora pueden ser multadas?

El artículo 44 de la LOPD establece 3 tipos de infracciones, diferenciadas en 3 grados: leve, grave y muy grave.

Infracciones leves:
• No inscribir o no tener correctamente inscritos los ficheros en el Registro General de Protección de Datos. Una gran cantidad de ficheros inscritos en el RGPD tienen defectos o campos sin rellenar que actualmente son obligatorios.
• No poner la cláusula informativa LOPD en todas las vías de entrada de datos personales. Sólo se apreciará esta infracción en los casos en que no sea necesario el consentimiento inequívoco, ya que en los supuestos en los que sí es necesario, la infracción será grave o, en su caso, muy grave.
• No tener un contrato con el Encargado del tratamiento con las cláusulas exigidas por la Ley.

Infracciones graves:
• Incumplir el Principio de Calidad del artículo 4 de la LOPD que, en suma, significa que los datos tienen que ser correctos y actualizados, y deben ser utilizados para la finalidad para la cual se recogieron.
• Tratar o ceder datos sin consentimiento inequívoco del afectado cuando éste sea necesario (salvo que sean datos especialmente protegidos)
• Vulnerar el deber de secreto con respecto a los datos personales, como por ejemplo, publicarlos en Internet sin consentimiento.
• Impedir o poner trabas al ejercicio de los derechos reconocidos por la LOPD (acceso, rectificación, cancelación y oposición).
• No implantar correctamente las medidas de seguridad
• No hacer caso de los requerimientos de la AEPD u obstruir su función inspectora

Infracciones muy graves:
• Tratar datos de forma engañosa o fraudulenta.
• Tratar o ceder datos especialmente protegidos sin el consentimiento necesario.
• No cesar en el tratamiento de los datos cuando la AEPD haya declarado ilícito tal tratamiento.
• Efectuar transferencias internacionales de datos sin cumplir con las obligaciones de la LOPD

5.- Mi emisora de Televisión (TDT) cometió una infracción hace años cuando no sabíamos nada de esta Ley. ¿Me pueden multar?

Las infracciones tienen un plazo de prescripción: 1 año para las leves, 2 para las graves y 3 para las muy graves (siempre desde la fecha de comisión de la infracción). Superado este plazo, no se pueden sancionar.

6.- ¿Cuáles son las multas a las que me enfrento?

En principio, desde Díez y Romeo manifestamos que el importe de las multas debe seguir el siguiente baremo:
• Infracciones leves: 900 euros - 40.000 euros
• Infracciones graves: 40.000 euros - 300.000 euros
• Infracciones muy graves: 300.000 euros - 600.000 euros

7.- Accidentalmente mi emisora cometió una infracción grave, ¿me van a multar con 40.000 euros o con 300.000 euros?

Según la experiencia de Díez y Romeo, la AEPD puede apreciar algunas circunstancias atenuantes o agravantes a la hora de graduar una sanción:
• El carácter continuado de la infracción.
• El volumen de los tratamientos efectuados.
• La vinculación de la actividad de la televisión con los tratamientos de datos de carácter personal.
• El volumen de negocio de la televisión infractora.
• Los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción cometida.
• El grado de intencionalidad.
• La reincidencia de infracciones idénticas.
• La naturaleza de los perjuicios causados.
• Que con anterioridad a la infracción la televisión tuviera procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal. Y la infracción es consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de tales procedimientos.

8.- ¿Cuándo es posible rebajar la cuantía de la sanción?

En numerosos casos de Díez y Romeo, la AEPD ha rebajado la multa un escalón (multar como leve una infracción grave, o como grave una infracción muy grave), en los siguientes casos:
• Cuando concurran varias circunstancias atenuantes de las expuestas.
• Cuando se haya corregido el defecto que dio origen a la infracción.
• Cuando se aprecie mala fe por parte del denunciante, provocando la infracción.
• Cuando el infractor reconozca espontáneamente su culpabilidad.
• Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente (esto quiere decir que, en la compra de una empresa, podríamos ser multados por las infracciones anteriores de la empresa, por lo que es recomendable prever un régimen de responsabilidades muy fino en el contrato que regule tal operación).

9.- ¿Es posible otra opción aparte de la sanción?

Excepcionalmente, la AEPD podrá aplicar la figura del Apercibimiento. En tal caso, en lugar de abrir procedimiento sancionador, la AEPD exigiría la subsanación de la infracción en un plazo máximo. En caso de subsanarse correctamente, se archivaría el expediente.
Para ello, tienen que concurrir las siguientes circunstancias:
• Que sea una infracción leve o grave (las muy graves no podrán disfrutar de tal posibilidad).
• Que la emisora no haya sido multada previamente en materia de Protección de Datos.


Díez y Romeo, Normativa TDT Andalucía para licencias de TDT

26.08.16 | 13:09. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Noticias

Diez y Romeo enumera la normativa audiovisual aplicable en el nuevo concurso de la TDT en Andalucía.

Tras la convocatoria del concurso de licencias TDT en Andalucía se ha establecido la relación de normativa audiovisual que deberán tener en cuenta los licitadores candidatos a la readjudicación de licencias para la prestación de servicio de televisión digital terrestre de ámbito local y gestión comercial.

En concreto la base numero 2 del pliego determina el grupo normativo a tener en cuenta:

- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- La Ley Orgánica 14/1995, de 22 de diciembre, de Publicidad electoral en emisoras de televisión local
por ondas terrestres.
- La Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre,
de liberalización de la televisión por cable y del fomento del pluralismo, en sus preceptos vigentes.
- La Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas
de Andalucía.
- La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
- La Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
- El Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la
televisión digital local.
- Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12
de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local.
- Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
- Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por
ondas terrestres en Andalucía en sus preceptos vigentes no anulados por sentencia judicial de carácter firme y
en aquello que no se oponga a la Ley 7/2010, de 31 de marzo (de carácter básico). En todo caso, sin perjuicio
de la vigencia del resto del articulado del Decreto 1/2006, los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 16 a 20, 24 a 25, 31 a 36, 38 a 39 y 44 a 45, se entienden que han sido desplazados total o parcialmente por la ley básica debiendo ser objeto de aplicación preferente lo dispuesto, en relación con los mismos, en los artículos 26 a 30, 36 y 55 a 61 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

La aplicación e interpretación de esta normativa por las distintas administraciones públicas ha sido analizada por los abogados de Díez y Romeo a través de numerosos recursos judiciales con resultados muy positivos para los recurrentes.


Díez y Romeo, TDT Andalucía: Análisis del Sobre Nº 1 (2ª Parte)

26.08.16 | 00:48. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

En esta segunda entrega, los abogados de Díez y Romeo nuevamente facilita la información básica relativa a la documentación exigida por la Junta de Andalucía para presentarse al concurso. Como en la primera parte, la información se estructura en forma de preguntas y respuestas con el fin de simplificar la dinámica al lector

9.- ¿Cómo organizo la documentación a presentar?
En todos los concursos la documentación se estructura en dos apartados. En dos sobres:
• Sobre nº 1 “Documentación administrativa”
• Sobre nº 2 “Proyecto audiovisual”
Los sobres han de estar:
• Cerrados y precintados
• Debidamente identificados en el exterior.

El Sobre nº 1
Toda la documentación que acredite los requisitos que se han explicado anteriormente debe presentarse siguiendo estas indicaciones:
• Documentación original o autenticada. El solicitante debe presentar la documentación exigida de forma original. También, se permite que sea copia cotejada por:
o Notario
o La administración que convoca el concurso. Más barato.
• Una fotocopia es papel en blanco. Cuidado porque las fotocopias no tienen validez salvo que las bases así lo indiquen. Sólo en el País Vasco se permitió presentar fotocopias.
• Índice de documentos. Siempre se debe incluir una relación de los documentos presentados en una hoja independiente.

10.- ¿Qué documentación me exigen en el sobre nº 1?
La documentación varía en función de qué tipo de solicitante se presente al concurso.
Personas Físicas
En el caso de que se presenten personas físicas españolas como empresarios individuales, la documentación a presentar es:
• Solicitud
• DNI/NIF
• Una declaración responsable donde conste que no estamos afectados por:
o Las limitaciones de orden público audiovisual
o Las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Radiofónico
Si no son españolas, pero europeas (E.E.E.) deberán presentar:
• Solicitud
• NIE o Pasaporte.
• Declaración responsable donde conste que no estamos afectados por:
o Las limitaciones de orden público audiovisual
o Las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Radiofónico
Si además, no pertenecen al E.E.E., (por ejemplo Japón) también deben de presentar:
• Informe de la Embajada o Consulado de España en Japón para comprobar que se cumple el Principio de reciprocidad.

Personas Jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones,…)
En el caso de que se presenten personas jurídicas españolas como sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc..., la documentación a presentar es:
• Solicitud
• NIF de la entidad solicitante.
• Escritura de constitución, modificación o transformación, inscrita en el Registro Mercantil. Si fuera asociación o fundación, el documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional inscritos en el registro correspondiente.
• DNI del representante legal de la empresa
• Declaración sobre la composición y estructura del capital social. Es decir, hay que identificar a los titulares de las acciones o participaciones de la empresa.
• Declaración responsable donde conste que no estamos afectados por:
o Las limitaciones de orden público audiovisual
o Las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Televisivo
• Justificación de haber constituido las garantías. Las garantías se pueden realizar mediante:
o Aval o
o Depósito en efectivo en la cuenta corriente de la Junta de Andalucía
• Diligencia de Bastanteo de Poder. La realiza los Servicios Jurídicos de la Junta que certifica que la solicitante tiene poder bastante para contratar con la CCAA de Andalucía.

Si las empresas, no pertenecen al E.E.E., (por ejemplo Japón) también deben de presentar:
• Informe de la Embajada o Consulado de España en Japón para comprobar que se admite la participación de españoles en la prestación de servicios de comunicación audiovisual
• Documento que acredite la inscripción en el registro profesional o mercantil de Japón si sus leyes lo exigen.

En cuanto a las condiciones y criterios de adjudicación, la convocatoria recoge, entre otros requisitos para los concesionarios, un tiempo mínimo de emisión de 4 horas diarias, un adecuado volumen de producción propia y hecha en Andalucía, el estricto respeto a los derechos de los menores y el cumplimiento de la normativa vigente sobre publicidad en televisión. Entre los principios básicos a los que deben ajustarse las emisiones, se incluyen la veracidad e imparcialidad de las informaciones, el respeto al pluralismo y a los derechos y libertades constitucionales, el fomento de la conciencia de la identidad andaluza y la defensa de la cultura y de los intereses locales.

Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.

Más noticias e información sobre Diez & Romeo están a su disposición en www.diezromeo.com


Díez y Romeo anula el precinto de una emisora por interferir a RNE

25.08.16 | 18:07. Archivado en Tribunales, Concesiones de TDT, Noticias, Licencias radio FM

Nuevo éxito de Díez y Romeo en la defensa de emisoras de radio FM y televisiones frente a las sanciones impuestas por las administraciones. En este caso por el Ministerio de Industria.

La última semana de julio se ha conocido 1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estima el recurso contencioso-administrativo contra el precinto de una emisora se radio de música "dance", por causar interferencias a RNE.

Los hechos se remontan al acta de inspección que, tras detectar unas interferencias perjudiciales, terminó atribuyéndoselas a una emisora de radio musical madrileña. Una de las que más audiencia tiene en la capital.

Acto seguido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones procedió al precinto de las instalaciones de la emisora, neutralizando los equipos transmisores que permitían las emisiones.

Tras ello, los abogados del despacho madrileño DÍEZ & ROMEO recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular el precinto de las instalaciones. Tras los trámites seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Magistrado Ponente dictó, una sentencia anulado todas las actuaciones de la administración.

En la vía administrativa el expediente sancionador fue anulado

Al dar por válidos los argumentos jurídicos esgrimidos bufete de abogados Díez y Romeo, la emisora ha podido recuperar todos los equipamientos radioeléctricos y mantener las emisiones de radio de forma pacífica.

Los puntos claves que figuraban en el recurso de la emisora de radio, fueron:
• La invalidez de unas actuaciones anuladas previamente en la vía administrativa
• La imposibilidad de justificar la urgencia del precinto al cliente de DÍEZ Y ROMEO.

En definitiva, el nuevo éxito de los servicios jurídicos de DÍEZ Y ROMEO, ha conseguido anular un precinto que podría haber imposibilitado las emisiones en Madrid.

Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, Díez & Romeo, cuenta con una dilatada en la anulación de precintos de emisoras de radio FM y televisión.


Díez y Romeo, concurso TDT Andalucía: Análisis del Sobre Nº 1

25.08.16 | 17:37. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

Los abogados Paula Romeo Gonzalez y Jaime Rodríguez Díez, de Díez y Romeo analizan el sobre nº 1.

El 9 de agosto de 2016 se publicó en el BOJA la convocatoria del nuevo concurso público de licencias TDT en Andalucía. En total han salido a licitación 111 licencias en 44 demarcaciones.

Debido a la particularidad de estas fechas, de gran tradición vacacional, las empresas solicitantes podrían encontrar alguna dificultad en la interpretación de las bases rectoras

Para facilitar la tarea, los abogados de Díez y Romeo ponen a disposición de todos la información básica relativa a la documentación exigida por la Junta de Andalucía para presentarse al concurso. La información se estructura en forma de preguntas y respuestas con el fin de simplificar la dinámica al lector.

El análisis plasmado en este texto hace referencia a la documentación exigida en el Sobre 1 (Documentación Administrativa). Es decir, lo que tiene que aportar el solicitante para (i) acreditar la capacidad legal para tener licencias, (ii) superar las limitaciones de orden público audiovisual; y (iii) salvar las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Televisivo.

1.- ¿Qué plazo hay para presentar solicitudes?
Los interesados tienen un plazo de 45 días naturales a partir del día siguiente de la publicación en el BOJA, para presentar sus solicitudes. Es decir, hasta el 23 de septiembre de 2016.

2.- ¿Cuánto tiempo tiene la Junta para resolver el concurso de la TDT de Andalucía?
Una vez recibidas, la Junta de Andalucía dispondrá de 6 meses para resolver el concurso. Desde la experiencia de Diez & Romeo Abogados, se ha podido constatar que pueden demorarse en el tiempo.

3.- ¿Cuál es el plazo de vigencia de las licencias de TDT en Andalucía?
Las concesiones tendrán una vigencia de 15 años prorrogables por igual periodo.

Estos son los documentos que solicita la Junta para superar el sobre nº 1 del concurso público de 111 licencias de TDT en Andalucía.

4.- ¿Quién puede acceder a las licencias de TDT en Andalucía?
A los concursos públicos de licencias de radio o televisión se pueden presentar
• Personas Físicas
• Personas Jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, unión de empresas, etc…)
Ambas deben de reunir los siguientes requisitos:
• Capacidad General para tener licencias
• Superar las limitaciones de orden público audiovisual.
• Salvar las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Televisivo

5.- ¿Cuando tenemos capacidad General para tener licencias?
Para ser titular de una licencia hay que cumplir los requisitos del artículo 25 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que exige lo siguiente:
Personas Físicas
• Han de tener nacionalidad de un estado miembro del Espacio Económico Europeo (E. E. E.),
• También, los nacionales de un país siempre que se respete el principio de reciprocidad (es decir, que en el país extranjero se permita a los españoles presentarse a los concursos de licencias televisivas).
Personas Jurídicas
• Han de tener su domicilio social en un estado miembro del E. E. E.
• También, lo pueden tener en un país que respete el principio de reciprocidad.
• Si el domicilio social se encuentra fuera de España, se debe nombrar a un representante en España a efectos de notificaciones para realizar la tramitación.
Participación en el capital social de extranjeros.
Una persona física o jurídica extranjera (no miembros del EEE) está sujeta a estas limitaciones:
• No podrá superar el 25% de capital social de una empresa que licita.
• El total del capital extranjero tendrá que ser menos del 50% de la empresa que licita. Es decir, que no podrá tener un control efectivo.

6.- ¿Cómo superamos las limitaciones del orden público audiovisual?
Un solicitante ha de evitar incurrir en las limitaciones establecidas en el artículo 26 de la LGCA, y en este sentido no se pueden presentar al concurso:
• Quienes hayan sido titulares de una concesión y han sido sancionados con su revocación o la privación de sus efectos en los 2 últimos años.
• Las empresas participadas por personas que se encuentren en el caso anterior.
• Empresas que hayan visto prohibidas sus actividades audiovisuales en los 2 últimos años en un país del E. E. E. por no infringir el Convenio Europeo de Derechos Humanos o no cumplir la normativa de protección del menor
• No estar incursa en las prohibiciones para contratar del artículo 60 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)
• Los que no estén al corriente de los impuestos con la AEAT y las CCAA
• Quienes no estén al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social

7.- ¿Quién valora el cumplimiento de estos requisitos?
Un órgano técnico público denominado Mesa de Valoración. Está compuesto por funcionarios expertos que velan porque todos los solicitantes:
• Tengan capacidad general para tener licencias
• No incurran en las limitaciones de orden público audiovisual.
• Cumplan las limitaciones por razón del pluralismo del Mercado Radiofónico.

8.- ¿Quiénes son las personas que componen la Mesa?
En el concurso de la TDT de Andalucía, los componentes son:
• Una persona adscrita a la Intervención General.
• Una persona adscrita a la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia.
• Tres personas adscritas a la Dirección General de Comunicación Social.
• Una Secretaría, designada por la Presidencia de la Mesa, de entre personas funcionarias del grupo A1 adscritas a la Dirección General de Comunicación Social.
• Un Letrado del Gabinete Jurídico.


Ley de Radio y TV Valenciana: Análisis Díez y Romeo

Tras las oscilaciones que se han vivido en Comunidad Valenciana a cuenta de su televisión pública autonómica, el pasado 19 de julio de 2016, se promulgó en el DOCV, la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Desde Díez y Romeo se ha analizado someramente este nuevo texto legal.

I.- Las motivaciones

Varias son las motivaciones que han generado que el ejecutivo de Ximo Puig diera luz verde a este texto legal. En Díez y Romeo se han individualizado 4:

En primer lugar, la movilización de la sociedad valenciana al suscribir la iniciativa legislativa popular evidenciada en la «Proposición de ley del servicio público de radiotelevisión valenciana» presentada en las Corts Valencianes en diciembre de 2014, después de haber recibido el apoyo de casi 90.000 firmas ciudadanas.

En segundo lugar, la necesidad de dotar a la C. Valenciana de medios de comunicación audiovisuales públicos que permitan satisfacer (i) la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, (ii) la libre recepción y comunicación de información veraz por medios de difusión, (iii) el fomento y difusión de la lengua y la cultura propias, aspecto este último que parece garantizar la RTVV.

En tercer lugar, la exigencia de fundamentar la razón de ser de los medios públicos valencianos, según la exposición de motivos de la Ley 6/2016, de 15 de julio. La importancia y esencialidad de las TV y Radio públicas para la conformación de una opinión pública plural y responsable; el hecho de que supongan un estímulo a la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la circunstancia de los medios públicos son una herramienta de vertebración social y afirmación de la identidad y autonomía política valenciana.
En cuarto lugar, la necesidad de ajustar el régimen del servicio público audiovisual (radio y TV públicas) a las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Estructura de la Ley 6/2016, de 15 de julio.

El texto articulado consta de un total de 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estructurados en 5 títulos.

El título I, dedicado a las disposiciones de carácter general, es donde se indica cuál es su objeto, el contenido de servicio público y los principios que deben observarse en la prestación del servicio público, la utilización de un mandato marco donde se establezcan los objetivos generales de la función de servicio público encomendados a la Corporación, cuya duración será de 6 años, y un contrato programa que desarrollará cada 3 años el mandato marco.

El título II se dedica a la naturaleza y organización de la Corporación, donde se distingue la existencia de un consejo rector, un consejo de la ciudadanía, un consejo de informativos y la dirección general.

El título III se destina a fijar los principios básicos de la producción y la programación. El título IV regula el régimen económico y del personal, y en el título V se establecen los instrumentos de control y seguimiento de la actividad de la Corporación y se añaden al control parlamentario mecanismos de control económico, presupuestario y financiero por la Sindicatura de Comptes y el control del Consell de la Generalitat.

III.- Novedades.-

Entre las principales novedades que incorpora la Ley 6/2016, de 15 de julio, Díez y Romeo destaca la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades.

Asume competencias que antes eran de la Generalitat como son:

• El diseño y el desarrollo de proyectos.
• La generación de producciones y contenidos.
• La prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir

La organización de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, se estructura en los siguientes órganos:

• La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector, que es elegida por Las Cortes Valencianas con un mandato de 6 años.
• El Consejo Rector, máximo órgano gestor; está compuesto por 10 miembros: 5 a propuesta de las Cortes, 1 del Consejo de la Ciudadanía, 2 del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 1 de los trabajadores y el Presidente. Su mandato durará también 6 años.
• La Dirección General
• La Secretaría del Consejo Rector
• El Consejo de la Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y compuesta por 13 miembros, con un mandato de 5 años.
• El Consejo de Informativos, órgano interno de participación de quienes intervienen en la elaboración de los informativos para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los informativos difundidos

Igualmente, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/2016, de 15 de julio, destaca como novedad la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Es decir, antes del 20 de abril de 2017.

Este órgano velará por el respecto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias audiovisuales Radio FM y TDT, y tendrá competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.

Con esta mención la Comunidad Valenciana aspira a tener un ente de similares características a las del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).


Convocado el Concurso TDT Andalucía

03.08.16 | 00:37. Archivado en TDT, Concesiones de TDT, Televisiones locales, Noticias

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de un nuevo concurso de readjudicación de licencias para la prestación de servicio de televisión digital terrestre de ámbito local y gestión comercial. El objetivo es dar seguridad jurídica al escenario audiovisual andaluz tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de 79 licencias que fueron concedidas en una treintena de las 62 demarcaciones territoriales en las que se divide la comunidad autónoma.

El nuevo concurso incluirá, junto a las 79 licencias anuladas en su día, otras 32 que permanecían desiertas hasta la fecha, con lo que en total saldrán a licitación 111 de 44 demarcaciones. La convocatoria simplifica la documentación a aportar por parte de las personas licitadoras y agiliza el procedimiento de concesión.

Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 45 días naturales para presentar sus solicitudes a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Una vez recibidas, la Administración autonómica dispondrá de un periodo de seis meses para resolver el concurso. Las concesiones tendrán una vigencia de 15 años prorrogables por igual periodo.

En cuanto a las condiciones y criterios de adjudicación, la convocatoria recoge, entre otros requisitos para los concesionarios, un tiempo mínimo de emisión de cuatro horas diarias, un adecuado volumen de producción propia y hecha en Andalucía, el estricto respeto a los derechos de los menores y el cumplimiento de la normativa vigente sobre publicidad en televisión. Entre los principios básicos a los que deben ajustarse las emisiones, se incluyen la veracidad e imparcialidad de las informaciones, el respeto al pluralismo y a los derechos y libertades constitucionales, el fomento de la conciencia de la identidad andaluza y la defensa de la cultura y de los intereses locales.

Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.


4 emisoras dinamitan el reparto de la FM en Canarias.

• Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, anulan el reparto de licencia.

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

I.- Las 4 empresas que obtuvieron las primeras Sentencias.-

Las 4 empresas que han obtenido las primeras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están ubicadas en Tenerife (3 de ellas) y una en Las Palmas.

Son las emisoras Radio Decibelios, Nueve Radio, Radio Club Tenerife y Radio San Borondon, y tienen varios comunes denominadores:

• Acudieron al concurso con una apuesta comprometedora licitando a numerosas localidades.

• Plantearon una oferta netamente canaria de proximidad.

• Son empresas eminentemente canarias.

Sin embargo, este perfil de licitador fue duramente castigado por la Mesa de Evaluación con valoraciones muy inferiores a los necesarios.

La justificación dada por el anterior ejecutivo canario para respaldar la vigencia del reparto de licencias estuvo caracterizada, entre otras, por las siguientes expresiones:

“Hemos aprendido de los errores de la TDT”.
"El concurso ha sido absolutamente neutral e imparcial”
• “Estamos plenamente convencidos de la actuación honesta de los empleados públicos que formaron parte de la mesa del concurso de FM”
• "El trabajo de la mesa de evaluación ha sido técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista”

Así se contestaba en las ruedas de prensa a los licitadores que pedían explicaciones. En reuniones con emisoras incluso se dijo que los proyectos de una cadena musical (con 28 licencias) eran más canarios que el gofio.

Ahora las 4 primeras Sentencias han demostrado que la propia Mesa de Evaluación fue la que modificó los criterios de valoración una vez abiertas las plicas. Es decir, sólo cuando se conoció el contenido material de las ofertas (sobre nº 2), los funcionarios crearon sub-criterios contrarios a las pautas de valoración de las bases.

Algo muy distinto a las irregularidades en el primer reparto de la TDT de 2007. Así lo que se hizo es asumir un informe de una empresa privada sin motivar. Aquí, en el reparto de la radio FM, ha sido la propia Mesa de Evaluación la que ha cambiado las reglas del juego. No una empresa privada (TDT), sino los propios empleados públicos del ejecutivo de Paulino Rivero.

II.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases.

III.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

IV.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

V.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Concurso FM Canarias: Anulado el reparto de licencias de Radio

• La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.

• Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.

• Hubo falta de motivación en las valoraciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación de las licencias de radio FM en Canarias, porque la Mesa de Evaluación añadió sub-criterios de valoración contrarios a la convocatoria y modificó las pautas valorativas de bases del concurso.

Varias son las sentencias (fechadas el 28 y 29 de junio de 2016) que han estimado el recurso contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y declaran que se:

• Anulan los sub-criterios 2, 7 y 12 incluidos por la Mesa de Evaluación en el anexo del acta número 7, de 8 de abril de 2011.

• Anula la tabla de valoración del criterio 12 y la tabla de valoración del criterio 14 del anexo del acta 7, que también introdujo la Mesa de Valoración de forma indebida.

• Anula la resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de 20 de junio de 2011.

• Retrotraen las actuaciones al momento anterior al que se produjeron las irregularidades detectadas por el Tribunal.

Estos fallos son los primeros de más de una treintena de recursos contenciosos-administrativos que se resolverán en las próximas fechas.


I.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-

Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.

Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases. Así se menciona en la Sentencia:

(…) El acuerdo controvertido de la mesa, además, no puede considerarse irrelevante. En primer lugar y en el caso de los boletines informativos de ámbito supralocal, porque si bien los criterios 1 y 2 reciben la misma puntuación máxima, resulta que el subcriterio aprobado supone que los boletines informativos de ámbito supralocal que excedan en su duración de 10 minutos pasan a ser valorados sólo por el criterio 2 (boletines informativos + programas de actualidad), excluyendo la posibilidad para los licitadores que presentaron programación por ambos criterios, de obtener puntuación por los boletines informativos de ámbito superior a la localidad de la emisora (45 puntos del criterio 1). En el supuesto de boletines informativos de contenido limitado a la localidad de la emisora (criterio 3), además, se añade que la puntuación máxima que es posible obtener por el criterio 4 es inferior.

Este “sub-criterio” supone, en consecuencia, la introducción de una especificación ajena a las bases, que de haber sido conocido por los interesados habría influido en la preparación de sus ofertas en aras de obtener la máxima puntuación posible (en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 24 de noviembre de 2005, C-331/2004, y de 24 de enero de 2008, C-532/2006).

También se opone a los puntos 7 y 12 del anexo:
Punto 7: “Los programas que sólo son de llamadas de oyentes no se puntúan por ninguno de los criterios”.
Punto 12: “Los programas de chistes de oyentes no se valoran (tampoco los de horóscopos, ni las llamadas para contar problemas…).

II.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-

Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.

El mismo Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia es igualmente demoledor:

Conforme a la base 13ª, todas las solicitudes se clasifican por orden de mejor a peor “respecto de cada uno de los criterios”, y según este orden de prelación a la mejor oferta se le atribuye la máxima puntuación y a las siguientes su diferencia proporcional con la mejor oferta, de acuerdo con la fórmula que detalla. En cambio, los sub-criterios aprobados, B y C, se apartan del procedimiento de esta valoración. No atribuyen la puntuación máxima prevista en el criterio 12 a la mejor oferta y luego a las demás de manera proporcional, sino que aplican una ponderación entre las puntuaciones parciales, distorsionando el procedimiento.

También se dice que se valora el plan de ejecución de obras e instalaciones y el plazo de ejecución, lo que perjudica a las emisoras que ya estaban en funcionamiento (…)

El Fallo también responde a la crítica de la empresa recurrente sobre la transformación del criterio nº 12 en 3 sub-criterios novedosos que hizo la Mesa de Valoración. Y en este sentido

“Juicio diferente nos merece, dentro del apartado C) sobre el plazo de puesta en marcha, que a su vez se subdivide en C.1 Y C.2, la consideración en el primero del «plazo de realización y presentación del proyecto técnico», y en el C.2 «la realización en paralelo del suministro».
Pues sólo una vez adjudicada una licencia concreta resulta posible desarrollar un proyecto técnico, que de ser aprobado, definirá las características técnicas a las que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones y el suministro de materiales. Obras que una vez finalizadas deben ser inspeccionadas para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado, permitiendo en ese caso la puesta en funcionamiento de la emisora. No resulta posible, por lo tanto, desarrollar con anterioridad a la adjudicación de una frecuencia determinada, el proyecto técnico, que además las bases no contemplaban, pues la 7ª, apartado A) punto 2, contenido del sobre Nº 2, se refiere al anteproyecto técnico. Y no resultaba lógico a los licitadores plantearse la aportación de un proyecto técnico para su valoración. Por todo ello, tener en consideración y valorar conforme a los sub-criterios aprobados por la mesa C.1 Y C.2, el proyecto técnico, es contrario a las bases.

Ni siquiera atendiendo al plazo de ejecución e inicio de las emisiones, que sí valoran, resulta aceptable su consideración, puesto que no es conforme a la técnica de desarrollo de este tipo de proyectos proceder a elaborarlo antes de conocer la frecuencia adjudicada.”


III.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-

El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.

En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.

En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).

En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.

Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.

IV.- Falta de motivación en la adjudicación.-

Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:

Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas

Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.

Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo


Sábado, 25 de marzo

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